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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Daniel Matamala

Pedrito y el lobo

julio 26, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

“Un buen Presidente debe comportarse como un buen padre de familia y preocuparse de todos sus hijos”, decía el Presidente Piñera al anunciar una más de la serie de medidas con que intentó frenar el retiro de fondos de pensiones. Es una imagen que los políticos chilenos suelen usar. El mismo Piñera dijo en 2016 que “urge fortalecer el principio del respeto y la autoridad. Respeto de los hijos a sus padres, de los alumnos a sus profesores, de los ciudadanos a sus autoridades”.

Ciudadanos infantilizados, reducidos a la obediencia hacia sus autoridades, que les reparten protección y correctivos.

Y a esos niños -creen algunos padres- a veces hay que contarles mentiras piadosas por su propio bien. Si no quiere comer, no sirve explicarle los beneficios de la alimentación saludable. Él no lo entenderá. Mejor decirle que si no deja limpio el plato, se lo llevará el viejo del saco. Tampoco basta con enfatizar cuántas horas de sueño necesita cada noche. Más efectivo es cantarle “Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá”.

Los políticos chilenos tienen una larga tradición de apelar a cucos y viejos del saco cada vez que los niños se insubordinan. Si ganaba el No, “volveremos al 10 de septiembre de 1973” (general Pinochet, 1987). Si se despenalizaba la homosexualidad, nos caería “el castigo que Dios ha impuesto” (diputado García, 1995). Si no se construía HidroAysén, “estamos condenando a nuestro país a un apagón” (presidente Piñera, 2011). Si se aprobaba el aborto terapéutico, “se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad” (diputado Hasbún, 2016).

Pese a todos estos ridículos históricos, en el proyecto del 10% la carta del cuco se usó otra vez a destajo, exagerando hasta el absurdo las legítimas preocupaciones y ocultando los posibles beneficios.

El 10% era una medida “suicida” (Pablo Echeverría) y “estúpida” (José Luis Daza), que “pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país” (carta de líderes empresariales) y “busca destruir el sistema previsional” (AFP Habitat).

Basta poner un poco de distancia para ver un escenario mucho más matizado.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que Australia, Estados Unidos y Perú ya han permitido retirar fondos de pensiones, sumándose a países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, México, Singapur o el Reino Unido, que permiten retiros permanentes en algunas circunstancias. El BID concluye que “corresponde a cada país ponderar el dilema”, con sus pros y contras.

La economista jefa del Banco Mundial opina que el retiro del 10% es “un debate pertinente”, y que “hay que discutir todas las opciones”. La Tercera entrevistó a cinco economistas extranjeros al respecto. Sus opiniones fueron diversas, desde “no es lo óptimo” y “está mal orientada”, hasta “es una medida razonable” y “a nivel político pareciera ser correcta”.

Un informe del Scotiabank prevé que la reforma significará un gigantesco impulso económico. Estima que U$10.000 millones se gastarán en consumo, lo que hará crecer la economía entre 1,5 y 5,3 puntos del PIB, reduciendo en cerca de la mitad la caída del producto por la pandemia en 2020, además de entregar miles de millones de dólares al Fisco por IVA.

Lejos de las estimaciones catastrofistas, este viernes la Bolsa de Santiago fue una de las pocas en el mundo que subió “ante expectativas de mayor consumo por retiro de fondos”, según destaca La Tercera.

Se dijo también que este proyecto era inaceptable por ser “regresivo” (ministro Briones) y “beneficiar a los más ricos” (diputado Melero). Es cierto que es regresivo, porque permite a personas de altos ingresos retirar hasta $4,3 millones sin pagar impuestos. Pero, ¿desde cuándo eso les importa tanto?

Chile es el país de la OCDE con mayor desequilibrio entre lo que recauda por IVA, un tributo regresivo que golpea más a los más pobres (41%), y por impuesto a la renta de los más ricos (10%). Sí, 41% versus 10%. El promedio de la OCDE es 20% contra 24%.

