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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Daniel Matamala

La hora del populismo

enero 19, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala 

El populismo es inevitable. La única pregunta es: ¿qué forma de populismo?”. Eso escribía en 2012 el economista de la Universidad de Chicago Luigi Zingales. Y, con el ojo afinado por su experiencia como italiano, ya anticipaba quién se convertiría en el Berlusconi estadounidense: Donald Trump.

Invitado por CNN Chile y Chilevisión, Zingales estaba en Santiago este jueves, cuando la encuesta CEP le puso números a lo obvio: también en Chile llegó la hora del populismo.

Los números son demoledores. La adhesión al Presidente Piñera es un mínimo en la historia de las encuestas, no sólo de Chile, sino de Sudamérica. Ni De la Rúa cuando escapó en helicóptero de la Casa Rosada, ni Abdalá Bucaram cuando fue destituido por incapacidad mental, habían llegado tan bajo. El Congreso (3%) y los partidos (2%) están en el margen de error. Todos los políticos caen, y no se salva ninguna institución de poder: ni las iglesias, ni la televisión, ni las empresas privadas.

El 72% no se identifica con la izquierda, el centro ni la derecha. La única división relevante hoy es entre un pueblo que se define a sí mismo como virtuoso y una élite a la que considera corrupta: populismo en estado puro.

Es una revuelta de los ciudadanos contra la clase dirigente completa. Hoy en Chile, el populismo es inevitable. La única pregunta es: ¿qué forma de populismo?

La respuesta en parte depende de esa élite hasta ahora ciega, sorda y muda. Para Zingales, Chile no se ve como un “country” (país), sino como un “country club”. El club de los nueve colegios que acaparan los puestos de poder, la concentración de los mercados y el “capitalismo de amigotes”, como lo llama en oposición al capitalismo competitivo, abierto y “popular” que defiende.

En una de sus actividades con políticos y empresarios, se le rebatió que en Chile el capitalismo sí funciona para todos. “¿Cuántos grandes empresarios están presos por delitos de cuello y corbata?”, retrucó. La respuesta es obvia: si eres miembro del “country club”, no vas a la cárcel.

“El problema no es el populismo, es el elitismo”, dice Zingales. “Si no hubiera una élite que discrimina al resto, entonces no habría un pueblo que se sienta opuesto a esa élite”.

Pero la misma CEP plantea soluciones. El “Apruebo” a la nueva Constitución llega al 67%. Crece de 52% a 64% la cantidad de chilenos que prefiere siempre la democracia, y aumenta de 58% a 78% la proporción que pide a los líderes políticos priorizar los acuerdos por sobre sus propias posiciones.

Los que sueñan con salidas autoritarias reciben un mazazo, y los políticos más castigados son los que apuestan por la confrontación: Teillier, Cubillos, Piñera y Van Rysselberghe cierran el ranking. El único que tiene cifras azules (37% de apoyo y 32% de rechazo) es Joaquín Lavín, quien esta semana golpeó la mesa proponiendo “un nuevo modelo”, que nos acerque “más a Suecia u Holanda que a los Estados Unidos”, “romper el club cerrado que clasifica a las personas por el colegio en que estudiaron”, y “pasar de la exportación de materias primas a una economía más compleja”.

Palabras opuestas a las de Piñera, para quien un cambio de modelo es sinónimo de Venezuela. “Eso es completamente equivocado”, retruca Zingales. “Es al no cambiar nada, que Venezuela se transforma en la única alternativa”.

La mesa está servida para que un outsider se sirva el plato principal. El menú es conocido. Puede ser un comediante más o menos inofensivo, como Zelensky en Ucrania, Morales en Guatemala y Trump en Estados Unidos; un fascista como Bolsonaro en Brasil y Orban en Hungría; un tecnócrata aspirante a dictador como Fujimori en Perú; o un militar golpista como Chávez en Venezuela. “Chile tiene que elegir si quiere permanecer como una democracia, y para eso tiene que cambiar. Si no, un Chávez puede parece el salvador”, advierte Zingales.

Pero la clase dirigente no reacciona. El gobierno propone que la convención constituyente se elija con listas cerradas en que no se vote por personas, sino por partidos políticos. Nótese el absurdo: el Presidente del 6% quiere que la única alternativa sea votar por los partidos del 2%. La franja electoral excluye al 98% de los chilenos que rechazan a esos partidos. Y siguen en el aire fórmulas para que los independientes puedan ser candidatos.

