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Desocupación llega a su mayor nivel en 16 años y Covid destruye 1,5 millones de empleos

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Según La Tercera, la tasa de desocupación alcanzó su nivel más alto desde 2004. En tanto, el empleo cayó 16,5% en 12 meses, la mayor baja en esa variable desde que hay datos. La caída se explica en su totalidad por los últimos dos meses.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre móvil marzo-mayo la tasa de desocupación alcanzó el 11,2%, lo que equivale a 940.360 personas, y es un salto de 2,2 puntos porcentuales en relación a lo mostrado en el trimestre inmediatamente anterior. Este porcentaje de desempleados es la mayor en la actual serie de la encuesta del INE, que parte en 2010, por lo que hay que ir a la encuesta empalmada para encontrar un número similar, el que se registró en agosto de 2004, cuando aún se veían los últimos efectos de la crisis asiática.

Este incremento implica que existen 244 mil personas más desocupadas en Chile que hace un año. Sin embargo, eso no cuenta la película completa. Ese incremento no es mayor debido a que la fuerza de trabajo -es decir, las personas en edad de trabajar que son parte del mercado laboral, trabajando o buscando empleo activamente-, registró una caída interanual de 12,8%, lo que corresponde a 1.230.220 personas que salieron del mercado del trabajo. Esta es la mayor baja de la fuerza de trabajo desde un registro que parte en 1966.

Esta baja aminoró la fuerte destrucción de puestos de trabajo durante marzo-mayo, la que llegó a 1.474.750 empleos menos, lo que corresponde a una caída nunca antes vista de 16,5%. Con esto, la diferencia entre ambas variables es el aumento de 244 mil personas ya mencionado.

Pero, si bien para hacer comparaciones lo estándar es ir 12 meses atrás, no hay que ir tan lejos para entender los datos publicados por el INE. De hecho, toda la destrucción de empleo y toda la caída de la fuerza de trabajo es producto de lo que pasó entre fines de marzo y fines de mayo. En ese lapso, se perdieron 1.491.900 puestos laborales y salieron del mercado laboral 1.353.350 personas, es decir, ambos números son mayores al registro en 12 meses, ya que la comparación con marzo es más exigente, debido a que, hasta entonces, el empleo y la fuerza de trabajo solo habían aumentado, incluidos los meses post crisis social, cuando en el peor período de acuerdo al INE (enero-marzo) el empleo creció solo 0,7%.

La cifra de desocupados si bien marca un hito, no fue sorpresiva. De hecho, por segundo mes consecutivo, la nueva Encuesta de Empleo-Covid19 del Centro de Encuestas UC, adelantó con precisión esa tasa.

El director de esa institución, David Bravo, afirma que “los datos del INE muestran la realidad del mercado laboral aproximada del mes de abril. La información que allí se muestra es compatible con los datos que entregáramos en nuestra primera encuesta que para fines de abril registró caídas en la tasa de empleo (u ocupación) de 10 puntos porcentuales y caídas análogas en la tasa de participación laboral”.

De hecho, el INE informó que la tasa de desocupación (el porcentaje de ocupados dentro de la población en edad de trabajar) llegó a 47,6%, 9,7pp menos que en marzo, y el menor nivel desde mediados de 2002.

Bravo recuerda que “hace 20 días presentamos los datos del mercado laboral de fines de mayo en nuestra encuesta y lo que allí encontramos es que en mayo la tasa de empleo se deterioró adicionalmente otros 4 puntos porcentuales, lo cual nos retrotrae ya a los niveles de 1986”.

Por su parte, el investigador de ClapesUC, Juan Bravo, indica que “la destrucción de puestos de trabajo supera con creces lo vivido en las recesiones de 2009, 1999 y ahora, 1982. A diferencia de lo que nos muestran las cifras de empleo, la tasa de desempleo recién se está acercando al peak de la recesión 2009. Es decir, la tasa de desempleo tradicional nos muestra una realidad distorsionada, mucho más benigna que lo que realmente es”.

El experto destaca que los inactivos que no buscaron empleo en las últimas 4 semanas o no estuvieron disponibles para comenzar de inmediato por razones asociadas a Covid-19 alcanzaron los 1.152.102 al trimestre marzo-mayo 2020, es decir, más que el total de desocupados.

