En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnista

Se vino marzo, ahora llegó abril y se nos apareció el 10%

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Por Pedro Araya

Senador independiente

Queramos o no la discusión respecto del derecho a retiro de fondos desde las cuentas de capitalización individual, que administran las AFP, por parte de los trabajadores y afiliados al sistema privado de pensiones, sigue abierta en nuestro país. Ello unido a la reiterada oposición a dicho mecanismo por parte del Gobierno que contribuí a elegir, creo será casi un trauma kármico para el Presidente Gabriel Boric, y para nuestro Ministro de Hacienda Mario Marcel, de no enfrentar ambos con racionalidad, diálogo y realismo este tema. Por cierto, con mucha, pero mucha Política, atributo manifiestamente deficitario en estos primeros 20 días de nueva gobernanza.

En efecto, el gobierno anterior partió en este tema siempre con las palabras oposición y rechazo, usó y abusó de la estigmatización temática, y terminó en un nivel de enredo, confusión, inconsistencia y desprestigio que lo llevó, incluso, a presentar y aprobar una iniciativa del propio Presidente Sebastián Piñera sobre la materia, a amenazar reiteradamente con recurrir, y efectivamente interponer requerimiento, ante el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad y a dar palos de ciego en un tema que mi experiencia, en varios años de tramitación de los diversos proyectos de reforma constitucional sobre la materia, me ha llevado a concluir que los caminos del gobierno anterior no son el camino, que el actual gobierno no puede pretender tal caótico derrotero y que es preciso construir entre todos una alternativa realista y de beneficio país que con mi equipo más directo, y a quienes agradezco su esfuerzo y dedicación, conocidos y amigos pro bono incluidos, hemos ido desarrollando y que creo conveniente colocar a disposición del país y de este debate que parece no terminar nunca.

El primer objetivo, a nuestro juicio, de estas nuevas iniciativas sobre derecho a retiro de fondos, debe ser el ser capaces de legislar una herramienta constitucional que permita un cierre definitivo de esta discusión, de manera de poder centrarnos en el fondo del problema que no es otro que la construcción de un sistema de pensiones con real contenido de seguridad social, donde la capitalización de nuestros ahorros sea un medio para incrementar los mismos, pero no el modo de su apropiación por terceros ni menos su fin último el de exclusivo sostén y desarrollo del mercado de capitales, aunque su existencia, en la práctica, ayude a ello y a su profundización.

El segundo objetivo debe ser el de ser capaces de determinar, con inteligencia y precisión, la finalidad adecuada que debe darse al derecho a retiro, de manera que sea verdaderamente contributivo para nuestra ciudadanía y no un exclusivo insumo de temporalidad para cubrir legítimas contingencias, pero debilitador en extremo de nuestros ahorros necesarios para enfrentar mejor una vejez inminente para todas y todos.

Nótese que hablamos de “derecho a retiro”, y no de retiro a secas, pues tenemos la más absoluta convicción que en la medida que reconozcamos el retiro como un derecho de todo afiliado, sentamos sólidas bases para una solución definitiva, terminando con los mismos debates, las mismas argumentaciones y el agotamiento de preciosas horas legislativas, efectivamente más fecundas en la generación de un robusto sistema de pensiones que en el vaciamiento de los significativos recursos del actual, amén del potencial de creación de normas jurídicas de impactos impredecibles dada la cada vez mayor creatividad legislativa.

Pero, es posible lo anterior ?, se preguntarán quienes leen esta columna. Se podrán alcanzar los dos objetivos planteados precedentemente ? La respuesta es sí, es posible; y sí, se pueden alcanzar los dos objetivos, pero ello requiere, reitero aunque sea majadero, que el gobierno no repita el derrotero de su antecesor que, como bien sabemos, condena al fracaso cuando no a una contradicción, incoherencia y desprestigio evidentes, ello por no ser dicho camino contributivo al desafío natural de la política que es, precisamente, un arte en la búsqueda del bien común.

Desde ya, y sabedores de lo disruptivo que resulta en toda época, y aún más en estos tiempos, la tentación de recurrir al mecanismo de los quórums supra mayoritarios como una especie de candado para poner término a nuevas iniciativas de retiros de fondos desde las AFP, ello toda vez que más que una solución legislativa terminaría siendo un elemento de cuestionamiento de la democracia y del trabajo parlamentario, es que creemos imprescindible proponer una solución distinta, pero real y robusta, que poniendo fin a la necesidad de futuras iniciativas legislativas, instale un reforzado reconocimiento sobre la propiedad de nuestros ahorros previsionales y nuestra capacidad de goce y disposición, presente y futura, frente a las necesidades, contingencias y urgencias que la vida depara a todo ser humano, pero con una mínima priorización y conjugación de bien individual y de bien común que, también, desarrollaremos aquí.

