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“No tengo nada que temer”: Habla Catalina Pérez tras detenciones de Andrade y Contreras por Caso Convenios

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Tras las detenciones del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y del ex secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, la diputada Catalina Pérez aseguró que no tiene nada que temer ni ocultar.

Consultada por la investigación que cursa Fiscalía por un eventual traspaso de $15 millones a su cuenta personal desde una de las fundaciones involucradas, la parlamentaria respondió descartándolo tajantemente.

“No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados lo antes posible. No me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente que esos fondos, si existen, sean recibidos por Democracia Viva“, expresó la diputada.

Consultada por la detención de su expareja Daniel Andrade, la parlamentaria señaló que le parece propio de un proceso judicial “que tiene que avanzar”.

“He dicho desde el inicio que estoy abierta a colaborar, a entregar todos los antecedentes y a que revisen mis cuentas bancarias“, agregó.

Por ahora, Pérez descartó haber sido citada a declarar.

José Pérez, presidente de la ANEF En La Fontana y propuesta constitucional: «Este texto no nos representa y es un retroceso en derechos fundamentales»

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Con 55 años José Pérez Debelli fue reelecto presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) este año. Es también dirigente sindical de ANFDGAC y Consejero de la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT).

El dirigente es profesor de educación técnica en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UMCE) y su mandato se inscribe “en el desafío de una ANEF más cercana a las bases y, especialmente, en regiones”, donde señala que “nuestra presencia y apoyo deben ser permanentes».

Conversamos En La Fontana con él para conocer la importancia de la función pública de miles de trabajadores del Estado, el reajuste salarial del sector y de qué opina sobre la propuesta de nueva Constitución, que se vota el próximo domingo 17 de diciembre.

Ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputad@s aprobó en general y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público, que establece un incremento salarial de 4,3%, acordado con las 15 organizaciones que componen la mesa de negociación.

El proyecto de ley contempla los lineamientos del acuerdo logrado con las asociaciones gremiales en cuanto a los beneficios económicos, estableciendo que las remuneraciones tendrán un reajuste de 4,3%, mientras que los bonos, aguinaldos y el reajuste de remuneraciones mínimas será de 4,8%. Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024.

«Estamos por poder recuperar el poder adquisitivo de las y los funcionarios del sector público», parte diciendo.

«Por eso, en esta relación de contraparte con el Gobierno sinceramos las posturas. El Ejecutivo partió ofreciendo un 3,5%. La segunda oferta un 4,3%, y es lo que se acordó y aprobó. No podemos estar por debajo del IPC acumulado de noviembre del 2022 a noviembre de este años. Ese es nuestro piso referencial», añade.

Por otro lado, en la Mesa del Sector Público (MSP) «quedamos en que nadie en el Estado puede ganar menos de $500 mil», dice.

Incentivo permanente 

«No dejamos de lado, la posibilidad de una Ley de incentivo permanente al retiro. Es decir, esto llegó para quedarse. Y entendemos en este ejercicio presupuestario 2023 el Ejecutivo he demostrado sensibilidad de abordar esta normativa permanente para el sector público (…) Lo que tenemos que concordar, a partir de enero de 2024», precisa.

Texto constitucional 

Acerca de la propuesta de nueva Constitución, Pérez fue enfático en declarse a su gremio partidario del En Contra.

«Hicimos un debate en nuestras estructuras sindicales, con las bases afiliadas a nuestra Confederación, con los consejeros regionales. Y lo que hemos señalado es que, efectivamente, tenemos una obligación desde el sindicalismo sociopolítico de entregar una orientación que permita entregar las herramientas para una decisión informada», comenta en nuestro medio digital.

Al respecto complementa: «Sin embargo, tras haber leído la propuesta constitucional, consideramos que aprobar el texto sería un retroceso, dado que condena y restringe los derechos fundamentales, los derechos colectivos y no incorpora ni pone rango constitucional algo que a nosotros no nos hace mucho sentido, en el mundo sindical, que es la ratificación de los derechos internacionales, como el Convenio 87, 98 y 151 que se hacen cargo de las relaciones labores entre los trabajadores del Estado y los gobiernos de turno».

«Entonces, no hay nada de aquello. Ni hablar también del artículo 16, que señala que se prohíbe el derecho a la huelga por parte de funcionarios públicos, incluyendo a los de municipios. Hoy, ya tenemos aquello en la actual constitución de la dictadura. Estamos proscritos a que nos llamemos sindicatos. Somos Asociación de Funcionarios. No tenemos derecho a negociación colectiva ni a huelga, lo hacemos de hecho. Son conquistas sindicales. Entonces, nos deja al margen. Y con la propuesta que se vota el domingo nos terminan poniendo una lápida. Por tanto, no nos interesa este texto y es un retroceso», agrega.

