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COVID19

Lagos Weber (PPD) en Comisión de Relaciones Exteriores: “El embajador chino fue categórico sobre el tema ventiladores mecánicos», dado que se han donado solo 60 a Chile y 500 colo decía Mañalich

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Ante los dichos del diplomático de la república oriental durante la última sesión de comisión de Relaciones Exteriores del Senado ayer, el parlamentario PPD señaló que el diplomático fue consultado sobre esa materia e indicó que “se han donado 60 ventiladores mecánicos”. Lagos Weber agregó que sus palabras “ameritan que los ministros de Salud y Relaciones Exteriores puedan pronunciarse en esta materia”.

Durante la última jornada de comisión de Relaciones Exteriores que se realizó este martes en el Senado en Valparaíso, el parlamentario PPD e integrante de esa misma comisión, Ricardo Lagos Weber, reconoció que el tema de la adquisición de ventiladores mecánicos desde China hacia nuestro país fue parte de lo que sostuvieron los parlamentarios en conversación telemática con el embajador chino, Xu Bu, quien al fue consultado por el propio senador de oposición para explicar las cifras reales de la solicitud que las autoridades chilenas habrían gestionado con ese país, y que durante los últimos días ha generado entredichos entre la Embajada de China y los datos que han dado a conocer las mismas autoridades de Salud.

Al respecto, el parlamentario precisó que al diplomático “se le preguntó derechamente por el tema de los ventiladores mecánicos, porque el gobierno ha anunciado a través del ministro Mañalich (Jaime) en el pasado, que alrededor de 600 ventiladores mecánicos se habrían adquirido en China, o que era una donación del gobierno chino; e incluso, se ahondó en que se mantenía en reserva por razones estratégicas, el avión chileno que iría a China y traería los ventiladores, lo cual se mantendría en reserva bajo la preocupación de que algún país pudiera obligar a ese avión a aterrizar y los ventiladores ser confiscados”.

Como respuesta a esa pregunta, Lagos Weber aclaró: “Hoy, la información del embajador chino fue categórica: dijo que se han donado 60 ventiladores mecánicos no invasivos; 10 por una empresa y 50 por otra empresa”, señaló de manera rotunda el parlamentario, agregando que el diplomático había señalado que “él tenía la esperanza que en algún minuto se pudiera llevar a cabo la solicitud chilena, pero que lamentablemente, el nivel de producción de ventiladores en la República Popular de China no daba abasto para la demanda internacional, y que hacia fines de julio o agosto eso podría descomprimirse. En resumen, hasta ahora, yo creo que amerita que el Ministro de Salud (Jaime Mañalich), o el Ministro de Relaciones Exteriores (Teodoro Ribera) pudieran pronunciarse en esta materia. El embajador chino fue categórico”, exclamó.

Mario Aguilar asegura que profesores no volverán a clases en mayo: “No vamos a permitir que se juegue con la salud de nuestra gente”

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«Lo que se está haciendo es poner en riesgo la salud de la gente, cuando la pandemia está en plena expansión (…) mientras no esté garantizada la seguridad de que no hayan contagios, nosotros no estamos dispuestos a eso», señaló el presidente del Colegio de Profesores, luego de que Sebastián Piñera anunciara este domingo el retorno gradual de los trabajadores públicos a sus puestos de trabajo, y el aplazamiento del inicio de clases hasta mayo.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, apareció este domingo en cadena nacional para anunciar dos medidas: el retorno gradual de las trabajadoras y trabajadores públicos a sus labores presenciales, a contar de la próxima semana, y el aplazamiento de la vuelta a clases, que comenzará a implementarse durante el mes de mayo.

A raíz de esto, y a solo minutos de las declaraciones del mandatario, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, grabó un video en el que critica la postura del Ejecutivo, ante el contexto de la pandemia por COVID-19 que enfrenta el país y el mundo entero.

“Lamentablemente, el señor Piñera goza de muy poca de credibilidad en la gran mayoría de la población (…) por lo que generan muchas dudas sus dichos”, dice el docente, quien aseguró que “lo que hay detrás de esto es una presión de los grandes grupos económicos del país“.

“No vamos a permitir que se juegue con la salud de nuestra gente. Estamos en total desacuerdo con la decisión que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar”, expresó Aguilar, señalando que esto significaría que aproximadamente un millón de personas vuelvan a desplazarse con normalidad por la capital y otras ciudades.