Concretamente, creemos constituye una mejor solución el consagrar una norma constitucional que reconozca el derecho a retiro permanente y automático sobre un determinado porcentaje de la rentabilidad anual sobre nuestros fondos, monto de rentabilidad sobre el que debemos concordar en el debate legislativo, pero que anticipamos como adecuado cuando supere el 7% anual.

Ello permitiría que todo afiliado y cotizante que anualmente obtenga, por ejemplo, un 8% o más de rentabilidad sobre sus fondos, tendría un derecho garantizado a retiro del 1% o más de su rentabilidad anual sobre los mismos, siendo obligación de la AFP respectiva el traspaso automático a la cuenta dos que el afiliado tuviere, o que la administradora debería abrir para él (sin ningún costo, comisión o impuesto), de todos los respectivos saldos por sobre el piso de rentabilidad anual, piso de rentabilidad garantizada eso sí como de exclusiva finalidad previsional.

Obviamente lo lógico sería establecer, también, un techo, de manera de armonizar adecuadamente el potencial de ahorro para la pensión futura via rentabilidad con el potencial de retiro por mayor rentabilidad para legítimo goce y disposición presentes.

Aquí, nuevamente, debemos en el Congreso determinar ese techo, pero nos anticipamos a creer y proponer que un 17% de rentabilidad anual es una buena cifra que permite conjugar satisfactoriamente ambos propósitos. Así, el traspaso permanente y automático de rentabilidad, sólo por sobre un promedio determinado, no debilita el ahorro ni la rentabilidad sobre él para la pensión futura, quedando garantizada su mantención en la cuenta obligatoria y de disposición de largo plazo, produciéndose el traspaso obligatorio y automático a la cuenta dos sólo en el respectivo exceso y rango respectivos.

En otras palabras, lo máximo que estaría obligada a traspasar a cuenta dos la AFP, en nuestra propuesta, es un 10% de rentabilidad anual sobre los fondos del trabajador, respetando siempre el piso y el techo dichos.

Esta propuesta, además de poner fin a la necesidad de nuevos proyectos de retiro y a reiteradas discusiones de conocida argumentación en pro y en contra, tiene la virtud de garantizar a perpetuidad el destino exclusivamente previsional y futuro o de largo plazo, por tanto, tanto del ahorro obligatorio de los trabajadores, como del piso mínimo de rentabilidad sobre dichos ahorros (en la propuesta y ejemplo 7%), permitiendo y garantizando sí el goce y disposición presentes sobre una parte razonable de aquella rentabilidad que supere el piso y hasta el techo ya señalados.

Como bien consta al país, la cuenta dos ya ha sido utilizada en anteriores proyectos de retiro de fondos y creemos es, por lejos, la mejor solución para el trabajador, ello toda vez que permite una operación de traspaso y materialización del derecho a retiro sobre rentabilidad de manera permanente y automática, garantiza luego del traspaso el mismo esquema de administración de cartera y portafolio de inversiones que la administradora puso a disposición de sus afiliados, incluso cuando existe doble elección de fondos, permite el retiro por parcialidades de los fondos respectivos sin pérdidas por cambio de administración a un operador sin misión de rentabilización y no obsta al íntegro traspaso futuro, en cualquier tiempo, a cualquier otro operador financiero, como, tampoco, a su acumulación exclusiva e indefinida, si así lo decidiere el trabajador, para mejorar su pensión futura u otros propósitos.

Pensiones de Alimentos

Lo propuesta precedentemente desarrollada garantiza un cierre virtuoso del tema retiros y avanza en el cumplimiento del segundo objetivo planteado, quedando, a nuestro juicio, pendiente su profundización, esto es, ser capaces de determinar, con inteligencia y precisión, la finalidad adecuada que debe darse al derecho a retiro, de manera que sea verdaderamente contributivo para nuestra ciudadanía y no un exclusivo insumo de temporalidad para cubrir legítimas contingencias, pero debilitador en extremo de nuestros ahorros necesarios para enfrentar mejor una vejez inminente para todas y todos.

Así y si bien una parte de dicho objetivo ya se cumple con la propuesta, creemos es perfectamente posible ampliarlo y profundizarlo, por tanto, pues si hay un punto de transversal acuerdo en Chile es el que dice relación con las pensiones de alimentos, ello dada su alta y vergonzosa morosidad y la escasa respuesta legislativa en democracia para enfrentar lo que constituye un problema estructural para el desarrollo y felicidad de miles de familias y niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Tal es así, que es precisamente en esta materia que el retiro de fondos ha sido tremendamente fecundo, al punto de constituir un mecanismo de corrección efectiva y eficiente frente al rezago monstruoso de recursos económicos por acumulación de deuda alimenticia existente en nuestro país.