Hay urgencias políticas y sociales. Pensiones, salud, educación y sueldos son los temas más importantes para los chilenos. Zingales advierte que la redistribución vía impuestos tiene un límite: “es un juego de suma cero. En cambio, la verdadera competencia dentro del capitalismo genera crecimiento, reduce precios y redistribuye”.

¿Cómo? Con medidas audaces para romper la concentración económica que permite extraer rentas cobrando altos precios a los consumidores: separar el sector industrial del financiero, gravar con impuestos cada capa de las cascadas para romper los conglomerados, dividir a empresas dominantes cuando no hay suficientes actores en el mercado, transparentar los dueños finales de las empresas. “Competencia, competencia, competencia”, resume Zingales. ¿De eso no se trataba el capitalismo, a fin de cuentas?

¿Qué forma de populismo, entonces? La historia de Estados Unidos tiene el ejemplo virtuoso del movimiento populista de Theodore Roosevelt, un político de la élite que rompió los monopolios, liberó la energía del capitalismo y fortaleció la democracia.

Es eso, o un outsider impredecible. Ya se acabó el tiempo. Como advierte Zingales: “lo que no se dobla, se rompe”.

 

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: columna, Daniel Matamala, Periodista

La década dorada

enero 5, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

Es difícil recordarlo hoy, escribiendo en enero de 2030. Pero la que terminaría siendo la década dorada de Chile comenzó en una enorme incertidumbre. En ese verano caliente de 2020, todo parecía a punto de desmoronarse.

La extrema derecha intentaba descarrilar el proceso constituyente apelando a los instintos primarios: el miedo y la rabia. La extrema izquierda coqueteaba con la violencia: revolucionarios de cuneta juraban que estaban a punto de asaltar el Palacio de Invierno. Las fuerzas democráticas se paralizaban, acobardadas por la presión de las funas callejeras y las redes sociales. Líderes de opinión y columnistas de los diarios hacían una lectura histérica de manifestaciones culturales que no comprendían. Olvidaban el consejo del héroe de su generación, Bob Dylan: “Don’t criticize what you can’t understand”.

Pero nunca está más oscuro que justo antes del amanecer. Y el sol salió con una movilización masiva. A la marcha más grande de la historia, de octubre de 2019, siguió la votación más grande de la historia, en el plebiscito de abril de 2020.

Envalentonados por el éxito, los políticos democráticos se sacudieron de sus traumas, aislaron a los extremos y, obligados por el quórum de dos tercios, dialogaron y buscaron consensos. El resultado no fue una Constitución de derecha ni de izquierda, sino una carta con consensos mínimos que dejó la puerta abierta para el debate político.

El proceso fue más importante que el resultado: se organizaron cabildos por todo Chile sobre la discusión constituyente. El ejercicio de levantar la vista del teléfono para reconectarse con los vecinos tuvo un efecto notable; se fortalecieron las organizaciones de base, que cooperaron entre ellas para formar coordinadoras con influencia nacional.

Eso fue fundamental en la primera crisis de la nueva República. Cuando se descubrió que políticos y empresarios habían conspirado para asegurar leyes a la carta, la máquina de impunidad comenzó a trabajar tal como lo había hecho en el escándalo de las platas políticas de 2015.

Pero esta vez, dos millones de chilenos salieron a la calle exigiendo justicia… Tanto sobornadores como sobornados terminaron en la cárcel: parlamentarios, gerentes generales, un ministro y hasta el líder de un importante grupo económico. El aviso fue claro: el balance de poder entre la clase dirigente y la ciudadanía había cambiado para siempre.

La oligarquía ya no podría obstaculizar el cambio. Las rentas de los recursos naturales, capturadas por ella desde la conquista de Chile, ahora serían un motor de desarrollo. El royalty minero y la licitación de las pesquerías (se anuló la corrupta ley de pesca), financiaron centros de innovación instalados en las capitales regionales, que unieron el trabajo de empresas, universidades y el Estado. Los retornados de Becas Chile al fin pudieron desarrollar su potencial. Si hasta 2019 Crystal Lagoons o Cornershop eran excepciones, en nuestros locos años 20 se multiplicaron los emprendimientos exitosos a escala internacional.

