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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnista

Recuperación ambiental y social

septiembre 12, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Jorge Canals

Exsubsecretario del Medio Ambiente

Entre las primeras reacciones a los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, llama la atención el debate en torno al 56,11% de votos que obtuvo la opción Rechazo en la comuna de Petorca. Una paradoja para un sector de nuestro país que ha padecido la escasez hídrica por años y que, supuestamente, el pasado domingo perdió una gran oportunidad, ya que el nuevo texto constitucional garantizaba el derecho de acceso al agua de todos los habitantes del país, y un nuevo estatuto constitucional que priorizaba el consumo humano por sobre los usos productivos. Una comuna símbolo de aquello que una nueva Constitución podía cambiar.

Probablemente las razones del resultado sean múltiples. Algunos hablan de miedo, falta de información, o derechamente de un intento consciente de difusión de fake news. Más allá de las estimaciones de los expertos electorales, es indudable que, desde el prisma medioambiental, las temáticas relativas al cuidado de los elementos de la naturaleza (de “recursos naturales”, en un lenguaje más convencional) exigen, más que nunca, una mirada multidimensional, que aliente una discusión intelectualmente honesta por parte de todos los actores involucrados. Esa discusión debe ser ahora.

Este necesario espíritu cobra aún mayor relevancia en el contexto posplebiscitario y el reciente ajuste ministerial. Si en semanas previas vimos al Presidente Boric y al ministro de Hacienda con una nutrida agenda pro inversiones, los esfuerzos ahora deben redoblarse con foco en la reactivación de nuestra economía, en un contexto internacional y local adverso. Si hasta hace unos meses las definiciones sobre proyectos medioambientales en evaluación podían esperar, hoy no parece adecuado dilatar esas decisiones.

Hace unos días, se esperaba la sesión del comité de ministros para abordar dos proyectos: el de saneamiento ambiental de un paño en Las Salinas, Viña del Mar, y una central hidroeléctrica de pasada en La Araucanía. La coyuntura del cambio de gabinete, que incluyó dos nuevos ministros integrantes de dicho comité, obligó a su postergación. En adelante, el comité tiene otros proyectos por abordar y, si bien se espera de las autoridades un alto nivel técnico en sus definiciones, también se les pide oportunidad y sentido político en su accionar. Cual sea su pronunciamiento de las iniciativas que deba evaluar, el país, las comunidades, los especialistas y académicos, los inversionistas y titulares, esperan señales concretas, que junto con la aplicación de estándares ambientales, permitan despejar las dudas e incertezas instaladas en estos primeros meses. Ello exige claridad de los actores, honestidad en su legítima defensa de los intereses de sus representados y derribar los mitos instalados, para, a partir de los antecedentes científicos y técnicos, avanzar a una nueva y mejor institucionalidad de evaluación ambiental de proyectos.

En el caso de Las Salinas, por ejemplo, se cuestiona la decisión de la institucionalidad ambiental que aprobó la aplicación de un método de biorremediación seguro, validado por científicos regionales y la experiencia internacional de más de 40 años, por una controversia asociada más bien por el destino del terreno luego de su limpieza. Con la evidencia que se encuentra en el propio expediente de tramitación ambiental, no hace sentido mantener un terreno contaminado cuando la solución para su saneamiento puede comenzar ahora.

Esta necesidad de poder avanzar debería ser el propósito de la institucionalidad, frente a la eterna pausa en que se encuentran muchas zonas de sacrificio o comunidades injustamente expuestas a los riesgos ambientales, donde el tironeo sostenido entre algunos activismos y empresas redunda en seguir desperdiciando territorios que podemos y debemos recuperar ambiental y socialmente.

Podemos seguir avanzando en estos desafíos robusteciendo nuestra institucionalidad ambiental, profundizando la participación ciudadana al alero del Acuerdo de Escazú, para transitar hacia un desarrollo sustentable, con participación de la comunidad con transparencia y visión crítica. En definitiva, que no minimice ni olvide los dolores y miedos de la gente de Petorca y de tantos otros en Chile. //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Slider Etiquetado como: columna, Columnas, Columnista, Jorge Canals

Es urgente impulsar un plan para reactivar la economía

septiembre 9, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Yasna Provoste 

Senadora DC

Este miércoles se conoció la decisión del Consejo del Banco Central de elevar la TPM a 10,75% alcanzando un peak, que busca bajar la inflación anual que ha subido persistentemente en los últimos meses.

