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UFEMUCH llega hasta la Contraloría por “mal manejo de información y difusión” en caso de licencias médicas en el sector municipal

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Este viernes, integrantes de la directiva nacional de la Unión de Funcionarios Municipales (UFEMUCH), encabezados por su presidente nacional, Eduardo Pastene, y los directores nacionales; José Escobar, Christian Gajardo y Alvaro Quezada, llegaron hasta la Contraloría General de la República, para reunirse con la Jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, Sandra Estay.

En la cita, los representantes de Ufemuch, manifestaron su inquietud, por la forma en que la Contraloría General, entregó y manejó la información públicamente, respecto al bullado caso de los funcionarios públicos que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica.

Al terminar la reunión, el presidente Ufemuch señaló que “solicitamos esta audiencia, para plantear nuestras inquietudes respecto de cómo se ha tratado el tema de las licencias médicas, principalmente en el sector municipal. Creemos que esto de hacer una generalización de estos 25.000 casos, haciendo parecer responsable de la mayoría de los casos a funcionarios municipales, ha complicado de sobremanera a los trabajadores”.

En la misma línea, Pastene indicó que “por esto hemos pedido que para las futuras fiscalizaciones, en este y otros temas, la información se maneje con mayor rigurosidad, para poder despejar bien las dudas sobre quiénes son los responsables de lo que arrojen estas fiscalizaciones. Ya que por una parte, nos parece muy positivo que se realicen, para que no se abuse de este y otros instrumentos que van en beneficio de los trabajadores. Y por otra parte, como Ufemuch nos hemos puesto a disposición de la división de gobiernos regionales y municipalidades, a efecto de poder trabajar en conjunto, para buscar soluciones estructurales para los problemas que existen hoy en el sector público, y principalmente en los municipios”.

Por último, el timonel de los funcionarios municipales manifestó que “desde esta perspectiva, quisimos transmitir que las municipalidades y los trabajadores municipales, en su gran mayoría son personas probas, personas honestas, que realizan su trabajo con la mejor disposición. Y que además tenemos una serie de problemáticas como gremio, que aún no han sido solucionadas, y que por ejemplo, en este caso particular de las licencias médicas, cuando un trabajador municipal toma licencia médica, no tenemos ninguna posibilidad de reemplazarlo mientras esté con reposo médico, sino que los mismos trabajadores deben tomar esa carga laboral, de la persona que se está afectada de salud, por lo que esta es una doble situación que nos parece necesario modificar. Por eso es que pedimos esta reunión, para plantear estos temas, se nos escuchó con mucho respeto, hay argumentos que ellos no comparten, pero para nosotros era de gran importancia que ellos conocieran de primera fuente nuestra postura”.

Caso Chilean Eagles College: Funcionarios rechazan desautorización pública del subsecretario de Cultura a encargada de Memoria y DD.HH.

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La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio (AFUCAP), manifestó su incondicional apoyo a la encargada de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, Francia Jamett Pizarro y rechaza la desautorización pública del Subsecretario Juan Carlos Silva, hoy Ministro (s) de Cultura.

A poco más de un mes de dejar la cartera, el Subsecretario Juan Carlos Silva, hoy subrogando en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, decide involucrarse en el caso del excolegio Chilean Eagles College, de La Florida, que se sindica como centro de detención y tortura durante la Dictadura Cívico-Militar de Pinochet, para en primer lugar, desacreditar a la profesional a cargo de estas materias, con el principio que rige al ministerio donde subroga a la máxima autoridad, cual es el de “reconocer a la memoria histórica como pilar fundamental de la cultura y del patrimonio intangible del país” y que busca el “permanente respeto a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la democracia y el Estado de Derecho” y, en segundo, manifestar preocupación.

El Ministro (S) Silva, solo con posterioridad al llamamiento que hiciera la encargada como funcionaria pública, a considerar el cese de las obras, reacciona ofreciendo asesoría y manifestando preocupación, sin embargo, de las autoridades del rango que Silva ostenta, se esperan acciones oportunas y concretas y no basadas en la descalificación a las funcionarias expertas en la materia.