La reforma de las AFP también ayudó: los fondos de las pensiones se redestinaron a inversión pública a largo plazo, financiando, con buenas rentabilidades, ferrocarriles, embalses y puertos.

Todo esto ocurrió justo a tiempo. Como sabemos, el gran frenazo de la economía china en 2029 derrumbó el precio del cobre. 100 años antes, el colapso del salitre hizo que Chile fuera el país más golpeado por la crisis de 1929. Pero ahora ya no teníamos todos los huevos en la misma canasta.

Tras recuperar el litio de la captura de SQM, nos convertimos en productores de baterías para autos eléctricos. Nuestro predominio mundial en energía limpia nos llevó a liderar en celdas de hidrógeno verde, indispensables para los vehículos a hidrógeno japoneses. Aprovechamos la radiación solar para vender esa energía a Argentina, Perú y Brasil, y el know how sobre generación eléctrica, a todo el mundo. Cuando la carbono neutralidad se volvió norma, las principales multinacionales movieron sus operaciones a Chile para aprovechar la energía limpia.

De ser la capital de la astronomía mundial, pasamos a la astroinformática. En conjunto con gigantes como Google y Amazon convertimos Antofagasta y La Serena en los Silicon Valley del Big Data: un concepto que al principio de la década era un chiste, por un chapucero informe del gobierno de la época, terminó convertido en un negocio de miles de millones de dólares que nos tiene en la frontera del conocimiento.

¿Cuál fue la clave? El rebalance de poder que soltó los frenos de un modelo oligárquico, rentista y extractivista. La élite pasó a ser parte de la solución, cuando entendió que, por su propia sobrevivencia, debía abrir puertas y ventanas, y reparar la fractura con el resto de la sociedad. Hoy tenemos paridad de género en los directorios de las grandes empresas, políticas de meritocracia en las carreras gerenciales y una relación horizontal con las comunidades.

¡Y pensar que hace solo 10 años se repetía, como una verdad revelada, que el único fin de la empresa era “maximizar las utilidades”!

En 2020, todo esto habría sonado muy cándido. Y sin duda, lo habría sido. Eran demasiadas las trampas y las amenazas. En ningún caso era un destino probable. Pero tampoco imposible.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: columna, Daniel Matamala

2020, el paraíso soñado

diciembre 29, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

Se acabó el tiempo del paraíso soñado”, cantó alguna vez Aparato Raro. Una frase que calza perfecto con el año que comienza. Porque 2020 alguna vez fue ese paraíso soñado.

En 2020, Chile sería un país desarrollado, nos dijo el entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco en 2007. En 2020, los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo, nos explicó la Asociación de AFP en 2000.

Examinemos esas promesas, a solo horas de que se puedan declarar oficialmente fallidas.

El pronóstico de Velasco fue uno más de una larga serie. Ya en 1984, la dictadura proclamaba que estábamos a las puertas del desarrollo. Luego, ministros y presidentes movieron el paraíso soñado para 2000, 2010, 2015, 2018, 2020, 2025 y por última vez -lo dijo el Presidente Piñera el año pasado- para 2030.

“Si seguimos creciendo a esta velocidad, el año 2020 alcanzaremos los ingresos de un país, por ejemplo, como Portugal. Entonces podremos decir que somos desarrollados”, decía Velasco.

La Asociación de AFP basaba su cálculo en que los fondos tendrían una rentabilidad de entre 6 y 7%, “que es la pronosticada por expertos del sistema para Chile”, decían.

Las trampas son parecidas. Primero, suponer que el futuro se mueve en línea recta, y que tanto el crecimiento gracias al modelo extractivista como las altas rentabilidades de los 80 y 90 podían proyectarse hasta el infinito sin reformas profundas.

Y segundo, reducir la compleja realidad a un solo número, sin entender que un sistema previsional moderno depende de una serie de factores más allá de la rentabilidad (tasas de cotización, esperanza de vida, ahorro colectivo, solidaridad).

Menos, que el desarrollo no es solo un asunto de “ingresos”, sino también de otras variables, como la igualdad, la cohesión social o la complejidad de la economía.

Sí, el PIB per cápita de Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait es mayor que el de Suecia, Suiza, Canadá o Alemania, pero sería absurdo sostener que son por ello sociedades más desarrolladas. Tener un país desigual que vende materias primas no es sinónimo de desarrollo.