Combatir la alta inflación es una tarea que debemos respaldar para que recuperemos los niveles inflacionarios de 3% en 24 meses más como proyecta el Banco Central.

La inflación especialmente de alimentos afecta principalmente a las familias vulnerables y de clase media; por tanto reducirla en el mediano plazo requiere prudencia con el manejo de la TPM (Tasa de Política Monetaria).

Estamos ya en los niveles máximos y nuevos aumentos probablemente pueden provocar efectos negativos en la recuperación de la economía. Aquí una elevada tasa de la TPM puede generar efectos perversos en la economía y ralentizar en demasía la necesaria reactivación.

El panorama para 2023 es muy preocupante porque las proyecciones de hoy son más negativas que las de junio y el Banco nos informa que para el próximo año proyecta una caída de -1% del PIB.

O sea los próximos 18 meses tendremos números rojos en materia de crecimiento, subsistirá una alta inflación y es necesario entonces impulsar un plan que apunte a la reactivación de la economía de manera sostenible.

Hace ya varios años que nuestra economía está estancada, ha ido perdiendo capacidad de crecimiento, no hay nuevos motores de desarrollo, la inversión en Innovación Productiva y Ciencias sigue en apenas 0,34% del PIB, no hay apoyos productivos a las PYMES, no hay planes de mediano plazo para dar valor agregado a lo que producimos y exportamos, la estrategia de apertura comercial y abrir nuevos mercados está paralizada y pareciera que solo importara el equilibrio de las cuentas fiscales.

La responsabilidad fiscal es una condición necesaria, pero se requiere más, el país requiere una estrategia de crecimiento sostenible en el tiempo que sustente los avances sociales, en materia de derechos sociales.

 

Algunos dirán primero superemos esta crisis inflacionaria y después veamos estos otros temas.

Soy de las que pienso que en las crisis hay oportunidades para salir del atolladero, con políticas de mediano plazo. Es hora de elevar la mirada y buscar consensos que mejoren las capacidades del país a mediano plazo.

Estoy convencida de que estos meses de crisis económica aguda requiere debatir una hoja de ruta común para los próximos meses donde se combinen las medidas de estímulo fiscal con estrategias de crecimiento sectorial que apunten a recuperar la capacidad de Crear empleos que se ha perdido en los últimos meses producto del ajuste provocado por las alzas de la TPM (tasa Política monetaria).

Requerimos para 2023 una política fiscal expansiva, anti cíclica, un presupuesto fiscal contra cíclico con un importante incremento en la inversión pública, pero superemos los problemas de gestión que nos tienen con bajas ejecuciones en regiones, en el MOP, en Salud; pero también se requieren políticas sectoriales que aceleren la recuperación de sectores económicos importantes en turismo, en fortalecer la industria de alimentos, en la minería de cobre y de litio.

Hace algunas semanas CODELCO informó que su producción anual caería en 100.000 a 150.000 toneladas de cobre, eso es una mala noticia para la recuperación económica, pero debiéramos conocer porque está caída de producción y cuales son las medidas remediales que está impulsando la minera estatal.

Debemos exigir para 2023 una potente inversión pública en Innovación productiva para desarrollar nuevos sectores productivos y espero que nueva ministra de Ciencias traiga a este Parlamento esas señales de recuperación productiva.

Esta en nosotras y nosotros como actores políticos transformar ese estancamiento económico de años en progreso sostenible, que sustente el desarrollo con equidad que hace décadas estamos buscando y que avanza tan lentamente.

Publicado en: Columnas, Notas, Slider Etiquetado como: columna, Columnista, Yasna Provoste Campillay

Salud pública: Sin claridad, fecha ni esperanza

agosto 27, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Iván Flores

Senador DC

Esperar.

Sin claridad, fecha ni esperanza. 

Lo saben muy bien miles de chilenos y chilenas que forman parte de la interminable lista de espera para ser atendidos en el sector público, tanto en patologías GES, como en otras. 

Según el informe entregado por el subsecretario de Redes Asistenciales a la comisión de Salud del Senado, que integro, 1.764.937 personas esperan una consulta con un especialista; 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención GES; ello, sólo en el primer semestre de este año. 

