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Ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows (DC) por crisis del coronavirus: “Lo más probable es que en algún momento se llegue al colapso del sistema”

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El también académico de la Universidad Autónoma puntualiza que «no hemos ganado la pelea, hemos logrado un objetivo que es muy importante, que es ganar tiempo». En ese sentido, señala que la tarea es desplazar el peak de casos para impedir la sobrecarga en los hospitales.

El Ministerio de Salud informó este sábado que se notificaron 3424 nuevos casos de coronavirus en el último registro dado a conocer. Y ya son 4.161 las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país. En tanto, hasta la fecha se registran 27 muertes a causa de la pandemia.

No obstante, al aumento de casos, el ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows, sostiene que comparte una visión positiva de como se desarrolla la epidemia en Chile.

Esto porque según señala, a principios de marzo expertos hicieron proyecciones que indicaban que en esta fecha habría muchos más casos de los que actualmente se contabilizan.

En ese sentido, el también académico de la Universidad Autónoma enfatiza en que “no hemos ganado la pelea, hemos logrado un objetivo que es muy importante, que es ganar tiempo”. Por esa razón, puntualiza en que la tarea consta en desplazar el peak de casos, ya que “su desplazamiento nos va a permitir mejorar las condiciones en los hospitales”, afirma refiriéndose a la obtención de mas ventiladores mecánicos y camas críticas.

Sin embargo, Burrows es claro en señalar que el aumento de casos es inevitable, al igual que el copamiento en la capacidad de los recintos asistenciales. “La idea es tener más capacidad, de manera que los recursos sean menores, pero siempre hay que tener presente que lo más probable es que en algún momento se llegue al colapso del sistema”, comenta.

Por último, el ex subsecretario apunta a que “la idea es que todos podamos colaborar con esta lucha” al mismo tiempo que hace un llamado a “no dormirse en los laureles”. De este modo, concluye con que “las proyecciones son probabilísticas y tienen un margen de error que se puede ir reduciendo con la toma de exámenes que den resultados fidedignos”.

Carta del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible a principales autoridades del país: «Las medidas económicas adoptadas por Chile son insuficientes»

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En La Fontana publicamos carta del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible sobre recomendaciones par enfrentar la crisis por coronavirus.

Sr. Presidente de la Republica, Sebastián Piñera Sra. Presidenta del Senado, Adriana Muñoz
Sr. Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores

Les escribimos a ustedes como máximos representantes del Estado chileno, porque estimamos que este es el principal responsable de proteger a las personas ante la actual crisis sanitaria y económica que afecta a nuestro país y al mundo.

Les escribimos porque nos preocupa la crisis económica, cuya prolongación y profundidad puede ser mayor que lo que las autoridades sectoriales han señalado, debido a la pandemia del coronavirus y a los efectos de rezago de la tendencia decreciente de la actividad económica que ya venía desde hace más de un año. Si el Banco Central proyecta una recesión de hasta 2,5% del PIB, estimaciones internacionales señalan caídas del producto de en torno a 2% por cada mes que se prolonguen las cuarentenas. Proyectando los comportamientos sanitarios necesarios, la caída del PIB puede ser entre 5 y 6% en 2020. Esta será la mayor crisis chilena desde la dictadura y en el peor escenario internacional que ha vivido el mundo desde la segunda guerra mundial. Ello exige enfrentar con urgencia y decisión la dimensión económica de esta crisis.

Para muchas familias chilenas la cuarentena y la crisis económica que la acompaña ya significa no tener ingresos, lo que se agravará aún más en las próximas semanas. Hoy, las familias enfrentan el dilema de salir a trabajar con el riesgo de contraer el virus o infectar a otros, o cuidarse en la casa, pero no tener ingresos. Chile está en condiciones de evitar este triste dilema creando las condiciones para que los que se queden en casa puedan vivir dignamente. El desafío es atender efectiva y oportunamente los efectos de la crisis sanitaria y las consecuencias de la recesión económica; así se evitarán costos mayores a mediano y largo plazo. El gobierno debe actuar con la ética de la urgencia para enfrentar la más grave crisis económica y social de los últimos 40 años.