Los gobiernos de la Concertación subieron el IVA, de 16% a 18% con Aylwin, y luego a 19% con Lagos. Mientras, se negaban a establecer un royalty minero real (sólo tenemos un impuesto específico), lo que, según el economista Ramón López, significó regalar U$120 mil millones a las multinacionales que explotan el cobre, sólo entre 2005 y 2015.

Este mismo gobierno tuvo como su proyecto estrella una reforma tributaria que bajaba la tasa de los dueños de empresas, entregándoles un recorte de US$833 millones en sus impuestos personales.

Y ni hablar de los perdonazos tributarios, las empresas zombi o la compraventa bursátil libre de impuestos. ¿De verdad los que han construido todos esos gigantescos forados, ahora se escandalizan por el pequeño agujero que permite sacar $4,3 millones libres de impuestos?

El otro cuco es el riesgo para la democracia, que se subvirtió porque se legisló “bajo amenaza” (senadora Muñoz). Por cierto, las amenazas y los actos de violencia son delitos, y deben ser perseguidos y castigados como tales. Pero una democracia es más fuerte cuando los ciudadanos se involucran en el debate legislativo, hacen valer su opinión, y exigen explicaciones a sus representantes.

Esto no fue una “pataleta”, como dijo el exministro Velasco. Fue la reacción de una ciudadanía harta de ser infantilizada, que, como en el cuento, ya dejó de creerle a Pedrito cada vez que grita que viene el lobo.

Es una sociedad que cree en la democracia, y por eso hace saber a los políticos que ellos son nuestros mandatarios, no nuestros padres. Y que los ciudadanos somos sus mandantes, no sus hijos

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, combate del coronavirus, Coronavirus, Daniel Matamala, Gobierno de Chile

Columna de Daniel Matamala: Reset

junio 14, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera

Durante su año de gestión como ministro, Jaime Mañalich se ufanó en comparaciones que ponían a Chile en la pole position de un imaginario campeonato mundial. “Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta”, dijo en noviembre del año pasado. “Somos de los países con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo”, decía en abril, ya en medio de la pandemia. Mientras, La Moneda filtraba una exitista minuta comparativa llamada “Coronavirus: Chile versus Argentina”.

Al momento de renunciar al cargo, Mañalich deja a Chile como primero del mundo, sí. Pero lo hace en una estadística que jamás hubiéramos querido liderar: primeros en muertes diarias (11,61 por millón de habitantes, contra 6,04 de Perú y 4,28 de Brasil). Y, además, segundos en casos diarios, solo después de Qatar (353,31 por millón de habitantes, contra 180 de Perú y 122 de Brasil).

Los datos de los diferentes países son discutibles y poco confiables. De hecho, sabemos que estas cifras (las públicamente conocidas en Chile) son menores a las que el mismo país comunica bajo reserva a la OMS. Pero deben iluminar lo fundamental: así como antes nos horrorizamos viendo lo que ocurría en Wuhan, Lombardía, España, Brasil o Nueva York, hoy Santiago es uno de los principales focos mundiales de la pandemia. Basta de minimizar esta tragedia. El vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva plantea que ante la falta de camas críticas, “queda la opción de derivar afuera. A Argentina, que afortunadamente para nosotros está en mejor situación”.

Si el argumento para postergar las cuarentenas fue “salvar la economía”, también aquí el fracaso es resonante. Se han perdido casi dos millones de empleos, y los chilenos que han dejado de recibir un sueldo con el cual sustentar a sus familias ya son cerca de dos millones y medio.

Se están perdiendo vidas y trabajos a un ritmo aterrador.

La enumeración de los errores que nos llevaron hasta aquí ya se ha hecho, en este espacio, en diversos reportajes y por múltiples especialistas. Se inventaron cuarentenas dinámicas, intentando segregar con un fino bisturí una metrópolis interconectada como Santiago. Se dieron falsas seguridades a la población. Se descalificó y atacó a las voces críticas. Se desestimaron las recomendaciones de los expertos del consejo asesor. Se ignoraron las condiciones sociales de la población más vulnerable.

