La iniciativa establece que los trabajadores del sector público y los municipales podrán acceder a este instrumento.
En condiciones de ser promulgado como ley quedó el proyecto relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral. Esto, luego que la Sala del Senado respaldara con 29 votos a favor y 8 abstenciones, los cambios realizados por la Cámara Baja.
La mayor parte de los legisladores apoyó la iniciativa haciendo ver la confusión que se generó en tribunales respecto a si los funcionarios públicos tienen derecho a tutela laboral. En ese marco se abordó la opinión que emitió a tal efecto, el Tribunal Constitucional (TC).
Asimismo, diversos senadores hicieron presente también que “es poco claro considerar a los funcionarios públicos como tales, en algunas materias y en otras no”. Además se consignó que este proyecto implicaría gasto público, de allí que sería materia exclusiva del Ejecutivo.
El proyecto de ley, iniciado en mociones de los senadores Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Rincón, Juan Ignacio Latorre y Juan Pablo Letelier (Boletín N° 12322-13); de los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Juan Pablo Letelier (Boletín N° 12327-13) y de los senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe y Ricardo Lagos (Boletín N° 9476-13), tiene por objeto incorporar a las relaciones laborales del sector público, el procedimiento de tutela laboral, permitiéndoles a estos trabajadores la legítima defensa de los actos provenientes de dicha relación y que vulneren sus derechos fundamentales.
La iniciativa precisa que «el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos.
Asimismo, modifica el Código del Trabajo en cuanto a esclarecer el ámbito de actuación de la Dirección del Trabajo en materia de tutela laboral y clarifica el pago de la indemnización para trabajadores del sector público en caso de acogerse a la denuncia por esta razón.
Finalmente, precisa que «si el juez declara que el despido de funcionarios de la Administración del estado es discriminatorio y además ello fuera calificado como grave, el trabajador podría optar entre la indemnización que corresponda o bien su reincorporación al cargo».
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Letelier resumió las ideas matrices explicando que “hay una discusión respecto a quiénes pueden acogerse a la tutela laboral. Entendemos que los trabajadores del sector público y los municipales deberían acceder a este instrumento. Queremos que estos funcionarios tengan la posibilidad de defender sus derechos”.
Por su parte, durante la votación, la senadora Yasna Provoste dejó constancia de su inhabilitación. Senador Carlos Bianchi, a su vez, indicó: “Este proyecto interpretativo de la ley nos permite aclarar lo que ocurre. La Corte Suprema dictó que sí le es aplicable a los funcionarios públicos la tutela laboral. El TC había dicho lo contrario. Los cambios de los diputados dicen relación con la incorporación de instituciones y la decisión del trabajador en el caso de un despido”.
Mientras que el senador Juan Pablo Letelier dijo: “Los trabajadores del sector público tienen normas especiales, pero en cuanto a la tutela, sí se los considera. Los cambios que hizo la Cámara Baja nos parece adecuados, por ejemplo el hecho que en el caso de despido, los trabajadores puedan decidir si volver a su labor o recibir la indeminización corrspondiente”.
A su turno, el senador Alejandro Guillier sostuvo: “Apoyo este cambio legal. Muchos funcionarios veían fallos de distintas cortes de justicia, en cuanto a la tutela laboral. Eso generó una confusión. El TC dijo lo contrario, pero finalmente se aclaró el principio básico de la declaración de derechos humanos”.
Senador Álvaro Elizalde, en tanto, manifestó: «Esta iniciativa contribuye a resolver por vía legislativa algo que ya estaba claro desde el punto de vista judicial, conforme a los sucesivos fallos de la Corte Suprema, pero que había sido puesto en entredicho por las resoluciones y sentencias del TC».