Reconociendo que se han tomado medidas económicas, creemos que estas son completamente insuficientes; especialmente en ayudar con rapidez y eficacia a las familias más vulnerables y a la clase media de la sociedad chilena afectada por la actual crisis. Por ello hacemos una propuesta práctica y realista para proteger a la familia chilena, que debe ajustarse de acuerdo a la profundidad que adquiera la crisis.

Proponemos dos instrumentos:

1. Renta básica temporal. Este pago monetario del Estado beneficiaría a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, que ya cubre al 74 por ciento de la población, salvo aquellas en que al menos uno de sus miembros cuente con un trabajo formal. Esta Renta Básica Temporal debería ser por 4 o más meses, dependiendo de la magnitud de la crisis. Si el Censo da un promedio de 3,1 miembros por hogar, ello que significa que estas familias recibirán en torno a $ 400 mil mensuales, siendo ideal aproximarse a la línea de pobreza. Ello beneficiaría a 1.7 millones de hogares, con un costo fiscal de US$ 3.6 mil millones. El pago monetario debe ser preferentemente recibido por la mujer del hogar.

2. Un verdadero subsidio para los trabajadores que no pueden desempeñar sus labores a causa de la pandemia. El gobierno ha comprometido aportar US$ 2 mil millones al Fondo de Cesantía para aquellos casos en que se decide mantener el contrato sin pago de remuneración, pero al mismo tiempo ha definido que en primera instancia sean los fondos de las cuentas individuales los que se usen para subsidiar esta situación de vigencia de contratos sin remuneración. Proponemos que sea un verdadero subsidio y que el pago provenga de los recursos que aporta el Estado, sin perjudicar los fondos individuales de cesantía. Para aquellos que dejan de recibir su remuneración, sin interrupción del contrato laboral, el pago debe provenir de los recursos que aporte el Estado (Fondo Solidario de Cesantía), sin perjudicar los fondos individuales de cada trabajador. Además, la Dirección del Trabajo debe asegurar que las empresas, por razones justificadas, puedan pactar con sus sindicatos reducciones en sus salarios y horas trabajadas. Ello debe ser complementados con recursos del subsidio de desempleo y, así, reducir el número de despidos. En este contexto, debe considerarse como enfermedad laboral los contagios por Codav-19.

El costo financiero de estas dos medidas sería de 2,6% del PIB, monto que es completamente financiable con el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, consideramos necesario explorar otras medidas tales como: reasignaciones presupuestarias, la adquisición de deuda interna y/o externa, incluyendo la venta de bonos del tesoro al Banco Central lo que requiere cambio Constitucional. Adicionalmente, dado que la salud es la prioridad principal durante los años 2020-2021, consideramos indispensable postergar las compras de armamento y utilizar los recursos disponibles en el Fondo Estratégico para compras militares.

El sector privado debe contribuir, porque en estos tiempos debe primar el interés general. La mayoría de las familias chilenas enfrentan una situación de catástrofe que ha significado o significará una disminución de sus ingresos. La prioridad para ellas y para el país es la salud y la alimentación. Por ello deben postergarse los pagos de deudas y cuentas de servicios básicos. Algunas empresas ya han accedido a postergar sus cobros. Los bancos pueden postergar el pago de deudas, sin cargar multas o intereses adicionales, para todos sus clientes, aprovechando las bajas tasas de fondeo, a las que hoy pueden acceder.

Estamos conscientes que atender la actual crisis económica requerirá de medidas adicionales a las expuestas. Próximamente, el Foro se referirá a las medidas necesarias para asegurar la sobrevivencia de las empresas, en especial las PYMES, y su rápida recuperación después de superada la crisis sanitaria. Es indispensable asumir este desafío con un horizonte de largo plazo, con solidaridad y pragmatismo. Sin embargo, creemos que la primera prioridad es atender la urgencia de que las personas puedan mantenerse en su hogar sin grandes penurias económicas. El país tiene recursos para apoyar hoy sin dilaciones a su población.

