En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Asociación Nacional de Empleados Fiscales

ANEF Valparaíso y ANFUSENDA impulsan Red de Apoyo de Salud Mental para trabajadores /as públicos 

by Deja un comentario

Con el objetivo de generar una Red de Apoyo para la Salud Mental de las y los funcionarios públicos de la Región de Valparaíso, el Consejo Regional de ANEF junto a ANFUSENDA, están conformando una red de trabajo solidario para apoyar a todos quienes se sientan afectados por las problemáticas relacionadas a los nuevos modos de vida y trabajo en tiempos de pandemia. 

De forma más específica, se destacan por ejemplo, las diversas complicaciones que ha generado el trabajo remoto, los turnos laborales, el miedo al contagio, la doble presencia, más las distintas amenazas e incertidumbres que viven los trabajadores públicos respecto de su estabilidad laboral.

En este sentido, Mabel Zúñiga, presidenta regional de ANEF explica que esta iniciativa surge de “los trabajadores agrupados en ANFUSENDA, quienes nos han hecho una notable propuesta solidaria para enfrentar este tema, la cual como Consejo Regional acogimos y valoramos enormemente, pues se busca levantar un equipo de sicólogos y trabajadores de ANFUSENDA, que a través de horas de atención gratuitas, den soporte inicial a las/os socios de ANEF y sus familias”.

Ramón Cortés, psicólogo del área de Tratamiento de Senda, y asociado de Anfusenda explica que “esta asociación gremial busca aportar con una posibilidad de escucha a todas esos compañeros y compañeras que necesitan una contención emocional inicial, que ayude y oriente en la búsqueda de un tratamiento más prolongado debido al estrés crónico bajo el cual se encuentran. Se busca entregar un apoyo y guía para contener el estrés que significa estar sobrellevando esta pandemia y seguir cumpliendo de la misma forma e incluso más, la función pública que significa trabajar para el Estado”.

Por ello se hace un llamado a profesionales con competencias en el área de salud mental, a colaborar con esta Red que espera poder brindar contención y orientación a aquellas personas que manifiesten necesitarlo. La convocatoria está dirigida a quienes puedan aportar con una o más horas de atención a la semana de manera voluntaria.

El deterioro de la salud mental es uno de los aspectos que se ha repetido en los diagnósticos que se hacen desde las diversas asociaciones gremiales respecto a sus integrantes. Para sumarse a esta Red se debe completar el formulario que se adjunta en el siguiente link manifestando su disponibilidad de horas de atención:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesNH2Lw1sgrFS35XwGq_0oaeTu-v-7ese8R-mkpVUTxRx1ww/viewform?usp=sf_link

Raúl de La Puente En La Fontana: «Una vez que pase la pandemia, las movilizaciones de la ANEF van a venir con mucha fuerza»

by 1 comentario

En La Fontana conversamos con Raúl De la Puente, actual director del área laboral en Fundación Chile XXI. Es profesor de Estado de la Universidad de Chile.

Se refirió, en nuestro medio, a la realidad de los trabajadores públicos, gremios laborales y sindicatos, en tiempos de pandemia.

Desde chico fue dirigente. Era presidente del Centro Alumnos del Liceo nº 7 de hombres de Ñuñoa. En su época universitaria fue también Presidente del Centro de alumnos del Pedagógico de la Universidad de Chile.

Entra al Ministerio de Educación y en 1987 asumió por primera vez como Presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), cargo que ocupó por cerca de diez año, 1994 se inicia como Secretario General de la ANEF, y en 1996 asume como Presidente Nacional.

Actualmente forma parte del consejo político consultivo de CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales) y en su rol laboral en Chile XXI.

-¿Cómo ha visto la gestión del Gobierno en materia proteger a trabajadores públicos en tiempos de pademia?

-La política no ha sido la correcta ni la más acertada. Y digo esto, porque hubo una Circular N°19, que decía que los funcionarios públicos tenían que regresar a sus puestos de trabajo presencial antes de fines de abril, y eso fue cuando había aumentos de casos positivos. Mañalich llamó a este retorno seguro, en el momento menos indicado. Más de 20 mil funcionarios los quería exponer a los contagios. Eso, de haberse concretado, habría sido un error garrafal y haberle costado la vida a muchos funcionarios.