El resultado es que pasado mañana el Gran Santiago cumple un mes de cuarentena total. Algunos barrios se acercan a los tres meses de confinamiento casi ininterrumpido. Pero las cifras de contagios y muertes suben y suben.

La estrategia fracasó. Y ahora que asume un nuevo ministro, es una oportunidad única para apretar reset y partir de cero.

Partir de cero, con cinco mil chilenos menos. Pero no queda otra opción.

Después de una gestión que entendió el combate a la pandemia como una guerra personal, con amigos y enemigos, Enrique Paris puede restablecer las confianzas perdidas y convertir este desastre en una cruzada, no de un hombre, sino de una sociedad completa.

El juego con las estadísticas oficiales, hasta volverlas imposibles de seguir o creer, dinamitó el activo básico en esta emergencia: la confianza. Desde marzo, The Economist, The New York Times y el Financial Times advertían de subreportes en varios países. En vez de trabajar por subsanarlo, el gobierno chileno lo negó. “Nosotros no tenemos un exceso de muertes no explicadas”, decía hace un mes Mañalich. Ahora, su caída se gatilla por la revelación de que el Estado de Chile llevaba dos estadísticas paralelas: una, que informa públicamente, cuenta 3.101 fallecidos; la otra, que se envía reservadamente a la OMS, cifraba ya hace días ese número por encima de los 5.000.

Es el momento de transparentar todos los datos que la comunidad científica viene pidiendo desde marzo; de aceptar el ofrecimiento de las universidades Católica y de Chile para generar indicadores confiables, y de implementar de una vez por todas las recomendaciones del consejo asesor sobre conteo de víctimas, contagios y períodos de cuarentena.

Y es el momento de dejar el falso exitismo con que se ha disfrazado la realidad ante los chilenos. Hace 103 días, cuando se anunció el primer caso de coronavirus, el Presidente Piñera aseguró que “estamos preparados para impedir que esto se propague y, por lo tanto, que los casos sean casos aislados”. Mañalich garantizó que “cualquier persona que necesite un ventilador, lo va a tener. Es una promesa”. Hace tres semanas, aún decía que “no vamos a enfrentarnos” al dilema de la “última cama”.

¿Cómo les pedimos a los chilenos que se comporten con la responsabilidad de adultos, si el gobierno los trata como a niños?

También debe llegar, de una vez por todas, el auxilio económico que los chilenos vulnerables necesitan para quedarse en casa: al menos el equivalente a la línea de extrema pobreza por persona. Y, tal como ha pedido con creciente alarma el consejo asesor, implementar un ejército de funcionarios para trazar los contagios y aislar en residencias sanitarias a los infectados.

Con esas políticas públicas en marcha, se podría anunciar el inicio de una cuarentena real, ahora sin excusas ni laxitudes, fiscalizada con rigor y con castigos severos para los irresponsables que la incumplan.

El último informe de Espacio Público, el centro que ha adelantado con precisión el avance de la pandemia, advierte que vienen “varias semanas con miles de muertos (…), desatando una crisis humanitaria inédita en la historia del país”.

El nuevo ministro Paris tiene una oportunidad única para apretar el botón de reset y convocar a la sociedad completa para que evitemos -todos juntos- que esta catástrofe se siga extendiendo.

Miles de vidas dependen de que lo logremos.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: Cambio de gabinete, columna, Columnista, Daniel Matamala, Jaime Mañalich, Ministerio de Salud, Minsal, renuncia del ministro

Columna de Daniel Matamala: … pero no todavía

mayo 10, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala 

Periodista de CNN (columna aparecida en La Tercera) 

«La luz del sol es el mejor desinfectante; la luz eléctrica es el policía más eficiente”. Esta frase -que el Presidente Piñera suele parafrasear- fue escrita en 1914 por Louis Brandeis. Quien llegaría a ser juez de la Corte Suprema estadounidense alertaba así cómo los grupos económicos usaban espacios opacos para acrecentar su poder.

En los últimos días hemos tenido una nueva prueba de la desinfección que provee la luz del sol.