«Si bien mantenemos nuestra autonomía como derecho sindical (…) este texto constitucional no nos representa y es un retroceso en derechos fundamentales. Además, no hay derechos fundamentales reconocidos en este documento, como la salud, la vivienda y la educación, y no se recupera la seguridad social», prosigue.

«Además, mantiene el negocio de las AFP, que nos condena a pensiones miserables y que, en el caso del sector público, entrega 1/3 de la renta de actividad y si eres mujer, la mitad de eso. Entonces, nos parece vergonzoso desde ese punto de vista», sentencia.

Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general el proyecto de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público

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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público, que establece un incremento salarial de 4,3%, acordado con las 15 organizaciones que componen la mesa de negociación.

En la sesión participaron los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; de Salud, Ximena Aguilera; y la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña. Mañana la Comisión seguirá sesionando para discutir y votar en particular el articulado.

El proyecto de ley contempla los lineamientos del acuerdo logrado con las asociaciones gremiales en cuanto a los beneficios económicos, estableciendo que las remuneraciones tendrán un reajuste de 4,3%, mientras que los bonos, aguinaldos y el reajuste de remuneraciones mínimas será de 4,8%. Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la aprobación unánime: “esta votación refleja la valoración del diálogo, ya que el reajuste viene precedido de un acuerdo amplio con las organizaciones de trabajadores del sector público más amplio que el que tuvimos el año pasado. En 2022 tuvimos dos o tres organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público que finalmente no firmaron, en este caso fueron todas las organizaciones representadas ahí”. Asimismo, respecto de la evolución de la inflación, el ministro recordó que “el año pasado, a estas alturas llevábamos un par de meses con la inflación a la baja, pero estábamos en dos dígitos. A esta altura del año pasado estábamos en 12% de inflación, mientras que ahora estamos en 4,8%. Es decir, estamos prácticamente en algo así como un tercio de la inflación que teníamos el año pasado. Este escenario facilitó el que hubiera un ajuste que fuera parejo y que tuviéramos este acuerdo amplio con el que hemos llegado”.

En tanto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró que el proyecto de ley se aprobara en general en la comisión de Hacienda de la Cámara y señaló que “hubo mucha voluntad de los dirigentes de la Mesa del Sector Público para alcanzar un buen acuerdo, que lograra proteger el poder adquisitivo de los funcionarios, resguardando los recursos fiscales y con el objetivo siempre de entregar el mejor servicio a la ciudadanía. Esperemos que esta voluntad de lograr acuerdos importantes sirva de ejemplo para otras áreas en las que también necesitamos estar unidos como país”.

Por otro lado, destacó que, además de las normas del reajuste, “existe una agenda acordada con la Mesa del Sector Público que también establece compromisos de orden laboral, como, por ejemplo, que ningún servidor público tendrá un salario que sea menor a $500.000 desde el próximo año. Todo, con el horizonte de otorgar el mejor servicio público a la ciudadanía”.

En tanto, para la Agenda de Trabajo 2023-2024, el acuerdo considera trabajar en materias como incentivo al retiro, 40 horas en el Estatuto del Empleo Público, trabajo decente, teletrabajo, equidad de género, seguridad funcionaria, salud mental, cuidado infantil, contratas, mesas sectoriales de salud, modificaciones al calendario de traspaso de los SLEP y regularización de honorarios en universidades estatales.

Otros contenidos del proyecto👇🏻

➡️Además de los reajustes de remuneraciones, el proyecto considera también otros puntos, algunos de los cuales se detallan a continuación:

➡️Extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 de las leyes de incentivo al retiro para la Administración Central del Estado, Junji, Atención Primaria de Salud, Servicios de Salud y Otros, Docentes, No Académicos de Universidades Estatales, Académicos de Universidades Estatales, Poder Judicial, Congreso Nacional y Médicos y Profesionales de la

➡️Faculta a los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios dependientes de los ministerios o que se relacionen a través de ellos, a los rectores y rectoras de las Universidades del Estado y de los Centros de Formación Técnica del Estado, al Contralor General de la República y a los Gobernadores Regionales, para establecer trabajo remoto en sus servicios respectivos, por los períodos que se

➡️Se extiende hasta 2025 el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de

➡️En Gendarmería de Chile se redistribuyen cargos en las plantas I, de oficiales penitenciarios, y en la planta II, de suboficiales y

➡️Se modifica, excepcionalmente para el año 2024, el procedimiento para la fijación del Índice de Costos de Salud (ICSA). Primero, no se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud.