-¿Querían obligar al retorno laboral presencial en el sector público?

-Briones dijo hace un mes que iba a congelar sus conversaciones y negociaciones con la ANEF, lo cual me parece muy grave. Lo hizo porque ANEF hizo esta denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) para impedir el retorno al trabajo presencial de los trabajadores. Los funcionarios públicos han tenido que asumir los costo de la pandemia.

-¿La ANEF ha estado a la altura en tiempos de pandemia?

-La ANEF ha podido salir con bastante firmeza frente a estos requerimientos del ministro Briones. Desde un comienzo se mostró en contra de estas medidas del Ejecutivo y logró imponerse el sentido común, evitándose contagios masivos en el sector público.

-¿Se vienen movilizaciones en la ANEF y el mundo sindical? Se habla de un estallido social 2.0…

-Una vez que pase la pandemia, las movilizaciones de la ANEF van a venir con mucha fuerza. Hoy estamos en tiempo de contención y reflexión para el movimiento sindical. El movimiento sindical debe asumir su rol con mayor preponderancia, a la par, con la ciudadanía empoderada y los movimientos sociales. 

-¿Cuáles son los principales desafíos de los funcionarios públicos?

-El principal problema de los funcionarios públicos es su inestabilidad laboral. Hay un 70% de trabajadores que no tienen empleos permanentes. Que no tienen estabilidad laboral, porque son a contratas u honorarios. Cada año caducan sus nombramientos, o en el caso de honorarios, no tienen previsión ni seguro de cesantía. El tema del empleo en el sector público se ha ido revirtiendo hacia la inestabilidad.

Plebiscito constituyente

«Estamos viendo el tema del teletrabajo como mirada futuro, en cuanto a cómo se modificarán las relaciones de trabajo y formas de laborar. Y es presente ya; hay que asumirlo para que los trabajadores estén protegidos», dice De La Puente En La Fontana. 

-¿Ve unidad en la oposición y en mundo sindical por el Apruebo?

-El Apruebo en el sector público como privado, es masivo. No diría que unánime, porque es imposible, pero sí un 80% o, incluso un 90% de personas que se inclinan por esta tendencia, con convención constituyente, porque la actual constitución se hizo en dictadura y debe ser reemplazada y legitimada por la población.

-¿La nueva constitución, a su juicio, es la manera de cambiar Chile?

-La nueva constitución lo que tiene que hacer es cambiar el Estado subsidiario que nos rige. Y transitar hacia un Estado de bienestar social con educación, salud, vivienda y previsión de calidad, entre otros derechos garantizados por el Estado (…) Todos los sindicalistas están con fe y esperanza en que gane el Apruebo para que ocurran estos cambios profundo y estructurales en el Estado chileno.

-¿Ve el surgimiento de una camada jóvenes dirigentes sindicales en la ANEF y otros gremios de trabajadores?

-En la ANEF, efectivamente, hay una camada nueva de dirigentes comprometidos con los movimientos sociales y los trabajadores y trabajadoras del sector público. Ya tienen cierta experiencia, no son «lolos» salidos de la universidad. Han asumido el rol de estar al día en la modernidad y mediante Internet estar informados de lo que pasa y poder conectarse con el mundo del sindicalismo, en Chile y el mundo. No se quedan atrás y usan las redes sociales. El Zoom es una herramienta diaria, aunque el cara a cara es irreemplazable.

-¿Cómo es su rol en Chile XXI?

-Trabajamos con economistas, políticos, sociólogos y otros expertos. Yo soy encargado del área laboral de Chile XXI (…) Hay gente muy calificada que trabaja en mi grupo, y que estamos interesados precisamente en trabajo de Zoom para coordinar con nuestros colaboradores. Trabajamos con grupos sindicales del sector público y privado. Estamos viendo el tema del teletrabajo como mirada futuro, en cuanto a cómo se modificarán las relaciones de trabajo y formas de laborar. Y es presente ya; hay que asumirlo para que los trabajadores estén protegidos.