*FIRMANTES CARTA FORO PARA UN DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE:

  • Roberto Zahler Andras Uthoff
    Servet Martínez Luis Eduardo Escobar
    Ricardo Ffrench-Davis María José Becerra
    Carlos Ominami Stephany Griffiths-Jones
    Alvaro García Jorge Katz
    Sergio Bitar Luis Felipe Jimenez
    Jorge Leiva Mauricio Jelvez
    Sergio Henríquez Daniel Goya
    Andrés Palma Sebastián Salazar
    Carlos Mladnic Pia Castelli
    Alberto Undurraga Ernesto Moreno
    Ana María Correa Victor Barrueto
    Jacqueline Saintard Eugenio Rivera
    Antonio Lara Mónica Ruíz
    Alvaro Díaz Diego Portales
    Hernán Frigolet Marcos Illanes
    Michel Jorrat Gustavo Rivera
    Reinaldo Ruiz Jaime Gajardo Falcón
    Osvaldo Rosales Mario Velasquez
    Jaime Gazmuri Simón Accorsi
    Juan Somavía Daniel Bello

Convergencia Progresista propone plan ante crisis y pide ocupar de forma «enérgica y agresiva» la capacidad fiscal del país

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Los partidos del bloque elaboraron una propuesta en la que exigen mayor gasto público para financiar los problemas económicos y sociales que generará el coronavirus en Chile.

Los partidos del bloque Convergencia Progresista presentaron este viernes un plan económico y social para enfrentar los efectos que generará en el país la crisis sanitaria del coronavirus, subrayando la necesidad de incrementar el gasto social para financiar la ayuda hacia las personas que se verán afectadas por el avance de la pandemia.

En el documento, los presidentes del PS, PPD y PR subrayaron que «el momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se enfrentará esta pandemia y sus consecuencias».

En esa línea, aseguraron que «el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda».

A juicio de esas colectividades «Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas».

En ese contexto, plantearon que «las medidas anunciadas hasta hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente, tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para evitar la fuerte caída en la actividad económica».

«El programa de protección presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores por cuenta propia. La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son gasto real. O sea, un 1,5% del PIB», lamentaron.

Por ello, advirtieron que «estamos ante una crisis de las que ocurre una o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el sistema crediticio, funcionen».

DETALLE DE LAS MEDIDAS

Para enfrentar esa situación, los partidos de centroizquierda propusieron «un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y los trabajadores de Chile y sus familias», por lo que plantearon dos vías para salvaguardar a quienes han perdido sus ingresos normales.

La primera de ellas es la creación de un seguro familiar. «Este beneficiaría a todas las familias cuyos ingresos provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador/a de casa particular. El aporte será proporcional al número de integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro».

«Dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas recibirían sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de 1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente», estiman, considerando a las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, que ya cubre al 74% de la población.

La segunda fórmula es el establecimiento de un subsidio de desempleo. «En línea con lo propuesto por el gobierno, deben aportarse ya los US$ 2.000 millones para que todos/as los que pierdan o vean suspendido su trabajo formal, mantengan su ingreso, de acuerdo con las reglas de este seguro».

«Adicionalmente, proponemos que el Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad de sus salarios durante la emergencia», indicaron.

Asimismo, apuntaron a la contribución del sector privado para ayudar a las personas a pagar sus deudas. «Es indispensable que durante este período de estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de deudas o servicios de utilidad pública. Algunas de estas empresas ya han accedido a postergar sus cobros».

Otra medida que incluyeron es la necesidad de establecer de manera transitoria la fijación de precios de alimentos y bienes básicos y esenciales, la ampliación de medidas de distribución de alimentos y el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo internet.

En cuanto al financiamiento, aseguraron que «el costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas, alcanza, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58 puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado dispone o puede acceder».

«Bastaría con asignar menos de la mitad de lo disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, consideramos conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento, entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio constitucional) y la reasignación presupuestaria», enfatizaron.