En Chile, un paciente del sistema público debe esperar 574 días para acceder a una cirugía electiva no incluida en el AUGE, pero esto varía a nivel nacional. En Valdivia se registra el mayor tiempo promedio de espera, con 906 días, equivalentes a dos años y medio.

Es lapidario y doloroso; porque además los principales afectados son adultos mayores y mujeres. 

Se han entregado explicaciones vinculadas al impacto que ha tenido la pandemia por Covid, con las suspensiones de intervenciones electivas y consultas a especialistas. Ello es cierto, en algún porcentaje; pero, en ningún caso puede servir como justificación porque el estado no puede permitir que esto ocurra. Se trata de personas que terminan muriendo porque no recibieron una atención.

Entre los tratamientos con más espera se encuentran los vinculados a cataratas (14.940), seguido por vicios de refracción (8.687); órtesis (5.484), retinopatía diabética (3.500) y colecistectomía preventiva (3.381).

En la región de Los Ríos hay un total de 4.581 casos de retrasos y el promedio de días es de 181 días de retraso en patologías GES. En patologías no GES, hay más de 41 mil personas esperando. Por operaciones, en la región hay más de 5.200 personas esperando desde hace tres años. 

El año pasado en la Ley de Presupuesto dispusimos millonarios recursos para disminuir las listas de espera; estamos pidiendo que se nos informe qué ocurrió con la ejecución respectiva. Aquí se requiere un esfuerzo extraordinario y con total dedicación. Esto no puede seguir ocurriendo y debe ser prioridad para el Gobierno. 

 Cuando las listas de espera se transforman en espacio y tiempos sin esperanza, muchos y muchas no alcanzan a contarlo y, ello, es inexcusable. //ELF

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La última oportunidad

agosto 12, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

David Suazo Guastavino

Vicepresidente PDC Viña del Mar

En estos días hemos visto -algunos con espantosa alegría y otros con franca tristeza- cómo una organización política que engendró cientos de escenas de justicia social con estabilidad política ha sido capaz de arriesgarse a ser carcomida por dentro, desde sus propios interiores. Ese es el menesteroso e indignante estado en el que se encuentra el Partido Demócrata Cristiano de Chile.

Y, con honesta humildad, me he atrevido a bucear en algunas de las causas de este coma, sin buscar exponer culpas personales ni responsabilidades de lotes (para quienes no son de la DC, equipos), sino más bien, como un deber ético y político ante la catástrofe de identidad, estrategia y proyección de un partido que logró lo que otros han anhelado, pero no han podido alcanzar: Gobernar con paz en medio de caos. Debo agregar que, en la justa proporción, todas y todos (me incluyo primero en el listado) somos parte de este problema profundo, ya que este austero análisis intenta abordar la implosión que se avizora y NO las causas externas de esta complicada situación, cuestión que en su dimensión electoral, política y cultural revisaremos en otra oportunidad. Por último, luego de cada razón dada, planteo una solución posible y verosímil ante la crisis vigente.

1. Ausencia de UN SOLO PROYECTO entre sus huestes.

Cada vez que le preguntamos a nuestros amigos o familia cual es su opinión de la DC, la respuesta se repite infinitamente: “ambiguos”, “dos caras”, o –gracias a la cultura popular- “ni chicha ni limoná”. Omití intencionalmente el típico “amarillos” porque ha surgido un grupo que, sin pudor alguno, ha hecho de ese término una tendencia política, abrazando desvergonzadamente la tibieza y neutralidad como una causa por la cual luchar.
Lo anterior, no debería sorprendernos tanto.

Nuestra colectividad ha tenido históricamente dos almas, si es que muchas más. Y no me refiero a equipos, sensibilidades o lotes ya que siempre podemos agruparnos con quienes hay afinidad o posturas coyunturales comunes, sino que a una convicción diferente de la visión y de la misión, y su consecuente exteriorización dicotómica. Un partido en donde tienes a fulano creyendo A y a zutano creyendo Z debe examinarse con urgencia, no tan solo por la evidente confusión que se ventila en la comunidad política. Debe hacerlo más allá de todo, por su propia supervivencia.