De hecho, la tasa combinada entre inactivos que no buscan empleo pero que estarían disponibles y la tasa de desocupación, llegó a 28,1%, 14,5 pp más que hace un año.

Protección del Empleo
A la caída de los puestos de trabajo, se podría sumar también el aumento de 689 mil personas registrado por los ocupados ausentes durante marzo-mayo, en relación al mismo período del año pasado. Este aumento se debe fundamentalmente a la entrada en vigor de la Ley de Protección del Empleo. Si esos trabajadores se sumaran a los desocupados, la tasa de desempleo habría llegado a 19,4% (bajo el supuesto que esas personas se hubiesen mantenido en el mercado laboral).

En este contexto, este martes, tras participar en la ceremonia de la firma del proyecto de ley que amplía cobertura de la Ley de Protección del Empleo y del Seguro de Cesantía, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, mostró especial preocupación por la fuerza laboral y los puestos de trabajo que ya no existen.

“Estamos muy preocupados no solo porque ha ido aumentando el número de personas que se encuentran sin trabajo, sino que también porque ha aumentado de manera considerable los puestos de trabajo que ya no existen, así como también ha disminuido la fuerza laboral, es decir, muchas personas que han perdido su trabajo durante este tiempo no están buscando porque saben que no van a encontrar”, dijo.

Ex senador Andrés Zaldívar está contagiado con COVID-19

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El ex senador Andrés Zaldívar (DC), actual presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, está contagiado con COVID-19 y cumpliendo cuarentena hace 8 días.

Según informó La Segunda, Zaldívar y su esposa, Inés Hurtado, se encuentran bajo confinamiento, luego de que su nieto mayor y su pareja, que viven con el ex-legislador de 84 años, dieran positivo en un examen PCR.

Tras la confirmación de la enfermedad, el doctor asumió que tanto el ex-senador DC como Hurtado estaban infectados con coronavirus, sin necesidad de realizar el test respectivo.

Cercanos al matrimonio han asegurado que ambos presentan síntomas leves de la enfermedad, y que Zaldívar sigue de forma remota participando de las reuniones del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

La buena idea de devolver parte del fondo de pensiones a sus propietarios

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Por Manuel Riesco

Economista de Cenda

Autorizar el retiro de ahorros AFP es una buena idea. Merma el abusivo e irracional ahorro forzoso y abre paso a acabarlo, lo que sucederá pronto. Ello permitirá duplicar las pensiones actuales y reducir considerablemente el déficit fiscal, con beneficio para la economía y los empresarios. Esta buena idea ha tenido una amplia acogida, también en políticos de derecha personificados por el H.D. Don Mario Desbordes, quien nuevamente asume responsablemente la imperiosa necesidad de superar la crisis política nacional.

El fondo de ahorro forzoso AFP es el abuso. Es una inmensa masa de instrumentos financieros diseñada para crecer indefinidamente, desde luego a través de oscilaciones sucesivas, a veces violentas como sucede en estos días. Ha sido acumulado a lo largo de cuatro décadas de recortes forzosos a los salarios de millones de trabajadores y trabajadoras, escamoteados a sus padres y abuelas a quienes estaban destinados y podrían haber asegurado pensiones dignas. Los únicos beneficiarios de este fondo son sus gestores y un reducido grupo de grandes empresarios que se han apropiado del dinero allí registrado. Principalmente, cuatro conocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados, quienes se han embolsado la mayor parte del dinero. Sus propietarios están ligados estrechamente al Presidente de la República.

Autorizar el retiro significa que los magnates que se lo han apropiado, lo devuelven en parte a sus propietarios, que harto lo necesitan en las actuales circunstancias. Muy buena idea.

El fondo mal llamado «de pensiones» bien poco tiene que ver con éstas. Desde luego no financia pensiones, sino inversiones empresariales y cobros de sus gestores. El más grueso de estos últimos son las primas netas de las compañías de compañías de seguros, con las cuales se subcontrata el pago de la mayor parte de las pensiones y para lo cual se les transfieren mensualmente el equivalente a cerca de la mitad de las cotizaciones.

