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Educación

Corporación de Ñuñoa justificó despido de profesores por recorte de presupuesto

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La Corporación Municipal de Ñuñoa justificó los más de 200 despidos de profesores de sus establecimientos educacionales, debido a que “se produjo una baja importante” de los recursos que recibe desde el nivel central.

En un comunicado, la Corporación indicó que cada año “existe la posibilidad de la no renovación de los funcionarios que son a plazo fijo” y que las desvinculaciones se realizan luego de una evaluación del trabajo desempeñado en el período.

“El objetivo es generar ajuste en las dotaciones internas y dar una mejor respuesta a las necesidades pedagógicas de cada establecimiento”, añadieron.

La Corporación también argumentó que “este 2023 se produjo una baja importante de los recursos que recibimos desde el nivel central, debido a que volvió a regir el criterio de la asistencia para la entrega de subvenciones”.

Además, puntualizó que debe revisar “minuciosamente” la planta de personal, de cara al traspaso al Servicio de Educación Pública (SLEP) en 2025.

Entre los establecimientos afectados por los despidos es el Liceo Augusto D’Halmar, el cual durante la última década, ha superado por amplio margen al resto los establecimientos públicos del país en las pruebas de acceso a la enseñanza superior, incluso situándose en el “top ten”.

El liceo sufrió el despido de más de 20 docentes, lo que se sumó a las desvinculaciones en el Colegio República de Siria (30 casos), el Liceo José Toribio Medina (28) y el Liceo Carmela Silva Donoso (79).

Por este motivo ayer hubo una convocatoria en todos los recintos de la comuna, que congregó a profesores y apoderados, a marchar desde sus establecimientos hasta el frontis del municipio. Cientos de personas llegaron hasta la Corporación de Educación y Salud, ubicada en la Plaza Ñuñoa, con lienzos, pancartas y megáfonos.

El presidente electo del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que la gestión municipal ha sido “deplorable”, “inhumana, insensible y una vergüenza”, e hizo un llamado a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) para que revierta la situación.

A juicio de Aguilar, “la única explicación que tiene una medida tan brutal es que esto no sea más que una represalia política, porque los profesores de Ñuñoa han denunciado cuando hay autoridades indolentes que no hacen su trabajo”, acusó.

Atacama: mineduc y representantes de comunidades educativas firman propuesta de acuerdo para retornar a clases

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El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y equipos técnicos de la Dirección de Educación Pública (DEP), se reunieron este miércoles con dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de la Región de Atacama, representantes de los asistentes de la educación y apoderados de los establecimientos del Servicio Local de Educación del territorio.

Cataldo sostuvo que “hemos logrado tener una reunión con un muy buen tono, que ha puesto en el centro el derecho a la educación de las y los estudiantes y que ha puesto en el centro el bienestar de la comunidad educativa. Quiero agradecer la disposición al diálogo que se ha manifestado el día de hoy en esta extensa reunión de trabajo”.

Tras más de ocho horas de reunión, las partes firmaron una propuesta de acuerdo, que establece lo siguiente:

Coordinar un monitoreo conjunto de las condiciones habilitantes para lograr un mejoramiento de los establecimientos educacionales del territorio.
Agilizar la asignación de recursos complementarios por parte del Ministerio de Educación para enfrentar los desafíos en materia de inversión e infraestructura.

Avanzar en el mediano y largo plazo en trabajos con miras al año 2024, dado que “tenemos un desafío que es mucho más robusto, desde el punto de vista, sobre todo, de infraestructura”, sostuvo el ministro Cataldo.

En el protocolo también se mencionó la visita del ministro Cataldo a la región, quien visitará las provincias de Copiapó y Chañaral para ir constatando en terreno de qué manera se va avanzando en el cumplimiento de cada uno de estos compromisos.

Respecto al retorno a clases, el ministro explicó que “hemos dado cuenta de un plan de retorno, un plan pedagógico, cuyos detalles van a ser conocido una vez que la propuesta sea validada por las bases de los representantes de la comunidad educativa”.

“Nuestro objetivo como Ministerio de Educación es cumplir con los compromisos que se han asumido y seguir avanzando en los compromisos de obras que están ya en ejecución, identificar brechas, cerrarlas precisamente para que cuanto antes podamos contar con la normalización del servicio educativo en el territorio”, afirmó.

