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A reconstruir la centroizquierda

Columnas

Valparaíso: ¿Joya del Pacífico o casa ocupa?

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Por Santiago Jara Franco

Valparaíso entero se ha convertido en una “casa ocupa”.

Por cierto, está ocupado por comercio ambulante; ocupado por delincuentes que roban a destajo; ocupado por antisociales que rayan, destruyen, orinan y defecan por doquier.

Pero los porteños nos hemos acostumbrado o simplemente resignado. Hemos perdido el olfato para pasar por algunas calles y no sucumbir ante los olores nauseabundos. Hemos perdido la vista, para que no nos moleste la picantería que algunos llaman “arte”.

Hemos perdido el sentido del buen gusto para no sorprendernos de tanta destrucción y afeamiento de nuestra ciudad, que algunos insisten en confundir con “suciedad”.

Pareciera que hace tiempo tenemos perdida esta batalla.

Para que cambie esta situación, tenemos que recuperar el amor por este “puerto que amarra como el hambre”, como cantaba el Gitano Rodríguez.

Hay que querer, hay que amar el lugar donde nacimos, crecimos y vivimos.

Hay que amar cada calle, cada monumento, cada recóndito pasaje y quebrada por los cuales se encaminan nuestros pasos.

Hay que amar la tierra que pisaron nuestros antepasados y que pisarán nuestros hijos.

Hay que amar y, por ende, cuidar cada piedra, cada muralla, no porque sean patrimonio de la humanidad, sino porque son nuestro patrimonio y el de las futuras generaciones.

Sólo cuidamos lo que amamos.

En Valparaíso, urge ordenar y limpiar la casa, para que podamos sentirnos orgullosos de vivir en “la joya de Pacífico”…//ELF

Mega edificios, silencio culpable

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Por Felipe Muñoz 

Alcalde de Estación Central 

Estación Central atraviesa por un tiempo de extrema complejidad. El explosivo crecimiento de su población, que pasó de 120 mil a por lo menos 200 mil personas en siete años, ha provocado una crisis de sostenibilidad sin precedentes en la historia local.

Todo se origina en la construcción desmesurada y abusiva de mega edificios que han plagado el territorio, arruinando la calidad de vida de los entornos y produciendo una urgencia de seguridad casi incontrolable. Edificios cuya construcción, así lo dictaminaron diversos procesos judiciales y la Contraloría, fueron levantados de manera ilegal, amparados en vacíos administrativos y apuntalados por la corrupción.

En Estación Central se ubican tres terminales de buses, la principal estación de trenes del país, el campus de la Usach, hospitales y clínicas, la sede principal de la Teletón y extensas zonas comerciales. Por esta comuna transitan tres millones y medio de personas cada mes.

Dadas estas circunstancias, hoy carecemos de la infraestructura mínima para atender a la población. Cálculos conservadores nos indican que necesitamos, por lo menos, tres nuevos Cesfam, múltiples salas cunas, otra comisaría y un cuartel de la PDI, aparte de tecnologías que permitan hacer un mejor control de seguridad.

Nuestra gestión ha trabajado sin pausa, por ejemplo hemos triplicado la flota de vehículos e inspectores de seguridad y estamos avanzando para tener el primer Cesfam municipal. Sería muy largo enumerar todo lo que estamos haciendo para paliar una situación de bordes casi imposibles. Es el Estado de Chile quien tiene una deuda con los vecinos y las vecinas de nuestra comuna, y su obligación es pagarla con hechos concretos. Eso hemos demandado permanentemente y, hasta ahora, las respuestas han sido débiles.

Hoy, nos piden que se haga entrega de los permisos para otras 9 grandes construcciones, que significaría agregar, al menos, otras 25 mil personas al territorio comunal. Nos hemos resistido, y lo seguiremos haciendo dentro de los difíciles márgenes de la legislación vigente, para impedir que se profundice en la zona de sacrificio urbano.

¿Qué dicen los responsables principales de esta verdadera tragedia? ¿Dónde está la voz de las inmobiliarias que construyeron sin planificación ni conciencia? ¿Qué palabras han señalado las autoridades que permitieron que esto ocurriera?

De ellos sólo hemos sentido el silencio. Un silencio pesado y espeso, que se parece demasiado a la culpa no asumida. No hemos visto un comunicado que se haga cargo de la aberración cometida o una entrevista que pida explicaciones; dicho sea de paso, que poco se interroga en los medios a los grandes poderes económicos.