Los tiempos presentes, aun más con la caída de las ideologías y la primacía de la política de las identidades parecieran no admitir que un órgano que se supone unánime, tenga dos versiones. Probablemente, algunos dirán que esto se arrastra desde las décadas de la Falange, mas cuando los “puristas” con Tomic o Jaime Castillo a la cabeza se distinguían de los “populares cristianos” (liderados por Frei, Leighton y Gumucio) lo hacían en base a tesis doctrinarias, con un nítido fervor espiritual-social y con la elocuencia que la honestidad intelectual entrega.
Nuestros camaradas fundadores no se anclaban a una corriente filosófica a partir de componendas electorales internas, de liderazgos melifluos, ni de protagonismos mediáticos. Al final de la tarde, eran demócratas cristianos sin apellidos.

La doble faz del partido ha provocado incertidumbre y una baja notable de credibilidad, sumado a la desafección del militante que a ratos no sabe a qué partido pertenece. Algunos predican de la DC entendiéndola como de vanguardia, revolucionaria, atrevida y no neutral y otros, muy por el contrario, hablan de ella como una fuerza política llamada a moderar la balanza, centrista a más no poder, ubicada justo ahí, en el medio de la línea. Este claroscuro debe acabar.
Sin embargo, como dije antes, creo que hay una posible salida de este túnel fatigoso y es el VI Congreso Ideológico y Programático que iniciará la DC y que felizmente está liderado por jóvenes.

De ese evento, debe emanar el marco en que el partido puede desenvolverse, cuáles son sus verdaderas creencias en base a lo que nos hemos dado como doctrina a lo largo de la historia, pero con la necesaria actualización de conceptos y alcances. En ese importante evento, los y las demócratas cristianos debemos salir con un alma en el cuerpo. Y, una vez definida la línea editorial por la vía democrática y con la mayor participación posible, quienes planteen una tesis distinta, deben abandonar la casa.

Lo antes dicho puede sonar traumático, pero es sanador. No deben lanzarse al vacío a quienes pierdan en su postura (ni a través de leguleyadas en los tribunales internos ni por medio de la odiosa ocasión que dan la prensa y las redes sociales), sino que con madurez y prudencia, comprender que no somos todos lo mismo y que no creemos en lo mismo. Incluso, es interesante elucubrar una alianza electoral entre estas dos entidades a futuro, como se hacen los pactos en una democracia saludable. Algunos ya han planteado esa idea y es digna de ser analizada. En otras palabras, una escisión pactada, amigable e inteligente.

2. Necesidad de comprensión del sentido y utilidad del instrumento.

Tomic decía “nadie es más grande en el partido que el partido mismo”. Esta no es una frase que tenía por propósito modelar un partido omnipotente, alzado en la colina encima de todos y de todo. Lo que busca demostrar esta oración es la consigna que debiera inspirar a quien sea que milita en un partido político: la concepción del partido como un instrumento. Aunque esto parezca contradictorio, no lo es, ya que si logramos dilucidar el sentido de un partido, entenderemos de inmediato su utilidad, su razón de ser, y donde radica su grandeza.
Ingresamos a un partido político por motivaciones profundas, así como lo hace quien adscribe a una religión o como quien se inscribe en una agrupación de defensa o promoción de causas.

En este caso específico lo hacemos por una motivación política, esto es, de alcanzar el poder. Suena sencillo, pero no lo es tanto cuando reparamos en que hacernos del poder no es una tarea que se logre con facilidad individualmente. No es eficaz buscar el poder en soledad, a menos que seamos unos despóticos o caigamos en el populismo más vil. La política es por excelencia un acto colectivo, un acontecer gregario, una experiencia que debe ser vivida con otros y para otros. Pero además, para hacer de la práctica política un hecho impactante y no inocuo, debemos asegurar que esta tenga un brazo, una herramienta que permita la acción coordinada y que no perdamos de vista la utilidad que esta tiene para conseguir ciertos fines.

Entonces, cabe preguntarnos lo siguiente: si queremos mejorar nuestra comunidad política, ¿Podemos hacerlo solos o solas? La respuesta es no. Por eso optamos voluntariamente por adherir a una vía específica para experimentar la política, asumiendo sus errores, sus caídas y las vicisitudes que enfrentaremos. He aquí el sentido de un partido, una comunión en donde doblegamos nuestros propios instrumentos personales ante aquel instrumento colectivo que nos parece más eficiente para la consecución del poder.