Efectivamente, gracias a los tres (3) proyectos de retiro de fondos aprobados por el Congreso, lograron destinarse más de U$700 millones a solucionar deudas y necesidades que se arrastraban por años, y décadas en muchos casos, generando brechas de sostenibilidad de la economía familiar de un impacto y daño inconmensurables para cualquier sociedad.

Claramente son los U$700 millones más virtuosos y mejor recuperados por la via de los retiros, y que si bien es una suma pequeña en comparación con el global acumulado en nuestras cuentas de capitalización, toda vez que representan menos del 0,5% del total de dichos recursos; como contrapartida de su relevancia y envergadura, esos mismos recursos equivalen a casi dos tercios de la tasa de encaje obligatoria de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

La triste y cruda realidad que impacta a miles de alimentarios – en su mayoría niños, niñas y adolescentes – que no reciben su pensión, quienes para julio del año 2020, previo al inicio de los pagos del primer retiro, representaban el 84% de esas pensiones impagas, es un drama del que tenemos la obligación irrenunciable de hacernos cargo de forma definitiva, y en lo personal mi principal motivación para contribuir a este debate.

Las soluciones de corte penal demuestran ser poco efectivas, los registros públicos de morosos manifiestamente segregadores y más bien mediáticos que contributivos a una solución verdadera, la laceración familiar no es sana para ninguna sociedad y la tardanza del estado en respuestas oportunas y contundentes, eficientes y eficaces, una negligencia impúdica y vergonzosa.

Todo lo anterior atestigua con creces la importancia de vincular la fórmula de cierre virtuoso del mecanismo de los retiros, con una solución más potente, permanente y de toda justicia respecto de la aún existente deuda morosa por pensiones de alimentos en nuestro país y de la que a futuro inevitablemente se pueda generar, garantizando de paso el pleno cumplimiento de los dos objetivos inicialmente planteados en esta columna.

Concretamente, sobre la base de la fórmula de cierre precedentemente expuesta, y no condicionando el derecho a retiro permanente y automático de fondos dado que está diseñado como un mecanismo de disponibilidad presente de ahorros previsionales que se mantienen, mediante el traspaso a la cuenta dos, en la esfera de administración de la AFP y bajo las mismas reglas que regulan esa administración, dicha fórmula sí permite condicionar la salida y egreso efectivo de dichos recursos, desde la cuenta dos, al previo pago de las pensiones de alimentos decretadas respecto del afiliado y alimentante moroso. Así, y mediante la priorización por ley del uso de dichos recursos, contribuiríamos a dar solución continua a la deuda por pensiones de alimentos de manera rápida, justa, efectiva y eficientemente.

No hacer lo anterior, mantendría siempre la legítima tentación de nuevos proyectos centrados en los retiros para fines alimentarios y que serían de transversal apoyo y segura aprobación, alternativa que mal incentiva el mercado laboral informal o, en su defecto, la declaración parcial y menor de remuneraciones, situaciones que se atenúan fuertemente al despejarse la fórmula de pago de la deuda alimentaria, esto es, mediante el gravamen sólo del exceso de la rentabilidad de nuestros fondos sobre el promedio definido por el legislador.

En suma, nuestra propuesta logra cumplir los dos objetivos planteados, constituyéndose en una alternativa de cierre virtuoso del mecanismo de los retiros, construyendo, además, un mecanismo para saldar deuda alimentaria morosa presente y futura, garantizando ahorro previsional para la vejez, incluso la del alimentante moroso, desincentivando tentaciones de informalidad o de pago en negro de una parte de las remuneraciones, y potenciando flujos seguros de recursos para el pago de pensiones alimenticias morosas y no morosas, ello dado el carácter de libre disponibilidad que las rentabilidades dichas tendrían a futuro.

Estamos conscientes que la fórmula expuesta obliga a un cambio radical en los proyectos de quinto (5) retiro de fondos presentados en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero recién iniciada su tramitación ello es perfectamente posible y no incompatible con el derecho a retiro de una parte de nuestros ahorros, derecho que, a nuestro juicio, debe sí contemplar otros dos cambios: a) que efectivamente sea sobre la base del 10% de los fondos y no del 100% como ha terminado siendo en los casos de las personas de menor ahorro, situación que ha llevado a cero sus cuentas de capitalización, pulverizando ahorro y rentabilidad; b) que carezca de límites o techos cuando el destino de los fondos sea el pago de dividendos hipotecarios o el apalancamiento de recursos para acceder a los mismos, alternativa que se transforma en un calce de activos que no afecta la liquidez del sistema al no contribuir a un mayor flujo de dinero hacia la economía vía un mayor consumo.

