La Corte de Apelaciones de Arica rechazó la solicitud de desafuero del convencional constituyente Hugo Gutiérrez (PC) presentada por el Ministerio Público que abrió una investigación penal por los delitos de amenazas a funcionarios de la Armada y omisión de cooperación pública, ocurridos en agosto del año pasado en Iquique.
En fallo unánime, el tribunal de alzada rechazó la acción constitucional, tras establecer que los antecedentes aportados por el Ministerio Público no constituyen elementos suficientes para formular acusación o requerimiento en procedimiento simplificado.
En el texto, los jueces determinaron que, respecto al delito de omisión de cooperación pública, «no se visualizan elementos suficientes para formular acusación –o requerir en procedimiento simplificado en el caso concreto– (…) desde que, no se advierte que concurran los presupuestos requeridos por la norma. Específicamente, en el requerimiento no se vislumbra ninguno de los dos extremos subjetivos del tipo, es decir, que funcionarios de la Armada hayan ‘exigido’ y, consecuencialmente, el señor Gutiérrez Gálvez no ‘prestare’ alguna cooperación o colaboración para la administración del servicio público y que ella se encuentre enmarcada en el ejercicio del ministerio de la persona requerida».
En cuanto a las amenazas, el tribunal concluyó que «en orden a que el señor Gutiérrez habría amenazado a los funcionarios de la Armada que lo fiscalizaron manifestándoles que los denunciaría ante la Cámara de Diputados en el evento de que éstos lo controlen, no se condice con la afirmación de la concreción de un mal a dichos funcionarios, o a su familia, en su persona, honra o propiedad, exigida por la norma, desde que, el anuncio de la eventual interposición de una denuncia a otra persona corresponde al ejercicio del derecho de todo individuo ante una situación que considera que es objeto de la misma».
«Siendo la presentación de una denuncia una conducta lícita, ajustada a derecho, el anuncio del ejercicio de tal prerrogativa no puede devenir en ilegal, y por ende, no puede constituir un delito de amenazas», determinó el tribunal de alzada.
En medio de la pandemia, Hugo Gutiérrez fue fiscalizado por la Armada en el sector de Cavancha de Iquique, cuando se desplazaba junto a su familia. El entonces diputado intentó evitar la fiscalización arguyendo su «fuero parlamentario». El abogado interpeló al funcionario de la Armada afirmándole: «Yo lo controlo a usted; si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos y hay un problema; cuando me controlan a mí tengo que denunciar a quien me controla».