-¿Ve con optimismo o pesimismo el futuro próximo de Chile?

-Chile está pasando un momento muy difícil en cuanto al desempleo que hay y la crisis económica. Sin embargo, tengo mucha fe en que vamos a cambiar nuestro modelo económico neoliberal a un sistema de economía social de mercado con un Estado social más participativo (…) Por eso, en el sentido de unidad, llamo a los políticos y partidos de izquierda y centroizquierda se unan para enfrentar este Gobierno de derecha dura. //ELF

Gremios y sindicatos piden al congreso nacional legislar impuesto a los “super ricos”

by Deja un comentario

A través de una campaña llamada “Impuesto X la Dignidad”, organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos y la Internacional de Servicios Públicos, pidieron “avanzar hacia una justicia tributaria y social, a través de un impuesto que permitiría darle la dignidad que las familias chilenas merecen, sin necesidad que sigan endeudándose u ocupando sus ahorros para salir de esta crisis”.

Distintos gremios y sindicatos solicitaron al Congreso que legisle el impuesto único a los súper ricos, con el fin de entregar “soluciones dignas a las familias en situación de vulnerabilidad”. Acusan que, hasta el momento, el costo de la crisis por el Covid-19 lo han pagado los trabajadores.

A través de una campaña llamada “Impuesto X la Dignidad“, organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich), la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Internacional de Servicios Públicos (PSI), pidieron “avanzar hacia una justicia tributaria y social, a través de un impuesto que permitiría darle la dignidad que las familias chilenas merecen, sin necesidad que sigan endeudándose u ocupando sus ahorros para salir de esta crisis”.

“El Estado debe asumir ese rol y, en este caso, se propone que sea por medio de tratamientos tributarios con carácter solidario, donde los que hoy tienen más puedan apoyar a los que tienen menos (en su mayoría trabajadoras y trabajadores)”, plantean los firmantes.

De acuerdo a los gremios y sindicatos, el impuesto a los súper ricos generaría recursos al fisco equivalentes a US$6.500 millones. “Esto permitiría, por ejemplo, llegar con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los 4.440.804 hogares que en el RSH se encuentran en el tramo del 80%. Es decir, se doblarían las familias beneficiadas por el gobierno actualmente”, aseguran.

Asimismo, llamaron a considerar el escenario internacional, donde “los súper ricos ya se han puesto a disposición de los gobiernos para brindar, a través de un impuesto, la ayuda que necesitan sus países”.

ANEF rechaza «violencia racista y criminal» contra el pueblo mapuche

by Deja un comentario

*En La Fontana publicamos declaración pública de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), respecto de la violencia contra el pueblo mapuche visto anoche en comunas de la Región de La Araucanía.

«ANEF considera de la mayor gravedad y una seria afectación del estado de derecho las jornadas de violencia ocurridas en la Araucanía, específicamente en las comunas de Curacautín, Ercilla, Victoria, Collipulli y Traigén donde se produjeron graves enfrentamientos violentos entre comuneros mapuches y grupos de civiles organizados. Lo ocurrido, especialmente en Curacautín, es inaceptable, es un flagrante atropello a los derechos humanos que recuerda hechos ocurridos en plena dictadura militar, donde grupos de civiles, armados, acompañaban las labores de exterminio de las fuerzas militares golpistas.

Efectivamente, los hechos más graves se produjeron en la Municipalidad de Curacautín, donde civiles, mostrando un concierto logístico, atacaron violentamente a comunidades mapuches, que habían efectuado una acción de apoyo a la grave condición de los presos mapuches actualmente en huelga de hambre por mas de 90 días, tomando la municipalidad, para solicitar la aplicación del Convenio 169 de la OIT a la grave crisis humanitaria provocada por el inminente peligro vital de los huelguistas. La turba organizada, profiriendo proclamas racistas, procedieron a atacar violentamente a los comuneros ocupantes, destruyendo ventanas y parte del inmuebles e incendiando los vehículos de alguno de los comuneros que se encontraban en las tomas.

