En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Gabriel Ascencio

Diputados proponen la figura de un interventor en caso de colusión de precios y empresas

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Los diputados Marcelo Schilling (PS) y Gabriel Ascencio (DC), entregaron al fiscal Nacional, Jorge Abbott, un proyecto de ley que amplía el catálogo de sanciones y penas por delitos económicos, además de designar a un interventor en caso de colusión.

La iniciativa, de autoría del diputado Schilling y suscrita por un grupo transversal de parlamentarios, plantea además terminar con la facultad exclusiva del SII y la FNE para tomar acciones cuando se vulneren los intereses de la sociedad.

«Este proyecto es completamente pertinente y necesario, dada la situación actual del país. Particularmente, a raíz de la molestia de los ciudadanos con los abusos. Lo que a nuestro juicio, debería ser la columna vertebral de una agenda anti-abusos», comentó Schilling tras la cita con Abbott.

Por su parte, el diputado el DC dijo que “la gente, a pesar de los meses que llevamos del estallido social, siente que las cosas no han cambiado en este país y uno de los requerimientos mayores que nos representan es que se combatan con más fuerza los delitos de cuello y corbata”.

Asimismo, aseveró que el Gobierno no ha cumplido ninguno de los anuncios con los que se comprometió y que tienen relación con los abusos.

«Hasta ahora, no ha enviado nada al Congreso, por eso Marcelo Scilling ha tomado la iniciativa junto a otros diputados», puntualizó.

Diputado DC Gabriel Ascencio a su par del PC, Hugo Gutiérrez: “No puede ser que parlamentarios anden celebrando que le lancen una bomba molotov a un carro de Carabineros”

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“Lo que los diputados no podemos hacer es polarizar mas a un país que con urgencia está gritando que lleguemos a acuerdos y que se resuelvan los problemas que más afectan a la gente”, comentó el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC).

Polémica generó el diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, al compartir un video en Twitter el sábado pasado en la noche, en el que encapuchados atacaron a funcionarios de Carabineros que iban al interior de un carro policial en la Región de Antofagasta.

Junto al registro, el diputado escribió la frase “¡Antofagasta la lleva! Ahh y yo no fui, estaba en Santiago en la Plaza de la dignidad”.

Quien reaccionó de manera crítica ante tal acción, fue el diputado y Jefe de Bancada DC, Gabriel Ascencio, quien dijo hoy: “No puede ser que parlamentarios, cualquiera sea su posición política, celebren que le tiren una bomba molotov a un carro de Carabineros, donde incluso se pueden haber producido víctimas fatales. No hay motivos para andar celebrando ese tipo de actos de violencia”.

El parlamentario agregó: “Nosotros condenamos la violencia de Carabineros, condenamos la violación a los Derechos Humanos que ellos han realizado, pero esta forma de celebrar un atentado contra la vida de Carabineros me parece absolutamente improcedente. No tiene nada que ver y no ayuda a la necesidad de mayor justicia en el país”.

Y profundizó en su crítica hacia Gutiérrez: “Este tipo de actitud sólo ayuda a todos aquellos que están en contra del plebiscito de abril y se ponen derechamente a disposición de los grupos extremistas que no quieren que tengamos una nueva Constitución, que quieren el plebiscito fracase y que las cosas se radicalicen de tal manera que afecten gravemente la institucionalidad”.

Por último, el diputado por la Región de Los Lagos, sentenció: “Lo que todos los diputados tienen que entender es que nosotros tenemos que poner la prudencia, la racionalidad, las bases para el dialogo, para las conversaciones y para poner de acuerdo a este país, pero lo que no podemos hacer es polarizar mas a un país que con urgencia está gritando que lleguemos acuerdos y que se resuelvan los problemas que más afectan a la gente. Ojalá todos recapacitemos y dejemos de lado este tipo de cosas”.

Diputados de la Región de Los Lagos, a iniciativa de Ascencio, piden a Piñera recursos para reconstrucción de Iglesia San Francisco de Ancud

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Mediante una carta, diputados de diferentes bancadas, solicitan al Presidente de la República, Sebastian Piñera, recursos para la reconstrucción de la iglesia de San Francisco de Ancud, patrimonio de dicha localidad de la Isla de Chiloé.

A iniciativa del diputado, Gabriel Ascencio (DC), los diputados de la Región de Los Lagos, entre los que se cuentan, Alejandro Bernales (PL); Fidel Espinoza (PS); Javier Hernández (UDI); Emilia Nuyado (PS); Harry Jürgensen (RN); Carlos Kuschel (RN); Alejandro Santana (RN) y Jenny Álvarez (PS), firmaron misiva dirigida al mandatario.

