Con 55 años José Pérez Debelli fue reelecto presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) este año. Es también dirigente sindical de ANFDGAC y Consejero de la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT).
El dirigente es profesor de educación técnica en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UMCE) y su mandato se inscribe “en el desafío de una ANEF más cercana a las bases y, especialmente, en regiones”, donde señala que “nuestra presencia y apoyo deben ser permanentes».
Conversamos En La Fontana con él para conocer la importancia de la función pública de miles de trabajadores del Estado, el reajuste salarial del sector y de qué opina sobre la propuesta de nueva Constitución, que se vota el próximo domingo 17 de diciembre.
Ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputad@s aprobó en general y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público, que establece un incremento salarial de 4,3%, acordado con las 15 organizaciones que componen la mesa de negociación.
El proyecto de ley contempla los lineamientos del acuerdo logrado con las asociaciones gremiales en cuanto a los beneficios económicos, estableciendo que las remuneraciones tendrán un reajuste de 4,3%, mientras que los bonos, aguinaldos y el reajuste de remuneraciones mínimas será de 4,8%. Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024.
«Estamos por poder recuperar el poder adquisitivo de las y los funcionarios del sector público», parte diciendo.
«Por eso, en esta relación de contraparte con el Gobierno sinceramos las posturas. El Ejecutivo partió ofreciendo un 3,5%. La segunda oferta un 4,3%, y es lo que se acordó y aprobó. No podemos estar por debajo del IPC acumulado de noviembre del 2022 a noviembre de este años. Ese es nuestro piso referencial», añade.
Por otro lado, en la Mesa del Sector Público (MSP) «quedamos en que nadie en el Estado puede ganar menos de $500 mil», dice.
Incentivo permanente
«No dejamos de lado, la posibilidad de una Ley de incentivo permanente al retiro. Es decir, esto llegó para quedarse. Y entendemos en este ejercicio presupuestario 2023 el Ejecutivo he demostrado sensibilidad de abordar esta normativa permanente para el sector público (…) Lo que tenemos que concordar, a partir de enero de 2024», precisa.
Texto constitucional
Acerca de la propuesta de nueva Constitución, Pérez fue enfático en declarse a su gremio partidario del En Contra.
«Hicimos un debate en nuestras estructuras sindicales, con las bases afiliadas a nuestra Confederación, con los consejeros regionales. Y lo que hemos señalado es que, efectivamente, tenemos una obligación desde el sindicalismo sociopolítico de entregar una orientación que permita entregar las herramientas para una decisión informada», comenta en nuestro medio digital.
Al respecto complementa: «Sin embargo, tras haber leído la propuesta constitucional, consideramos que aprobar el texto sería un retroceso, dado que condena y restringe los derechos fundamentales, los derechos colectivos y no incorpora ni pone rango constitucional algo que a nosotros no nos hace mucho sentido, en el mundo sindical, que es la ratificación de los derechos internacionales, como el Convenio 87, 98 y 151 que se hacen cargo de las relaciones labores entre los trabajadores del Estado y los gobiernos de turno».
«Entonces, no hay nada de aquello. Ni hablar también del artículo 16, que señala que se prohíbe el derecho a la huelga por parte de funcionarios públicos, incluyendo a los de municipios. Hoy, ya tenemos aquello en la actual constitución de la dictadura. Estamos proscritos a que nos llamemos sindicatos. Somos Asociación de Funcionarios. No tenemos derecho a negociación colectiva ni a huelga, lo hacemos de hecho. Son conquistas sindicales. Entonces, nos deja al margen. Y con la propuesta que se vota el domingo nos terminan poniendo una lápida. Por tanto, no nos interesa este texto y es un retroceso», agrega.
«Si bien mantenemos nuestra autonomía como derecho sindical (…) este texto constitucional no nos representa y es un retroceso en derechos fundamentales. Además, no hay derechos fundamentales reconocidos en este documento, como la salud, la vivienda y la educación, y no se recupera la seguridad social», prosigue.
«Además, mantiene el negocio de las AFP, que nos condena a pensiones miserables y que, en el caso del sector público, entrega 1/3 de la renta de actividad y si eres mujer, la mitad de eso. Entonces, nos parece vergonzoso desde ese punto de vista», sentencia.