Lo grave de estos hechos, es la connivencia de carabineros, quién no actúo en defensa de la integridad física de los comuneros y, con posterioridad, se sumó a las labores del desalojo violento, evidenciando una actitud concertada. Se ha tomado conocimiento, que existía una instrucción expresa del mando de carabineros en la Zona, de no acudir en defensa de los comuneros atacados por estas turbas organizadas.

Una vez mas se evidencia en esta escalada de violencia, una actitud racista y criminal de las autoridades gubernamentales y comunales, que no buscan una solución pacífica, política y consensuada a los problemas que durante decenios han experimentado en la región los pueblos originarios.

La visita efectuada a la Araucanía por el recientemente nombrado Ministro del Interior, Víctor Pérez, quien se reunió en la ocasión con autoridades locales, hace directamente responsable al gobierno de favorecer una lógica de enfrentamiento y no de entendimiento, negándose una vez más, de manera irresponsable y criminal, a implementar una voluntad de avanzar, en una política de dialogo formal y resolutivo con el pueblo mapuche, mediante la aplicación de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, como es el Convenio 169 de la OIT.

Las autoridades locales y los mandos de Carabineros en la Región, solo pueden avanzar, en esta lógica de guerra interna, ante la desidia y la indiferencia del gobierno de Sebastián Piñera de reconocer los derechos de los pueblos originarios y el respeto de su acervo cultural y su organización ancestral, que es necesario respetar.
Exigimos el cese de la violencia institucional y terminar con militarización en la Araucanía, que favorece la aparición de grupos paramilitares de raigambre racista reprimiendo a las comunidades mapuches.

Exigimos la renuncia de los mandos de Carabineros envueltos en la complicidad criminal con las turbas organizadas, causantes de la violencia inusitada en la Municipalidad de Curacautín. Desde la ANEF solicitamos al gobierno tome las medidas para restablecer el estado de derecho gravemente quebrantado en la Araucanía. Estos hechos son condenables por constituir una contribución a un enfrentamiento fratricida, que busca someter al pueblo mapuche y obligarlos por la fuerza a declinar sus legítimas demandas y desviar el foco de la huelga de los comuneros mapuches que tienen en riesgo sus vidas. El Estado de Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, la obligación del Gobierno es respetarlo y aplicarlo».

NO AL ESTADO POLICIAL, SI AL EJERCICIO DEL DIALOGO URGENTE.

DIRECTORIO NACIONAL ANEF

ANEF Valparaíso exige a Seremi de Salud mayor fiscalización de las condiciones seguridad en servicios públicos, ante desconfinamiento y crítica Plan Paso a Paso

by Deja un comentario

Esta mañana, en una acción conjunta, ANEF Chile en sus distintos territorios, entregó una carta dirigida a la autoridad sanitaria con el propósito de que se instruya una fiscalización a los Servicios Públicos en Funcionamiento presencial, para verificar que los lugares de trabajo cumplan con las medidas sanitarias y ambientales para proteger la vida de los(as) trabajadores (as) y usuarios (as). En la región de Valparaíso, Gonzalo Cisternas y Roberto Escobar, integrantes del Consejo Regional ANEF hicieron entrega de la misiva al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett.

Lo anterior se debe al alto porcentaje de servicios que se encuentran en funcionamiento presencial y que no cuentan con las garantías suficientes en materia de protección. Por ejemplo se ha tomado conocimiento de dependencias en las cuales no se respeta el metro de distancia entre los/as usuarios/as y los/as trabajadores/as; la inexistencia de protocolos sanitarios; aglomeraciones con más de 50 funcionarios; falta de sanitización de los baños; carencia de alcohol gel certificados en las oficinas y espacios comunes, entre otros.

Es en este sentido que Mabel Zúñiga, presenta regional de ANEF explicó que “como consejo regional solicitamos fiscalización donde se han ejecutado turnos de presencialidad de funcionarios(as) y donde existe atención a usuarios, ya que tenemos reportes, que los protocolos de salud efectivamente no se han cumplido. El gobierno está tratando de impulsar una nueva fórmula de retorno a las actividades presenciales de los trabajadores públicos, sin ninguna medida de seguridad” .