«Como presidenta de AFUCAP estoy en completo desacuerdo con el actuar del ministro subrogante. Estamos descolocados con lo que ha hecho, emplazando a nuestra colega y exponiéndola públicamente, desacreditando lo que ella bajo el estamento administrativo le corresponde, como funcionaria del Estado (…) No hay que exponer estos sitios de memoria, donde hubo tanto dolor, a una simple inmobiliaria», comenta Patricia Torres, presidenta de AFUCAP.

Respecto de lo anterior, añadió a Fortín Mapocho: «Hay que poner alertas, sobre el sitio, tal como lo hizo ella profesionalmente. Sin embargo, resulto que hoy, una vez más, el ministro subrogante no protege el derecho de los trabajadores, vulnera la mirada técnica y emplaza a la funcionaria Francia Jamett, haciéndonos sentir que nosotras no estamos velando por el bien común, siendo que era lo único que podía hacer por este lugar donde hubo mucho dolor».

La sólida acción pública de Jamett, visibilizó una vez más, la inoperancia de esta administración del gobierno de Piñera que se acaba, que no solo en este caso sino en decenas de otros, se ha mantenido al margen. En el caso del excolegio Chilean Eagles College, de no tener esta visibilidad pública, habría corrido la misma suerte que los demás sitios dañados, destruidos y violentados, a lo largo del país, donde las autoridades del ministerio se han destacado por la inacción, no obstante, de estar en conocimiento y tener informes técnicos actualizados de daños.

La acción de Jamett, en su rol de jefatura en la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, «nos llena de orgullo, porque da cuenta de la responsabilidad, respeto y afecto con el que toma sus responsabilidades en respuesta del Estado con la grave violación a los DD.HH., que no debe volver a repetir», dicen desde ANFUCAP.

Finalmente, sostienen: «Las funcionarias y funcionarios del Ministerio, sostenemos nuestra lealtad con el desarrollo de los ámbitos que debe abordar esta institución pública. Nuestro compromiso está con la defesa irrestricta a los Derechos Humanos y el férreo compromiso con las acciones de reparación y no repetición que es nuestro deber cumplir».

Funcionarios del SII cuestionan la “miope doctrina” de Fernando Barraza y lo acusan de poner “alfombra roja para algunos”

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Los trabajadores del organismo apuntan a que “hoy más que nunca se está sintiendo la falta de recursos por esta “Alfombra roja para algunos”, con niveles de evasión y elusión que sólo se vieron en dictadura”.

Un dura crítica hicieron los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del director del organismo, Fernando Barraza, a quien responsabilizan de desarrollar una “miope doctrina” en favor de las grandes empresas, incluso colocando una “alfombra roja para algunos”, con niveles de evasión y elusión que solo se apreciaron durante la dictadura cívico-militar.

A través de un comunicado, los directorios nacionales de la AFIICH y ANEICH comienzan señalando que “si hay algo que las y los funcionarios del SII no hemos perdido gracias al Director Nacional es la “capacidad de asombro””.

Indican que diariamente la ciudadanía y los propios trabajadores del servicio “cuestionan severamente las decisiones que adopta la máxima autoridad de nuestro servicio en favor de grandes empresas, las cuales no se apegan a la ley ni a las normas internas, mucho menos al sentido común, deteriorando sistemáticamente los cimientos de la función pública”.

Apuntan a una aceptación de millonarios gastos utilizados en la defensa de Penta y sus dueños por delito tributario, preguntando si esto “¿también se les aceptará a Corpesca, y a las demás empresas que cometieron delito?”.

Los trabajadores también alegan la existencia de “oficios “a la medida” para que, por ejemplo, la empresa que originó el proyecto Pascua Lama pueda recuperar más de 440 millones de Dólares. Contratación a inicios de este año como Director de Grandes Contribuyentes a un asesor tributario, quien ha sido fuertemente cuestionado por sus evidentes conflictos de interés y su “forma de dirigir” casos bajo su responsabilidad. Desestimación de querella contra Carlos Heller por operación del Grupo Bethia para obtener devolución de $2.744 millones que no correspondía, quien además compró la participación de LATAM al Presidente Piñera el año 2010”.

