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Politica

Una discriminación insoportable

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Por Pedro Vera Castillo

Delegado Junta Nacional PDC

Recientemente, se ha conocido y aprobado el reajuste de las remuneraciones del sector público que establece un 4.3% de incremento y que se espera compense el aumento del costo de la vida reflejado en el IPC anual. Este es el resultado de un proceso de negociación realizado con el gobierno por las organizaciones más representativas de los trabajadores del sector público, entre las cuales: ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM y Colegio de Profesores, todas coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Paralelamente, se conoce la decisión de la Comisión Especial, conformada de acuerdo al Art. 38 bis de la Constitución, y que está encargada de fijar, cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un periodo presidencial: “Las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado que señalan los números 7° y 10° del artículo 32 y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas”.

Pues bien, dicha Comisión establece un reajuste de 4.8%, para las remuneraciones más altas del sector público fundada en que ese valor representa la variación porcentual del IPC de diciembre 2022 a noviembre 2023.

Dicha Comisión está integrada por: Un ex Ministro de Hacienda; un ex Consejero del Banco Central; un ex Contralor o Subcontralor de la Contraloría General de la República; un ex Presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional; y un ex Director Nacional del Servicio Civil. Todos ellos son nombrados a propuesta del Presidente de la República con el apoyo de los 2/3 de los senadores en ejercicio.

Si bien puede argumentarse la independencia de esta Comisión respecto del gobierno, es a éste que le corresponde tomar iniciativa para que esta discriminación insoportable y éticamente impresentable, aparentemente inédita, en favor de los sueldos más altos de la administración del Estado y en perjuicio de los miles de trabajadores del sector público que reciben remuneraciones mucho más bajas, sea corregida de inmediato.

Como humanistas cristianos somos partidarios de apoyar decididamente las grandes reformas sociales pendientes, y que este gobierno se ha comprometido a llevar a cabo, y somos también partidario de suscribir los acuerdos electorales y programáticos – con las fuerzas oficialistas – que sean necesarios para asegurar la derrota de una derecha cada vez más sediciosa y posibilitar el avanzar hacia un Chile más justo pero no somos vagón de cola de “un tren de las torpezas” ni estamos disponibles para callar cuando se cometan este tipo de discriminaciones insoportables que sólo aumentan las inequidades al interior de los funcionarios del Estado y deterioran aún más la imagen de la política. //ELF

Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) y reajuste para el sector público: «No a la discriminación entre funcionarios del Estado”

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En La Fontana publicamos declaración pública del El Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) respecto de lo ocurrido con el reajuste para el sector público. A lo que señalan:

«1. La Mesa del Sector Público, que reúne a las organizaciones más representativas de los trabajadores estatales, como ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM, COLEGIO DE Profesores, entre otras, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), negoció con el Gobierno el reajuste de sus remuneraciones y el monto de distintos bonos, aguinaldos y asignaciones, que son parte de las condiciones laborales de este importante sector de trabajadores chilenos.

2. Que concluido este proceso y aprobada la ley respectiva, se otorgó un reajuste de 4.3%, porcentaje que se espera compense, a lo menos, el aumento del costo de la vida, derivado de las alzas de precios y reflejada en el IPC anual.

3. Que, por otra parte, pero casi al mismo tiempo, se publicó la resolución de una Comisión conformada según el Art. 38.bis de la Constitución, que reajusta los sueldos de las altas autoridades, senadores y diputados, en un 4.8% y fundando esta medida, en que ello corresponde a la variación porcentual del IPC de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.

4. Lo anterior constituye una grave e inaceptable discriminación en contra de la mayoría de los funcionarios públicos, a quienes, además el aumento del IPC, especialmente en productos de primera necesidad, los afecta de mayor manera, que quienes tienen altos sueldos en el Gobierno y en el Congreso.

5. No tiene justificación que el Presidente de la República, sus Ministros y todas y todos los parlamentarios, vean reajustadas sus altas rentas, en un porcentaje mayor al que recibirán las y los funcionarios de más bajos ingresos.

6. Ello representa una decisión de aumentar la inequidad entre los que ganan más y los que ganan menos, incluso con aquellos que sus rentas los acercan a la línea de la pobreza. Ojalá esto se modifique, eliminando esta “comisión especial”, que solo los favorece y aplicando al reajuste de las rentas de todos los y las trabajadoras del sector público las mismas normas, discutidas anualmente en el Congreso.

7. Más allá de los distintos niveles de sueldo en relación a las funciones desarrolladas, aplicar un porcentaje mayor de reajuste a los sueldos mas altos, constituye una arbitrariedad sinp recedentes, que debe ser reparada a brevedad por el Gobierno.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Gobierno para que conjuntamente con la Mesad el Sector Público, se tomen a la brevedad, distintas medidas administrativas y legales, que solucionene sta injusta situación».