Esperemos nuestra propuesta haga eco en el Gobierno y la oposición, pues el país no está para gustitos personales ni menos para propuestas incapaces de velar por el bien común. Nuestra disposición a lo anterior es total y estoy cierto el resto de mis colegas en el Senado sabrán apreciar ello, de manera que marzo no sea sólo la aparición de un diez por ciento (10%) más. //ELF

La ¿nueva? violencia escolar

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Por Sergio Canals L.

Psiquiatra de la Universidad de Chile

“Dile a la tierra inmóvil: yo fluyo; /Al agua veloz dile: soy”. (En la estela de Rilke)

“Hay preocupación” por el aumento de la violencia generalizada en los colegios. Los vanos y estériles intentos de explicaciones en la prensa y la televisión comienzan siempre de la misma forma: “Después de estar más de dos años encerrados, se han afectado en forma radical las formas de socialización y convivencia, lo que se expresa en diversas formas de violencia”. “Necesitamos programas socioemocionales”, (incluyendo, “yoga y meditación)”.

¡Hasta cuando con estas respuestas y su asentimiento acrítico! Nunca estuvieron dos años completamente encerrados en soledad. La reincorporación total de golpe, en medio de una pandemia muy activa (aumentan los contagios escolares) junto al retiro de la trazabilidad y medidas de prevención con un evidente sub diagnóstico, ha generado un gran estrés en las comunidades educativas.

Estrés= angustia y ansiedad = miedo= irritabilidad= agresión = violencia= posible depresión.

Desde otra mirada complementaria, es posible observar en los medios como se consignan diversas territorializaciones y des territorializaciones espaciales y simbólicas asociadas a escuelas y colegios donde primaría en unas una violencia en crecimiento, ligada finalmente a un relato de inseguridad y seguridad, física, mental, social y sexual. Zonas de Santiago y del país de riesgo y vulnerables que serían violentas e inseguras (incluyendo la educacional). Se contrastan implícita o explícitamente, con otros territorios seguros y pacíficos, (generalmente de altos recursos) y escuelas que comparten estas mismas características. Se deja de lado de lado una reflexión crítica sobre realidades espaciales educacionales a veces indignas, como salas pequeñas y deterioradas, baños sin servicios de calidad, y sin lugares adecuados para juegos y deportes, donde la naturaleza y la belleza además brillan por su ausencia.

Ya antes de la pandemia y del estallido revolucionario social, la Agencia de la Calidad de la Educación mostraba que más del 60% de los escolares privilegiaban los métodos violentos para la resolución de conflictos.

Distorsiones en principios y prácticas ético y valóricas= violencia.

Conductas violentas, disruptivas, acoso escolar incluyendo el sexualizado, maltrato entre iguales y otras formas violentas en los colegios y escuelas, no son más que un reflejo de nuestra sociedad y la cultura, intensificadas por el proceso turbulento de transformación actual, pandémica, social, y política, asociados a un sistema económico muy competitivo e individualista.

“Parece que un gran tsunami de violencia inundara nuestra cultura del siglo XXI: violencia consumista (y adictiva), racista, xenófoba, de género, violencia ecológica, sistémica (y simbólica), interiorizada, del futuro y el pasado, de los adultos, los jóvenes y los iguales”.

La violencia sistémica simbólica escolar, (muchas veces, invisible, no consciente e implícita), en general, se refiere a cualquier práctica o procedimiento institucional, como parte de los objetivos y funcionamiento de un proyecto y prácticas de la comunidad educativa completa, (educadora, familiar y comunitaria), que impide a los y las estudiantes, “llegar a ser lo que desde niños prometían ser”. Es decir que les impida desarrollar sus potencialidades y capacidades mediante una educación y aprendizaje, causándoles dolor y sufrimientos que tarde o temprano se expresará violentamente.

¿La solución? Una “educación en libertad” para el bien y el otro.

“En momentos como estos (que vive nuestro país), la educación en general y las escuelas en particular, se convierten en las papeleras (y basureros) de la sociedad. Receptáculos políticos en los que se deposita lo no resuelto de la sociedad y los problemas insolubles” (Hargreaves 1994).

“Es paradójico hablar en las escuelas de convivencia, diálogo, interculturalidad, mediación de conflictos, cuando los estados resuelven los conflictos con la guerra, los políticos (y la sociedad) frecuentemente dan un espectáculo dantesco de enfrentamientos desintegradores y destructivos. Las escuelas no se pueden aislar de la violencia.” (Armas 2007).

Yo diría, que los países, las personas, ni las democracias se pueden aislar de la violencia. La violencia como una realidad sólo controlable, pero no evitable, siempre es parte de un nudo fuertemente entrelazado, político, social, económico, y cultural. Sus redes de origen y sujeción son éticas y morales.