El objetivo de la carta es solicitar al Ejecutivo que se realicen los estudios y otorgamiento de recursos necesarios para la reconstrucción de la iglesia de San Francisco de Ancud, patrimonio de esta localidad de la Isla de Chiloé, dado que en la madrugada del 22 de enero de 2020 fue afectada por un incendio que la destruyó completamente.

El templo siniestrado era de un incalculable valor cultural e histórico lugar de oración construido en 1931, al estilo típico chilote, con tejuelas de alerce. Incluso, se encontraba en proceso de declaración como Monumento Histórico.

“El daño sufrido por Chiloé es enorme, y si bien el daño para la historia e identidad cultural de Ancud es irreparable, sería de una importancia enorme el considerar reponer la iglesia de San Francisco, reconstruyendo la iglesia en conjunto con su arte arquitectónico”, dice la carta.

Esto sería posible, ya que como lo aseguró el vicepresidente de la Fundación de Iglesias Patrimoniales, Alberto Larraín, se cuenta con los planos originales, tal como fuera dibujado por el arquitecto Claudio Gay.

“Por todos los argumentos que hemos expuesto, solicitamos a S.E. el Presidente de la República tenga a bien iniciar los estudios y disponer con la mayor celeridad posible los recursos que sean necesarios para proceder a la reposición de la Iglesia de San Francisco de Ancud, dada su relevancia patrimonial y arquitectónica”, concluye la misiva.

*Ver carta:

Carta iglesia Ancud

Ascencio oficia al Gobierno para que se haga cargo de conflicto con pescadores de Chiloé y revise acuerdo de zonas contiguas con Aysén

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Para que se resuelva el conflicto por las zonas contiguas entre pescadores artesanales de Chiloé y los de Melinka, en Región de Aysén, es que esta mañana, el diputado por la Región de Los Lagos, Gabriel Ascencio, ofició a las autoridades pertinentes para que revisen el acuerdo de explotación de especies marinas, en esta zona.

De este modo, ofició al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel; Harry Jürgensen, intendente de Los Lagos; y al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

Cabe indicar que la declaración de zonas contiguas para la pesca de diferentes especies marinas, es un mecanismo que se acuerda entre pescadores artesanales de las regiones de Los Lagos y Aysén, para considerar ambas regiones como parte de una misma zona de pesca, para efectos de los permisos de captura de los pescadores inscritos en cada registro.

“Hemos recibido antecedentes que generan preocupación e incertidumbre, respecto de la decisión adoptada por los buzos de Aysén de no continuar con el acuerdo de zonas contiguas”, dice el oficio enviado hoy desde la Cámara.

A fines de 2019 se rechazó el acuerdo, y hoy tiene en conflicto a los pescadores artesanales de Chiloé, en Los Lagos, y los de Melinka, en Región de Aysén, que eran parte del anterior acuerdo de zonas contiguas. Con esto, los pescadores del sur de Chiloé, se encuentran impedidos de trabajar en especies como el erizo en la región de Aysén.

El Diputado Ascencio ha presentado dos oficios. Uno, para que las autoridades se hagan cargo del conflicto y medien entre los pescadores artesanales. Y otro –el que envío hoy-, porque los pescadores artesanales de Guaitecas (Melinka) acusan que la votación en la que se rechazó el acuerdo de zonas contiguas no fue representativa para su comuna, por distintos motivos como la ausencia de la mayoría de los buzos artesanales según una denuncia recibida, por lo que debe revisarse el proceso de votación.

“Solicito se revise la votación realizada para la ratificación del acuerdo de zonas contiguas, y en su caso, se vuelva a realizar, con la participación mayoritaria de las bases de cada comuna; además de que se realicen todas las gestiones por las autoridades de pesca y de la Intendencia regional para mediar y encontrar una solución, al corto y largo plazo, para los pescadores artesanales, a quienes les afecta el mecanismo de zonas contiguas, evitando que el conflicto se acentúe”, concluye el oficio de Ascencio.

*Ver oficio acá:
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Diputado Ascencio justifica acusación constitucional contra Guevara: “Se lavó las manos cuando afirmó que la prerrogativa de copamiento es de exclusiva responsabilidad de Carabineros”

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Esta mañana, se realizó una nueva sesión en la comisión revisadora de acusación constitucional contra el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, en sala de la Cámara. La acusación se votaría en Sala el próximo 23 de enero.

Una extensa intervención realizó hoy el diputado DC Gabriel Ascencio, en la comisión que estudia la Acusación Constitucional contra el Intendente Felipe Guevara. La autoridad ha sido acusada por impulsar la estrategia de “copamiento preventivo” en manifestaciones de Plaza Italia, en Santiago, con un número excesivo de efectivos policiales, pasando a llevar, presumiblemente, normas inconstitucionales al restringir el derecho a reunión y la libertad de expresión.