Sin embargo, recalcó que lo más grave eran los 3.600.000 estudiantes, 200.000 profesores, 200.000 asistentes en educación, y un número importante de manipuladores de alimentos y de gente que trabaja en torno a los establecimientos educacionales, que tendrían que volver a sus funciones durante mayo, cuando el Ejecutivo planea implementar el retorno a clases.

“Lo que se está haciendo es poner en riesgo la salud de la gente, cuando la pandemia está en plena expansión (…) mientras no esté garantizada la seguridad de que no hayan contagios, nosotros no estamos dispuestos a eso“, concluyó el dirigente.

 

Unánime: Todos los senadores de oposición cuestionaron duramente medidas tomadas por el Gobierno por reincorporación de funcionarios públicos y reapertura de malls

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Senadores de oposición se mostraron en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno, sobre la reincorporación de funcionarios públicos y la reapertura de malls.

Los parlamentarios afirmaron en una declaración que las diversas medidas tomadas en el último tiempo por el Ejecutivo “provocan que la conducción de la autoridad se diluya y pierda credibilidad. Cuestión esencial para el adecuado manejo de una emergencia como la actual”.

También respaldaron las críticas hechas por el Comité Asesor COVID-19 y el Colegio Médico, indicando que estas “apuntan en el sentido correcto. No podemos generar un escenario de incertidumbre ni de exposición frente al contagio del COVID-19”.

Además aseguraron que “se requiere de manera urgente establecer una política seria y permanente de ‘Transparencia’ y acceso a la información respecto del manejo integral que realiza el gobierno, con el fin de tener certeza de que la decisiones se están tomando sobre la base de información fidedigna, actualizada, tomando en cuenta las recomendaciones de la Mesa Social y el Consejo Asesor COVID-19, y la evidencia validada internacionalmente”.

En la misma línea, entregaron su respaldo a la “citación a Sesión Especial que la Mesa del Senado de la República ha citado para el día martes 21 de abril de 2020, en la que se analizará ‘la situación del país bajo el COVID-19 y conocer las recientes medidas anunciadas por el Presidente de la República’”.

Los senadores esperan que en la instancia el Gobierno pueda “esclarecer las razones que sustentan la reincorporación de los funcionarios públicos a sus lugares físicos de trabajo, los antecedentes que sustentan y definen la estrategia, así como lo informado por el Colegio Médico y el Consejo Asesor COVID 19”.

“El país necesita que sus autoridades defiendan sus derechos y dignidad, y que queden claras las prioridades y las políticas a implementar, en un solo discurso que defienda primeramente la salud de las personas, indicaron los parlamentarios de oposición.

Firmaron la declaración los senadores/as Ximena Rincón, Isabel Allende, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

CUT: «Exigimos al gobierno revertir la infame medida de retorno a los trabajo presenciales de los trabajadores del sector público y privado»

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

Las organizaciones representativas de los/as trabajadores/as del Estado, agrupadas en la Mesa del Sector Público CUT – Chile, nos dirigimos en primer lugar a la ciudadanía, a los/as chilenos/as que viven los múltiples impactos de la Crisis Sanitaria COVID-19, a los/as trabajadores/as del Estado que a lo largo del país, de forma presencial o remota siguen cumpliendo su misión, al Congreso Nacional que tiene la tarea urgente de representar los intereses democráticos de la población, y al gobierno que sigue sin oír nuestra voz y continúa embarcado en una conducción autoritaria e ineficaz de la contingencia que vive el país:

Somos nosotros/as desde nuestros puestos de trabajo, los primeros en poder afirmar que, a diferencia de los discursos exitistas con que las autoridades de gobierno copan el espacio comunicacional, la Crisis Sanitaria se sigue profundizando, que no existe duda alguna de que lo peor de sus manifestaciones está por venir, ad portas de iniciar el período invernal, y que sus efectos sociales y económicos no están siendo asumidos por las iniciativas que el gobierno ha anunciado, más cuando son escasas las que se encuentran aún operativas.

El gobierno ha optado por una agenda legislativa que privilegia los intereses del gran empresariado, desprotegiendo a los/as trabajadores/as, a sus familias, particularmente a los independientes e informales. Como si fuera una sorpresa, queda en evidencia que gran parte de las inseguridades que las mayorías del país viven hoy, se deben a un modelo de desarrollo que postergó estos derechos y particularmente la garantía de Trabajo Decente como factor de cohesión y seguridad de la sociedad.