“Lamentablemente, este es un atisbo de un largo listado de situaciones vergonzosas, que se amplió con el veredicto del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que en el caso Corpesca y el financiamiento ilegal de la política no pudo emitir sanción por delito tributario contra la Ex-diputada Marta Isasi, pues el Director del SII decidió no querellarse”, mencionan.

En ese sentido, se preguntan por las razones por las cuales Barraza “ha desvirtuado en todas las formas y contextos la misión del SII, argumentando que su rol es solo “recaudar impuestos”, razón por la que “las acciones penales van a seguir siendo una excepción””.

En este punto, los funcionarios del SII argumentan que el organismo que recauda los impuestos finales del país es la Tesorería General de la República, por lo que el rol del “Servicio es fiscalizar y maximizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, disponiendo para ello el monopolio de la acción legal, con el objetivo de velar por que nadie actué por sobre la ley en materia tributaria. Al menos eso dice la Constitución, lo cual parece ser conocida solo en ambiguos sueños del señor Barraza”.

“Tan grotesca es esta supuesta “doctrina” que argumenta el Director Barraza, que incluso el actual Ministro de Hacienda Ignacio Briones, mientras ejercía como Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, escribió una columna para el diario La Tercera publicada en diciembre de 2015, bajo el título “LA MIOPE DOCTRINA DEL SII”, señalando que “(…)la maximización de la recaudación que invoca el SII no se sigue que se deba privilegiar sigilosos acuerdos bipartitos y renunciar a querellarse (…) ¿Qué pasa si la señal que la autoridad entrega hoy afecta el comportamiento de los agentes y, con ello, la recaudación de mañana? (…) el Servicio también ha instalado una nueva doctrina en las escasas querellas que ha presentado nominativas y no a quienes resulten responsables. Otra señal equívoca, (…) Los costos futuros en esa recaudación que preocupa al SII se harán sentir mañana”, precisan.

Incluso agregan que “hoy más que nunca se está sintiendo la falta de recursos por esta “Alfombra roja para algunos”, con niveles de evasión y elusión que sólo se vieron en dictadura”.

Por tal motivo, llamaron al jefe de la billetera fiscal a tomar “cartas en el asunto”, por lo que “esperamos que lo que escribió en la prensa el 2015 no lo borre con el codo y no sea cómplice de todo lo que está ocurriendo a sus espaldas en el SII”.

Los trabajadores del servicio también recuerdan que han denunciado los hechos en todas partes, incluso ante personeros de la OCDE, ya que “entendemos claramente que somos funcionarios públicos de carrera, y no cómplices de una casta política que pretende tapar el sol con un dedo y liderar con la filosofía de los tontos útiles. Lamentablemente, salvo algunas excepciones de parlamentarios, la respuesta transversal que hemos recibido ha sido el silencio”.

Finalmente, exigen que se ponga fin a las diferencias “odiosas entre delitos comunes y económicos o de cuello y corbata, persiguiendo a través de la querella a todos quienes resulten responsables de delitos tributarios, y pedimos con fuerza a las autoridades competentes y facultadas por Ley investigar de manera urgente, comprometida y clara el conjunto de irregularidades que están ocurriendo al interior del SII”.

ANEF Valparaíso y ANFUSENDA impulsan Red de Apoyo de Salud Mental para trabajadores /as públicos 

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Con el objetivo de generar una Red de Apoyo para la Salud Mental de las y los funcionarios públicos de la Región de Valparaíso, el Consejo Regional de ANEF junto a ANFUSENDA, están conformando una red de trabajo solidario para apoyar a todos quienes se sientan afectados por las problemáticas relacionadas a los nuevos modos de vida y trabajo en tiempos de pandemia. 