De vez en cuando, aparecen en paneles de radio y tv «voceros espontáneos u oficiosos», que recuerdan el déficit habitacional y las «necesarias certezas jurídicas» para defender el interés de los que callan, aunque sea a costo de un nuevo sacrificio urbano. Pero los verdaderos responsables, esos que consiguieron las decisiones espurias e «hicieron el negocio», callan. Porfiadamente callan.

El silencio es, habitualmente, signo de acatamiento, de culpa y de vergüenza. La sabiduría popular lo dice con toda claridad: «el que calla otorga». Por nuestra parte, seguiremos levantando la voz, porque defender a las vecinas y vecinos de Estación Central es nuestra principal obligación. //ELF

Interculturalidad en el espacio comunitario

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Leonel Sánchez
Por Leonel Sánchez
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Diplomado en Diseño, Evaluación y Gestión de Proyectos de Interés Público, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. Con estudios en Introducción a la Teología, Departamento de Extensión, Facultad de Teología, Universidad Católica de Chile.

Hay que reconocer y visibilizar diversas experiencias locales, comunitarias o municipales, que se están desarrollando en diferentes partes del país, y poder compartir dichas experiencias de trabajo comunitario sobre interculturalidad de manera tal que pueda servir de piloto o experiencia motivante para otras comunas, permitiendo generar redes de colaboración y de sensibilización de un tema que en Chile se hace cada vez más prioritario y urgente de abordar.

Vivimos tiempos de clasismo, xenofobia y racismo incentivados por los que quieren instalar una agenda de seguridad pública, la cual no se condice con el derecho internacional de los derechos humanos. En lo referente al proceso migratorio y su criminalización, el desafío debe ser claro en evitar dicho proceso criminalizador desde las leyes que actualmente están en discusión y desde la instalación comunicacional de ciertos intereses políticos de sectores reaccionarios de la sociedad chilena.

Una de las formas de enfrentar el desafío planteado dice relación con considerar ciertos aspectos vinculados a la interculturalidad, sus aportes, componentes y definición, en una sociedad inserta en un proceso cada vez de mayor globalización, superando la mirada multiculturalista eurocentrista y colonizadora, entendida como aquella visión homogeneizadora asociada a los conceptos de Estado y de Nación desarrollados a la medida de los países del primer mundo. En tal sentido, plantear el desafío de avanzar hacia un auténtico diálogo intercultural desde el espacio comunitario.

Se debe desarrollar un trabajo de interculturalidad que recoja e impregne las miradas y visiones que tienen dichas comunidades de inmigrantes a nivel local, y se comparta e integre con el trabajo que realizan otras personas y organizaciones locales, superando el actual modelo que ha tendido a oscurecer las demandas de grupos étnicos minoritarios, influyendo en los debates sobre los derechos de estas comunidades, de manera que se pueda ir cuestionamiento el modelo de Estado-Nación, donde el multiculturalismo neoliberal ha emergido como una estrategia de legitimación para el mantenimiento de estructuras de poder que no reconocen adecuadamente la diversidad (Figueroa, 2017).

Es un imperativo desarrollar una estrategia para incorporar la interculturalidad entre las acciones a desarrollar en dicho espacio comunitario. Debe ser una estrategia definida en forma participativa, comunitaria, flexible y dinámica, que recoja, especialmente en el caso particular de las comunas urbanas y populares de Chile, la diversidad de migrantes o minorías. Comunas donde ha sido la marginación la que ha caracterizado el proceso de toma de decisiones de política pública, no queriéndose incorporar aquellos elementos que pueden favorecer procesos respetuosos que promuevan su desarrollo y que desde un espacio comunitario se podría aportar en una construcción de políticas públicas “desde abajo”.

En estos espacios comunitarios es donde podemos ir generando conciencia en la construcción de un modelo de trabajo intercultural y formarnos, como actores sociales y culturales, aportando hacia una mayor interculturalidad, entendida como una filosofía que se esfuerza por crear una diversidad cultural, tratando de comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar y gozar las contribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, así como asegurar la completa participación de cualquier ciudadano para derribar las barreras culturales (Figueroa, 2017).

Se pueden plantear iniciativas detonantes, generando “conversatorios sobre Interculturalidad”, convocando a diversos actores locales y personas comprometidas, consolidando agentes sociales y culturales para abordar dicha temática, desde la perspectiva comunitaria de los espacios vinculados a los Derechos Humanos, participando personas de los más variados perfiles, nacionalidades, edades y sectores de las respectivas comunas, para darle la riqueza de la diversidad local, con un trabajo comunitario paciente y persistente, que convoque a superar desconfianzas y a realizar aportes, considerando las dificultades de tiempo que siempre son un obstáculo en la incorporación de la vida comunitaria.

