En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible valora segundo paquete de medidas económicas del Gobierno por crisis del coronavirus, pero critica falta de transparencia en su implementación

by Deja un comentario

En La Fontana publicamos declaración pública del FORO POR EL DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE, ante el segundo paquete de medidas económicas del gobierno del Presidente, Sebastián Piñera. 

*A continuación la declaración en cuestión: 

La evolución de la pandemia en Chile no puede dar lugar a un triunfalismo excesivo, ni tampoco debe llevar al gobierno a ceder ante presiones empresariales que piden levantar restricciones. Es falsa la contradicción entre economía y salud. Los costos de mantener las medidas sanitarias hasta que se supere, efectivamente, el peak de la pandemia; son inferiores a los costos de relajar las medidas sanitarias de forma excesivamente temprana, porque se arriesga un resurgimiento de la pandemia con elevados costos sociales y económicos.

En este contexto el Gobierno ha anunciado un segundo paquete de medidas económicas, el que, en lo sustancial, genera un fondo de US$ 2.000 millones para destinar ayudas económicas a 2,6 millones de trabajadores informales y aumentar en US$ 3.000 millones los recursos -, y modificar el alcance-del Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa (FOGAPE), para que la banca comercial otorgue líneas de crédito a empresas cuyas ventas anuales no superen el millón de UF (aproximadamente $2.400 millones de ventas mensuales).

Si bien, ambas nuevas iniciativas apuntan en sentido correcto, no es posible evaluarlas sin conocer los detalles de su implementación. Por lo tanto, demandamos del gobierno la información necesaria y transparente respecto de la forma y plazo en que se ejecutarán estas medidas.

Valoramos, sí, que se asuma la necesidad de apoyar a los trabajadores informales y a las pequeñas y medianas empresas, tal como este Foro lo ha solicitado en la carta enviada el sábado 4 de abril a las máximas autoridades del país, así como también lo han demandado las presidentas y los presidentes de los partidos políticos de oposición en su declaración del lunes 6 de abril.

Modificar el FOGAPE para que alcance a empresas con ventas por $2.400 millones de pesos mensuales es un contrasentido que perjudicará a las pequeñas empresas que sufren los efectos de la pandemia. Esto se suma a que el procedimiento propuesto no resuelve las tasas de interés a las que los bancos prestarán esos recursos, la que debiera ser aquella que entrega a los bancos el Banco Central, ya que los créditos contarán con la garantía del Estado y es justo que la banca comercial contribuya al esfuerzo de todos los chilenos. El Estado debe instruir claramente respecto del uso de los recursos que aporta, de manera que éstos sean canalizados sin lucro por la banca, y estén orientados a financiar exclusivamente pagos a trabajadores y proveedores, de empresas con ventas mensuales no superiores a $750 millones.

Asimismo, asumir que el FOGAPE podrá resolver la situación de las empresas, considerando que atiende solamente a las empresas que ya están bancarizadas, dejando fuera a un tercio de las micro y pequeñas empresas, parece ser un objetivo deseable, pero difícil de alcanzar sin cambios reglamentarios y operacionales. Incorporar a SERCOTEC y FOSIS como agentes operativos puede ser una alternativa.

Desde el punto de vista financiero, las medidas anunciadas no significan uso de recursos fiscales adicionales a los ya comprometidos, esto porque los US$ 2.000 millones provendrán de reasignaciones presupuestarias, y los US$ 3.000 millones, como son un fondo de garantía, se emplean sólo cuando hay que ejecutar la garantía, que sería el caso en que los créditos otorgados dejaran de pagarse, lo que no ocurriría, de ser el caso, ni en este año ni en el próximo.
Reiteramos que estos esfuerzos son insuficientes para enfrentar la crisis económica más profunda de los últimos 90 años. La magnitud de la crisis sanitaria anuncia un efecto devastador en los ingresos de las familias que pierden empleo o parte de sus remuneraciones.