Los colegios adolecen en sus programas prácticos educativos -aunque se contemplan transversalmente-, de una formación ética moral política sistemática y coherente que se inicie desde el nivel preescolar más allá de lo socio emocional. Parecen no existir programas que enseñen sobre la práctica y lucha con la fuerza de la no violencia, basados en los derechos humanos, valores y principios fundamentales como el de la vida y la dignidad absoluta del otro, de cualquiera, desde sus orígenes, especialmente de los más débiles y vulnerables “más allá del legado del individualismo (…) con una nueva reflexión sobre la libertad social”.

Pero no puede olvidarse que “la violencia siempre se interpreta”. Es una violencia que necesita de un pensar crítico reflexivo permanente y un sentir más allá de lo instrumental (causas, fines y efectos).

En palabras de Judith Butler, “La violencia es menos una falta de acción, que una reafirmación física de las reivindicaciones de la vida, una afirmación, viva , un reclamo que se hace con la palabra, los gestos , la acción (la reflexión crítica sobre la realidad), mediante redes, acampes y asambleas, (reflexiones comunitarias educativas), con el fin de redefinir a las personas como dignas de valor, como potencialmente dignas de ser lloradas, precisamente en condiciones en las cuales se las borra para que no se las vea o se las abandona en firmas irreversibles de precariedad…empujándolos más allá de los márgenes, hacia las zonas del no ser”.

“Esta lucha necesita de un nuevo imaginario igualitario (…) La violencia contra el otro es contra uno mismo”. Necesitamos luchar contra una deshumanización violenta nunca vista.

Necesitamos de un nuevo diálogo en comunidad sobre “el universo creado, el destino del hombre (y la otredad)”. Una corriente de transformación (un “flujo”), que nos permita decir al otro, tú eres mi hermano, y soy tú guardián. Frente a lo “inmóvil”, “fluyo”. Eres, somos y “soy”.

Colaboraron Judith Butler “La fuerza de la no violencia”, y Manuel Armas: “Prevención e Intervención ante problemas de Conducta” y como invitado especial, Rainer María Rilke. //ELF

Solo van quince días

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Por Camilo Escalona 

Exsenador y presidente PS

Se viven los primeros días del Gobierno de Gabriel Boric y ya se observa a ciertos actores del acontecer político recargados de afanes de protagonismo y tratando de poner los impulsos individuales como el centro del devenir social del país.

En la derecha rasgaron vestiduras por la presencia de Iskia Siches en Temucuicui y anunciaron una interpelación en la Cámara, oficios a Contraloría e incumplimiento de obligaciones ministeriales. Un carnaval de dimes y diretes después del largo veraneo de una derecha derrotada y sin propuesta. Por cierto, desde el gran empresariado se levantaron airadas exigencias ante la voluntad gubernamental de realizar una reforma tributaria que toque aunque sea en algo sus cuantiosas fortunas y privilegios.

Pero, también apareció gente cercana con airadas réplicas a hechos relacionados con el Gobierno en cuanto Poder Ejecutivo, pero que no son de su directa responsabilidad, como la conducta de Carabineros ante disturbios o manifestaciones callejeras. Se exige la inmediata reorganización de la institución, pero esa definición es uno de los objetivos más relevantes de la Convención Constitucional.

Asimismo, a propósito del trámite con urgencia de la ley de amnistía para procesados por el estallido social sobrevinieron iracundos reproches en contra del ministro Giorgio Jackson, en que se mezclaba la ultraderecha con legisladores oficialistas en un coro inusitado de tonos agresivos, incluso destemplados.

Ahora bien, fue preparada una andanada especial para descalificar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con la expresa intención de desautorizar su trabajo, tildándole de «neoliberal». Son métodos reprobables de quienes se auto otorgan la condición de oráculos infalibles, dueños de la verdad absoluta, sin argumentos que sostengan sus desmesuradas pretensiones.

Así, se insinúa un estilo de perfilamiento a costa del nuevo gobierno con mensajes grandilocuentes, «provocadores», en los que se proclama que no se puede «decepcionar» al pueblo o que a los conductores del gobierno les «falta calle».

Ese es un modo de atacar indirectamente al Presidente Boric, en circunstancias que no existe un tiempo político y un conjunto de hechos que lo justifiquen; por eso, también se pueden graficar esas conductas como el mal hábito de andar a empujones, preparando peleas futuras lo que resulta, en esta etapa inicial, claramente inconducente.

Este estilo político es nefasto, provoca un prematuro desgaste de la conducción política, socavando la fuerza y convocatoria del Gobierno. No se lograra dirigir eficazmente el Estado si persiste una conducta de oposición interna que no es explícitamente opositora, pero que causa mucho daño.