“No hay otra salida”: Docentes de Atacama solicitaron al Gobierno declarar “emergencia educativa” en la región

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En medio de la crisis educacional que supera los dos meses en Atacama y que mantiene a más de 30 mil estudiantes sin clases, hoy una comitiva de profesores de la región llegó a manifestarse hasta el Palacio de La Moneda para solicitarle al Presidente Gabriel Boric que declare la zona como de “emergencia educativa”.

Recordemos que el paro docente apunta a las malas condiciones en la que se encuentran los establecimientos educacionales en las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, producto de la gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que impide la correcta realización de las clases.

En un punto de prensa, el representante del Colegio de Profesores en la Región de Atacama, Carlos Rodríguez, señaló el Presidente Boric “tiene que saber los problemas de infraestructura, de funcionamiento en lo administrativo, financiero; hay auditorías, la Contraloría se ha pronunciado. Por lo tanto, requerimos de su atención ahora”.

“Si no atiende la educación pública de Atacama, mata a la educación pública en el país. Es esa la responsabilidad que está en el Presidente de la República, que está en el ministro de Educación, en el señor director nacional de Educación Pública y las autoridades de educación pública locales de Atacama”, enfatizó el dirigente del magisterio.

Rodríguez desestimó también los dichos del ministro Nicolás Cataldo en la comisión de Educación en la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre los trabajos que se están realizando para resolver la crisis en la Región de Atacama. “El ministro está equivocado, no quiere ver algo que es demasiado obvio, que lo ve todo el país y que la práctica y el terreno le demuestra: La Ley 21.040 es una pésima ley, no nos sirve para la educación pública”, mencionó, en referencia a la legislación que crea los SLEP.

“Por eso vinimos a la capital del país, se viene a conversar con la ministra del Interior a establecer un ‘estado de emergencia educacional’ para Atacama. No hay otra salida, porque necesitamos funcionarios, profesionales tanto del ministerio, de la DEP (Dirección de Educación Pública) trabajando en Atacama, no visitándola. El ministro se equivoca, no estamos negociando con él, él tiene que cumplir la obligación de tener adecuadamente las escuelas y liceos para hacer clases dignas a nuestros niños, niñas y jóvenes de Atacama, que son tan iguales como en todas las partes del país”, remarcó.

Mientras en el Congreso, un grupo de parlamentarios de Evópoli solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre legalidad de la paralización del SLEP en Atacama frente a esta crisis.

El diputado de la colectividad, Francisco Undurraga, acusó al ministro Cataldo de “traicionar” la promesa de campaña levantada por el Gobierno y el movimiento estudiantil liderado por dirigentes del Frente Amplio sobre avanzar a una educación de calidad.

“¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están las revoluciones educacionales que durante tanto tiempo se hicieron presentes en este país para cambiar la educación, para que fuera accesible, para que fuera gratuita? Resulta que hoy no tenemos la voz efectiva y eficiente del Ministerio de Educación, del ministro de Educación, tampoco del Colegio de Profesores, que está complaciente ante sus asociados”, cuestionó el legislador de oposición.

Undurraga reforzó que es frente a esta problemática que su partido presentó el recurso ante la Contraloría. “Hacemos un llamado al Ejecutivo, al Presidente de la República a que no solamente aumentemos el presupuesto en educación en el próximo presupuesto, sino que le demos educación a todos los niños y niñas de este país, situación que no está sucediendo”.

En tanto, a través de una declaración pública, senadores de la comisión de Educación -integrado por José García (RN), Gustavo Sanhueza (UDI), Fidel Espinoza (PS), Carmen Gloria Aravena (Republicano) y Yasna Provoste (DC)- reiteraron su solicitud al Ejecutivo para pausar los procesos de traspaso de escuelas a los Servicios Locales de Educación Pública.

Esto, con el objeto de “evaluar, corregir, reformar y orientar las acciones de corto y mediano plazo para que vayan correctamente direccionadas a superar el actual estado de crisis y mejorar la educación pública desde la educación inicial a la educación media, incluyendo a la técnico profesional y la educación de adultos”, según dice el documento.