De forma más específica, se destacan por ejemplo, las diversas complicaciones que ha generado el trabajo remoto, los turnos laborales, el miedo al contagio, la doble presencia, más las distintas amenazas e incertidumbres que viven los trabajadores públicos respecto de su estabilidad laboral.

En este sentido, Mabel Zúñiga, presidenta regional de ANEF explica que esta iniciativa surge de “los trabajadores agrupados en ANFUSENDA, quienes nos han hecho una notable propuesta solidaria para enfrentar este tema, la cual como Consejo Regional acogimos y valoramos enormemente, pues se busca levantar un equipo de sicólogos y trabajadores de ANFUSENDA, que a través de horas de atención gratuitas, den soporte inicial a las/os socios de ANEF y sus familias”.

Ramón Cortés, psicólogo del área de Tratamiento de Senda, y asociado de Anfusenda explica que “esta asociación gremial busca aportar con una posibilidad de escucha a todas esos compañeros y compañeras que necesitan una contención emocional inicial, que ayude y oriente en la búsqueda de un tratamiento más prolongado debido al estrés crónico bajo el cual se encuentran. Se busca entregar un apoyo y guía para contener el estrés que significa estar sobrellevando esta pandemia y seguir cumpliendo de la misma forma e incluso más, la función pública que significa trabajar para el Estado”.

Por ello se hace un llamado a profesionales con competencias en el área de salud mental, a colaborar con esta Red que espera poder brindar contención y orientación a aquellas personas que manifiesten necesitarlo. La convocatoria está dirigida a quienes puedan aportar con una o más horas de atención a la semana de manera voluntaria.

El deterioro de la salud mental es uno de los aspectos que se ha repetido en los diagnósticos que se hacen desde las diversas asociaciones gremiales respecto a sus integrantes. Para sumarse a esta Red se debe completar el formulario que se adjunta en el siguiente link manifestando su disponibilidad de horas de atención:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesNH2Lw1sgrFS35XwGq_0oaeTu-v-7ese8R-mkpVUTxRx1ww/viewform?usp=sf_link

Raúl de La Puente En La Fontana: «Una vez que pase la pandemia, las movilizaciones de la ANEF van a venir con mucha fuerza»

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En La Fontana conversamos con Raúl De la Puente, actual director del área laboral en Fundación Chile XXI. Es profesor de Estado de la Universidad de Chile.

Se refirió, en nuestro medio, a la realidad de los trabajadores públicos, gremios laborales y sindicatos, en tiempos de pandemia.

Desde chico fue dirigente. Era presidente del Centro Alumnos del Liceo nº 7 de hombres de Ñuñoa. En su época universitaria fue también Presidente del Centro de alumnos del Pedagógico de la Universidad de Chile.

Entra al Ministerio de Educación y en 1987 asumió por primera vez como Presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), cargo que ocupó por cerca de diez año, 1994 se inicia como Secretario General de la ANEF, y en 1996 asume como Presidente Nacional.

Actualmente forma parte del consejo político consultivo de CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales) y en su rol laboral en Chile XXI.

-¿Cómo ha visto la gestión del Gobierno en materia proteger a trabajadores públicos en tiempos de pademia?

-La política no ha sido la correcta ni la más acertada. Y digo esto, porque hubo una Circular N°19, que decía que los funcionarios públicos tenían que regresar a sus puestos de trabajo presencial antes de fines de abril, y eso fue cuando había aumentos de casos positivos. Mañalich llamó a este retorno seguro, en el momento menos indicado. Más de 20 mil funcionarios los quería exponer a los contagios. Eso, de haberse concretado, habría sido un error garrafal y haberle costado la vida a muchos funcionarios.

-¿Querían obligar al retorno laboral presencial en el sector público?

-Briones dijo hace un mes que iba a congelar sus conversaciones y negociaciones con la ANEF, lo cual me parece muy grave. Lo hizo porque ANEF hizo esta denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) para impedir el retorno al trabajo presencial de los trabajadores. Los funcionarios públicos han tenido que asumir los costo de la pandemia.