Esa actitud afectará inevitablemente a los liderazgos que actúan con la rectitud necesaria y bregan tras los objetivos compartidos, así se repetirá una de las peores prácticas de los llamados «30 años», la conducta díscola dará popularidad fácil y el apoyo y respeto con las tareas colectivas (que no dan popularidad) tendrá que ser asumida y sufrida por quienes actúan con lealtad para lograr el objetivo común.

A la larga, la acumulación de tensiones rompe la cohesión y se impone la dispersión que paraliza los esfuerzos y desordena las fuerzas haciendo imposible una acción política fecunda. A eso lleva la cultura individualista que surge del neoliberalismo que tanto se critica, cada actor opera de acuerdo a su exclusivo interés personal.

En suma, estas señales al inicio del gobierno son preocupantes, en el balance político difícilmente habrá resultados positivos cuando en la tarea común el «fuego amigo» ataca y desgasta sin previo aviso. El proceso de reformas exige otra disposición política y una mentalidad de unidad que derrote las tendencias al desorden y la dispersión.

Hay un imperativo histórico de actuar con lealtad y coherencia que no debe ser transgredido. Los cambios estructurales son indispensables, más aún, están solemnemente comprometidos con Chile, para concretarles debe haber democracia y un gobierno sólido y robusto. Los partidos de izquierda y centroizquierda deben apoyarlo con todas sus energías y capacidades. No habrá reformas ni transformaciones si el gobierno se debilita y entrampa por las disputas internas. Hay que entenderlo pronto.// ELF

Un viaje por el Covid que resultó menos dañino que la pandemia de las AFP gracias a la Corte Suprema

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Por Ricardo Hormazábal

Exsenador DC y abogado

Debo reconocer que una sentencia de la Corte Suprema, de 16 de marzo de 2022, ha sido una medida contra mi Covid de especial significación, cómo lo explico en parte de este artículo. Fueron dos años de estudios, acompañar antecedentes , y conocer las reacciones de distintas salas de la Corte de Apelaciones de Santiago y, al final, la gran respuesta de nuestra Corte Suprema que abre una puerta para que entre aire fresco. No es la salida, pero ayuda.

A pesar de 4 dosis, de años de una disciplina sanitaria familiar y externa muy exigente, el ojo profesional de mi doctora especialista, María de la Luz Medrano, logró detectar el virus en sus inicios y nos facilitó un tratamiento y cuidado al que muchos de mis compatriotas no tienen acceso. Por supuesto, no todos tienen una señora enfermera universitaria con el temple de la mía, como el de mis hijas y «caseros» de la feria tan solidarios como los nuestros.

Mi viaje por el Covid ha sido breve, 7 días, con secuelas leves en los próximos días. El de mi señora, continua con una benignidad más que merecida y que terminará exitosamente en pocos días. Para los graciosos, mis opciones doctrinarias y políticas no son secuelas de enfermedad alguna , son guías para la acción con las cuales estoy feliz, a pesar de las acciones de los que no han logrado dar respuestas al Cambio de Época que tiene al mundo al borde de una nueva Guerra Mundial y a Chile al borde del abismo.

Pero, volviendo al Covid, la experiencia es dura. Mínima, comparado con los miles de contagiados en estos años, especialmente en los primeros meses, como mi hermana Carmen, que partió siendo la mayor de 5 hermanos y ahora es la menor de los 3 que quedamos. Renové también, mi orgullo en el personal de la salud, al que pertenece buena parte de mi familia , que han sido un ejemplo de calidad profesional.

Sebastián Piñera nos dejó, “vacunados” en muchos ámbitos pero, advierto que no estoy delirando, si afirmo que intentará volver. ¿Qué más puede hacer una persona que tiene toda la plata que tiene , con una inteligencia superior , un ego más que sobredimensionado, pero sin reconocimiento del Bien Común y, a pesar de sus deseos de ser reconocido y querido, con cero empatía personal. A su esposa y a sus hijos no los ubico en la misma categoría. No los conozco tanto como a él. Sólo expresar mi afecto a la distancia y que logren llevar la pesada carga emocional que acarrea el amor por el padre y su herencia.

Pero esta pandemia sanitaria mundial , ha puesto en la vitrina un mundo en el que las desigualdades han permitido un daño profundo y extenso en los sectores más pobres y, para variar, hecho más difícil la ya complicada vida para la clase media. En estos día ese gran chileno, Ricardo French Davis, publica un nuevo aporte intelectual de categoría superior. Desde el título se deja reconocer como valioso. “La Pandemia Neo Liberal” será presentado este lunes 21 de marzo y, desde ya, invito a adquirir un texto que expondrá, una vez más, la inhumanidad del modelo. Esta vez, esperamos que haya una nueva actitud en las fuerzas políticas chilenas y se puedan realizar los cambios urgentes, que destruyen sólo el horror de la injusticia y respetan los derechos de todos, trabajadores, empresarios.