El fisco financia tres cuartas partes de las pensiones que se pagan en Chile. Incluidas una mitad que paga directamente y 1/3 de la otra mitad que pagan las AFP. El fisco destina a ello un quinto de su presupuesto, el que financia con deuda e impuestos corrientes, principalmente el IVA. Las AFP financian el cuarto restante del gasto nacional en pensiones, con el equivalente a 1/3 de las cotizaciones corrientes. Es decir, el gasto nacional en pensiones lo financian principalmente los trabajadores con pago de IVA y parte de las cotizaciones corrientes.

El fondo de pensiones en los hechos no interviene en el pago de pensiones, excepto para calcular el modesto aporte “autofinanciado” por las AFP, cuyo monto promedio no alcanza a un quinto de las remuneraciones imponibles. Se trata de un método pésimo, porque hace depender el monto de las pensiones del fondo acumulado al momento de jubilar, calculado con los rendimientos de los mercados financieros internacionales, los que varían constantemente. Para este cálculo no se necesita tener el fondo. Bastaría con llevar la cuenta de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida, como hacen las denominadas “cuentas nacionales”, a las que se asigna una tasa de interés fija. Usadas de modo exclusivo, sin embargo, estas últimas tienen el grave inconveniente que desincentivan el cotizar en los últimos años cuando los sueldos son mayores.

Pero calcular las pensiones exclusivamente en base a un fondo acumulado al jubilar, como sea que se calcule su valor, termina siendo un método inaceptable, puesto que fija su monto en UF al momento de jubilar y no las reajusta según los salarios, por lo cual su tasa de reemplazo, que actualmente es poco más de un cuarto de las remuneraciones imponibles, disminuye año a año al subir éstos, tal como ocurre en la actualidad en Chile.

Sea como fuere, para calcular de esta forma las pensiones, no se necesita acumular un fondo que hoy alcanza a 80 por ciento del PIB y equivale a veinte años de cotizaciones diez veces más de lo que mantienen las reservas técnicas de los sistemas de seguridad social para solventarse en períodos de recesión.

Mantener un fondo de ahorro forzoso de esta magnitud no sirve a los pensionados, sólo beneficia a los empresarios que lo usan para financiar sus inversiones. Devolverlo en parte a sus propietarios es una muy buena idea.

En tiempos difíciles se recurre a los ahorros, para eso son. Chile, en cambio, mantiene la irracionalidad de continuar «ahorrando» forzosamente US$10.000 millones anuales de cotizaciones. Este dinero debe y puede financiar buenas pensiones hoy, aliviando de paso al fisco los enormes subsidios en dinero que hoy aporta al sistema AFP.

Para ello es necesario derogar el DL 3.500, como propone el proyecto de cinco senadoras y senadores, acabar el ahorro forzoso y recuperar el Estado la gestión de la seguridad social, incluido el esquema de rentas vitalicias. Ello permite duplicar las pensiones actuales, y además mejorar las cuentas fiscales en el equivalente a 1/5 del presupuesto, disminuyendo el endeudamiento y mejorando la calificación de riesgo país. Por este preciso motivo lo suspendieron o acabaron en Europa. Muy buena idea.

Una verdadera jauría de economistas de los sectores políticos más insospechados, han reaccionado en contra de la propuesta cuál fieles escuderos del ahorro forzoso. Muy mala idea. Auguran catástrofes de todo tipo si se retiran los fondos, pero no dicen que éstas no ocurrieron en los países que recientemente suspendieron o acabaron con el ahorro forzoso, tras la crisis del año 2008. Allí sucedió lo contrario. Mejoraron las pensiones. También la calificación de riesgo al reducir el déficit y endeudamiento fiscal. Ello benefició a todos los empresarios porque mejoró las condiciones crediticias.

Resulta alentador que el sistema político chileno haya venido despertando a la demanda de acabar con el ahorro forzoso. Hace algunos meses, casi la mitad de la cámara rechazó legislar un proyecto gubernamental que lo aumentaba, y solo la defección de un puñado de opositores permitió que continuara su trámite, hasta ahora empantanado en el Senado. Se han presentado una variedad de proyectos de reforma. El más significativo es el antes mencionado que deroga el DL 3.500, presentado por cinco senadoras y senadores, que recibió el respaldo de 47 diputadas y diputados.