Esta grave situación se da en medio del anuncio del plan “Paso a Paso” impulsado por el gobierno, medida de desconfinamiento que ya se ha iniciado en las regiones de Aysén y Los Ríos y que desde mañana se extenderá a nueve comunas del país, poniendo en riesgo la vida no sólo de funcionarios(os) sino de toda la ciudadanía ante un posible rebrote de COVID 19.

A este respecto, Mabel Zúñiga agrega que “desde esa perspectiva la responsabilidad legal la tiene el ministerio de salud a través de sus seremis y autoridades sanitarias. Nosotros como ANEF, queremos que se cumpla la ley, nada más que eso.Los contagios en todos los lugares donde se ha trabajado en turnos presenciales han ido en alza, son muchos los trabajadores que tenemos en condiciones de cuarentena y lamentablemente ha aumentado la cantidad de fallecidos desde los funcionarios públicos. Nos parece que es un crimen lo que se está intentando impulsar, y frente a eso, por supuesto vamos a recurrir a las estrategias legales y a las que poseemos como organización sindical”

Finalmente, desde ANEF se enfatiza que el gobierno no puede seguir con experimentos, sobre todo cuando el “Plan Retorno Seguro” y las “Cuarentenas Dinámicas” fueron un fracaso, siendo peligroso avanzar hacia un plan de desconfinamiento, debido a que no está garantizada la plena fiscalización, la trazabilidad, el aislamiento, las medidas sanitarias en los transportes, espacios comunes y de trabajo, entre otros.

Todos estos argumentos nos deben hacer reflexionar en trabajar con cautela y precaución, poniendo en el centro la vida y salud, tal como lo hemos defendido desde esta Agrupación. Nuestro llamado es a trabajar en protocolos sanitarios serios, junto a los comités de expertos, junto a las organizaciones sindicales y sociales, y desde los territorios, con una real perspectiva descentralizadora.

Funcionarios Públicos: la pandemia tras la ventanilla

by Deja un comentario

El portal web, La Voz de Los que Sobran, publicó un reportaje que En La Fontana republicanos.

Sin protocolos especiales para cada servicio, sin test Covid garantizados en caso de contagio y con presiones veladas para retornar al trabajo presencial, están laborando hoy funcionarias y funcionarios públicos del país, según denuncian el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, y el dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud (AFUMINSAL), Thomas Mix Jiménez.

Los empleados públicos son cerca de 1 millón de personas, pasando por el Gobierno central, municipios, servicios de salud y empresas del Estado. De ellos, alrededor del 40% son trabajadores a honorarios. El segundo grupo importante son trabajadores a contrata, cuyo vínculo laboral vence cada 31 de diciembre. Solo un grupo minoritario son empleados de planta, el equivalente a contrato indefinido en el Código del Trabajo.

En medio de esa fragilidad laboral y con distintos servicios que han registrado contagios por Covid-19, los dirigentes de los funcionarios públicos relatan que los servicios han dispuesto para ellos 3 mascarillas diarias, guantes y alcohol gel, además de sanitizaciones cada dos o tres días en la áreas de trabajo, pero advierten que la realidad amerita ir mucho más allá.

Por la emergencia del Coronavirus en Chile, en marzo se implementó el teletrabajo para ciertos funcionarios que cumplían labores administrativas y grupos de riesgo. Pero a mediados de abril, comienza el llamado Plan de Retorno del Gobierno.

“El oficio que sale el 20 de abril dio plazo de 4 días a todos los servicios para que diseñaran un Plan de Retorno, que primero era gradual y después seguro”, dice Pérez Debelli, recordando que en el momento se trató de instalar “un mensaje errático bastante confuso, irresponsable y criminal de parte del Gobierno, de que el Estado no está funcionando, lo que es mentira. Estamos trabajando en sistema de turnos especiales toda la semana y los fines de semana en muchos servicios”.