Esto sólo podrá ser compensado con un aporte fiscal que sostenga esos ingresos por el período que duren los distanciamientos que las medidas sanitarias imponen, lapso que seguramente tomará al menos cuatro meses. Distintos gobiernos han ido aumentando progresivamente las medidas y aumentando el gasto, Italia llegó al 40% del PIB esta semana y países como Estados Unidos, España y Francia tiene paquetes de 20% del PIB. Chile necesita respuestas a la altura del problema, tanto en la diversificación de medidas como en el gasto público comprometido.
Insistimos, por lo tanto, en la necesidad que se establezca una Renta Básica Temporal y un verdadero subsidio para los trabajadores que no pueden desempeñar sus labores a causa de la pandemia.

FORO POR EL DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE

Carta del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible a principales autoridades del país: «Las medidas económicas adoptadas por Chile son insuficientes»

by Deja un comentario

En La Fontana publicamos carta del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible sobre recomendaciones par enfrentar la crisis por coronavirus.

Sr. Presidente de la Republica, Sebastián Piñera Sra. Presidenta del Senado, Adriana Muñoz
Sr. Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores

Les escribimos a ustedes como máximos representantes del Estado chileno, porque estimamos que este es el principal responsable de proteger a las personas ante la actual crisis sanitaria y económica que afecta a nuestro país y al mundo.

Les escribimos porque nos preocupa la crisis económica, cuya prolongación y profundidad puede ser mayor que lo que las autoridades sectoriales han señalado, debido a la pandemia del coronavirus y a los efectos de rezago de la tendencia decreciente de la actividad económica que ya venía desde hace más de un año. Si el Banco Central proyecta una recesión de hasta 2,5% del PIB, estimaciones internacionales señalan caídas del producto de en torno a 2% por cada mes que se prolonguen las cuarentenas. Proyectando los comportamientos sanitarios necesarios, la caída del PIB puede ser entre 5 y 6% en 2020. Esta será la mayor crisis chilena desde la dictadura y en el peor escenario internacional que ha vivido el mundo desde la segunda guerra mundial. Ello exige enfrentar con urgencia y decisión la dimensión económica de esta crisis.

Para muchas familias chilenas la cuarentena y la crisis económica que la acompaña ya significa no tener ingresos, lo que se agravará aún más en las próximas semanas. Hoy, las familias enfrentan el dilema de salir a trabajar con el riesgo de contraer el virus o infectar a otros, o cuidarse en la casa, pero no tener ingresos. Chile está en condiciones de evitar este triste dilema creando las condiciones para que los que se queden en casa puedan vivir dignamente. El desafío es atender efectiva y oportunamente los efectos de la crisis sanitaria y las consecuencias de la recesión económica; así se evitarán costos mayores a mediano y largo plazo. El gobierno debe actuar con la ética de la urgencia para enfrentar la más grave crisis económica y social de los últimos 40 años.

Reconociendo que se han tomado medidas económicas, creemos que estas son completamente insuficientes; especialmente en ayudar con rapidez y eficacia a las familias más vulnerables y a la clase media de la sociedad chilena afectada por la actual crisis. Por ello hacemos una propuesta práctica y realista para proteger a la familia chilena, que debe ajustarse de acuerdo a la profundidad que adquiera la crisis.

Proponemos dos instrumentos:

1. Renta básica temporal. Este pago monetario del Estado beneficiaría a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, que ya cubre al 74 por ciento de la población, salvo aquellas en que al menos uno de sus miembros cuente con un trabajo formal. Esta Renta Básica Temporal debería ser por 4 o más meses, dependiendo de la magnitud de la crisis. Si el Censo da un promedio de 3,1 miembros por hogar, ello que significa que estas familias recibirán en torno a $ 400 mil mensuales, siendo ideal aproximarse a la línea de pobreza. Ello beneficiaría a 1.7 millones de hogares, con un costo fiscal de US$ 3.6 mil millones. El pago monetario debe ser preferentemente recibido por la mujer del hogar.