Pero, los humanistas cristianos adicionalmente tenemos otra regla de oro, que es el sueño final o –si se quiere- la utopía que nos impulsa en el camino público: El bien común. El bienestar de la comunidad, su realización más plena o lo que Jaime Castillo llamaba “la comunidad de hombres libres”. Aquel paraíso de libertad y justicia, de igualdad y hermandad en esta tierra. Ese Reino de Dios en la Tierra que señala Maritain no es posible sin orgánica, no logra su fin sin reglas, sin ritos, sin posiciones. En definitiva, sin partido, nuestra misión queda inconclusa. Esta es la utilidad más exquisita del instrumento: mejorar la vida de la comunidad que amamos a través de un dispositivo llamado partido político.

Sin embargo, como todo utensilio, cuando pierde efectividad y se oxidan sus piezas, debemos tratarlo. Si nuestros artefactos eléctricos ya no encienden, los llevamos donde un especialista que los repara. Y si nuestro instrumento político (El PDC) ya está agotado, debemos arreglarlo.

Creo que frente a la hecatombe que atravesamos, es necesaria una catarsis. Decirnos las cosas a la cara, con la mirada fija en el que está al frente nuestro. Sin ambages, sin miedos, desprovistos de toda deshonestidad. Sin embargo, debe ser respetuoso, con el afecto y la confianza que se traduce en la fraternidad. El VI Congreso, en sus etapas preliminares, puede ser la perfecta ocasión para sincerar posturas y confrontar ideas, asumiendo que cada uno y una tenemos trayectorias de vida radicalmente distintas y que nuestras experiencias son únicas e irrepetibles. Aquel – en mi modesta opinión – es el inicio de un camino de salida del pantanoso escenario de las rencillas, las venganzas, los recados por los medios y las incesantes declaraciones públicas que se van desmintiendo entre sí. Un partido político de raíz cristiana tiene que actuar a la altura de la vocación con la que fue llamado. Es esta una tarea de extrema urgencia.

3. La obligación moral de consecuencia.

He querido terminar este pequeño aporte al debate interno, asumiendo con franqueza que estamos en estado terminal. Y no lo digo echando mano a las estadísticas electorales ni a los datos cuantitativos. Otros son mejores en esas dimensiones de análisis que yo. Lo digo con los lentes de la realidad, de esa realidad que azota día a día a los que menos tienen en sus mesas, de los que transitan errantes en un mundo que les da la espalda, de los que no le encuentran significado a sus vidas. Ese bajo mundo alejado de las sedes partidarias existe y a veces no lo vemos. Soy testigo de los cientos de demócratas cristianos que se sumergen en el dolor del otro para ayudar a ese otro desde la fe, desde la iglesia, desde una ONG, desde la organización de barrio o desde sus puestos de trabajo. No obstante, es un deber moral de un partido cuya piedra angular es la filosofía social de Cristo, adentrase institucionalmente en los intersticios de injusticia que el capitalismo, en sus versiones más furiosas, produce.

La sola existencia de sufrimiento debería estremecernos. Porque ¿Qué sentido tienen las sedes, las comisiones, las juntas nacionales, los congresos y los discursos si estos no inciden en el bienestar de las personas? Ya dijimos que este instrumento llamado PDC no es una guitarra hueca, sin cuerdas o sin retorno. No somos un mero grupo de gente que tiene ideas en común, ni menos un ramillete de activistas de propaganda política que se dedica a entregar volantes para las campañas. Somos cristianos en política.

Tendremos que actuar con consecuencia si queremos volver a ver a las personas jurando por la DC. Y la consecuencia es un acto de respeto, de empatía, de demostración de preocupación por el prójimo. Es decirle “esto creemos y esto hacemos”.

Los accesorios de la política (o los pasillos del poder) no deben hacernos perder el norte, que es servir y vivir por el otro, aquel “sacerdocio público” que nos enseñaba Alberto Hurtado y que compartía con Frei Montalva. Las personas deben volver a creer que la política es tal vez la más bella y noble de las maneras de amor al prójimo.