Ahora, la buena idea de retirar los fondos ha recibido una acogida amplia que augura la posibilidad de aprobarse. El poder judicial está avanzando paralelamente en la materia, al acoger demandas de afiliadas que quieren retirar sus fondos.

Es interesante el papel que está jugando al respecto el H.D. Don Mario Desbordes, Presidente de Renovación Nacional. Ha dado muestras de ser un político responsable, que asume la magnitud de la crisis política en curso y ha ayudado a abrir caminos para encauzarla democráticamente. Al parecer, comprende que acabar con el abusivo e irracional ahorro forzoso ayudará a superarla. Ahora se ha manifestado a favor de devolver parte de los fondos. No sería primera vez que gobiernos y partidos de derecha acaban con el ahorro forzoso. Así sucedió en varios países de Europa que lo acabaron recientemente. Bienvenidos si lo hacen ellos o ayudan a hacerlo. Ojalá que la centro izquierda que lo implementó allí y lo ha mantenido y agravado en Chile, espabile en esta ocasión.//ELF

INDH da seguimiento a traslado masivo de presos contagiados de Covid-19

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El INDH está realizando un seguimiento al traslado masivo de internos desde Santiago 1 al Complejo Penitenciario de Rancagua. La gran mayoría de los internos trasladados estaban contagiados de COVID-19.

El día 23 de junio, con apoyo de profesionales del Colegio Médico de Rancagua, el INDH realizó observación del módulo 85 donde se encuentran las personas privadas de libertad que fueron trasladadas el 15 de junio desde el Recinto Penal de Santiago 1, ubicado en la Región Metropolitana. En dicha ocasión, 99 personas privadas de libertad, en calidad de imputados, habían sido trasladadas al Complejo Penitenciario de Rancagua, todas ellas hasta entonces ubicadas en los módulos 36 y 37 de Santiago 1.

La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en O’Higgins dio seguimiento desde el primer momento a la situación, entrevistándose con autoridades de Gendarmería a nivel regional, para conocer las condiciones en las que se encontraban dichas personas y las medidas dispuestas para prevenir posibles contagios en el complejo penal. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que la gran mayoría de dichos internos trasladados (78 personas) dieron positivo a la prueba PCR que se les tomó tras su ingreso, por lo cual estaban contagiados de COVID-19.

Algunos internos presentaron resultados no concluyentes, lo cual, según fue señalado por profesionales del Colegio Médico que han apoyado al INDH, se encuentra dentro de los márgenes de error de la prueba PCR y podrían estar también contagiados.

Funcionarios de Confusam lamentan octava muerte de trabajador de atención primaria por coronavirus

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La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) informó este lunes de la muerte de Silvano Esteban Castillo Parra (58), el octavo trabajador de la atención primaria que pierde la vida debido al coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Según informaron desde el organismo, el fallecido se desempeñaba como conductor de ambulancias del Cesfam de Vista Hermosa de Puente Alto y “deja una familia con cuatro hijos, dos de ellos en estado grave” por Covid-19.

De acuerdo a lo señalado por el gremio, Castillo Parra debió ser hospitalizado el sábado 20 de junio en la clínica Bupa -mismo recinto de salud donde fue internado Luis Alberto Gutiérrez Garay, el séptimo trabajador fallecido-. A contar de entonces, su estado se deterioró hasta su fallecimiento ocurrido hoy lunes.

“En este caso estamos frente a toda una familia expuesta al virus por la naturaleza del trabajo que desarrollaban con tanta dedicación y cariño”, dijo Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confusam, en relación a que dos de los hijos del fallecido también cumplen funciones en el mismo Cesfam.

“Sus cercanos lo describen como ‘todo un caballero, pausado, tranquilo, con una gran identificación con el servicio público’”, destacó la confederación en su publicación.