Denuncia de la Sociedad de Infectología: Algunos kits adquiridos por el Minsal para toma de muestras por coronavirus no cumplen los requisitos

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La Sociedad Chilena de Infectología denunció, entre otras cosas, que la calidad de algunos de los kits comprados por el Ministerio de Salud para tomar y transportar muestras relacionadas con con el Covid-19 no cumplen con lo que se necesita.

«Alerta por disponibilidad y calidad de insumos para toma de muestra y técnicas diagnósticas de SARS-CoV-2 en contexto de pandemia en Chile», es el título del comunicado.

La agrupación advierte que «algunos laboratorios han recibido kits adquiridos por el Ministerio de Salud para toma y transporte de muestras para realizar RT-PCR, insumos que no cumplen con los requisitos para una adecuada toma de muestra que asegure el buen rendimiento del test».

Esta evaluación surge de una mesa de trabajo que incluye a distintos profesionales.

«Para lograr tener información sobre estos aspectos que nos parecen fundamentales, miembros de la Sociedad Chilena de Infectología que nos desempeñamos en distintos laboratorios clínicos, hemos constituido una mesa técnica constituida por microbiólogos clínicos, bioquímicos y médicos infectólogos para recabar datos sobre las capacidades diagnósticas con las que se cuenta en los centros a los que pertenecemos y las falencias identificadas que deben ser resueltas de forma oportuna para continuar dando una respuesta adecuada».

Detallan que «las principales falencias a las se enfrentan son: insumos para la toma de muestra, procesamiento de la muestra y tiempos de respuesta para entrega de resultados».

*Ver tweet de Sochinf:

Pandemia y crisis climática, desafíos para un nuevo pacto social

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En La Fontana publicamos Declaración de SCAC ante postergación de la COP 26

A causa de la pandemia Covid-19 se ha anunciado la postergación de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que debía ocurrir en noviembre de este año. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) apoyamos esta decisión y consideramos que está a la altura de la crisis sanitaria que enfrentamos. Pero ¿Estaremos a la altura para enfrentar la crisis climática y ecológica?

Esta postergación, no es sinónimo de que los Estados puedan dejar de lado sus compromisos climáticos ni ambientales. La vulnerabilidad frente al cambio climático y la contaminación atmosférica nos hace más sensibles a este tipo de emergencias: Comunidades sin agua, como La Ligua y Petorca, no pueden cumplir con los mínimos de higiene necesarios y las personas que viven en zonas de sacrificio ambiental, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Ventanas, por mencionar solo algunas, se verán afectadas más gravemente al ser más susceptibles a padecer problemas respiratorios.

Esta crisis sanitaria está relacionada con la destrucción de la naturaleza y la pérdida de hábitats naturales de las otras especies; con la forma en la que nos alimentamos y conseguimos ese alimento y también en cómo nos entendemos como sociedad. Es por eso que hay que abordarla desde todos esos lugares.

Así mismo, las medidas de reactivación económica que pensemos, deben reconocer la oportunidad para acelerar la transición económica hacia un modelo centrado en el cuidado de las personas, la preservación de la vida y la una relación armónica entre la sociedad y el medio ambiente, avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por ello que el proceso que enfrentamos no puede sacrificar los compromisos climáticos ni vulnerar los derechos humanos, debe enraizarse en ellos y utilizarlos como punto de partida.

Sería una enorme contradicción, en medio de esta crisis sanitaria así como en un futuro escenario de reactivación económica, que el Estado rescate empresas contaminantes, que dañen el medioambiente o vulneren derechos. Los recursos estatales se deben invertir en apoyar emprendimientos limpios, generar empleos en sectores compatibles con la salud y compromisos climáticos, en fomentar la investigación aplicada sobre los efectos antrópicos en nuestro territorio, con transferencia educativa hacia nuestras comunidades.

Este año no habrá COP 26, pero es el momento para que las naciones del mundo se replanteen sus compromisos y tal vez el mecanismo que se está utilizando para alcanzarlo, ya que en 26 años de negociaciones, seguimos estando muy atrás en lo que se requiere para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC.