Al comenzar la pandemia, aproximadamente el 60% de los funcionarios se mantuvo en trabajo presencial y un 40% fue derivado a teletrabajo «conectados a su servicio, con su Internet y sus propios computadores de manera remota y, de esos, tienes que entender que hay personas de alto riesgo, tercera edad, que hay que evitar que se desplacen de sus casas al trabajo. Los trabajadores de manera remota o temporal no están en sus casas descansando, están conectados con sus servicios, entendiendo que este es un momento excepcional”, dice Pérez Debelli.

A fines de abril y principios de mayo, y en pleno crecimiento de contagios, comenzaron las presiones para el retorno, ya que, exceptuando grupos de riesgo, el objetivo del Gobierno era contar con el 80% de los funcionarios en sus puestos de trabajo a finales de mayo. Actualmente, con cuarentena total en la Región Metropolitana y cuarentenas en distintas regiones, el proceso no se ha detenido.

“Yo digo, ¿qué pretenden? No hay una cápsula por servicio público y, en el centro cívico, entonces, tú haces volver a 20 mil personas. Eso es una tremenda irresponsabilidad porque ponen en riesgo, primero porque no basta tener el alcohol gel, mascarillas y guantes, que es el estándar mínimo, sino que tienen que tener el distanciamiento físico y además el distanciamiento de atención de los usuarios”, afirma el presidente de ANEF.

Y agrega: «Es contradictorio que el gobierno señale que a fines de mayo, el 80% de los funcionarios públicos debieran estar en sus puestos de trabajo. Vuelve a instalar algo que es bastante errático, porque yo no sé si hay alguien que tenga una bola de cristal, pensando que a fines de mayo, la pandemia estará de salida en nuestro país. Tiene que haber certezas, y por eso hay que respaldarse con un informe técnico o científico”.

Tanto él como el dirigente de AFUMINSAL, coinciden en que estas presiones las realizan jefaturas intermedias, que llaman por teléfono a funcionarios en teletrabajo.

“Lo hacen así (por teléfono) para que nosotros no podamos reclamar, no dejan ningún escrito. ¿Y qué hacen? Llaman, por ejemplo, a mamás con niños menores de 6 años, las presionan y les preguntan si alguien de la familia se puede quedar con los niños para que puedan volver”, dice Thomas Mix.

“Han mandado mensajes bastante irresponsables, manipuladores y vergonzosos, no son directos, si no que te dicen que es bueno que evalúes porque a fin de año te vamos a calificar”, cuenta. Y añade: “Hay dos temores que se instalan en los funcionarios: si no voy me pueden echar, y segundo si voy, me desplazo y tomo el metro, bus o colectivo y capaz (que me contagie) y esa interrogante es perversa porque lo que está en juego aquí es la salud y la vida de las personas”, afirma Pérez.

Los funcionarios públicos que están en sus puestos, lo hacen bajo sistema de turnos de una semana, con protocolos de seguridad generales para todo el país, en cuyo diseño no hubo participación de las distintas asociaciones funcionarias, aún cuando fueron los propios sindicatos los que implementaron medidas de protección desde marzo.

Thomas Mix recuerda: “Nosotros como AFUMINSAL fuimos los primeros en empezar a repartir mascarillas a los funcionarios con nuestros recursos, incluyendo a los tercerizados: vigilantes y personal de aseo. Al final, logramos que el Ministerio reparta 3 mascarillas al día y guantes a todos”.

En la misma casa central del Ministerio de Salud, el protocolo específico “no existe” dice Mix. “En mi división somos 90 personas en 3 pisos y hay espacios que están muy amontonados y otros que cumplen un poco más la norma. Afortunadamente con esto que el 50% esté haciendo turnos, están los espacios (de separación), pero hay otras divisiones donde no están cumpliéndose mucho los espacios”, apunta.