➡️Segundo, se adelanta la dictación de la resolución al 20 de febrero, se reduce el plazo de respuesta de las compañías a cinco días y se contempla reajuste de precios en abril. Finalmente, la Superintendencia de Salud determinará el valor en UF que podrá incorporarse a los planes para financiar la cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de dos años de afiliación.

Metro y EFE gratis: Gobierno anunció plan de transporte para el plebiscito

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El Gobierno anunció como medida en materia de transporte para el plebiscito del domingo 17 de diciembre, que se aplicará la gratuidad en el Metro de Santiago y EFE. Los servicios comenzarán a funcionar desde las 7:00 horas.

El anuncio fue realizado por el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza, junto a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quienes además anunciaron que más 2 mil 642 servicios en regiones también serán gratuitos. De ellos, mil 641 serán especiales para zonas aisladas y rurales en sus distintos modos, ya sean terrestres, aéreos, marítimos, fluviales y lacustres.

“Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llevamos meses, específicamente desde agosto, planificando el desarrollo de esta jornada tan relevante para el país, para facilitar el acceso a los locales de votación de las y los chilenos. Por lo mismo, hemos establecido la gratuidad en Metro de Santiago, EFE Central, EFE Valparaíso y EFE Sur, así como en 2 mil 642 servicios en regiones”, afirmó Daza.

“Durante estos meses encabezamos una coordinación con todas nuestras divisiones para que este domingo el transporte público sea una alternativa segura, confiable y cómoda para ir a votar, para que todas y todos puedan hacer uso de él”, agregó.

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “como Gobierno junto al Servel, junto a las Fuerzas Armadas y junto a las policías, estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias para que este 17 diciembre la jornada sea tranquila, sin ningún inconveniente y para que las personas puedan trasladarse a los recintos de votación sin ningún impedimento”.

“Por eso, destacamos el anuncio en torno al transporte gratuito y aquellos buses de acercamiento, que van a zonas donde el transporte es más complejo o no está regulado”, agregando que “este despliegue que está realizando el Ministerio de Transportes es el mismo que se efectuó en el plebiscito anterior”.

Además, Vallejo sostuvo que el Gobierno esta “poniendo todos los esfuerzos y todas las coordinaciones necesarias para contar con una jornada, al igual que la vez pasada, altamente participativa, donde las personas no tengan mayores inconvenientes para ejercer su derecho y su obligación de sufragar”.

A nivel operacional, el MTT ha dispuesto para la Región Metropolitana, junto a los operadores de Red, cerca de 5 mil buses desde las 6:00 de la mañana, el doble que un domingo habitual. Para conocer los recorridos alrededor de los locales de votación, se habilitó el sitio web red.cl/plebiscito.

Mesa del sector público CUT-Chile inicia la tramitación del proyecto de Ley de reajuste

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Con el ingreso del Proyecto de Ley de Reajuste a la Cámara de Diputados/as, este martes 12 de diciembre, inicia su tramitación legislativa. 

Al respecto, las organizaciones de la Mesa del Sector Público y la CUT-Chile han coordinado sus acciones para realizar el seguimiento y revisión del texto legal para proyectar su discusión expedita, resguardando los acuerdos alcanzados.

Tras la suscripción del Protocolo de Acuerdo, la Mesa del Sector Público evaluó negativamente los efectos de la sorpresa de IPC del mes de noviembre, señalando al Gobierno que se trata de un escenario que limita y lesiona los objetivos que permitieron la suscripción.

En este contexto, las organizaciones integrantes de la MSP ratificaron los marcos y contenidos del acuerdo alcanzado, y su responsabilidad con el mismo, requiriendo al Gobierno que, ante el cambio de condiciones, realizara propuestas que permitieran abordar la situación.

En la jornada de hoy, la CUT-Chile y las organizaciones de la Mesa del Sector Público expondrán en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, informando del acuerdo, sus alcances y proyecciones, así como exponiendo las brechas de cumplimiento y diferencias en sus contenidos.

En ese contexto, la MSP y la CUT-Chile han expresado su rechazo a que se legisle en la Ley de Reajuste General, la regulación del ICSA, materia de Ley de Isapres, y han solicitado al Gobierno retire el artículo del proyecto de Ley.

Diputada Claudia Mix En La Fontana y propuesta constitucional: «Si bien consagra el Estado social de derecho, la norma lo define como subsidiario, porque otorga a los privados, responsabilidades que deben ser del Estado»

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En La Fontana conversamos con la diputada Claudia Mix Jiménez, sobre las expectativas -que tiene muy pocas- respecto de la propuesta constitucional que se vota este domingo 17 de diciembre, y que redactaron los consejeros del Consejo Constitucional. 