«La alternativa no es volver atrás»: ministro Cataldo descartó retroceder en desmunicipalización

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Hoy, en la comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas para abordar la crisis en educación que afecta a la región de Atacama, el titular de la cartera, Nicolás Cataldo, descartó retroceder en la desmunicipalización, argumentando que no existe un sistema robusto como alternativa al proceso.

Cabe señalar que los colegios y liceos públicos en Atacama ya cumplieron más de dos meses sin clases, como resultado de un paro de los profesores, en protesta por la ineficiencia de los Servicios Locales de Educación Pública, en la administración de los establecimientos.

En este contexto, parlamentarios de oposición pidieron revaluar la implementación del Nuevo Sistema de Educación Pública, que fue aprobado por el Congreso Nacional el 2017, que estableció la desmunicipalización.

En ese sentido, Cataldo señaló «no tengo dudas, considerando que cada semana me llama un alcalde distinto diciéndome que no pueden pagar remuneraciones, es que este proceso debe continuar, discutiendo que todo que haya que discutir, pero la alternativa no es volver atrás», añadiendo que, no ve «un sistema robusto como alternativa a este proceso».

«Lo digo porque hoy día podemos decir que en ningún servicio local no se están pagando las remuneraciones completas, podemos decir que con todas las dificultes que ha tenido – que solo llevan cinco años de implementación – hay foco en el acompañamiento y formación de capacidades, trabajo en red, colaboración entre los actores del sistema», complementó el ministro.

Finalmente, anunció una serie de medidas legislativas para enfrentar la crisis educacional, como por ejemplo un proyecto de ley para enfrentar la crisis municipal en materia financiera, ya que «si no atajamos la crisis financiera va a ser muy difícil que los SLEP se implemente con éxito porque que van a arrastras la crisis», explicó el ministro. Además de correcciones a la ley de la Nueva Educación Pública.

Mineduc entrega plan de retorno a clases en Atacama

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Se trata del Plan Atacama por Mejor Educación Pública, donde desde el ministerio proponen dar solución al paro de profesores en los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, retomando las clases presenciales desde el jueves 2 de noviembre, de manera de cerrar el año escolar el 12 de enero de 2024.

Esta propuesta, presentada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama, fue puesta a disposición del SLEP y las comunidades educativas, donde el servicio local como sostenedor, será el responsable de poner en práctica estas orientaciones a través de planes pedagógicos para los distintos establecimientos, de acuerdo con sus distintas realidades y desafíos.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez, planteó que los lineamientos propuestos “responden a lo comprometido en el Plan Atacama, que anunciamos el pasado 20 de octubre. Tenemos la convicción profunda de que es necesario aunar todos los esfuerzos, de parte de las y los distintos actores involucrados, para resguardar y dar continuidad al proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes, que se ha visto interrumpido por tantos días, por lo que volver a clases es una prioridad y una urgencia”.

Recordemos que a la fecha 46 establecimientos del SLEP Atacama se encuentran en paro, mientras que 14 centros educativos están realizando clases. Por su parte, los 18 jardines infantiles dependientes del servicio se encuentran en funcionamiento, luego de la realización de todas las mantenciones de infraestructura comprometidas.

La subsecretaria Arratia añadió que “hemos ido cumpliendo con los compromisos asumidos. Parte importante de estos tienen relación con el mejoramiento de infraestructura y los trabajos se han comenzado a ejecutar. Por lo tanto, creemos que no se pueden mantener las clases suspendidas. Por esto, el llamado es a trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la educación pública y la vuelta a clases a partir del jueves 2 de noviembre”.

Otra de las medidas propuestas por el Ministerio de Educación es que los equipos directivos, con apoyo del Servicio Local, preparen un espacio de reencuentro con los profesionales de la comunidad educativa, para acoger sus inquietudes y necesidades, y se identifique el desafío del reencuentro con los y las estudiantes y sus familias y se identifiquen las acciones educativas más relevantes a desarrollar en el periodo del año escolar restante.

Tras el retorno a las clases, además recomiendan iniciar el trabajo educativo con flexibilidad los primeros días, para resguardar los espacios y tiempos para recibir a estudiantes con actividades de revinculación emocional y bienestar. Esto, con el fin de retomar el vínculo entre estudiantes, así como también organizarse a nivel interno, concordando cómo se abordarán los procesos administrativos y pedagógicos necesarios para que se desarrolle un adecuado cierre del año escolar, siguiendo estas orientaciones.