Tampoco hay protocolo para casos positivos de Covid en las instalaciones. “Tuvimos una reunión con la subsecretaria (Paula) Daza donde le dimos a conocer que no existía ningún protocolo para la Casa Central del ministerio para enfrentar los casos de Covid positivos. Se comprometieron a que en estos días iba a salir un protocolo, en el que íbamos a tener participación, porque no la hemos tenido en los otros documentos que han hecho. Para la vuelta a trabajar no fuimos partícipes, a pesar de que el Servicio Civil llamó a las instituciones al trabajo conjunto con los funcionarios, con gremios, pero eso no ha pasado”, dice Mix.

Respecto a sanitizaciones permanentes de espacios comunes como baños y cocinas, los dirigentes dicen que no está ocurriendo. Se hacen sanitizaciones generales a los recintos completos una o dos veces por semana, aunque no tienen certeza.

Por ello, la ANEF está gestionando “que nos reciba la mesa asesora Covid-19 y también el Colegio Médico para poder ayudarnos en un diseño para trabajar con las autoridades sanitarias, para exigir la fiscalización de los que estamos trabajando en sistemas de turnos y que para cuando ocurra el retorno estén todas las condiciones seguras en todas las materias. Hoy día están semi abiertos, por ejemplo, FONASA y tenemos la misma lógica de funcionamiento como si no hubiera pandemia, lo que hacemos es poner un foco de contagio también indirecto porque los chilenos y chilenas van a golpear las puertas de esos recintos”, dice el presidente de ANEF.

«Si no están las condiciones, la pega sindical es fundamental porque cuando se ha relajado el trabajo sindical o no se ha hecho bien, tenemos contagiados”, dice Pérez Debelli, que describe casos en la Secretaría de Comunicaciones, en las sedes de Santiago y Araucanía de Indap, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Instituto Nacional del Deporte.

En los trabajadores de la salud, AFUMINSAL calcula “que el 10% de los funcionarios públicos se están enfermando con Coronavirus o en cuarentena, calculamos 3.000 funcionarios entre Salud Primaria y Secundaria. Los registros oficiales son cercanos a 1.600, pero ahí no tenemos los de la Salud Primaria, no se están cruzando los datos. Además que ese es uno de los tantos errores de este Gobierno, que no está enfrentando la pandemia desde la Salud Primaria, sino que lo hace desde la Secundaria, que son los hospitales. Eso es un tremendo error, porque a diferencia de los países europeos, Chile tiene una Salud Primaria fuerte, nuestra Política Pública de Salud pone como base la Salud Primaria y no ha sido importante para enfrentar la pandemia.

En caso de contagio o sospecha, los funcionarios públicos no tienen garantizado el test Covid, afirman los dirigentes.

“Hace unos días el padre de una funcionaria dio positivo y a ella se la mandó en cuarentena a su casa. Se hizo el test y los funcionarios que trabajaban con ella se hicieron el examen en forma particular, pagado por ellos. De hecho, cuando lo propusimos nos cerraron la puerta y dijeron que era imposible hacer exámenes a todos los funcionarios. Los que podrían haberse contagiado tienen que hacerse el examen, lo que les sale 15 ó 20 lucas a cada uno”, afirma Thomas Mix, y agrega:

“La Superintendencia de Salud sacó un documento, que esos contagios deben ser tomados como enfermedad profesional, no así de otras entidades públicas, pero si son trabajadores de la salud, debe ser considerado como enfermedad profesional. O sea, no se está cumpliendo en la casa matriz (del Ministerio de Salud)”.

En medio de los riesgos de la pandemia, los dirigentes de los empleados públicos acusan fuertes recortes presupuestarios, con el consiguiente cierre de programas y guerrillas internas entre la UDI y RN por el control de ciertas divisiones.

“Nosotros estamos disponibles para cooperar, para trabajar para salvar la economía, por supuesto, y a todos nos interesa. Pero (tenemos que poner) el foco en el ser humano como prioridad. Algunos también piensan que los funcionarios públicos son privilegiados, pero no es así y cada vez que hay una situación de emergencia nacional ahí están los funcionarios de la salud, los funcionarios públicos hombres y mujeres, frente a terremotos, incendios, inundaciones, somos los funcionarios que atendemos a los chilenos y chilenas y a los más postergados de nuestro país”, concluye el presidente de ANEF, José Pérez.