En su exposición, el parlamentario DC, aseveró: “Aquí no estamos juzgando a nadie. Solamente, ver si damos la admisibilidad a o no, para que esta acusación pase o no al Senado”, partió aclarando Ascencio.

Y, en seguida, aclaró: “Esto no es la ´última ratio`, como señalo la diputada Catalina del Real (RN), quien dijo que la acusación constitucional es siempre el último recurso, que los parlamentarios pueden tener para enfrentar algún tipo de infracción o fiscalización que se pudiera estar realizando. Eso es falso. No existe en ninguna parte ni en la constitución. No hay un orden de prelación, que diga que primero es la interpelación, una comisión investigadora y, terminado todo eso, avanzamos hacia una acusación constitución».

Acto seguido, añadió: “Se puede presentar en cualquier instancia y cuando estimemos conveniente, porque es una de las principales facultades de los diputados para fiscalizar los actos de gobierno”.

“Hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-dijo Ascencio- condenó públicamente esta estrategia de copamiento, por lo que el Estado, al aplicarla incurre en una inconvención. O sea, no se respeta lo que este país firmó”.

“Guevara se lavó las manos cuando afirmó que la prerrogativa de copamiento es de exclusiva responsabilidad de Carabineros, siendo que su autoridad mandata a la institución policial”, añadió.

“Es una acusación que tiene un solo capítulo, relativamente simple, y ustedes van a tener que decidir si se infringió o no la Constitución, respecto del derecho a reunión pacífica”, sentenció Ascencio ante la comisión.

En definitiva, Guevara habría infringido de la Constitución, el Art. 5, inciso segundo, en relación al Art. 19, N° 12 “Libertad de Expresión” y el N° 13 “Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.

INDH participó en Comisión de la Cámara de Diputados que analiza acusación contra intendente Guevara

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Participó el jefe regional del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“El derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, señaló el jefe regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, en la Comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Ello, en relación a lo que planeta el libelo acusatorio que señala que habría habido por parte del intendente Guevara una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.

El jefe regional del INDH alertó que “el marco jurídico que regula el derecho a reunión debe necesariamente actualizarse, pues es un marco jurídico que se encuentra obsoleto”, básicamente, porque “somete el ejercicio del derecho a reunión de facto a un sistema de autorización previa”, de acuerdo a los que se establece en el Decreto 1.086.

En este contexto, consultado sobre la responsabilidad del intendente frente a lo que se señala en la acusación constitucional, señaló que “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos. En ese sentido, la autoridad administrativa debe preocuparse de que la forma en que administran todos los recursos del Estado para que los derechos puedan ejercerse cumplan con los estándares internacionales”.
Así, señaló durante su presentación que al 30 de noviembre sólo en Santiago se habían observado 226 manifestaciones y si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios.

Las observaciones constataron que, en un 56% de estas, carabineros usó agentes químicos de modo masivo e indiscriminado, fuerza de manera excesiva y en un tercio se registra que el chorro del carro lanza aguas apuntó directamente al cuerpo de las personas que se manifestaban, resultando afectados quienes participan, pero también quienes no.
Aseguró también que efectivos policiales realizaron acciones contrariando sus propios protocolos: detenciones arbitrarias, dispersión sin motivo de los manifestantes, uso abusivo de sustancias lacrimógenas, disparos de lanza gases en dirección al cuerpo, falta de gradualidad y avisos previos en el uso de la fuerza y presencia de carabineros y militares sin identificación.

“Si es que tenemos una gran manifestación es obvio que habrá un mayor número de carabineros y eso es todo el sistema que se ha aplicado”, señaló el diputado Castro, quien considera, además, que de acuerdo a lo señalado por el representante del INDH, ninguna de las manifestaciones se ha impedido por parte de la intendencia de Santiago.

Una visión que no es compartida por el diputado Diego Ibañez (CS), quien señaló que la normativa vigente hace que “la autoridad, quienes disponen de la fuerza pública, no resguarden el derecho fundamental a la libertad de reunión de forma proporcional y es lo que hemos visto a mi juicio en esta continuidad de violaciones a los derechos humanos a propósito de una estrategia de copamiento que está por verse”.

Frente a esto, la presidenta de la instancia, diputada Sepúlveda, indicó que van a estudiar lo que significa el copamiento. «Le hemos solicitado que nos envíe todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que al parecer no tiene protocolos al interior de carabineros y que utiliza alrededor de mil efectivos en manifestaciones», precisó.

Para la próxima jornada de trabajo se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.