Nuestro 2020 tiene su espejo histórico, hace justo un siglo. Estas trampas no son nuevas; estas cegueras sobre el futuro son apenas el eco de otras.

La república parlamentaria nació en 1891, tras el trauma de la Guerra Civil. Nuestra república contemporánea nació en 1990, tras el trauma de la dictadura. Ambas crecieron al abrigo de una economía monoexportadora (salitre antes; cobre ahora) que deja enormes rentas en manos de unos pocos. Cómodas en ese arreglo, ambas oligarquías se resistieron a evolucionar junto a las sociedades que gobernaban, permaneciendo como circuitos de poder cerrados, con relaciones espurias entre el poder político y económico.

“El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. En una palabra: ¿Progresamos?”, se preguntaba hace 100 años Enrique Mac Iver, una de las voces lúcidas que interpelaban a una dirigencia autocomplaciente.

La irrupción de la clase obrera, presa de la miseria y la insalubridad, pero cada vez más organizada en ciudades y salitreras, fue enfrentada con indiferencia por la oligarquía. “De problemas sociales no se hablaba”, advertía el historiador Guillermo Subercaseux.

La respuesta a la agitación social fue la represión, como en la huelga de la carne y la matanza de la Escuela Santa María. La tensión subió hasta 1920, con la elección del populista Arturo Alessandri, quien proponía impuestos directos y reformas sociales. Pero la institucionalidad fue incapaz de canalizar el cambio, desatando una larga crisis: la caída de la república parlamentaria, golpes y revueltas militares, la Constitución de 1925, la dictadura de Ibáñez, experimentos exóticos como los 12 días de “República Socialista”, el regreso de Alessandri y la Masacre del Seguro Obrero.

Un siglo después, nuestra “cuestión social” es distinta: ahora se trata de la irrupción de una clase media con acceso al consumo y a la educación superior, organizada espontáneamente en torno a redes virtuales. Pero el quid del asunto se repite: una clase dirigente demasiado cerrada en su composición, demasiado estrecha en su mirada del país, demasiado cómoda en la repartición de rentas que dependen de la extracción y no de la innovación.

Y por eso su respuesta ante el desafío social que se incubó por años fue, de nuevo, una mezcla de impericia, frivolidad y represión.

“Los poderosos siempre buscan el control total del gobierno, menoscabando el progreso social en favor de su codicia”, advierte el execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional Simon Johnson. “Contrólelos mediante una democracia efectiva o verá cómo fracasa su país”, concluye.

Ahora que llegamos a 2020 y constatamos que ese paraíso soñado ya no existe, es el momento: o construimos esa democracia efectiva o vemos cómo la advertencia de Johnson se convierte en realidad.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: columna, Columnista, Crisis social, Daniel Matamala, Manifestaciones sociales, Movilizaciones

De qué estamos hablando

diciembre 22, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala 

Periodista de CNN Chile

Bastó que, en una entrevista radial, la periodista Verónica Franco preguntara al Presidente Piñera por un “cambio de modelo” para provocar este monólogo:

Si usted cuando me habla de cambio de modelo está pensando en el modelo venezolano…

No…

… donde destruyeron la democracia…

-No…

-… donde atropellan los derechos humanos todos los santos días, donde tienen al pueblo entero condenado a la muerte por hambre o por falta de medicamentos…

-… Es que no es dicotómico, Presidente…

-Entonces cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir, ¿de qué estamos hablando?

Le dicen “cambio de modelo” y él escucha “Venezuela”. El abismo entre la burbuja presidencial y el resto del país es enorme.

Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Ni en las protestas abundan las banderas venezolanas, ni en la consulta de los municipios los ciudadanos votaron por un régimen chavista, ni en ninguna encuesta seria los chilenos piden convertirse en Chilezuela. Esa fantasía sólo existe en las mentes de un puñado de extremistas de izquierda y derecha (algunos, lamentablemente, muy escuchados en La Moneda).

Lo que los chilenos exigen se parece mucho más a cualquier informe de organismos internacionales capitalistas que a alguna asamblea revolucionaria.

La calle y la OCDE hablan a coro. Veamos.