En días aciagos, de desorden y perplejidades, tal vez sea esta la última oportunidad que tenemos de honrar nuestra historia y de enmendar el rumbo. Chile necesita una Democracia Cristiana a la altura de los tiempos que corren. Y la Democracia Cristiana requiere de sus hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de sí para renacer. De nosotras y nosotros depende. //ELF

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Soy DC, votaré Apruebo

agosto 7, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Pedro Vera

Estoy convencido de que ninguno de nosotros decidirá su voto por estar de acuerdo o entender en su complejidad la totalidad de los 388 artículos que la propuesta constitucional contiene y que, más bien, dicho texto dibuja un escenario que deberemos transitar para vivir en un mejor país para todas y todos y que, como todas las constituciones, en un proceso de implementación gradual, confiando en la madurez de las fuerzas políticas y los actores sociales, llegará a convertirse en la llamada «Casa de todas y todos».

En una reciente declaración pública leo: «Al adoptar mi decisión he tenido presente que hay elementos en el trabajo de la Convención Constitucional que son valiosos. Me refiero al tránsito hacia un Estado Social y Democrático de derechos, a la ampliación de los derechos sociales, al reconocimiento de los pueblos originarios y la multiculturalidad, a los derechos de las minorías sexuales, a la supresión de las leyes supramayoritarias, y a la definición de nuevas formas de participación. En lo económico respaldo el fin del Estado subsidiario. Y ciertamente, valoro el fortalecimiento de los derechos de la mujer, la preocupación más profunda por el cambio climático, y la aparición de otros derechos, particularmente aquellos asociados a las nuevas tecnologías».

En su habitual estilo parco y sintético, el expresidente de la República, camarada Eduardo Frei, señala de una manera brillante los aspectos esenciales que aporta la propuesta constitucional para un nuevo Chile. ¡Me entusiasma ayudar a construir ese país! Justamente, por esta descripción, que agradezco, es que como militante DC votaré Apruebo.

Luego, en su declaración, el expresidente, expresa tener «discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país». Se trata efectivamente de temores que escapan de lo que la propuesta constitucional explícitamente plantea y que se refieren fundamentalmente a: sistema político, independencia de los jueces, regionalización y plurinacionalidad.

Lo más grave es que, en estos temores que manifiesta el militante Frei, se observa un desconocimiento absoluto de los documentos oficiales del partido que ya desde el V Congreso (2007) y luego en el Documento de Invitación al VI Congreso (2020) ha venido tomando posición y preparando la renovación de la DC para asumir los nuevos escenarios y los nuevos desafíos de la sociedad global en la que estamos insertos.

Por ejemplo, respecto al sistema político, en el V Congreso, número 131, nuestro partido señaló: «Proponemos optar por un régimen unicameral que representa mejor la soberanía popular. Una sola Cámara para un nuevo Chile asegura el equilibrio de los poderes». Jamás se planteó que ello nos condujera a una dictadura. Además, para ser fieles a la verdad, en el texto constitucional propuesto se establecen 2 cámaras con facultades específicas, con sesiones conjuntas en varias materias y con atribuciones comunes en un amplio conjunto de normas importantes.

La discrepancia es perfectamente admisible, pero crear temores sin argumentos o faltando a lo establecido expresamente en el texto constitucional propuesto, es impropio de un debate serio y lamentable si quien lo hace es un expresidente.

En su declaración pública, el militante Frei agrega -con total olvido de las facultades que ejerció cuando fue Presidente- otro de sus temores: «… el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia…». Es justamente lo que sucede ahora, en que, por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado, estableciendo verdadero cuoteo político. Hay que recordar que la creación del Consejo de la Justicia -que libera a la Corte Suprema de funciones administrativas y disciplinarias- existe en otras experiencias y aquí ha sido demandada por la propia Asociación Nacional de Magistrados.

Un tercer temor se refiere a que la regionalización en la forma propuesta «hace que se frustre por una superposición de autonomías…». Recordemos a este respecto, que nuestro V Congreso afirmó en el numeral 136: «Para ganar el futuro, Chile se debe construir desde sus regiones. La Democracia Cristiana considera que el proceso de descentralización impulsado por los gobiernos de la Concertación es aún insuficiente. Asumimos el compromiso de su profundización, propiciando un desarrollo más equilibrado de nuestro territorio y sus habitantes, reconociendo nuestras capacidades y potencialidades a nivel regional y local y relevando el rol de la sociedad en la construcción de su destino».

Es claro que, siendo perfectible, lo propuesto en el texto constitucional representa un claro y profundo avance en la dirección señalada que el expresidente, en una sola frase, anticipa que fracasará.