Corporación de Ñuñoa justificó despido de profesores por recorte de presupuesto

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La Corporación Municipal de Ñuñoa justificó los más de 200 despidos de profesores de sus establecimientos educacionales, debido a que “se produjo una baja importante” de los recursos que recibe desde el nivel central.

En un comunicado, la Corporación indicó que cada año “existe la posibilidad de la no renovación de los funcionarios que son a plazo fijo” y que las desvinculaciones se realizan luego de una evaluación del trabajo desempeñado en el período.

“El objetivo es generar ajuste en las dotaciones internas y dar una mejor respuesta a las necesidades pedagógicas de cada establecimiento”, añadieron.

La Corporación también argumentó que “este 2023 se produjo una baja importante de los recursos que recibimos desde el nivel central, debido a que volvió a regir el criterio de la asistencia para la entrega de subvenciones”.

Además, puntualizó que debe revisar “minuciosamente” la planta de personal, de cara al traspaso al Servicio de Educación Pública (SLEP) en 2025.

Entre los establecimientos afectados por los despidos es el Liceo Augusto D’Halmar, el cual durante la última década, ha superado por amplio margen al resto los establecimientos públicos del país en las pruebas de acceso a la enseñanza superior, incluso situándose en el “top ten”.

El liceo sufrió el despido de más de 20 docentes, lo que se sumó a las desvinculaciones en el Colegio República de Siria (30 casos), el Liceo José Toribio Medina (28) y el Liceo Carmela Silva Donoso (79).

Por este motivo ayer hubo una convocatoria en todos los recintos de la comuna, que congregó a profesores y apoderados, a marchar desde sus establecimientos hasta el frontis del municipio. Cientos de personas llegaron hasta la Corporación de Educación y Salud, ubicada en la Plaza Ñuñoa, con lienzos, pancartas y megáfonos.

El presidente electo del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que la gestión municipal ha sido “deplorable”, “inhumana, insensible y una vergüenza”, e hizo un llamado a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) para que revierta la situación.

A juicio de Aguilar, “la única explicación que tiene una medida tan brutal es que esto no sea más que una represalia política, porque los profesores de Ñuñoa han denunciado cuando hay autoridades indolentes que no hacen su trabajo”, acusó.

Renuncia a la DC Paz Anastasiadis la abogada y Comisionada experta en el Consejo Constitucional

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La exmiembro de la Comisión de Expertos de la Democracia Cristiana (DC), Paz Anastasiadis, renunció al partido luego de más de 10 años de militancia.

“Ha sido un largo andar el que he recorrido desde mi época universitaria, período en el que inicié un proceso de formación en genuinos ideales, que fortalecieron esa esperanza de alcanzar una mayor justicia social, sustentada en la dignidad humana y profundas convicciones democráticas. Valores que, desde muy temprano, me fueron inculcados en el seno de una familia cuyos abuelos formaron parte de los orígenes del partido Demócrata Cristiano”, inicia en su texto de renuncia.

La excomisionada y abogada Anastasiadis tanto fue asesora legislativa durante últimos seis años al interior de la bancada de Diputados y Diputadas de la DC, como también integrante de la Comisión de Expertos durante el proceso constitucional.

En ese sentido, señaló que “ambos desafíos que requerían de muchísimo esfuerzo y entrega, en los cuales conté con el importante apoyo y colaboración de camaradas que abogaron y abogan desinteresadamente por un mejor futuro para nuestro país”.

Junto a ella, Alejandra Krauss, fue la otra integrante que era de la DC dentro de la Comisión de Expertos.

Sin embargo, sostuvo que “este recorrido -que conjuga buenas e importantes etapas- también comprende dificultades e instancias que, desde la perspectiva de la libertad de expresión y conciencia, me han obligado a cuestionarme mi permanencia al interior del partido”.

“Así, en este año que culmina y luego de una profunda y continua reflexión, he decidido renunciar a la Democracia Cristiana”, agregó la abogada.

En su carta, Anastasiadis explicó que su decisión “se acrecentó” cuando la DC decidió estar por la opción por el Apruebo en el proceso de la Convención Constitucional en el 2022: “Impidió darnos el espacio a quienes estábamos con firmeza por su rechazo; imponiéndose una lógica sectorial que más buscó callar a sus miembros que representar a la sociedad chilena”.

Además, agregó que “este hecho, evidenció una profunda crisis de identidad partidaria a los que algunos han buscado destinarnos, realzando nuestras diferencias por sobre los espacios de encuentro, dificultando nuestro clima de convivencia humana”.

“Lo anterior, abandonando la fraternidad y el espíritu propio de la DC, el mismo que lo llevó a ser el mayor partido de Chile”, continuó.