2. Un verdadero subsidio para los trabajadores que no pueden desempeñar sus labores a causa de la pandemia. El gobierno ha comprometido aportar US$ 2 mil millones al Fondo de Cesantía para aquellos casos en que se decide mantener el contrato sin pago de remuneración, pero al mismo tiempo ha definido que en primera instancia sean los fondos de las cuentas individuales los que se usen para subsidiar esta situación de vigencia de contratos sin remuneración. Proponemos que sea un verdadero subsidio y que el pago provenga de los recursos que aporta el Estado, sin perjudicar los fondos individuales de cesantía. Para aquellos que dejan de recibir su remuneración, sin interrupción del contrato laboral, el pago debe provenir de los recursos que aporte el Estado (Fondo Solidario de Cesantía), sin perjudicar los fondos individuales de cada trabajador. Además, la Dirección del Trabajo debe asegurar que las empresas, por razones justificadas, puedan pactar con sus sindicatos reducciones en sus salarios y horas trabajadas. Ello debe ser complementados con recursos del subsidio de desempleo y, así, reducir el número de despidos. En este contexto, debe considerarse como enfermedad laboral los contagios por Codav-19.

El costo financiero de estas dos medidas sería de 2,6% del PIB, monto que es completamente financiable con el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, consideramos necesario explorar otras medidas tales como: reasignaciones presupuestarias, la adquisición de deuda interna y/o externa, incluyendo la venta de bonos del tesoro al Banco Central lo que requiere cambio Constitucional. Adicionalmente, dado que la salud es la prioridad principal durante los años 2020-2021, consideramos indispensable postergar las compras de armamento y utilizar los recursos disponibles en el Fondo Estratégico para compras militares.

El sector privado debe contribuir, porque en estos tiempos debe primar el interés general. La mayoría de las familias chilenas enfrentan una situación de catástrofe que ha significado o significará una disminución de sus ingresos. La prioridad para ellas y para el país es la salud y la alimentación. Por ello deben postergarse los pagos de deudas y cuentas de servicios básicos. Algunas empresas ya han accedido a postergar sus cobros. Los bancos pueden postergar el pago de deudas, sin cargar multas o intereses adicionales, para todos sus clientes, aprovechando las bajas tasas de fondeo, a las que hoy pueden acceder.

Estamos conscientes que atender la actual crisis económica requerirá de medidas adicionales a las expuestas. Próximamente, el Foro se referirá a las medidas necesarias para asegurar la sobrevivencia de las empresas, en especial las PYMES, y su rápida recuperación después de superada la crisis sanitaria. Es indispensable asumir este desafío con un horizonte de largo plazo, con solidaridad y pragmatismo. Sin embargo, creemos que la primera prioridad es atender la urgencia de que las personas puedan mantenerse en su hogar sin grandes penurias económicas. El país tiene recursos para apoyar hoy sin dilaciones a su población.

*FIRMANTES CARTA FORO PARA UN DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE:

  • Roberto Zahler Andras Uthoff
    Servet Martínez Luis Eduardo Escobar
    Ricardo Ffrench-Davis María José Becerra
    Carlos Ominami Stephany Griffiths-Jones
    Alvaro García Jorge Katz
    Sergio Bitar Luis Felipe Jimenez
    Jorge Leiva Mauricio Jelvez
    Sergio Henríquez Daniel Goya
    Andrés Palma Sebastián Salazar
    Carlos Mladnic Pia Castelli
    Alberto Undurraga Ernesto Moreno
    Ana María Correa Victor Barrueto
    Jacqueline Saintard Eugenio Rivera
    Antonio Lara Mónica Ruíz
    Alvaro Díaz Diego Portales
    Hernán Frigolet Marcos Illanes
    Michel Jorrat Gustavo Rivera
    Reinaldo Ruiz Jaime Gajardo Falcón
    Osvaldo Rosales Mario Velasquez
    Jaime Gazmuri Simón Accorsi
    Juan Somavía Daniel Bello

Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible pide a la Dirección del Trabajo que deje sin efecto dictamen que deja sin sueldo a trabajadores en cuarentena

by Deja un comentario

En La Fontana publicamos esta DECLARACIÓN DEL FORO PARA EL DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE SOBRE EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

En estos momentos, vivimos una crisis sanitaria mundial que, según las proyecciones de distintas instituciones multilaterales, se transformará en una crisis económica y social de proporciones tales que superarían los efectos de la crisis del año 2009. El FMI ya comunicó que entramos en recesión y que podría ser la peor de los últimos 90 años, con una disminución del PIB mundial que, por ahora, se proyecta en un -2%, en situación que el 2009 el PIB mundial fue de -1,7%.