Los mismos que hasta la semana pasada se negaban rotundamente a limitar la repartición de utilidades entre los dueños de las empresas que dejaran de pagar sueldos a sus trabajadores, terminaron votando a favor de esa norma. Lo que en las sombras era imposible e inconstitucional, a la luz del escándalo Cencosud se volvió súbitamente posible y legal.

El directorio del holding -con la flamante inclusión del ex ministro de Hacienda Felipe Larraín- echó pie atrás y anunció que pagará los sueldos a los trabajadores suspendidos. Así ratificó lo que era obvio desde el principio: que sí podía pagar los salarios, y que había intentado aprovechar una ley de emergencia para ahorrar costos con cargo al Fisco y al bolsillo de sus trabajadores.

Fue un breve revival de tiempos más felices de la opinión pública chilena, en 2015 y 2016, cuando la presión de una ciudadanía indignada empujó normas contra los carteles, el financiamiento empresarial de la política y los conflictos de interés.

Duró poco, por cierto. Muy pronto los políticos descubrieron el truco para manejar a esa ciudadanía encabritada de las redes sociales: había que darle un enemigo. Un ejército de bots, trols y políticos duchos en pulsar las teclas del odio hacen el trabajo sucio. Cada vez que la presión ciudadana amenaza algún privilegio, basta convertirlo en una disputa entre izquierda y derecha, entre zurdos y fachos, para sepultar el debate.

Un caso de libro lo tuvimos esta semana con las dietas parlamentarias. Los sueldos de diputados y senadores en Chile son por lejos los mayores de la OCDE (33 veces el sueldo mínimo, contra 5 veces en Francia, Alemania y España, o 3 veces en Suecia, Nueva Zelandia y Noruega). Durante seis años, los parlamentarios se hicieron los lesos para no votar un proyecto que reducía esas dietas a la mitad, tratándolo de “populista” o inconstitucional.

Cuando el estallido social los obligó a actuar, aplicaron armas de distracción masiva. Tras una inentendible seguidilla de comisiones mixtas, indicaciones e informes, esta semana terminó con una guerrilla entre políticos adictos al Twitter sobre pantallazos falsos de la votación en la Cámara y donaciones que no son donaciones.

La verdad es que no se bajaron el sueldo. En cambio, dejaron la decisión en manos del consejo de la Alta Dirección Pública, un nombre que suena muy convincente hasta que sabemos que es elegido por el mismo Senado mediante cuoteo político, e incluye a una ex vicepresidenta de la DC y un ex vicepresidente de RN. Como confesó uno de los mismos consejeros, “tenemos un alto conflicto de interés para regular las dietas” de quienes los nombraron en el cargo.

Los parlamentarios se felicitan a sí mismos por haberse bajado el sueldo. Pero no lo hicieron.

También esta semana se supo que las ganancias de las isapres subieron un 87,6% en el primer trimestre del año, totalizando $ 18.198 millones. Saludables cifras para una industria que recién había anunciado estar en la penosa obligación de aplicar un alza de 4,5% de sus planes, la que luego, en un gesto magnánimo, aceptó postergar por 90 días. Esta se sumaba al alza de la prima GES, de 50,5%. “Es un alza que no se justifica. Estoy muy molesto”, había dicho entonces el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Su molestia no les importó a las isapres. Tampoco las decenas de miles de fallos judiciales que declaran ilegales estas alzas. Sólo este jueves, según el conteo del abogado Luis Cordero, la Corte Suprema vio 1.234 casos. 1.173 de ellos (el 95%) eran recursos contra las isapres.

Desde hace al menos una década, isapres, gobiernos y parlamentarios coinciden en que esto es insostenible; todos están de acuerdo en que hay que reformar el sistema; todos prometen que pondrán fin a los abusos en algún momento. Mientras, las isapres siguen ganando miles de millones y subiendo precios, ganando miles de millones y subiendo precios, ganando miles de millones y subiendo precios.

Este infinito día de la marmota permite recuperar inversiones: como hemos contado en esta misma columna antes, las isapres han financiado generosamente a políticos y han hecho funcionar la puerta giratoria para convertir a sus gerentes en fiscalizadores, y viceversa. El sistema político y económico nos dice que tengamos paciencia. Se oculta de la luz, agazapado en las sombras de las complejidades técnicas y legislativas mientras promete pronta redención. Como San Agustín, cuando era un joven vividor que quería alargar la juerga y rezaba: “Señor, dame castidad y templanza… pero no todavía”.