Las Pequeñas y Micro Empresas, los principales empleadores de nuestro país, no tienen un mejor trato. Más del 80% de los recursos que el gobierno ha anunciado, que son principalmente mecanismos de crédito que se entregan a la misma banca que los ignora o esquilma cotidianamente, no llegarán a esas empresas.

Las autoridades de los Organismos Fiscalizadores del Trabajo y la Seguridad Social, emiten dictámenes que justifican la brutalidad del gran empresariado para defender sus utilidades, dejando en el abandono a los/as chilenos/as.

Como si fuera un mantra para las pantallas de televisión, el mismo gobierno que al asumir nos trató de “Grasa del Estado”, ha debido asumir por la fuerza de los hechos el rol insustituible que cumplen los/as funcionarios/as públicos/as para la viabilidad de la supervivencia de la sociedad. Desde la autoridad se nos reconoce y aplaude. Pero decimos con claridad que no necesitamos aplausos, sino que se garanticen las condiciones laborales adecuadas para cumplir nuestras funciones, y enfocar de forma coordinada todos los esfuerzos del Estado para llegar a la población que requiere, hoy más que nunca, la presencia de políticas públicas y de acciones concretas para enfrentar los efectos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia provoca.

¡La gran lección de esta Crisis Sanitaria, Económica y Social es que Chile necesita Más y Mejor Estado! El Estado mínimo, subsidiario, tercerizado que la Constitución sostiene, es incapaz hoy de garantizar los derechos más básicos: el Derecho a la Vida; el Derecho a la Salud; el Derecho al Trabajo Decente; el Derecho a una Vida Digna.

Este viernes 17 de abril, a 31 días de la Declaración del Estado de Catástrofe, el gobierno ha iniciado una ofensiva en contra de los/as trabajadores/as del Estado. Instruyendo el retorno a funciones presenciales, porque según ellos el Estado no estaría funcionando.

Rechazamos tajantemente esta instrucción y los discursos que las sustentan. El Estado de Chile está funcionando y con todas sus capacidades humanas en este contexto de Crisis. Todos/as los/as trabajadores/as del Estado de forma presencial o remota, se encuentran cumplimiendo las tareas de sus instituciones. El problema no son los/as funcionarios/as públicos/as. El problema son las erradas políticas sanitarias, sociales y económicas que el gobierno ha planteado y ha sido incapaz de implementar.

Este anuncio presidencial, es un intento más del gobierno de contraponer a los/as trabajadores/as del Estado con la ciudadanía para permitir cursar su agenda antiderechos y en favor del gran empresariado, en el dramático contexto que vive nuestro país. El gobierno persiste en una línea de acción que se subordina a los intereses y a la voluntad de un sector del gran empresariado, y que se intente usar a los/as funcionarios/as públicos/as como punta de lanza del proceso de “normalización” que demandan, asumiendo con naturalidad los costos en vidas que tendría el levantamiento de las limitadas medidas de distanciamiento social y cuarentena en vigencia. Intentan responsabilizar de la falta de respuesta política y de planificación de las funciones del Estado, a los/as trabajadores/as y a las medidas de trabajo remoto temporal que una parte de ellos/as han asumido para seguir cumplimiento la función. Se trata de una irresponsabilidad criminal.

Asimismo, los/as trabajadores/as de la Salud, que somos la primera línea en esta coyuntura, para proteger la vida y los derechos del pueblo chileno, hemos denunciado la necesidad inmediata de Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los funcionarios del sector, la generación de residencias sanitarias, y el reconocimiento de COVID 19 como enfermedad laboral, todas materias de primer orden. Hoy en que el mundo de la academia, organizaciones internacionales y actores políticos hablan de la posibilidad de falta de stock de Elementos de Protección Personal, adecuado para el personal de salud, por un desabastecimiento mundial y hacen un llamado al uso racional y a la reutilización de estos, es contradictorio la incorporación de trabajadores y trabajadoras del sector a los que no se podrá garantizar las medidas de protección, considerando el alto nivel de exposición al atender público. La ausencia de claridad en protocolos que permitan establecer mecanismos de protección en cada uno de los espacios de trabajo, el hacinamiento tanto de trabajadores como de usuarios del sistema y la ausencia de directrices y acciones que garanticen el cuidado infantil, alimentación y transporte son la realidad actual del sector salud. Considerando las principales medidas sanitarias desde la OMS, que son el lavado de manos, protección respiratoria y el distanciamiento físico permanente, es que Chile no cuenta con transporte, infraestructura ni condiciones físicas como para garantizar la vuelta a los servicios del sector.