Volver a la “realidad chilena” superando el Covid benigno, es un momento de alegría. Hasta que te vuelves a topar con las AFP. Mi pensión de Retiro Programado, que son recalculadas año a año, por la autoridad política, con datos de las AFP, fue rebajada en diciembre del 2021 en cerca de un 30%, sin aviso y sin fundamentos. Pedí la información pertinente a la AFP Habitat y a la Super de Pensiones; Cero respuesta, el Golpe avisa.

Cómo algo conozco del tema, estaba algo preparado, por eso hice todos los retiros aprobados y deposité esos fondos en una cuenta especial en las AFP que, por gentileza del legislador, no podía ser cargada con las abusivas comisiones de las AFP, incluida la denominada fantasma, que les permite a las AFP expropiarnos más de un millón de dólares diarios, sin avisarnos ni darnos cuenta sobre ellos.

A fines de febrero de este año, ante las millonarias pérdidas de los fondos, algunas acciones que estudié de la Compañías de Seguros, las odiosas ganancias de Bancos y otras entidades, propietarias de AFP pedí a Habitat que, de acuerdo a la ley, me informara que alternativas existían de Renta Vitalicia para poder conocer las opciones para el futuro. Los funcionarios me atendieron bien, hicieron las preguntas pertinentes y me indicaron que en dos semanas me entregarían las alternativas. Hasta la fecha, no hay respuesta a mi requerimiento de información. Bueno, por lo menos lo que yo quería.

Hace unos días atrás, en mejores condiciones de salud, ingresé a la AFP Habitat y noté que los Fondos de todos seguían perdiendo, pero que de mis tres cuentas, la obligatoria, la Cuenta 2 Covid y la Cuenta 2 normal, la Cuenta 2 Covid estaba en cero. ¿ Cómo pueden desaparecer 12 millones de pesos depositados en una AFP? Contacté a la AFP y por un malísimo sistema de chat me informan que yo había pedido el traspaso de esos fondos. Por supuesto que les dije que eso era falso, ¿Cómo iba a pedir eso, si no había cambiado de modalidad? ¡Cómo podía enviar mis fondos a una cuenta que me cobraba comisiones abusivas y abandonar la ventaja de la especial!

Bueno , obtuve una reacción de la AFP. A los pocos minutos el detalle de mis tres cuentas ya no existían. Sólo la obligatoria y la Cuenta 2 normal aparecía. La tercera, con mis valiosos 12 millones de pesos, había pasado a otra vida. Todavía no puedo asegurar que la traspasaron integra a mi cuenta obligatoria, Pero aunque ellos hubiesen hecho eso, lo hicieron sin mi autorización y obteniendo la AFP comisiones adicionales por mis recursos.

Ya hice el reclamo pertinente a la Superintendencia de Pensiones y espero que con los aires nuevos que se respiran, puedan obtener la devolución de mis fondos, con pago de una indemnización y con las máximas sanciones aplicables a esta expropiación descarada, hecha por los supuestos defensores del derecho de propiedad. Si no hay respuesta, a los tribunales, no bajaremos los brazos.

Estoy de regreso del Covid, con un nuevo gobierno al que apoyé en segunda vuelta, con malas situaciones en la política pero, con una noticia del 17 de marzo que me ha ayudado mucho en la recuperación. La Corte Suprema, después de casi dos años de una tramitación dura acogió mi Recurso de Protección contra Habitat por negarse a informar sobre los detalles de la comisión fantasma que nos cobran arbitrariamente.

“Primero: Que don Luis Ricardo Hormazábal Sánchez, recurre de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., impugnando la negativa de informarle la forma como la recurrida invierte los recursos entregados para su administración, esto es, si paga o ha pagado comisiones de intermediación. Explica que el 7 de abril de 2020 solicitó la información que se refiere a las operaciones descritas en el artículo 45 del Decreto Ley N° 3.500 a la AFP Habitat, detallando en especial los siguientes antecedentes: se solicita se información sobre la “forma en que ellas se han llevado a cabo”, ya sea: a) Directamente por la AFP; b) Si se han encomendado a los intermediarios aludidos en el inciso antepenúltimo del Artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500 y c) Si se han encargado a una entidad extranjera, mencionadas en el inciso penúltimo de dicho artículo. Si se ha actuado en los casos a) y b), se solicita individualizar el intermediario e indicar si dicho intermediario es una persona o sociedad relacionada con la AFP Hábitat. En el caso de operarse con uno o varios intermediarios distintos de la AFP, indicar si su contratación ha sido precedida de una licitación previa, sea de naturaleza privada o pública; Precisar los montos involucrados, desglosados por años calendario y por separado, según si han sido invertidos conforme a las 3 alternativas aludidas en el numeral anterior; Junto con lo anterior, especificar si se han pactado y pagado comisiones por dichas labores de intermediación y, en su caso, precisar el monto de las mismas y si tales comisiones han sido canceladas con cargos a las comisiones mensuales pagadas a la AFP y/o con cargos a los Fondos de Pensiones;

