Politica

Por Jorge Vera Castillo.

Analista político 

Históricas, normales y respetuosas relaciones bilaterales chileno-colombianas han sido distorsionadas, en los contextos regional de América Latina y el Caribe y subregional de Suramérica, durante los dos períodos presidenciales de Sebastián Piñera Echeñique y, con particular énfasis, durante su actual gestión, en pleno desarrollo, desde el 11 de marzo de 2018, lo cual constituye una complejidad estratégica sensible, para tenerla muy en cuenta y que, amerita hacerle un agudizado seguimiento permanente.

El anterior y conocido relacionamiento bipersonal de Piñera con el execrable ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, y ahora con el actual, Iván Duque Márquez -“heredero” y súbdito político del anterior-, se ha transformado en un elemento contaminante y perturbador para las referidas relaciones bilaterales, y las decisiones soberanas de la Política Exterior Chilena.

Son públicos los contactos estrechos, personales y políticos del Presidente Piñera, su ex ministro de Defensa (en su segundo período presidencial) y ex senador, Alberto Espina Otero, y su ex ministro de Defensa (en su primer período presidencial), ex senador y ministro de Relaciones Exteriores (en este su segundo período presidencial), Andrés Allamand Zavala, con Uribe Vélez y con su entorno compartimentado, de mayor confianza encriptada, en defensa, información política y seguridad estratégica.

La constatación de esos intrincados vínculos ya se remonta, incluso, con anterioridad a que Piñera iniciara su primer período presidencial, el 11 de marzo de 2010, con la muy publicitada visita que, los tres mencionados, en párrafo precedente, hicieron a ciertos territorios de Colombia, como unos privilegiados invitados de Uribe Vélez, en pleno ejercicio de su segundo mandato presidencial, a mediados de julio de 2008, con toda una exultante logística puesta a disposición, y con traspaso de información acondicionada, y falsa, atentatoria y enjuiciadora, sobre algunos ciudadanos chilenos.

A mayor abundamiento, el ministro Allamand Zavala -que, como es conocido, nunca ocultó sus aspiraciones y deseos de ejercer la cartera ministerial de Relaciones Exteriores-, tuvo y mantiene una aproximación de antigua data con Colombia, ya que su bien ilustrada madre, doña Margarita Zavala Pintos, estuvo encargada de asuntos culturales y de prensa en la Embajada de Chile, en Bogotá, en 1984-1985, por designación del dictador, a través de su entonces ministro en esta esfera, el obediente y sumiso Jaime del Valle Alliende.

En política, y más aún en la Política Exterior, nada es por azar. De allí que, actores, antecedentes, circunstancias, datos, hechos e informaciones, todos concatenados, constituirán una Información Estratégica Procesada (IEP), que siempre será relevante, en perspectiva de Fuentes de Inteligencia, con que debiera contar todo análisis político, que aspire a ser prolijo, responsable, riguroso y serio.

Las actuales relaciones bilaterales de Chile con Colombia no podrían eludir y escapar a lo anterior. Además, realidades colombianas singulares, y trágicas, desde mediados del siglo XX, lo demandan. La condición de Chile como país acompañante, en la consecución de los Acuerdos de Paz de 2016, es algo aleccionador. Ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria así lo comprendió. Sus representantes Luis Maira Aguirre y Raúl Vergara Meneses, titular y suplente, prestigiaron al Estado de Chile, en la especie. Diplomacia y solución pacífica de las controversias fueron una contribución invaluable. Y jugaron roles cardinales, como países garantes, la República de Cuba y el Reino de Noruega. A su vez, la República Bolivariana de Venezuela también fue otro leal y valioso país acompañante.

De allí que, complicidades y silencios, desde Chile, su gubernamental Palacio de La Moneda y su Ministerio de Relaciones Exteriores, ante las atroces realidades cotidianas que sufre y vive el pueblo colombiano, tanto urbano como rural, más cruenta y descarnadamente en ese último caso, resultan vergonzantes. Y Sebastián Piñera, en una de sus ya muy depreciadas puestas en escena, el martes 22 de septiembre de 2020, acompañado de los ministros Allamand Zavala y Couve Correa (de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación) -sentados a sana distancia-, tuvo telemáticamente la compañía verbal y visual, en pantalla gigante, del presidente Duque Márquez, con pretexto del anuncio de planes de vacunas para inmunizar de la terrible Covid-19, en unas coincidentes perspectivas.