Este escenario, ha sido gatillo por un shock negativo de la oferta y ha sido seguido de un shock negativo de demanda. Es decir, la economía mundial ha disminuido su producción por las medidas de cuarentena preventiva y obligatoria. En estas condiciones, se debe proteger a los trabajadores y sus familias, no sólo para impedir que la crisis empeore sus condiciones de vida, sino porque son ellos los que asegurarán la recuperación de la economía después de la pandemia.

Sin embargo, la respuesta del gobierno se orienta a disminuir los derechos laborales debido a la implementación de la resolución exenta Nº 202 del Ministerio de Salud, con fecha 22 de marzo de 2020. En efecto, la Dirección del Trabajo, en su dictamen N° 1284/006, desarrolla dos directrices que afectan seriamente a los trabajadores. Primero y más importante es que se autoriza exonerar al empleador de las obligaciones del contrato de trabajo y, en particular, deja sin efecto el pago de remuneraciones frente a las medidas de cuarentena. Segundo, se permite que las empresas no paguen remuneraciones durante el tiempo que permanecen los trabajadores en la empresa sin ejecutar labor o hasta el levantamiento de las medidas de aislamiento. Los únicos excluidos de estas medidas son los trabajadores que laboran en actividades esenciales para la vida y salud de la población, así como aquellas indispensables para el abastecimiento de las zonas de cuarentena.

A lo anterior, se suman los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, donde se establece que las denuncias de enfermedad por COVID 19 no serán consideradas de origen laboral, pues no existiría prueba indubitable de trazabilidad. Ello va acompañado por otro dictamen, que traslada la responsabilidad de entregar las licencias médicas al organismo pagador desde el empleador al trabajador. La consecuencia es poner mayores trabas para el cobro de las licencias médicas por COVID 19 limitando, de esta manera, la protección de seguridad social a la que tiene derecho el trabajador.

Resulta evidente que la disminución de los derechos laborales antes descrita, implicará menores salarios, mayores tasas de desempleo, mayores tasas de empleo informal y una menor calidad del empleo. Vale decir, la disminución de los derechos laborales será una de las principales correas de la transmisión del shock de oferta hacia la reducción abrupta de la demanda, porque la disminución de la masa salarial reducirá el consumo de los hogares, impactando negativamente en la demanda agregada de corto plazo. Ello afectará las expectativas de los inversionistas, pero además reducirá el impacto de las políticas monetaria y fiscal.

Es por esto que declaramos que:

1. Nos parece de vital importancia para las familias chilenas y también para la economía, que se utilicen todos los medios disponibles para la protección del empleo y los salarios, poniendo a disposición una combinación de políticas de licencias médicas y seguro de cesantía, con mayor rapidez y menores requisitos.

2. Que la Dirección del Trabajo debe dejar sin efecto su dictamen 1284/006. Por su parte, la SUSESO debe hacer lo propio con sus dictámenes 1124 y 1160 de 2020 de manera que sea en el marco del diálogo social entre empleadores y trabajadores que se afronte de conjunto la crisis.

3. Que el gobierno debe avanzar hacia soluciones en el marco del empleo decente, con medidas que vayan en la dirección de dar mayor estabilidad al trabajo.

4. Y no menos importante, proponemos establecer una renta básica temporal para los
3.6 millones de trabajadores que, al no tener contratos formales de trabajo, están fuera de los mecanismos de apoyo que dispone el Estado. Este puede ser un aporte importante a la reanimación de la demanda y un instrumento redistributivo relevante.