-¿La ANEF ha estado a la altura en tiempos de pandemia?

-La ANEF ha podido salir con bastante firmeza frente a estos requerimientos del ministro Briones. Desde un comienzo se mostró en contra de estas medidas del Ejecutivo y logró imponerse el sentido común, evitándose contagios masivos en el sector público.

-¿Se vienen movilizaciones en la ANEF y el mundo sindical? Se habla de un estallido social 2.0…

-Una vez que pase la pandemia, las movilizaciones de la ANEF van a venir con mucha fuerza. Hoy estamos en tiempo de contención y reflexión para el movimiento sindical. El movimiento sindical debe asumir su rol con mayor preponderancia, a la par, con la ciudadanía empoderada y los movimientos sociales. 

-¿Cuáles son los principales desafíos de los funcionarios públicos?

-El principal problema de los funcionarios públicos es su inestabilidad laboral. Hay un 70% de trabajadores que no tienen empleos permanentes. Que no tienen estabilidad laboral, porque son a contratas u honorarios. Cada año caducan sus nombramientos, o en el caso de honorarios, no tienen previsión ni seguro de cesantía. El tema del empleo en el sector público se ha ido revirtiendo hacia la inestabilidad.

Plebiscito constituyente

«Estamos viendo el tema del teletrabajo como mirada futuro, en cuanto a cómo se modificarán las relaciones de trabajo y formas de laborar. Y es presente ya; hay que asumirlo para que los trabajadores estén protegidos», dice De La Puente En La Fontana. 

-¿Ve unidad en la oposición y en mundo sindical por el Apruebo?

-El Apruebo en el sector público como privado, es masivo. No diría que unánime, porque es imposible, pero sí un 80% o, incluso un 90% de personas que se inclinan por esta tendencia, con convención constituyente, porque la actual constitución se hizo en dictadura y debe ser reemplazada y legitimada por la población.

-¿La nueva constitución, a su juicio, es la manera de cambiar Chile?

-La nueva constitución lo que tiene que hacer es cambiar el Estado subsidiario que nos rige. Y transitar hacia un Estado de bienestar social con educación, salud, vivienda y previsión de calidad, entre otros derechos garantizados por el Estado (…) Todos los sindicalistas están con fe y esperanza en que gane el Apruebo para que ocurran estos cambios profundo y estructurales en el Estado chileno.

-¿Ve el surgimiento de una camada jóvenes dirigentes sindicales en la ANEF y otros gremios de trabajadores?

-En la ANEF, efectivamente, hay una camada nueva de dirigentes comprometidos con los movimientos sociales y los trabajadores y trabajadoras del sector público. Ya tienen cierta experiencia, no son «lolos» salidos de la universidad. Han asumido el rol de estar al día en la modernidad y mediante Internet estar informados de lo que pasa y poder conectarse con el mundo del sindicalismo, en Chile y el mundo. No se quedan atrás y usan las redes sociales. El Zoom es una herramienta diaria, aunque el cara a cara es irreemplazable.

-¿Cómo es su rol en Chile XXI?

-Trabajamos con economistas, políticos, sociólogos y otros expertos. Yo soy encargado del área laboral de Chile XXI (…) Hay gente muy calificada que trabaja en mi grupo, y que estamos interesados precisamente en trabajo de Zoom para coordinar con nuestros colaboradores. Trabajamos con grupos sindicales del sector público y privado. Estamos viendo el tema del teletrabajo como mirada futuro, en cuanto a cómo se modificarán las relaciones de trabajo y formas de laborar. Y es presente ya; hay que asumirlo para que los trabajadores estén protegidos.

-¿Ve con optimismo o pesimismo el futuro próximo de Chile?