Por otra parte, tras finalizarse los procesos constituyentes manifestó que hoy en día, “urge ofrecerle al país una nueva visión de la forma de entender la política y de expresarse en ella, condición que reconozco en quienes, sin ningún complejo y mancomunadamente, buscan ser el centro, promoviendo los espacios de diálogo que nuestra democracia necesita, para colocar a la persona y la sociedad en el norte de nuestras decisiones”.

Tras tiroteo en PAC: Alcalde Astudillo pide decretar estado de excepción para la Región Metropolitana

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Este sábado, autoridades se reunieron en Pedro Aguirre Cerda en un encuentro encabezado por el alcalde de dicha comuna, Luis Astudillo. Esto, luego de un tiroteo que se produjo el viernes, que dejó a tres personas fallecidas, entre ellas a una adolescente de 13 años.

Tras la instancia, el jefe comunal dijo que acordaron “combatir de manera enérgica al crimen organizado”.

Asimismo, señaló que si bien valora los esfuerzos del Gobierno y legislativo para combatir la delincuencia, “todavía estamos al debe”.

“Estas medidas no van a tener un efecto a corto plazo, sino que vamos a ver los resultados a mediano o a largo plazo. Por eso solicitamos medidas enérgicas para poder enfrentar esta situación”.

“Por eso es que yo lo he planteado, estamos analizando el tema del estado de excepción para poder tener un marco legal que nos permita como Estado robustecer las policías, el trabajo que se hace en las fronteras”.

Astudillo insistió en que se necesita “robustecer las instituciones. Sabemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno y para eso vamos a seguir apoyando, para que podamos tener más fuerza de trabajo donde se requiere”.

“No podemos bajar los brazos frente a delincuencia, y no podemos permitir más que se nos arrebate nuestra democracia, que es lo que ha ocurrido contra nuestra voluntad”, cerró.

Reforma de pensiones: Diputado Santana llama a la oposición a “ceder” sobre el 6% adicional

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El diputado por la Región de Atacama y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Juan Santana (PS), abordó el escenario política que enfrenta la reforma de pensiones del Gobierno.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario señaló que “en la Cámara de Diputados la idea de legislar sí cuenta con los votos necesarios para poder sacar adelante la reforma, seguramente vamos a tener más de una diferencia en las normas que contiene”.

Para Santana es indispensable agilizar este trámite y focalizar los esfuerzos en el Senado donde espera “materializar un acuerdo entre los partidos de oposición con los de gobierno, asumiendo un principio fundamental para este debate que es que ninguna posición inicial de ningún partido político se puede imponer íntegramente sobre la del otro”.

“Hay una posición que ha cedido, que es la del Gobierno. Por eso ha habido una modificación en la distribución de la cotización adicional del 6 por ciento, pero ha habido un sector que no ha cedido ni un centímetro, que es la oposición que sostiene permanentemente que debe ir íntegramente a las cuentas de capitalización individual y de esa posición no se ha modificado en ningún aspecto. Por lo tanto, yo espero que ellos tengan la capacidad de ceder”, declaró.

Abordando los plazos para aprobar la reforma de pensiones, el diputado recordó que reformas emblemáticas del Gobierno, que tenían pocas probabilidades de ser discutidas como la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo, fueron aprobadas gracias al diálogo.

“En este debate de la discusión de la reforma previsional que es el tercer intento en un tercer gobierno, no solamente está en juego el aumento de las pensiones, también está en juego la legitimidad del sistema político“, añadió.

En ese sentido, Santana señaló que “la forma de obligar a la oposición a llegar a un acuerdo es justamente sometiendo este proyecto a votación porque obliga a que los partidos políticos voten, que tomen una posición”.

“Y a diferencia de la reforma tributaria a mi me da la impresión de que oponerse a la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones tiene un costo social muy grande», advirtió.

En relación a la reticencia de la oposición para destinar un porcentaje a un seguro social, apelando a sondeos que asegurarían que la población quiere la propiedad de sus ahorros, el diputado respondió que “uno podría decir que tal vez la población está a favor de las cuentas de capitalización individual, pero cómo se sostiene eso con que la población esté en contra también de que sean las AFP quienes están a cargo de administrar e invertir los fondos de ahorro previsional de cada trabajador y trabajadora”.

“En general, yo tampoco soy de quienes cree que haya que legislar, sobre todo a propósito del debate de legitimidad del Congreso Nacional, a partir solamente de la opinión de la población que aparece en las encuestas. La semana antepasada se rechazó un texto constitucional donde, entre otras, se intentaba garantizar la permanencia casi con candado de las AFP instalándola como norma constitucional, y ese texto también fue rechazado“, zanjó.