En ese mismo día, e incluso horas, seguían los asesinatos de líderes sociales y ex combatientes de las FARC-EP, en campos y ciudades del vasto territorio colombiano y, a la vez, se conocían nuevas masacres de grupos de jóvenes, muchachos y muchachas, por parte de los paramilitares, ya nuevamente en destemplado, incontrolado y pleno accionar criminal delictivo. Pero, Piñera y Duque se dedicaron a auto alabarse, bipersonalmente, enfatizando su amistad, risueñamente.

Ahora, Uribe Vélez, estando investigado, agudizaba su conocida astucia sin ética, para recuperar su libertad, después del arresto decretado por la Corte Suprema colombiana, para lo cual no dudó en renunciar a su cargo de senador, el domingo 16 de agosto de 2020. El sábado 9 de octubre logró su objetivo, aunque seguirá denunciado por diversos y graves delitos, como manipulación de testigos, y no ha sido declarado inocente. Sus amigos chilenos, de viajes por territorio colombiano, nada han dicho: mas, seguramente no debieran olvidar privilegiadas atenciones, informaciones y obsequios variados.

El miércoles 7 de octubre de 2020, la ex senadora y ex candidata presidencial de Colombia, Piedad Córdoba Ruiz, enviaba sentida y urgente Carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando: “el asesinato sistemático de jóvenes y adultos, muchos de ellos afrodescendientes, indígenas, estudiantes, campesinos, líderes sociales pertenecientes a familias y comunidades vulnerables, quienes en razón de su condición social y de sus orígenes étnicos han sido victimizados. En los primeros 9 meses del año en curso, van ejecutadas de forma alarmante 61 masacres con cerca de 246 víctimas”. Más: “El pasado mes de agosto fueron ejecutadas 11 masacres con 64 víctimas, que se suman a los asesinatos casi diarios de activistas civiles que luchan por la paz, el medio ambiente, la justicia social y la equidad”. “…el direccionamiento de la muerte en términos étnicos y regionales, toma ya ribetes de etnocidio. Pero en medio de la grave crisis de desequilibrio democrático las masacres han llegado incluso a la capital de la república como pudo evidenciarse tristemente en las luctuosas jornadas del pasado 8 y 9 de septiembre donde violencia policial hoy impune asesinó a discreción 13 ciudadanos y dejó heridos más de 2 centenares.” Y complementó, con: “la ejecución extrajudicial de más de 230 integrantes de la antigua guerrilla de las FARC-EP”.

Este documento fue enviado con copia al Secretario General de la ONU, al mismísimo Iván Duque y a su inefable ministro de Defensa -ex de Relaciones Exteriores- Carlos Holmes Trujillo. Y téngase presente que António Guterres envió al Consejo de Seguridad, su fundado Informe S/2020/943, de viernes 25 de septiembre de 2020, sobre la agravada situación sintetizada, dando cuenta de la “Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia”, en 19 páginas.

Los gobiernos de Piñera y Duque, amparados y cobijados en el injerencista y demonizador “Grupo de Lima”, son transgresores habituales, en particular, de los Compromisos tercero, cuarto y quinto, de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC, en La Habana, el 29 de enero de 2014. Como es bien conocido, con el mayor número de 32 Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno asistentes, Piñera fue el último en firmarla, a regañadientes, manifestando variados desprecios, epítetos e interrogantes sobre sus contenidos, significado y utilidad. Pero, fue firmante, por ende, el sentido del honor y la ética de la responsabilidad, lo obligan a cumplirla y respetarla.

Las complicidades de ambos, y la sumisión en diversas temáticas políticas, medio ambientales y de seguridad regional a dictados, objetivos estratégicos y propósitos intervencionistas, con sanciones, de la Administración Trump, y su pícnico mensajero Pompeo, son demostrables e inocultables. Desde nuestra panorámica integracionista, internacionalista, latinoamericanista, nacional, patriótica y popular, es una afrenta a las mejores tradiciones de la Política Exterior Chilena.

En efecto, se trata del grave incumplimiento de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre otros, el “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”, y, que, “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El gobierno de Chile no debe ser cómplice de gobiernos colombianos que, ya han perdido toda su autonomía soberana, en materia de Política Exterior y de Defensa, con el polémico -hasta hoy- “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, firmado en Bogotá el viernes 30 de octubre de 2009, fechado 03/11/2009, y conocido, forzada y oficialmente, el 10 de noviembre de 2009. En su Artículo IV, establece el “Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”, y punto 1, que “cooperará con los Estados Unidos para llevar a cabo…”.