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Perfectamente legal

mayo 3, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala 

Periodista de CNN Chile 

Patricia lleva ocho años vendiendo artículos de línea blanca en una tienda Paris, en el centro de Santiago. Su sueldo base es el mínimo, aunque a punta de comisiones generalmente logra llegar cerca de los 700 mil pesos cada mes.

Hoy, Patricia y sus tres hijos viven la angustia de la incertidumbre. Su empresa se acogió a la Ley de Protección del Empleo, que le permite dejar de pagar el sueldo a sus trabajadores. Le habían dicho que el 30 de abril le llegaría el depósito del seguro de desempleo. No pasó. La nueva fecha es el 9 de mayo.

Lo que sí pasó este 30 de abril es que la junta de accionistas de Cencosud, dueña de Paris, decidió repartir el 80% de sus utilidades. Así, la misma empresa que se acoge a la ley para no pagar su salario a Patricia y sus demás trabajadores, entregará a sus accionistas 220 millones de dólares, sumando las cifras de la matriz y de Cencosud Shopping.

Sólo con ese dinero que ha decidido llevar a las arcas de sus dueños, podría pagar 262 mil sueldos de 700 mil pesos como el de Patricia.

Hablé con ella este viernes, el Día de los Trabajadores. “Es aberrante que nos obligaran a acogernos a la ley y después hagan esto”, me dijo Patricia, quien me pidió resguardar su identidad por temor a represalias. “Es una burla que se aprovechen de las circunstancias y se lleven la plata para la casa. Tengo rabia, tengo impotencia”.

Sin embargo, lo que hace Cencosud es perfectamente legal.

La ley que permite suspender el pago de sueldos a los trabajadores se promovió con los casos de pequeños restoranes o tiendas que se enfrentaban a la quiebra o a despedir a todo su personal. Pero la norma también incluye a gigantescos holdings, como Cencosud, propiedad de la tercera mayor fortuna de Chile, Horst Paulmann, dueño de un patrimonio de tres mil millones de dólares según Forbes.

La ley no reguló la repartición de utilidades, ni el pago de honorarios a los directores de la empresa. De hecho, en la misma junta de accionistas, Cencosud aprobó pagos mensuales de hasta $ 12.626.442 a los miembros del directorio y el comité de directores.

Ante el creciente escándalo, parlamentarios impulsaron una reforma que -muy a destiempo- propone arreglar la ley para que las empresas que se declaren incapacitadas para pagar a sus trabajadores no puedan repartir ese dinero entre sus dueños y directores.

Inmediatamente, el gobierno y el diputado Patricio Melero (UDI) advirtieron que de ser aprobada llevarían esta norma al Tribunal Constitucional. “Se afecta el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad en sus diversas especies”, explicó Melero.

En resumen: el Estado puede autorizar a las empresas a no pagarles el sueldo a sus trabajadores. Eso es perfectamente legal. Pero exigirle a cambio que no entreguen ese dinero a dueños y directores, eso, ¡escándalo!, viola la Constitución.

Este mismo 30 de abril, Cencosud anunció que el exministro de Hacienda Felipe Larraín se incorpora a su directorio. Nada nuevo bajo el sol: en 2015, 71 políticos (exministros, exparlamentarios, exsubsecretarios…) eran directores en las empresas más grandes de Chile, en grupos como Luksic, Solari o Matte: 41 de Chile Vamos y 30 cercanos a la ex Concertación.

El propio Larraín pasó por el holding del grupo Angelini antes de ser ministro. En su primer período en Hacienda, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) benefició con un “perdonazo” a Johnson cuando esta empresa fue comprada por Cencosud, bajando el monto a pagar al Fisco de 119 a ocho millones de dólares. Larraín, entonces, defendió al director del SII, diciendo que había actuado “conforme a la ley y dentro de sus funciones”.