Más del 94% de los 2 millones y medio de votantes de la consulta ciudadana está a favor de un IVA menor para productos de primera necesidad. Coinciden en ello con una de las principales críticas de la OCDE a nuestro país: que nuestro sistema tributario está patas para arriba. Se basa en impuestos al consumo, que golpean a los más pobres, y no en los tributos a la riqueza. Chile recauda el 41% de sus impuestos a través del IVA, contra apenas el 20% de promedio en la OCDE. Por eso, el organismo nos recomienda “incrementar impuestos ambientales, sobre la propiedad y a la renta para aumentar la equidad y estimular el crecimiento”.

Un modelo en que paguen más, no los que compran pan o leche, sino los que más contaminan, más ganan y más tienen. De eso estamos hablando.

La calle también exige frenar la destrucción del medio ambiente y los efectos de la privatización del agua. En la consulta municipal de Coquimbo, 90% apoyó que el agua sea pública.

Pues bien, según la Cepal, somos el país OCDE que menos invierte en proteger el medio ambiente: 0,1% del PIB. Y la OCDE advierte que en Chile “la contaminación atmosférica de las zonas urbanas es permanentemente alta, el agua es escasa y está contaminada, se está perdiendo hábitat y existe gran vulnerabilidad al cambio climático”. Por eso, el club de los países desarrollados nos exige tipificar el delito ambiental, con penas de cárcel efectiva.

Un modelo que cuide medio ambiente y castigue a los que lo destruyen. De eso estamos hablando.

“Mejorar las pensiones” es la primera prioridad de los chilenos según la consulta municipal. Nuestra tasa de reemplazo (la jubilación comparada con los últimos sueldos) es de 33,5% en los hombres y de 30,3% en las mujeres, la mitad del promedio OCDE (63%).

El Centro Internacional para la Gestión de Pensiones advierte que “la crisis de las pensiones chilenas no se puede resolver dentro de los límites del sistema actual” y que es necesario crear un “tercer pilar” (junto al ahorro individual y las pensiones solidarias) que “incluya elementos colectivos para mitigar riesgos entre generaciones”.

Un modelo de pensiones mixto y sustentable. De eso estamos hablando.

El 97,4% de los votantes en la consulta apoya sanciones más duras para la corrupción. Un informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), recomienda lo mismo: la pena máxima para el uso de información privilegiada hoy es una multa de hasta $420 millones, sin cárcel efectiva. En Estados Unidos o Corea del Sur, esos delitos suponen hasta 20 años de prisión.

Un modelo que se tome la libre competencia en serio y, por lo tanto, castigue a quienes hacen trampa. De eso estamos hablando.

La crítica al sistema extractivista se da por igual en cabildos, organizaciones sociales y en la academia. “Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales. La economía sigue siendo muy dependiente del cobre (…) los bajos niveles de inversión en innovación e investigación y desarrollo (I+D) frenan la productividad”, dice la OCDE.

Un modelo que no se base en extraer piedras, sino en generar conocimiento e innovación, saliendo de nuestro vergonzoso puesto de colistas de la OCDE en I+D. De eso estamos hablando.

Quien mejor resume el desafío de Chile es el físico César Hidalgo, cocreador del Índice de Complejidad Económica, un ranking en que llevamos 40 años estancados (en 1980 éramos 61º; hoy somos 60º). Los datos del índice demuestran que crecimiento e igualdad no son metas contradictorias: ambas dependen de que Chile se vuelva más complejo y deje atrás “una economía primitiva y estática”, dice Hidalgo.

Ya lo hicieron en su momento países que eran más pobres que nosotros, como Corea o Singapur: pasar de un modelo básico, extractivista y vertical, que ya dio todo lo que podía dar, a uno basado en la innovación y el conocimiento.

Presidente: de eso estamos hablando.

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Sentido común

diciembre 1, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

 

 

 

Por Daniel Matamala

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

Basta un breve paseo por el ring histérico de las redes sociales o por el circo de algunos matinales para convencerse de que Chile es un país polarizado. ¿Cómo no pensarlo, si los hashtags que llaman a la revolución o a la dictadura se disputan los primeros lugares? ¿Cómo no verlo, en el desfile televisivo de extremistas y hasta negacionistas de los crímenes de la dictadura?

Afortunadamente, ese es un espejismo. Pese a ese show de confrontación, nuestra democracia tiene un activo invaluable: el sentido común de los chilenos. En palabras de Jack Trout, “una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas”.

Veamos cómo se demuestra.