Finalmente, en sus aprehensiones el militante Frei señala: «la plurinacionalidad en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país. El poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas, constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía».

Baste citar aquí el documento del V Congreso en su numeral 137 referido a los Derechos Humanos, que ya en 2007 señaló: «…es preciso la inmediata aprobación y ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas». Y en el voto de la Junta Nacional de septiembre 2020 se ratifica de modo que no puede ser ignorado por sus militantes: «La Democracia Cristiana se compromete con nuestros pueblos originarios, en su reivindicación de avanzar hacia un estado plurinacional y escaños reservados en la Convención Constitucional, y en todas aquellas medidas que permitan reencontrarnos en paz, justicia y armonía».

Pues bien, como se ha demostrado el proyecto de Constitución propuesto incorpora específicamente el numeral a) del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT y como el expresidente Frei no puede ignorarlo, éste es ley para Chile, después de haber sido aprobado por el Congreso Nacional, desde el 15 de septiembre de 2009. No hay aquí amenazas al Estado unitario, garantizado por lo demás en el articulado de la propuesta.

Justamente, por todo lo anterior, y debido a que los temores que lo llevan a decidir su rechazo, además, escapan de las propias definiciones que ya, con anterioridad a la propuesta constitucional nos hemos dado como partido, es que como militante DC votaré Apruebo. Y, por último, no menor, la reciente Junta Nacional del partido, en un voto político aprobado por una clara mayoría, llamó a votar Apruebo en el plebiscito de salida del proceso constituyente. Por esta otra razón, como militante DC votaré Apruebo.

Tanto el expresidente como los militantes que han llegado a ocupar cargos de elección popular gracias al apoyo del partido y al trabajo abnegado de miles y miles de militantes a lo largo del país, regiones o distritos, saben que la libertad de conciencia se ejerce en el secreto de la urna y no autoriza a levantar y a difundir posturas que vayan en contra de los acuerdos institucionales del partido. Es triste ver que esas personas, incluido el militante Frei, actúen en contra y pretendiendo ignorar los valores y los acuerdos del partido que tanto les ha dado.

Tal como señala el documento que invita al VI Congreso de la DC: «Si quiere ser auténticamente fiel a los estándares exigentes del humanismo cristiano, nuestro partido nunca podrá contentarse con una correcta administración del orden vigente.

Con Emmanuel Mounier, queremos decir que «hoy no se puede ser totalmente cristiano sin ser un rebelde». Y por mucho que pueda sentir una legitima satisfacción por el progreso que ha contribuido a generar, nunca podría, sin negarse a sí mismo, dejar de ser parte de las fuerzas de cambio que buscan una sociedad más solidaria y fraterna. No somos jardineros, somos sembradores». //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Slider Etiquetado como: Columnas, Columnista, Pedro Vera

Reformar para implementar

agosto 1, 2022 by Admin Istrador Deja un comentario

Por José Antonio Viera-Gallo

Resulta imperioso reformar manteniendo el eje central de la propuesta constitucional. Ello debe quedarle claro a la ciudadanía antes de emitir su voto.

Varias personas indecisas o favorables a rechazar la propuesta de nueva Constitución inquieren sobre la voluntad y la viabilidad del planteamiento de aprobar para luego mejorar el texto en cuestión.

A estas alturas del debate constitucional se ha vuelto un lugar común que el proceso constituyente no termina con el plebiscito del 4 de septiembre. Ricardo Lagos fue quien dio en el clavo. Michelle Bachelet afirmó luego que la propuesta de la Convención era un buen punto de partida. Por su parte, el Presidente Boric ha reiterado su voluntad de perfeccionar el texto. El PPD ha hecho público los temas que a su juicio deberían ser cambiados; el PS se encuentra preparando una posición al respecto y el FA también elabora un documento sobre el tema. El PC ha sostenido que está abierto a discutir el asunto después del plebiscito.

En síntesis, quienes voten por el Apruebo saben desde ya que no ratifican una propuesta -como se usa decir ahora- “escrita en piedra”, sino un marco sustancial adecuado para lograr una nueva Constitución. El juicio ciudadano favorable sería sobre el eje central, la columna vertebral y el espíritu que anima a la propuesta constitucional. Ello contribuye a despejar dudas sobre el sentido de la aprobación de la propuesta constitucional.