El exministro pasó al directorio de Cencosud seis meses y dos días después de haber dejado el gobierno en que lideró el proyecto para bajar los impuestos a los dueños de empresas. Esto también es perfectamente legal.

Pero dice mucho sobre los mecanismos que perpetúan el poder económico en Chile. Esta semana, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entrega una cifra positiva: nuestro Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el mayor de América Latina. Sin embargo, cuando ese índice se corrige por desigualdad, la foto cambia: cae un 20,5%.

Lo de Chile es una rareza mundial. Entre los países de desarrollo humano similar, somos por lejos el de mayor inequidad en desarrollo humano. En naciones de IDH comparable al nuestro, la caída del índice por desigualdad se mueve entre el 8,0% de Hungría, el 12,2% de Omán y el 6,2% de Eslovaquia: la mitad o un tercio que en Chile.

Esta desigualdad, entonces, no es “natural”, “normal”, ni fruto de alguna inexorable regla. Es una anomalía causada por una estructura de poder que la sostiene. Opera mediante hilos invisibles, lobbys ocultos, puertas giratorias entre los grupos económicos y el poder político, herméticas discusiones regulatorias y complicadas estrategias para eludir el pago de impuestos.

Excepto en ciertos raros momentos en que esos hilos se vuelven visibles para todos. Momentos como este Día de los Trabajadores, cuando Patricia se queda sin su sueldo, mientras ve cómo ese mismo día ese dinero se reparte por cientos de millones de dólares en la cúspide del poder económico.

Y todo es perfectamente legal.

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Carne de cañon

marzo 29, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

En Enrique IV, William Shakespeare cuenta cómo el frívolo Falstaff maneja la economía de las guerras reales, cobrando a quienes quieren evadir el servicio militar, y reclutando en cambio a los “miserables bribones” que se pondrán en primera fila de combate.

“Carne de cañón, carne de cañón. Llenarán una fosa tan bien como los mejores”, es la célebre frase de Falstaff. Alguien tendrá que caer en la guerra, y la carne de cañón que llene esas fosas -la historia humana lo demuestra- será siempre la del pobre, el vulnerable, el desposeído.

Hoy, el mundo usa la terminología de la guerra. “Estamos en guerra sanitaria”, anuncia el francés Macron. Incluso mandatarios que hace poco le bajaban el perfil a la amenaza, ahora declaran hostilidades. “Soy un presidente en tiempo de guerra”, dice el estadounidense Trump. “Este es un gobierno en guerra”, proclama el británico, y ahora contagiado, Boris Johnson.

Es una guerra que no solo llena las morgues en Italia, España y Estados Unidos. Además tiene un efecto económico y social devastador. ¿Quiénes serán la carne de cañón y quiénes, en cambio, podrán instalarse en la retaguardia?

Desde este viernes, miles de chilenos tienen legalmente prohibido llegar a sus puestos de trabajo, dentro de siete comunas en cuarentena en la Región Metropolitana (luego se sumaron dos en La Araucanía). Un día antes, la Dirección del Trabajo (DT) autorizó a los empleadores a dejar de pagar sus sueldos.

Es razonable pensar que un pequeño café o restorán, que vive al día y debió cerrar sus puertas, no tendrá cómo seguir pagando. Pero el dictamen apunta de chincol a jote: es una carta blanca para que todas las empresas, desde la precaria pyme hasta la gran multinacional, dejen de pagar. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder: empresas como Moller & Pérez Cotapos y Microplay, ya notificaron a sus empleados que, “tomando en consideración el dictamen de la DT”, suspenden el pago de sueldos.

Los representantes del empresariado llamaron a los empleadores a usar esta carta blanca con “autorregulación” y “responsabilidad”, y la vocera de gobierno destacó que “hay bastantes casos de relación simétrica entre empleador y trabajador, de cariño”. Los derechos de los trabajadores quedan así en manos del cariño de quienes a lo mejor sí deciden pagarles el sueldo. O a lo mejor no.