Esta crisis marcará un nuevo comienzo, en el que tenemos la oportunidad de acelerar las medidas para la preservación ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las personas, lo cual será clave para seguir escribiendo la historia de la humanidad.

Confusam denuncia falta de elementos de protección personal e interpone recurso de protección en contra del Minsal

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Un recurso de protección en favor de l@s funcionari@s de la Atención Primaria y en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, interpusieron, la semana pasada, dirigentes nacionales de la Confusam, por la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Salud en la falta de elementos de protección personal y el peligro al que se exponen los equipos de salud que conforman la primera línea en la contención de la pandemia por COVID #19.

Según indica el documento, “los trabajadores de la atención primaria de la salud municipal constituyen la primera línea en la lucha contra esta pandemia, porque son los primeros que deben atender posibles casos, después vienen los médicos que deben aplicar los correspondientes tratamientos, pero son ellos quienes hoy en día se encuentran desempeñando sus funciones con mascarillas en malas condiciones, sin guantes de latex y falta de alcohol gel”.

Por estas razones, el pasado lunes 23 de marzo, representantes de 13 organizaciones de trabajadores de la salud, entre ellas la CONFUSAM, concurrieron al Ministerio de Salud para conversar con la autoridad sanitaria vía «tele-conferencia» para resolver los problemas de falta de cuidados hacia sus representados en los recintos de salud pública, quienes deben atender los posibles casos de Coronavirus en aquellos centros sin contar con implementos necesarios, sin encontrar solución alguna por parte de la autoridad sanitaria.

A pesar de estos requerimientos urgentes, fue el propio subsecretario Arturo Zúñiga, en la circular C37 sobre el uso de protección personal en la pandemia, quién determinó que sólo se debía entregar elementos de protección personal a los equipos de salud de los establecimientos de salud pública del país que atiendan únicamente casos sospechosos o confirmados de COVID-19, excluyendo así a todos los trabajadores que prestan atención a posibles contagiados de COVID-19, y poniendo en peligro a miles de trabajadores que se encuentran expuestos a ser contagiados por carecer de los elementos mínimos de protección y seguridad que su labor requiere.

Es sabido que, en este escenario de epidemia global, la mayor parte de la demanda de atención se resuelve en espacios de cuidados primarios ambulatorios, sin involucrar tecnología compleja, y donde, además, se realizan acciones de prevención y promoción de la salud.

Las situaciones de urgencia o emergencia por coronavirus requieren de respuestas inmediatas y oportunas que minimicen la probabilidad de mayor daño, secuelas o muerte. Esto se logra a través de un sistema organizado de respuestas según gravedad, que considera el traslado de los pacientes a niveles de mayor complejidad cuando el caso así lo amerita. Tradicionalmente, el peso de la atención de urgencia / emergencia ha recaído en las Unidades de Emergencia Hospitalaria, con una demanda en progresivo aumento y su consiguiente congestión.

Se advierte así que todo el personal de atención primaria de salud municipal interviene en la atención de posibles contagiados, lo que hace patente la necesidad de contar con los elementos mínimos de protección personal, con los que lamentablemente hoy en día no se cuenta, pese a gran cantidad de stock con que dispone la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

De esta manera, queda en evidencia como la Subsecretaría de Redes Asistenciales no ha resguardado en términos suficientes la vida y salud de los miles de trabajadores de atención primaria de salud municipal, ni tampoco ha adoptado las medidas establecidas en el Decreto Supremo N° 6, del Ministerio de Salud, correspondiendo que esta acción cautelar sea acogida y se ordene a la recurrida gestionar la distribución inmediata de los elementos de protección personal necesarios a cada uno de los trabajadores de atención primaria de salud municipal, que se realicen testeos masivos de coronavirus a la población y se decrete cuarenta nacional de inmediato, pues solo así se garantizará la vida y salud de todos los trabajadores de APS del país y de los millones de habitantes de Chile que están en un inminente peligro.