Atacama

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y equipos técnicos de la Dirección de Educación Pública (DEP), se reunieron este miércoles con dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de la Región de Atacama, representantes de los asistentes de la educación y apoderados de los establecimientos del Servicio Local de Educación del territorio.

Cataldo sostuvo que “hemos logrado tener una reunión con un muy buen tono, que ha puesto en el centro el derecho a la educación de las y los estudiantes y que ha puesto en el centro el bienestar de la comunidad educativa. Quiero agradecer la disposición al diálogo que se ha manifestado el día de hoy en esta extensa reunión de trabajo”.

Tras más de ocho horas de reunión, las partes firmaron una propuesta de acuerdo, que establece lo siguiente:

Coordinar un monitoreo conjunto de las condiciones habilitantes para lograr un mejoramiento de los establecimientos educacionales del territorio.
Agilizar la asignación de recursos complementarios por parte del Ministerio de Educación para enfrentar los desafíos en materia de inversión e infraestructura.

Avanzar en el mediano y largo plazo en trabajos con miras al año 2024, dado que “tenemos un desafío que es mucho más robusto, desde el punto de vista, sobre todo, de infraestructura”, sostuvo el ministro Cataldo.

En el protocolo también se mencionó la visita del ministro Cataldo a la región, quien visitará las provincias de Copiapó y Chañaral para ir constatando en terreno de qué manera se va avanzando en el cumplimiento de cada uno de estos compromisos.

Respecto al retorno a clases, el ministro explicó que “hemos dado cuenta de un plan de retorno, un plan pedagógico, cuyos detalles van a ser conocido una vez que la propuesta sea validada por las bases de los representantes de la comunidad educativa”.

“Nuestro objetivo como Ministerio de Educación es cumplir con los compromisos que se han asumido y seguir avanzando en los compromisos de obras que están ya en ejecución, identificar brechas, cerrarlas precisamente para que cuanto antes podamos contar con la normalización del servicio educativo en el territorio”, afirmó.

En medio de la crisis educacional que supera los dos meses en Atacama y que mantiene a más de 30 mil estudiantes sin clases, hoy una comitiva de profesores de la región llegó a manifestarse hasta el Palacio de La Moneda para solicitarle al Presidente Gabriel Boric que declare la zona como de “emergencia educativa”.

Recordemos que el paro docente apunta a las malas condiciones en la que se encuentran los establecimientos educacionales en las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, producto de la gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que impide la correcta realización de las clases.

En un punto de prensa, el representante del Colegio de Profesores en la Región de Atacama, Carlos Rodríguez, señaló el Presidente Boric “tiene que saber los problemas de infraestructura, de funcionamiento en lo administrativo, financiero; hay auditorías, la Contraloría se ha pronunciado. Por lo tanto, requerimos de su atención ahora”.

“Si no atiende la educación pública de Atacama, mata a la educación pública en el país. Es esa la responsabilidad que está en el Presidente de la República, que está en el ministro de Educación, en el señor director nacional de Educación Pública y las autoridades de educación pública locales de Atacama”, enfatizó el dirigente del magisterio.

Rodríguez desestimó también los dichos del ministro Nicolás Cataldo en la comisión de Educación en la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre los trabajos que se están realizando para resolver la crisis en la Región de Atacama. “El ministro está equivocado, no quiere ver algo que es demasiado obvio, que lo ve todo el país y que la práctica y el terreno le demuestra: La Ley 21.040 es una pésima ley, no nos sirve para la educación pública”, mencionó, en referencia a la legislación que crea los SLEP.

“Por eso vinimos a la capital del país, se viene a conversar con la ministra del Interior a establecer un ‘estado de emergencia educacional’ para Atacama. No hay otra salida, porque necesitamos funcionarios, profesionales tanto del ministerio, de la DEP (Dirección de Educación Pública) trabajando en Atacama, no visitándola. El ministro se equivoca, no estamos negociando con él, él tiene que cumplir la obligación de tener adecuadamente las escuelas y liceos para hacer clases dignas a nuestros niños, niñas y jóvenes de Atacama, que son tan iguales como en todas las partes del país”, remarcó.

Mientras en el Congreso, un grupo de parlamentarios de Evópoli solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre legalidad de la paralización del SLEP en Atacama frente a esta crisis.

El diputado de la colectividad, Francisco Undurraga, acusó al ministro Cataldo de “traicionar” la promesa de campaña levantada por el Gobierno y el movimiento estudiantil liderado por dirigentes del Frente Amplio sobre avanzar a una educación de calidad.

“¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están las revoluciones educacionales que durante tanto tiempo se hicieron presentes en este país para cambiar la educación, para que fuera accesible, para que fuera gratuita? Resulta que hoy no tenemos la voz efectiva y eficiente del Ministerio de Educación, del ministro de Educación, tampoco del Colegio de Profesores, que está complaciente ante sus asociados”, cuestionó el legislador de oposición.

Undurraga reforzó que es frente a esta problemática que su partido presentó el recurso ante la Contraloría. “Hacemos un llamado al Ejecutivo, al Presidente de la República a que no solamente aumentemos el presupuesto en educación en el próximo presupuesto, sino que le demos educación a todos los niños y niñas de este país, situación que no está sucediendo”.

En tanto, a través de una declaración pública, senadores de la comisión de Educación -integrado por José García (RN), Gustavo Sanhueza (UDI), Fidel Espinoza (PS), Carmen Gloria Aravena (Republicano) y Yasna Provoste (DC)- reiteraron su solicitud al Ejecutivo para pausar los procesos de traspaso de escuelas a los Servicios Locales de Educación Pública.

Esto, con el objeto de “evaluar, corregir, reformar y orientar las acciones de corto y mediano plazo para que vayan correctamente direccionadas a superar el actual estado de crisis y mejorar la educación pública desde la educación inicial a la educación media, incluyendo a la técnico profesional y la educación de adultos”, según dice el documento.