Debe saberse, aquí, que se trataba, en concreto, de la sigilosa implementación del acceso y uso a todas las instalaciones de: Base Aérea Germán Olano Moreno, en Palanquero; Base Aérea Alberto Powells Rodríguez, en Matambo; Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo; Fuerte Militar Laranda, en Florencia; Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en Aplay; Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, y, Base Naval ARC Málaga, en Bahía Málaga. Ergo, 7 bases militares extranjeras, para yankees, nada menos, y sí mucho más, en otros Artículos, del citado “Acuerdo complementario”.

Esta presencia militar sigue en disputa. Nuevos cuestionamientos surgen, de tiempo en tiempo, hacia el gobierno. El 1° julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló y ordenó, en Sentencia 2020-02312, que el Presidente Duque debía “parar cualquier actividad de Brigada del Ejército de EE.UU. en Colombia”, de 53 miembros, para Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, sigla en inglés), sin haber contado con la aprobación previa del Senado, prevista en la Constitución, ni con “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia”.

El viernes 16 de octubre de 2020, el mismo Tribunal decidió “Abrir incidente de desacato contra el señor presidente de la República Iván Duque Márquez, según la solicitud de los accionantes” (25 Senadores, entre ellos Iván Cepeda Castro y Jorge Robledo Castillo), otorgándole, así, “al incidentado el plazo de tres (03) días contados a partir de la notificación personal de esta providencia para que se pronuncie sobre el aludido incumplimiento de la sentencia”, de su fallo ya referido del 1° de julio de 2020.

Pero, inmanente a disputas interinstitucionales, en horas posteriores, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y declaró “la improcedencia de la acción de tutela por no concurrir el requisito de subsidiariedad”.

Sigue y suma. Otro aspecto a analizar, denunciar y pesquisar es el affaire de creación de “Prosur”, por iniciativa de Colombia y Chile, se dice. Recuérdese que, en su Carta, fechada 27 de agosto de 2018, dirigida a “Señores Secretaría General de la UNASUR”, se notifica “la decisión de la República de Colombia de denunciar el referido Acuerdo, acogiéndose a lo Consagrado en el artículo 24, el cual dispone:…”. ¿De dónde recibió Colombia la “idea” de crear Prosur, y comenzar el desmembramiento de la UNASUR? Es bien conocido, y deducible. El paso siguiente: será mejor pedirle a Chile (Piñera) que, lidere ese Prosur. Este acepta – creyendo avanzar en su muy ridículo y soñado liderazgo (¡desde “su oasis”, antes del 18 de octubre de 2019!) -, la “honrosa tarea”.

Y “la guinda de la torta” colombiana, en lo estratégico, se gesta, por sugerencia desde el -norteamericano-, también, cuando su ex Presidente Juan Manuel Santos Calderón, en ceremonia en Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, el sábado 1 de junio de 2013, con destemplada y eufórica oratoria, afirmó que: “Este mes que comienza, el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el Gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización”. Y arengó mucho más: “Porque Colombia tiene derecho y puede pensar en grande. Porque, como les decía, estamos dejando el miedo a un lado y llenándonos de razones para ser los mejores, ¡y ya no de la región sino del mundo entero! Tenemos con qué. Lo hemos demostrado.” Sus dichos remecieron los ambientes. Apresuradas aclaraciones, confusiones y precisiones hubo en Bogotá, e incluso, desde Bruselas.

En síntesis, esa desatada voluntad política, se tradujo, primero, en la firma de un “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, de solo seis artículos, en Bruselas, el jueves 25 de junio de 2013. Pero, el presidente Santos Calderón persistió, en su mandato, logrando para Colombia, un “Acuerdo que otorga el status de Socio Global a Colombia” (único país de América Latina y el Caribe), que firmó, en la sede de la OTAN, con su Secretario General, Jens Stoltenberg, el jueves 31 de mayo de 2018, como último acto exterior de su gobierno. Y, así, Duque Márquez asumió el 7 de agosto de 2018.

Es con esa Colombia que, los dos gobiernos encabezados por Piñera, y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, desarrollan contactos estrechos, contagiando la Política Exterior Chilena. Con ninguna alusión a todo lo cuestionable, y con total cinismo, se desarrolló la V Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos y Sociales, el jueves 8 de octubre de 2020, en marco del existente Consejo de Asociación Estratégica. Complicidades y silencios, ante los desvaríos y sumisiones internacionales de Colombia y ante las aberrantes y repudiables atrocidades internas en territorio colombiano, violatorias de Derechos Humanos de su agobiado pueblo sufriente, han terminado convirtiendo en inquietantes y tóxicas las relaciones bilaterales de Chile con Colombia, para toda Nuestra América.