Se ha dicho que, no siendo “perfecta”, inclina la orientación del orden jurídico y social hacia valores de dignidad, solidaridad, inclusión y armonía con la naturaleza. El consenso, entonces, se da en torno a ese conjunto de principios y normas que se puede sintetizar en una actualización de la noción ya clásica de “Estado social de derecho”, junto con una organización del Estado en consonancia con nuestra tradición y cultura políticas, que busca una mejor redistribución del poder a nivel territorial y un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, reforzando el papel de la Magistratura y el área de los órganos autónomos, con un mayor énfasis en el buen gobierno con cortapisas a la corrupción y abriendo cauces a la participación ciudadana.

Por eso es un buen punto de partida.

La implementación de la nueva Constitución –si es aprobada– será gradual y por partes. De inmediato entrarán a regir los capítulos relativos a los principios, las normas transitorias, las referidas al cambio de la Constitución y los quórum legislativos, además de algunas materias puntuales. En cambio, las normas relativas al funcionamiento del Estado quedarán en suspenso a la espera que se dicten las leyes habilitantes respectivas, con la excepción que la nueva organización del Congreso y la elección de las autoridades regionales comenzarán el 2026.

Además, como lo establece la disposición transitoria 2, las leyes vigentes seguirán en vigor mientras no sean modificadas, derogadas o declaradas inconstitucionales por la nueva Corte Constitucional, o sea, no hay lugar para una derogación tácita de las mismas.

Ello determina que al menos durante este Gobierno el país estaría regido por dos Constituciones: la nueva en cuanto a los principios, derechos y valores, y la actual en lo referente al rodaje del Estado y a la normativa sobre la vida social en general. En ese período el Poder Judicial tendrá un importante papel que jugar al resolver los conflictos que se puedan producir por la falta de coherencia entre la nueva Constitución y las leyes vigentes.

Para poder implementar cabalmente la nueva Constitución será necesario dictar las leyes que permitan entrar en funcionamiento a las nuevas instituciones o que cambien la competencia de las actualmente existentes. Según un primer estudio de la Biblioteca del Congreso, ello supondría modificar al menos unos 60 cuerpos normativos. Es una tarea ingente.

Esos cambios se tienen que llevar a cabo en el Congreso con acuerdo del Presidente de la República. Por más que la propuesta constitucional establezca un verdadero calendario para las reformas, esos plazos no tienen fuerza imperativa para el Congreso. Su no cumplimiento no acarrearía ninguna sanción.

No es un misterio que la composición política del actual Congreso es muy diferente a la de la Convención. El Gobierno no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y las fuerzas que lo respaldan no siempre lo hacen en forma coherente y sólida. Para implementar la nueva Constitución no sólo es necesario, sino que será insalvable, introducirle mejoras. De lo contrario quedaría una constitución trunca, muy lejos de influir ampliamente en la vida de las personas.

Frente a este desafío -como ha ocurrido tantas veces– es probable que surjan dos posturas en el oficialismo: quienes quieran mantenerse en el inmovilismo denunciando a los sectores que impedirían o dificultarían la entrada en vigor de la Constitución y quienes por el contrario busquen abrir un espacio de negociación y diálogo con todas las fuerzas sociales y políticas para lograr los cambios comprometidos. Esta última tendencia tiene el aval del Presidente y el respaldo explícito de importantes fuerzas oficialistas.

Por su parte, la oposición luego de haber anunciado algunos de los cambios que quisieran plasmar en una nueva Constitución, no podrían restarse al debate de esas reformas. Para facilitar la tarea, el Gobierno podría solicitar la contribución de académicos y expertos en Derecho Público, que desde hace tiempo han ido explorando áreas de consenso y de disenso. Además, sería conveniente que en la configuración de un nuevo gabinete se encargara a un ministro o ministra en especial la tarea de alcanzar los consensos necesarios para avanzar en la implementación constitucional, separando dicha tarea de las funciones normales del gobierno.

Resulta, entonces, imperioso reformar manteniendo el eje central de la propuesta constitucional. Ello debe quedarle claro a la ciudadanía antes de emitir su voto. La garantía última es que los acuerdos de reforma constitucional que se puedan alcanzar sean sometidos a un plebiscito. No se trata de un cerrojo. Al contrario, es un resguardo de legitimidad. //ELF

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