Por su parte, los/as trabajadores/as de la Educación, han expresado su rechazo a los formatos que ha utilizado el Ministerio del ramo ante las necesidades de los/as niños/as del país. El futuro del año escolar, del financiamiento de las Universidades Estatales, así como de los Programa de Alimentación, y sociales para estudiantes se encuentran amenazados. Es finalmente un abandono de los deberes que el Estado chileno tiene respecto del futuro de Chile.

Los/as trabajadores/as municipales han asumido con un ferviente compromiso su rol de atención directa a la ciudadanía. Mientras el gobierno ignora sus necesidades y la urgencia de dotarlos de los recursos para atender las contingencias que en cada rincón del país la Crisis Social gatilla cada día. No es razonable que sea el festín mediático de los programas misceláneos y matinales, la tribuna en que, caso a caso, el gobierno concurre a cumplir las obligaciones que en miles de otros casos deniega.

En materia presupuestaria el gobierno ha optado por una agenda que descarga sobre la Función Pública, los Derechos Sociales y los/as trabajadores/as, los costos de la Crisis. Los Oficios 11 y 15 del Ministerio de Hacienda, pero particularmente la primera y segunda oleada de Restricción Presupuestaria anunciadas por el gobierno se han manejado con total opacidad por parte de la DIPRES. Sus implicancias son gravísimas, llegando en algunos casos a impedir la continuidad de servicio de algunas instituciones. Implican asimismo un política absurda: restringir inversión pública, cuando se requiere dinamizar la economía del país; despedir a trabajadores a honorarios o tercerizados, para inyectar recursos a empresas que no garantizan mantener empleo. Es de primera relevancia enfrentar este proceso de restricción presupuestaria, denunciar sus efectos e incongruencias. El Estado de Chile tiene formas de financiar al Crisis y de garantizar flujos futuros que no impliquen la reducción del Estado en momentos en que más la ciudadanía lo necesita.

El conjunto de situaciones que hemos descrito tiene un orígen común. El gobierno ha decidido conducir la Crisis Sanitaria en formatos autoritarios y antidemocráticos. Ninguna instancia de Diálogo Social se ha hecho operativa. No se oyen los planteamientos de los cuerpos científicos, ni de las organizaciones sociales o sindicales.

Llamamos al conjunto de los/as trabajadores/as redoblar sus esfuerzos en favor de la ciudadanía. A continuar, desde sus labores presenciales o remotas, a exigir condiciones sanitarias y de trabajo que permitan cumplir con las misiones de nuestras instituciones. Convocamos al Congreso Nacional a ser el Poder de Estado que canaliza las aspiraciones democráticas de las mayorías del país en este contexto. Y a la Plena Unidad del conjunto del Sindicalismo para enfrentar el desafío histórico que hoy nos convoca.

Finalmente, exigimos al gobierno revertir la infame medida de retorno a los trabajo presenciales de los trabajadores del sector público y privado y que redefina el primario en la políticas de contingencia colocando a la vida y la de las personas como tarea principal.

ANEF llama a que funcionarios públicos no regresen a sus funciones presenciales o solo hagan «turnos éticos», pese a instructivo del Gobierno que obliga al retorno de labores

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) sobre decisión del Gobierno del retorno a sus labores presenciales de los funcionarios públicos:

LA ANEF TOMA DECISIONES Y FIJA UN ITINERARIO FRENTE A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE OBLIGAR A LOS TRABAJADORES/AS PÚBLICOS A VOLVER AL TRABAJO PRESENCIAL

Con fecha 18 abril, el Directorio ampliado constituido por las y los dirigentes Nacionales y Consejeros Regionales de la Confederación, con el fin de establecer las decisiones y acciones frente a la pretensión del gobierno, que mediante el Oficio Circular Nº 18, suscrito por el Ministerio Interior y del Ministerio de hacienda en el día de ayer, ordena la reincorporación masiva de los funcionarios públicos a sus reparticiones públicas, en modalidad de trabajo presencial.