-Chile está pasando un momento muy difícil en cuanto al desempleo que hay y la crisis económica. Sin embargo, tengo mucha fe en que vamos a cambiar nuestro modelo económico neoliberal a un sistema de economía social de mercado con un Estado social más participativo (…) Por eso, en el sentido de unidad, llamo a los políticos y partidos de izquierda y centroizquierda se unan para enfrentar este Gobierno de derecha dura. //ELF

Senado da luz verde a proyecto de Ley que otorga tutela laboral a funcionarios públicos

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La iniciativa establece que los trabajadores del sector público y los municipales podrán acceder a este instrumento.

En condiciones de ser promulgado como ley quedó el proyecto relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral. Esto, luego que la Sala del Senado respaldara con 29 votos a favor y 8 abstenciones, los cambios realizados por la Cámara Baja.

La mayor parte de los legisladores apoyó la iniciativa haciendo ver la confusión que se generó en tribunales respecto a si los funcionarios públicos tienen derecho a tutela laboral. En ese marco se abordó la opinión que emitió a tal efecto, el Tribunal Constitucional (TC).

Asimismo, diversos senadores hicieron presente también que “es poco claro considerar a los funcionarios públicos como tales, en algunas materias y en otras no”. Además se consignó que este proyecto implicaría gasto público, de allí que sería materia exclusiva del Ejecutivo.

El proyecto de ley, iniciado en mociones de los senadores Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Rincón, Juan Ignacio Latorre y Juan Pablo Letelier (Boletín N° 12322-13); de los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Juan Pablo Letelier (Boletín N° 12327-13) y de los senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe y Ricardo Lagos (Boletín N° 9476-13), tiene por objeto incorporar a las relaciones laborales del sector público, el procedimiento de tutela laboral, permitiéndoles a estos trabajadores la legítima defensa de los actos provenientes de dicha relación y que vulneren sus derechos fundamentales.

La iniciativa precisa que «el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos.

Asimismo, modifica el Código del Trabajo en cuanto a esclarecer el ámbito de actuación de la Dirección del Trabajo en materia de tutela laboral y clarifica el pago de la indemnización para trabajadores del sector público en caso de acogerse a la denuncia por esta razón.

Finalmente, precisa que «si el juez declara que el despido de funcionarios de la Administración del estado es discriminatorio y además ello fuera calificado como grave, el trabajador podría optar entre la indemnización que corresponda o bien su reincorporación al cargo».

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Letelier resumió las ideas matrices explicando que “hay una discusión respecto a quiénes pueden acogerse a la tutela laboral. Entendemos que los trabajadores del sector público y los municipales deberían acceder a este instrumento. Queremos que estos funcionarios tengan la posibilidad de defender sus derechos”.

Por su parte, durante la votación, la senadora Yasna Provoste dejó constancia de su inhabilitación. Senador Carlos Bianchi, a su vez, indicó: “Este proyecto interpretativo de la ley nos permite aclarar lo que ocurre. La Corte Suprema dictó que sí le es aplicable a los funcionarios públicos la tutela laboral. El TC había dicho lo contrario. Los cambios de los diputados dicen relación con la incorporación de instituciones y la decisión del trabajador en el caso de un despido”.

Mientras que el senador Juan Pablo Letelier dijo: “Los trabajadores del sector público tienen normas especiales, pero en cuanto a la tutela, sí se los considera. Los cambios que hizo la Cámara Baja nos parece adecuados, por ejemplo el hecho que en el caso de despido, los trabajadores puedan decidir si volver a su labor o recibir la indeminización corrspondiente”.

A su turno, el senador Alejandro Guillier sostuvo: “Apoyo este cambio legal. Muchos funcionarios veían fallos de distintas cortes de justicia, en cuanto a la tutela laboral. Eso generó una confusión. El TC dijo lo contrario, pero finalmente se aclaró el principio básico de la declaración de derechos humanos”.

Senador Álvaro Elizalde, en tanto, manifestó: «Esta iniciativa contribuye a resolver por vía legislativa algo que ya estaba claro desde el punto de vista judicial, conforme a los sucesivos fallos de la Corte Suprema, pero que había sido puesto en entredicho por las resoluciones y sentencias del TC».