La iniciativa de varios parlamentarios contra el nepotismo apunta al objetivo de minimizar los riesgos de corrupción en las decisiones estatales.

De acuerdo a un proyecto presentado por un grupo de parlamentarios, en el futuro podría ser inhábiles para ejercer cargos públicos las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad con respecto a las autoridades y los funcionarios del Estado.

La iniciativa, patrocinada por las diputadas Daniella Cicardini, Catalina Pérez y Alejandra Sepúlveda, en conjunto con los Diputados Jaime Mulet, Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Esteban Velásquez, modifica la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para ampliar los grados de parentesco que generan inhabilidades en la administración del Estado, con el fin de minimizar los riesgos de corrupción en las decisiones estatales.

El proyecto expone que las diversas normas que establecen inhabilidades por parentesco para acceder a un cargo de la Administración como la Ley N°18.575 y la Ley N°19.886, contemplan un grado de inhabilidad por parentesco muy bajo.