Y la resolución tan necesaria “Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección debe ser acogido, en la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia. De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que rechazó el recurso de protección y, en su lugar, se decide que se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por don Luis Ricardo Hormazábal Sánchez, disponiéndose que la recurrida deberá entregar al actor la información requerida en lo que respecta a la existencia de inversiones realizadas conforme al artículo 45, inciso segundo, letra j) del Decreto Ley N.º 3.500”

El tremendo aporte del equipo jurídico que lideran mi amigo Fuad Chaín, Augusto Quintana y Evelyn Happke Martínez permitió que la CS mostrara una de sus facetas más positivas en una tema de tanta relevancia. Que los cuatro integrantes titulares voten a favor y en contra sólo un abogado integrante, son una buena noticia para el país.

Mis abogados no podrán cobrar por sus excelentes servicios profesionales pero , como los conozco, sé que para ellos fue una contribución al Bien Común. Un abrazo fraternal agradecido.

A seguir en la lucha pacífica, la violencia ayuda a los malos.// ELF

La prudencia en Boric, para el éxito del gobierno, debe ser la consigna

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Editorial

Anuncios políticos y expectativas de la población sobran. Las primeras 130 horas de Boric fueron caóticas. Dos polémicas. Una, con la fallida visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui (Ercilla) y, la otra, la supuesta designación del sacerdote jesuita, Falipe Berríos para un cargo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el área de campamentos, que nunca se concretó o que fue anulada.

La prioridad uno del Gobierno es una nueva reforma tributaria, ha dicho la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Pero mientras no se aprueba en el Congreso, ¿Cómo se financia el programa gubernamental? La gente quiere cambios y espera resultados. Está en la mira cada movimiento que el Ejecutivo realice.

¿Y el quinto retiro va? Boric ha dicho que su administración no apoyaría ni patrocinaría una iniciativa legal, que ya está presentada por algunos diputados en la Cámara Baja. Sin embargo, si el pueblo presiona y la mayoría quiere retirar sus fondos previsionales -porque son individuales- el Ejecutivo, ¿Se opondría a la voz el pueblo?, ¿O tendría que optar por otra voltereta?

El relato del nuevo presidente ha sido, hasta el momento, austero en enarbolar cambios al estilo de Patricio Aylwin «en la medida de lo posible». Debería seguir en esa línea, porque de lo contrario, la desconfianza del mundo empresarial, de los mercados y de algunos sectores conservadores será fuerte y la gente, al no ver beneficios al corto y largo plazo, comenzará a reducir su apoyo masivo al mandatario y su gabinete. Ante lo cual, ¿Qué debería hacer Boric?

La respuesta pareciera simple, pero no lo es. Lo lógico sería que se enfoque en su programa, aunque las circunstancias diarias desvíen dicho objetivo. El retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado a personas que cometieron delitos o desmanes en el marco del estallido social, es una señal que convoca. El gobierno, empero, no puede vivir solo de señales, con designar a la primer mujer acá o al representante de un pueblo originario o dirigente social acá. No basta para gobernar. Se requiere prudencia, pero también valentía en defender convicciones, aunque no sean del todo populares. Las redes sociales no pueden marcar la pauta de su accionar.

Sin mayoría en el Congreso el Ejecutivo está de brazos atados para sacar adelante sus reformas a la salud, educación, pensiones y tributaria. El desafío de Boric será poder convencer al Legislativo de que los cambioas que propone su gobierno son los mejores para Chile y no un retroceso.

Se ha dicho que si al proceso constituyente le va bien le irá bien al nuevo gobierno. Habrá que ver si la tesis del rechazo no llega a tener la fuerza necesaria para ganar la partida en el plebiscito de salida. Por ahora, Boric tendrá que ir paso a paso y no casarse con ideas grandilocuentes como nacionalizar la minería, y eliminar o anular el derecho a la propiedad para  exaltar los derechos sociales. Si esa prudencia prima, para compensar la falta de experiencia de quienes conforman el gobierno, podremos ver estos 4 años un éxito relativo de la actual administración. De lo contrario, será una nueva «vendida de pomada» hacia el pueblo chileno que podría exacerbar los ánimoa y derivar en un nuevo estallido social. //ELF