En la citada reunión se acordó un rechazo categórico a las pretensiones del gobierno, por tratarse de una medida arbitraria, irresponsable, falta de criterio y criminal, que pretende una supuesta normalización del trabajo y la función pública, en circunstancias que la pandemia planetaria del COVID-19 no solo mantiene al país en el estado de excepción constitucional de catástrofe, sino que se siguen incrementado las cifras de infectados y fallecidos en una curva ascendente que no se detiene.

La negativa de ANEF va asociada al grave riesgo que tal decisión representa para los miles de funcionarios/as públicos que debieran volver a trabajar presencialmente, riesgos para la vida y la salud, que transforman esta disposición en un acto irracional, que no trepida en aceptar las consecuencias mortales que puede acarrear, para mostrar, en definitiva, paulatinamente una “normalidad económica”, con un claro pronunciamiento en favor de la actividad económico empresarial que la vida y la salud de los trabajadores que, sin tener las condiciones adecuadas para compartir espacios sin grave riesgo para su seguridad, se verán obligados a abarrotar la locomoción colectiva e interactuar con sus compañero y sus usuarios en claras condiciones de hacinamiento, propicia al propio contagio y al contagio a otras personas.

Las decisiones del Directorio ampliado dicen relación con las siguientes materias:

1. En el marco de los derechos constitucionales a la vida y la salud de los funcionarios/as públicas, reconocidas en el Art. 19 Nº 1 de la Constitución, y que encuentran correlato en las normas laborales del Art. 184 bis del Código del Trabajo, aplicable supletoriamente al ámbito del estatuto administrativo, se hace un llamado a todos los trabajadores/as públicos a no acudir a sus trabajos de modo presencial, continuando sus labores de carácter remoto y/o realizando, eventualmente, servicios mínimos en modalidad de turnos esenciales o éticos. Dejando en claro que las y los funcionarios públicos mantenemos la continuidad de los servicios del Estado.

2. Basado en las razones constitucionales y legales antes invocadas, se decide la presentación de recursos constitucionales de protección, Art. 20 de la Constitucional Política, basado en la grave amenaza de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores/as públicos por estas medidas de restablecimiento de los servicios presenciales.

3. La realización de un punto de prensa el día domingo 19 del presente año, 10:30 hrs. sede de la ANEF, para comunicar estas decisiones y las acciones pertinentes, tanto legales, comunicacionales y de movilización social.

4. La integración y coordinación de estas medidas con los movimiento sindicales y sociales, para constituir un frente a los desvaríos de un gobierno obsesionado con la regularización de los mercados, a costa de vidas humanas.

5. Realizar acciones sindicales de movilización unitarias por las y los dirigentes sindicales de la Asociaciones de funcionarios en cada repartición publica de todo el país.

Posteriormente, y en horas de la tarde, la ANEF realizó un Consejo de Presidentes y Delegados, con la concurrencia de gran parte de los dirigentes de bases, quienes por unanimidad apoyaron y ratificaron estas medidas comprometiendo su trabajo de acompañar y orientar a las y los afiliados a sus organizaciones sindicales.

Hoy la ANEF, con una sola voz se pronuncia en contra de las decisiones criminales de un gobierno, que esta vez coloca la vida y salud de los trabajadores, como moneda de cambio para los propósitos empresariales y de mercado. No al regreso masivo de los funcionarios al trabajo presencial, no al privilegio del mercado por sobre la dignidad de la vida humana y la salud de la población.

Foro de Desarrollo Justo y Sostenible considera que el Banco Central debe estar facultado para financiar directamente al fisco, en situaciones de pandemias, terremotos, guerra u otras catástrofes

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*En La Fontana publicamos declaración pública del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible.

DECLARACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL AL FISCO

El capítulo XIII de la Constitución Política de la República (CPR) regula al Banco Central, reconociendo concretamente el carácter autonomo, colegiado y técnico de éste para el cumplimiento de sus atribuciones.
Como regla general, el artículo 109 inciso segundo prohibe expresamente que gasto público o préstamo alguno podrá financiarse con créditos directos o indirectos otorgados por el Banco Central (BCCH). Sin embargo, el inciso tercero del mismo artículo establece la excepción a dicha regla, al facultar que sólo en caso de guerra exterior o peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el BC podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas y privadas.