Mix es egresada de trabajo social, gestora cultural y militante fundadora del Partido Comunes. Actualmente, es legisladora por el 8º Distrito, Región Metropolitana, ya en dos periodos 2018-2022 y 2022-2026. Fue segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, desde el 11 de marzo de 2022 al 7 de noviembre del ño pasado.

La parlamentaria frenteamplista tiene clara su presencia y la manifiesta en la siguiente entrevista.

-Qué opina de la labor que llevó a cabo el Consejo Constitucional en este segundo proceso constitucional?

-Nunca tuve expectativas respecto a su resultado. Siempre supimos que era muy difícil que la extrema derecha quisiera buscar acuerdos. Ellos tenían la mayoría absoluta en el Consejo Constitucional e impusieron sus intereses al los del resto de la ciudadanía. Asimismo, vetaron temas, porque su único interés era imponer sus ideas, que claramente no representan las aspiraciones de la gente. El resultado siempre estuvo definido tanto por la composición del Consejo, como por la falta de voluntad política del mismo. Producto de ello, el texto emanado representa solo a la extrema derecha y presenta, además, una serie de fallas estructurales y trabas para su modificación.

-¿No se respetaron las recomendaciones de los expertos, tampoco los 12 cuerdos y primaron los intereses ideológicos?

-La comisión de expertos emitió más de 600 recomendaciones al Consejo Constitucional, objetando vulneraciones del texto aprobado por el Consejo a los llamados bordes constitucionales, que son los 12 acuerdos que servirían como base al trabajo que se debía realizar; estos constituían los principios básicos sobre los cuales se tenía que redactar la Constitución. De esas 600 recomendaciones, solo un número muy menor, cercano a 100, fueron acogidas y en su mayoría se referían a errores formales. Por eso, ni siquiera la Comisión de Expertos aprueba este texto.

«Este texto constitucional no responde a las necesidades sociales y atenta gravemente contra derechos ciudadanos adquiridos tras años de lucha», dice Mix En La Fontana.

-El artículo 1º establece que “El Estado de Chile es social y democrático de derecho”, ¿Cree Usted que esa frase es más bien declarativa y que, por el contrario, reivindica el Estado Subsidiario?

-Hay que distinguir entre la forma y el contenido del artículo. Sin bien, reconoce la existencia de un Estado social y democrático de derecho, después define un Estado Subsidiario, cuando dice que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”. Si bien consagra el Estado social de derecho, la norma lo define como subsidiario, porque otorga a los privados, responsabilidades que deben ser del Estado. En la práctica, deja las cosas tal y como están.

-¿Existe un retroceso en cuanto los derechos adquiridos de los ciudadanos?, ¿Ve mermados algunos?

-Por supuesto, esta propuesta no solo no responde a las expectativas de la sociedad, sino que atenta contra derechos ya adquiridos por la ciudadanía. Por ejemplo, respecto al derecho a la vida, que puede terminar con el derecho al aborto en tres causales, que tanto tiempo y dolor le tomó conquistar a las mujeres. Los republicanos han anunciado públicamente que, de aprobarse su texto, intentarán terminar con la esta ley (…) La objeción de conciencia que plantea el texto, es el derecho de una persona a incumplir la ley, supone que las empresas tienen conciencia y que, por lo tanto, pueden negarse a realizar un aborto. Lo mismo puede ocurrir con la entrega de la píldora del día después y con los colegios, que podrían discriminar a hijos de padres separados, adolescentes embarazadas o de alguna disidencia. Otros artículos impiden ampliar derechos laborales, como por ejemplo el derecho a huelga, no asegura el agua como un bien público y protegen a las AFP y las Isapres. No asegura la calidad de la educación ni de la salud, debilitando el rol de los ministerios en cuestión (…) La ultraderecha sobrepasó los límites de lo que debía abordar la Constitución, para asegurar políticas públicas afines a sus intereses, dificultando además el debate democrático.

-¿Se inclina Usted por la opción “En Contra”, como lo han señalado algunos partidos oficialistas?

-Sin duda, mi voto es “En Contra”.

-¿Cuál sería su llamado a la ciudadanía, de cara al plebiscito de salida del próximo domingo?

-Mi llamado es a que las personas se informen, que lean la propuesta o, al menos, lo que aparece en la prensa, que conversen, para que voten en conciencia. Este texto constitucional no responde a las necesidades sociales y atenta gravemente contra derechos ciudadanos adquiridos tras años de lucha. Aprobarlo sería retroceder y cerrar la posibilidad de avanzar mediante modificaciones, ya que los quórums serían mucho más difíciles de conseguir. Votar En Contra es más seguro. //ELF