Según su sitio web, la Dirección del Trabajo tiene el fin de “promover relaciones laborales justas, disminuyendo las desigualdades y así contribuir a la justicia social”. El chiste -trágico para miles de trabajadores- se cuenta solo.

En paralelo, el gobierno impulsa un proyecto de ley que permitirá a quienes se queden sin sueldo cobrar su seguro de desempleo, manteniendo una parte menguante de su salario anterior (70% el primer mes, 55% el segundo, 45% el tercero…) Eso es mejor que nada, por supuesto. Pero es incomprensible que el gobierno al mismo tiempo invite a los empleadores que sí podrían pagar a dejar de hacerlo, con el gentil auspicio de la DT.

Eso, para los que hasta ahora tenían empleo. Peor es el panorama de quienes salían cada día a la calle a ganarse el pan como jardineros, transportistas escolares, gásfiters, vendedores en carritos fuera del metro, y un largo etcétera. En Chile hay cerca de 2 millones y medio de informales. Uno de cada tres trabajadores chilenos no tiene contrato, previsión, ni seguro de desempleo.

Ellos requieren ayuda directa, un “puente” de dinero que les permita sobrevivir durante la emergencia. Y este viernes, casi simultáneamente, los Congresos de dos países aprobaron la entrega de esos puentes para enfrentar la crisis.

En Chile, el bono es de 50 mil pesos por familia o por carga. En Estados Unidos, de 1 millón de pesos (1.200 dólares) por persona, más 400 mil pesos (500 dólares) adicionales por hijo.

Nuestras economías son muy diferentes, se dirá. Sí: el ingreso per cápita en Estados Unidos, por paridad de compra, es 2,47 veces mayor que el de Chile. El bono, para una familia de dos adultos y dos niños, es 19 veces mayor.

Mientras, las grandes empresas preparan el terreno para pedir el rescate del Estado, mediante la entrega de ese mismo “puente” de dinero, ya no sólo para las aerolíneas, sino también para industrias como “la hotelería, los restaurantes y la entretención”, según la Sofofa. “El Estado tiene que tomar un rol, porque debe tener compañías estratégicas”, dice el presidente de la CPC.

Ya lo sabía Falstaff. En la guerra no todos son iguales: algunos son carne de cañón y otros pueden refugiarse en la retaguardia. No es difícil pispar quiénes van quedando de cada lado.

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¿Cinco minutos, dijo?

febrero 16, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Ni vetos, ni venganzas, ni altares morales. Lo que debe ofrecer el Apruebo para ganar en abril es el mismo sentido común, constructivo y esperanzador, que movilizó a los chilenos a decirle “No” a Pinochet ese 5 de octubre de 1988.

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile 

«Propongo que ningún parlamentario que vote ‘rechazo’ en abril pueda participar de la convención constitucional”, escribió el expresidente del Colegio de Arquitectos Sebastián Gray. “Si gana el apruebo a la constitución no queremos a ningún huele peos de dictador cerca, ni siquiera queriendo participar. Del momento que rechazas el cambio quedaste fuera”, se sumó la comediante Natalia Valdebenito.

Ese es el peor camino que puede tomar la campaña por una nueva Constitución: el de la superioridad moral y la exclusión del otro.

Así ocurrió en los plebiscitos del acuerdo de paz de Colombia y del Brexit, en que los partidarios de una opción fueron estigmatizados como ignorantes o demagogos: una fórmula perfecta para empujarlos a votar contra ese discurso que los excluye.

Mucho más inteligente fue la estrategia del No en 1988. En vez de denunciar a los partidarios de Pinochet, invitó a todos a construir un futuro mejor. Esa campaña no necesitaba crear una mayoría en torno a la oposición a la dictadura: ella ya existía hace años. Lo que debía hacer era despejar temores y generar sentimientos positivos para que esa mayoría se expresara en las urnas el 5 de octubre.

Hoy pasa algo similar. Hace largos años que existe una amplia mayoría a favor de una nueva Constitución. El rol, modesto pero crucial, de la campaña del Apruebo es movilizarla desde la esperanza el 26 de abril.

Y el argumento para ello debería ser político, no moral.