La inmensa mayoría rechaza los saqueos y robos (96% en Cadem), y al mismo tiempo está de acuerdo con el movimiento social (85,8% según Desoc/Coes); con una nueva Constitución (85% según Cadem; 83,9% según Desoc/Coes) y con convocar a un plebiscito (83% en Cadem); además, cree que Carabineros ha abusado de su poder (69%, Cadem).

Cito, por cierto, encuestas que buscan ser representativas, no sondeos por redes sociales que, por su metodología, apenas representan a ciertas burbujas y no a la sociedad chilena.

En medio del desplome de la política, solo se salvan los dirigentes capaces de conectar con ese sentido común, dialogar y llegar a acuerdos. Los únicos políticos al alza en los rankings de evaluación son Mario Desbordes (44%, Cadem) y el ministro Ignacio Briones (41%, Cadem).

Caen estrepitosamente, en cambio, los que han evadido asumir su rol de liderazgo (Lavín, -16%; Sánchez, -15%), o los de discurso confrontacional (Insulza, -22%; Matthei, -18%; Allamand, -15%). Enterrados en el sótano de la lista aparecen los extremos: J.A. Kast, Teillier y Van Rysselberghe, junto al Presidente Piñera y su constante discurso sobre el combate contra “enemigos”.

Sí a los acuerdos, no al extremismo. De sentido común.

La élite siempre ha despreciado el sentir de la sociedad. Atenderlo, repiten, es “populista”. Pero la historia reciente deja muy mal parada esa pretendida superioridad.

Ya en 1990, según la encuesta CEP, había una mayoría a favor de una ley de divorcio. En 1995, el 74% de los chilenos la apoyaba. Pero, ante la resistencia de la élite supuestamente ilustrada, esta ley recién se aprobó ¡en 2004! El entonces diputado Alberto Cardemil dijo que la ley sería un “golpe mortal a una acción civilizadora de siglos”.

Mismos argumentos tremendistas hubo para retrasar otras reformas que la inmensa mayoría respaldaba, como el fin de la censura, la descriminalización de la homosexualidad (“algo que es ilícito se convierte en lícito”, decía el entonces senador Chadwick), o el fin de los niños “ilegítimos” (“no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale lo que la naturaleza ha hecho diferente”, decía el entonces senador Hernán Larraín).

Lo mismo ocurrió con el aborto, donde en 2009 (Flacso) entre el 64% y el 66,7% de la población ya apoyaba la despenalización en tres causales.

Y qué decir del masivo rechazo ciudadano a las AFP y la desigualdad. Apenas al 7% le da tranquilidad que las AFP administren los ahorros (Comisión Presidencial, 2015); y 92,5% cree que las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes (Coes, 2014).

¿Qué hizo el sistema político al respecto? Todo lo contrario: hasta el 18 de octubre, los dos proyectos estrella del gobierno eran bajar los impuestos a los dueños de empresas y dejar intocadas a las AFP en la reforma previsional.

Mientras, en estas semanas los abusos siguen campeando.

Laurence Golborne facilitó facturas falsas por más de $ 300 millones para recibir pagos de una decena de empresas en su campaña de 2013. Un acuerdo con la fiscalía lo liberó de condena a cambio de pagar módicos $ 11.440.000.

Su excolega de gabinete Gabriel Ruiz-Tagle (sí, el mismo de la colusión del confort) hizo una “pasada” de $ 353 millones usando información privilegiada con acciones de Colo-Colo. Ruiz-Tagle atribuyó su acción a “un error”, “producto de mi ignorancia de las normas”. La multa apenas lo obliga a devolver una fracción de lo ganado: $ 211 millones.

Más “errores”: en el juicio por el caso Corpesca, Roberto Angelini calificó los sobornos que su gerente general confesó haber pagado a parlamentarios como “errores de administración”.

Los abogados al servicio del poder ensayan sofisticadas explicaciones para esta impunidad, pero no engañan al sentido común: el 95% de los chilenos cree que “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o estatus social” (UC, 2016).

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

En este momento crítico, la clase política debiera entender que llegar a acuerdos en beneficio de Chile es también popular y conveniente para ellos. Los chilenos ya lo entendieron. Es cosa de sentido común.