Desequilibrio de poder

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Por David Pellizzari Ossa

“Cállese, usted no se meta, esta es una conversación de adultos…”. Esa solía ser la reprimenda que los niños recibían por dar su opinión en una discusión importante, y estaba basada en una estructura familiar absolutamente jerarquizada, vertical y profundamente machista, en que el Padre era la “cabeza” de la familia en todo sentido y ejercía una autoridad absoluta, y en segundo orden, la madre ejercía una autoridad “doméstica” sin contrapesos. En este modelo de familia la opinión de los niños, niñas y adolescentes era irrelevante, solo les correspondía cumplir sus deberes entre los que destacaba nítidamente el de obediencia.

Hemos visto en los medios de comunicación una relación que nos recuerda ese modelo anacrónico y hace patente la necesidad urgente de repensar nuestra institucionalidad. A propósito de la emergencia sanitaria que enfrentamos, los alcaldes de nuestro país han requerido del gobierno información y coordinación casi con desesperación, y, con renuencia, la autoridad central ha ido cediendo en algunos puntos, pero siempre desde una posición de autoridad vertical.

Mientras algunos ven solo una hoguera de vanidades o una disputa ad portas de un proceso eleccionario, otros vemos una profunda crisis de nuestro modelo institucional, en que el rol y atribuciones de nuestros gobiernos locales requieren una drástica actualización.

En nuestro ordenamiento constitucional y administrativo, peor aún, en nuestra cultura organizacional, los municipios son simples ejecutores de políticas públicas en el territorio y no les corresponde intervenir en su elaboración ni coordinación. Las declaraciones de ministros, subsecretarios y hasta del propio Presidente de la República parecen confirmar esta desalentadora tesis. El gobierno central ve las propuestas que surgen desde los municipios como amenazas a su autoridad, como inadecuadas injerencias en sus atribuciones y se plantea con brutal naturalidad que son áreas que simplemente no les competen. Pero, la gestión territorial de una crisis sanitaria como la que vivimos no les compete a los municipios…? La coordinación y gestión territorial de la seguridad ciudadana, en cualquier época, pero particularmente en una emergencia como la actual, tampoco es competencia del municipio…? En nuestro modelo la respuesta, por increíble que parezca, es no.

Finalmente, y a regañadientes… el gobierno ha terminado aceptando las propuestas y la colaboración de los municipios en el combate de la pandemia que vivimos, pero se han debido efectuar ajustes administrativos y posiblemente legales para ello, lo que demuestra que nuestra institucionalidad simplemente no concibe un rol colaborativo entre nuestras autoridades.

Este modelo tan compartimentado y vertical de autoridad ya no resiste mas, y es imperioso que, en el proceso constituyente que pronto enfrentaremos como país, asumamos que el nuevo pacto que requerimos, debe incluir también una nueva estructura y organización del poder en nuestro territorio, una que garantice una descentralización real y que, sobre todo, cambie la concepción autoritaria y centralista del ejercicio del poder, tanto entre los distintos niveles administrativos del Estado, como en su relación con la ciudadanía.

Requerimos una concepción horizontal, colaborativa y participativa del ejercicio de la autoridad y su organización, necesitamos un Estado menos temeroso de la opinión y control de sus ciudadanos y estructuras de poder que no compitan entre si, ni intenten simplemente imponer su opinión a otros.

Esta concepción, en el ámbito municipal y regional, requiere repensar las atribuciones y presupuestos de nuestras autoridades locales, pero no basta solo con algunas modificaciones dentro del mismo modelo o estructura institucional; es preciso un cambio sustantivo en la forma de entender el poder local, su independencia y su relación con el poder central, así como las relaciones de ambos con la ciudadanía.

Muchos ejemplos podemos citar de gestiones municipales que se han destacado, pero en todas ellas, sus ediles han estado al filo de salirse del marco legal y constitucional… no porque no lo conozcan o actúen con dolo, sino porque han corrido los márgenes de lo posible tensionando fuertemente los límites que nuestra institucionalidad les impone, y eso necesita un cambio urgente.

Los alcaldes y concejales conocen mejor que nadie las necesidades de sus vecinos y saben trabajar colaborativamente con la comunidad organizada, ellos han respondido antes y mejor a las demandas ciudadanas de la crisis social y sanitaria que enfrentamos, y sería bueno que muchos aprendieran de esa experiencia y lo tuviéramos todos presente cuando construyamos nuestra nueva constitución.//ELF