Se sugiere también que cada Unidad Técnica Pedagógica genere un reporte que permita identificar lo que cada nivel ha trabajado respecto del currículum vigente (priorización curricular) y establezca, en función de ello y del tiempo de horas lectivas con las que aún se cuenta, las metas de aprendizaje a alcanzar en cada nivel. Esto implica identificar claramente los Objetivos de Aprendizaje (OA) que deberán ser considerados en la planificación 2024, a fin de que los y las estudiantes cuenten con oportunidades de desarrollar los aprendizajes que no podrán ser abordados este 2023.

Sobre el texto propuesto en materia de educación: Respuesta a la columna de Daniel Rodríguez

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Por Andrés Palma

Economista. Miembro del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, discute mis apreciaciones sobre lo que, en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza, está proponiendo el Consejo Constitucional.

Ante mi argumento de que la inclusión de la oración “debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante” fija como norma constitucional una forma de financiamiento, lo discute, señalando que “el Estado no puede eludir el deber de financiar la educación considerando a los estudiantes como variable, pero ello es distinto a fijar un solo sistema”.

Obviamente, el Estado debe considerar el número de estudiantes al fijar la forma de financiamiento, pero si el texto constitucional innova respecto de lo existente al incluir la expresión “garantizar el financiamiento por estudiante”, lo que se propone es una forma específica de asignar los recursos y no se refiere, como señala Rodríguez, al “deber de financiar la educación considerando a los estudiantes como variable”. Si esa fuera la intención del constituyente, no usaría la expresión “financiamiento por estudiante”, que hace alusión a una forma específica que se implementa en la actualidad en la educación escolar.

No puede caber duda de que el constituyente decidió optar por conservar el financiamiento vía demanda, con todo lo que ello significa, a favor y en contra, que no está definido en el actual texto constitucional.

De hecho, la letra e) del numeral 22 del Artículo 16 propuesto por el Consejo, tiene una redacción similar al actual inciso cuarto del numeral 10° del Artículo 19, sobre “El derecho a la Educación”, pero este dice: “La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población”; en tanto el propuesto señala: “La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema por estudiante, con la finalidad de asegurar el acceso a ellas de toda la población, a través de establecimientos estatales y privados”.

Como se puede apreciar, los cambios son relevantes y no tienen otro sentido que dejar establecido un sistema específico en el texto constitucional: el financiamiento por estudiante. De no tener ese objeto, ¿cuál sería la razón de especificarlo en reemplazo, más aún, de la gratuidad?

Y esto lleva a dos observaciones adicionales: ¿Por qué se elimina la obligación del Estado de financiar un sistema gratuito? y ¿por qué se señala expresamente que la enseñanza debe realizarse a través de establecimientos estatales y privados?

La explicación a la última pregunta se encuentra en el temor, sumamente infundado por la práctica –incluida la práctica del SAE que validó el derecho de los padres y madres a elegir el establecimiento al que postulen a sus hijos e hijas–, de que se quiera terminar con la educación subvencionada, pero la eliminación de la obligación del Estado a financiar un sistema gratuito solo tiene sentido si se quiere volver a hacer obligatorios ciertos pagos, lo que finalmente reitera el sentido privatizador y segregador que tiene el actual sistema y que se debiera corregir para mejorar la calidad de la educación.

Es un dato que en las letras f), g), h) y j) del numeral 22 del Artículo 16, ya aprobados por el Consejo, se alude al financiamiento de la educación de diversas formas, pero de todo el texto propuesto, salvo para la educación de párvulos, desaparece la palabra gratuidad.

La revisión del texto que aprueba el Consejo no solo debe hacerse en relación con su redacción, sino en comparación con el texto vigente y con lo que sería deseable para tener determinados resultados, en este caso, mejorar la educación.

Al comparar el texto vigente con la propuesta, se puede reiterar que lo aprobado por el Consejo busca mantener la privatización y mercantilización de la educación, al pretender petrificar en la Constitución un modelo que es ampliamente discutido, no por ideología sino por sus resultados. //ELF