Por el Rechazo surgen dos razones. Una es que la Constitución es tan relevante, que tocarla nos expone al caos de un modelo chavista. La otra es que la Constitución es tan irrelevante, que todas las reformas importantes pueden hacerse sin cambiarla.

Como es evidente, ambas ideas son contradictorias entre sí.

El primer argumento es expuesto por la Fundación Jaime Guzmán. “El ánimo de refundación de una nación”, dicen, “no suele traer buenas consecuencias institucionales ni materiales a las personas”.

Deliciosa ironía, viniendo del organismo que defiende el legado del autor de la mayor refundación de la historia de Chile.

Pero, afortunadamente, hoy no se propone repetir el experimento de Guzmán y usar la fuerza bruta de una dictadura para refundar un país. Si gana el Apruebo, la nueva Constitución será fruto de consensos en que ni la izquierda ni la derecha podrán imponer sus propios modelos.

El segundo argumento se presenta bajo el eslogan “hagámosla corta: cambiemos las leyes, no la Constitución” de la UDI, y del spot que recomienda tomar “el bus de la reforma”, que, a diferencia del largo proceso constitucional, “pasa cada cinco minutos”.

Tal como Fra-Fra prometía eliminar la UF en cinco minutos, ahora con esa misma celeridad se solucionarían los problemas pendientes. Llegar y llevar: las reformas que se han frenado por 30 años, se harán mágicamente en cinco minutos. La promesa es levantada por los mismos que han usado todo el surtido de candados que dejó Guzmán para obstaculizar los cambios: senadores designados, sistema binominal, altos quórums en el Congreso y, cuando todos los anteriores fallan, el Tribunal Constitucional (TC).

El Rechazo sería un cheque en blanco a esos políticos confiando en que ahora sí harán esas reformas. ¿Y si no las hacen? Pasó la micro, nomás. Quedaría en pie esta Constitución que, como confesó el mismo Jaime Guzmán, hace que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.

¿Quién es ese “uno mismo”? Fundamentalmente, el poder económico. Sigamos con las confesiones, ahora de la Comisión Ortúzar, cuando comenzó a diseñar la Constitución de 1980: “Será menester fortalecer el derecho de propiedad, base esencial de las libertades, ya que el control económico es el medio de ejercer el control político”.

Esa doctrina de control político por medio del poder económico tiene un ejemplo aún fresco en la ley que daba “dientes” al Sernac para defender a los consumidores, en respuesta al clamor ciudadano tras casos de abusos empresariales. Fue parte de un programa de gobierno votado por amplia mayoría, aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado y, sin reclamaciones de ningún sector político, quedó lista para promulgarse.

Pero eso nunca ocurrió. Bastó que el grupo de interés afectado (la Cámara Nacional de Comercio) apelara al TC para que este bloqueara los puntos fundamentales de la ley. Todo el proceso democrático -elecciones populares, debate público y aprobación parlamentaria- se fue al tacho de la basura.

Entonces, aun si creyéramos que, por arte de magia, desde el 27 de abril el Congreso despachará todas las reformas bloqueadas por 30 años, eso no sería suficiente. Bastaría que cualquier grupo de presión (AFP, Isapres, dueños de derechos de agua, y usted siga contando) se opusiera, para que el Tribunal Constitucional pudiera impedir cualquier cambio.

Eso es “hacerla corta”. Si, en cambio, la “hacemos larga”, constituyentes elegidos por la gente (sí, también por los que hayan votado “Rechazo”) se pondrán de acuerdo en las reglas básicas del pacto social. Y mientras lo hagan, en paralelo podemos ir cumpliendo las promesas y aprobando (en cinco minutos era, ¿no?) todas las reformas que no estén bloqueadas por el cerrojo constitucional.

Ni vetos, ni venganzas, ni altares morales. Lo que debe ofrecer el Apruebo para ganar en abril es el mismo sentido común, constructivo y esperanzador, que movilizó a los chilenos a decirle “No” a Pinochet ese 5 de octubre de 1988.

Publicado en: Columnas Etiquetado como: columna, Columnista, Daniel Matamala

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