A raíz de la profunda crisis económica derivada de la pandemia del Coronavirus, ha surgido la oportunidad de reflexionar sobre el rol institucional que cumple el BC en nuestra democracia. En ese sentido, se han efectuado planteamientos en torno a ampliar las facultades del BCCH, en dos aspectos.

Se plantea la conveniencia de que el BCCH siempre esté facultado para prestarle “indirectamente” al Fisco. En efecto, es una intencionada anomalía que nuestra Constitución prohíba al BC llevar a cabo operaciones de mercado abierto en el mercado secundario con instrumentos financieros emitidos por el Estado, ya que ello puede limitar la capacidad del BC de regular la liquidez en la economía, así como de influenciar la tasa de interés de largo plazo, al tener el BCCH un instrumento menos para llevar a cabo una política monetaria más efectiva.

Cabe señalar que, contrariamente a lo que pueda parecer, en este caso el BCCH no le está prestando recursos “frescos” al Fisco, ya que son operaciones con bonos del Gobierno que fueron emitidos, en el mercado “primario” con anterioridad, y con esa anterioridad, en el pasado, la colocación de dichos bonos en los mercados le permitió al Fisco tener más recursos para financiar su gasto.

• Es conveniente que, en normalidad constitucional, y ya reconocida la atribución de financiamiento indirecto de créditos, el BC no pueda prestar «directamente» al Fisco. Ello, por cuanto dicho financiamiento directo puede relajar la disciplina fiscal y llevar a importantes desequilibrios macroeconómicos.

• Sin embargo, ante estados de excepción constitucional, el BC debe poder prestarle directamente al Fisco, no solo en caso de guerra (lo que está ya contemplado en la CPR y en su ley orgánica constitucional), sino también en casos catástrofes, tales como terremotos o pandemias). Las condiciones deben ser las siguientes. Primero, debe especificarse la motivación precisa y suficiente de dicho(s) estado(s). Segundo, debe constatarse que el Fisco no tiene acceso a los mercados para su financiamiento. Y tercero, es necesario que el presidente de la República lo requiera, con el acuerdo de los presidentes del Senado y/o de la Cámara de Diputados. La idea es que el presidente de la República acuerde con el Congreso activar esta atribución por legitimidad democrática.

La propuesta permite que ésta sea una actividad ejercitada en forma separada del estado de excepción, que pueda activarse por esta vía, pero que no sea su consecuencia inmediata. Si un conjunto exigente de instancias democráticas, en esas condiciones, optan por ejercer dicha atribución, el BC debe estar autorizado a financiar al Fisco. Ese financiamiento debe ser limitado en el tiempo, y en condiciones de costos que no comprometan el patrimonio del BC.

Nos parece incorrecto negarse a esta posibilidad, con argumentos referidos a la experiencia inflacionaria chilena de la segunda mitad del siglo pasado, o la de algunos países de América Latina en la actualidad. Primero, porque la institucionalidad actual del BCCH es muy diferente a la del pasado y Chile ha logrado hace 30 años controlar la inflación. Segundo, porque se trata aquí es de situaciones de excepción constitucional, bien precisadas, graves y acotadas en el tiempo.

En síntesis, este Foro considera que el BCCH siempre debe estar facultado para operar en el mercado secundario de bonos. Asimismo, este Foro considera que el BCCH debe estar facultado para financiar directamente al Fisco, en situaciones de guerra, pandemias, terremotos u otras catástrofes, debidamente calificadas. En ese sentido, es de toda conveniencia modificar la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del BCCH a este respecto.

No obstante, la propuesta formulada, el problema más serio que enfrentamos es el de la política fiscal, a cargo del presidente de la República.

El Foro considera que esta debe ser mucho más agresiva e imaginativa. Actualmente, esta no tiene dificultades de financiamiento, pero sí confronta «restricciones ideológicas» e ineficiencia operativa. Es cosa de ver lo que están haciendo países como Dinamarca, Australia, Alemania, Japón y muchos otros más, donde se utilizan diversos mecanismos y medidas para intentar mantener los ingresos y la capacidad de compra de la población; la mantención de los empleos (aunque sea a tiempo parcial), así como la subsistencia de las empresas.