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El general en su laberinto

julio 8, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Tras un paseo por el centro de Santiago, un asombrado Gabriel García Márquez comentó que Chile es un país tan legalista, que es el único lugar en que había visto que códigos y reglamentos se vendieran en la calle.

Por Daniel Matamala 

Periodista de CNN

Si hasta la revolución aquí se intentó hacer a punta de resquicios legales, y la corrupción es con boletas por servicios prestados. No es de sorprenderse entonces que la impunidad también se construya torciéndole la nariz a la justicia, pero siempre con un disfraz legal para guardar las apariencias.

¿Pillan a grandes empresarios robando a través de carteles? Es que el delito no está tipificado. ¿Atrapan a políticos con las manos en la masa, embetunadas en platas negras? Es que no hay querella del Servicio de Impuestos Internos. ¿Sorprenden a generales saqueando el tesoro público? Es que investigarlos es inconstitucional.

Todo legal.

De los mecanismos de protección de que gozan los poderosos, el de los generales parecía el más inexpugnable: una justicia propia, secretista y ajena al escrutinio público.

Hasta que una civil, Romy Rutherford, llegada por azar al cargo de ministra en visita de la Corte Marcial, se tomó demasiado en serio su trabajo. Desenredó la madeja de corrupción en los altos mandos, logró la confesión del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, lo procesó a él y a su sucesor, Humberto Oviedo, y puso en la mira a una larga lista de coroneles y generales.

Entonces, tal como con los empresarios y con los políticos, comenzó a operar la impunidad.

Este verano, exjefes de las cuatro ramas castrenses publicaron una carta destacando la “injusticia” del sistema procesal antiguo, en que rigen normas análogas a la justicia militar. En paralelo, la defensa de Oviedo pidió al Tribunal Constitucional suspender indefinidamente la investigación de Rutherford por vulnerar las garantías constitucionales a un juicio justo.

El TC accedió.

El personaje clave aquí se llama Iván Aróstica. Presidente del Tribunal Constitucional, es conocida su cercanía a los militares. Trabajó en la Caja de Previsión de la Defensa, es coleccionista de corvos y es tal su amor por esas armas, simbólicas para el Ejército, que incluso escribió un libro sobre ellas: Por los cuchillos de Chile: El corvo.

Si al inicio de la transición el director de la Escuela de Fuerzas Especiales dio un célebre discurso en que ofrecía sus “corvos acerados” a disposición de Pinochet, ahora Aróstica puso sus corvos legales al servicio de los militares investigados. Uno tras otro, seis coroneles y generales procesados por corrupción han recurrido al TC. Todos los casos han sido derivados a la Primera Sala que preside Aróstica. Y en todos ellos, las investigaciones han sido congeladas por tres votos contra dos, gracias a los sufragios de Aróstica y sus laderos, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez.

El argumento es que las normas de la justicia militar, como el secreto del sumario, violan garantías constitucionales. “La justicia militar es un sistema decimonónico que se superó en todos los países civilizados donde existe Estado de derecho”, dice el abogado de Oviedo. Vaya novedad: ya en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por lo mismo. En 2011, siete ministros de la Corte Suprema pidieron eliminar esta justicia paralela en tiempos de paz.

Pero, claro, a nadie le importó hasta que a Oviedo lo pillaron malversando $ 4.500 millones según el procesamiento de la ministra Rutherford: $ 150.000 semanales en chocolates, $ 8 millones en lápices Mont Blanc, $ 24 millones en mantenimiento de su casa, $ 21 millones para repostería…

Recién entonces, esa misma justicia militar que los generales habían defendido con dientes y muelas pasó súbitamente a ser motivo de escándalo.

Ahora el TC juega al congelado mientras pasa el tiempo: en marzo de 2020 vencerá el período de la entrometida Rutherford, quien deberá dejar la investigación en manos de otro ministro.

El resultado es digno de García Márquez, el autor de El general en su laberinto. El realismo mágico, dice la definición de enciclopedia, “intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común”. Resumamos el laberinto de los generales: existe evidencia de corrupción sistemática en los altos mandos del Ejército. Pero la justicia civil no puede investigar esa malversación, porque no tiene competencia. Y la justicia militar tampoco, porque sus normas son inconstitucionales.

Y todo este entramado de impunidad es perfectamente legal. Ni en Macondo se atrevieron a tanto.

Publicado en: Notas Etiquetado como: CNN, columna, Daniel Matamala, Periodista

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