Por último, hay que reconocer y visibilizar diversas experiencias locales, comunitarias o municipales, que se están desarrollando en diferentes partes del país, y poder compartir dichas experiencias de trabajo comunitario sobre interculturalidad de manera tal que pueda servir de piloto o experiencia motivante para otras comunas, permitiendo generar redes de colaboración y de sensibilización de un tema que en Chile se hace cada vez más prioritario y urgente de abordar. //ELF

Inicio del Consejo Constitucional: Una oportunidad democrática de contrarrestar la primacía republicana

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EDITORIAL

Hoy, comienza oficialmente una nueva posibilidad democrática. Un episodio republicano en la historia de Chile, como segundo proceso constituyente, tras rechazo de texto surgido de la primera convención. Y por «episodio republicano» no apuntamos al hecho de que el Partido Republicano tenga mayoría de escaños (con 22 consejeros), sino que el Estado, con la sociedad civil organizada en la República de Chile escogió a un grupo de personas para redactar la nueva Constitución, superándola del dictador -y jamás estadista, como lo hizo ver el opus dei, patriota-republicano, Luis Silva, que integrará de hecho esta instancia-, nos referimos al ya vapuleado tantas veces, y que sigue generando discordia en la población, Augusto Pinochet Ugarte.

La segunda puede ser la vencida, siempre y cuando, la centroizquierda y la izquierda tengan voz. Hoy reducida. La DC no tienen ningún consejero electo. Este nuevo órgano estará integrado por 22 consejeros del Partido Republicano, 16 de Unidad para Chile, 11 de Chile Seguro, más el escaño indígena habitado por Alihuén Antileo.

Al comienzo de semana, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), proclamó a los 51 representantes electos el 7 de mayo, que hoy habitarán el cargo. Ayer, los consejeros concurrieron al exCongreso de la capital para recibir materiales de trabajo, computadores y el reglamento del Consejo.

Hoy, durante esta mañana, se efectuará la sesión de instalación del Consejo Constitucional, en el hemiciclo de la Cámara de Diputad@a, del exCongreso Nacional. Instancia deberá discutir y aprobar la propuesta de nueva Carta Magna, que será votada en diciembre. Los Consejeros se deberán pronunciar también respecto del anteproyecto que elaboró la Comisión Experta la que resultó de un acuerdo desde el Partido Republicano hasta el PC.

¿Imperará ese mismo ánimo democrático? Los ciudadanos tendrás la oportunidad de evaluar aquello a partir de hoy. Las sesiones serán públicas y transparentes, tanto en sala como en comisiones. ¿Serán tan transparentes como sucedió en la pasada Convención? Porque ahí se revelaron situaciones vergonzosas, como que un convencional no pudo votar porque se estaba duchando, otro con guitarra, otros disfrazados insultos, manifestaciones, ideologías exacerbas y discusiones vagas, etc. Lo que derivó en desconfianza y posterior Rechazo el pasado 04 de septiembre, del texto propuesto.

Pero hoy estamos ante un nuevo escenario político, en el que la derecha -y la más conservadora, la «ultra- tiene la batuta. Poseen, literalmente, el sartén por el mango con mayoría que supera dos tercios. La única manera de romper esta barrera infranqueable, es que prime el diálogo para llegar a consensos y acuerdos. Pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos, será el núcleo de toda la discusión. Hasta qué punto, ¿el Estado garantiza derechos sociales como la educación, salud, vivienda y medio ambiente, incluido la seguridad pública y social?

Los republicanos querrán mantener el Estado subsidiario, con pocos derechos garantizados. La mixtura público-privada sería, entonces, la receta para cumplir aquello. El Estado solo no podría, porque se argumentará siempre la falta de recursos para proveer derechos por parte de la derecha. Se reivindicaría, por ende, el sistema de concesiones, pero con contratos no tan abusivos –ni a 20 años-, que perjudique a usuarios y beneficien a privados.

Los republicanos, y la derecha conservadora, están en situación de «win-win», porque si se rechaza el texto que se elaborará nos quedamos con la actual constitución pinochetista, pues no habría ánimo social ni político para un nuevo proceso constituyente, al menos, en el corto plazo. Hemos de esperar, en consecuencia, que la cordura prevalezca y que los que hoy tienen mayoría no bloqueen ni neutralicen al resto de la clase política, sino que escuchen e integren propuestas antagónicas, dado que la constitución debe ser, realmente, la casa común de todos, representarnos a todos – o a la gran mayoría- y tener una vigencia prolongada de mínimo 40 años. Ideal que se busca alcanzar. Hoy, partió lo que en diciembre termina. Finalmente, la gente decide. //ELF

Asesinatos de carabineros: ¿De dónde salen las armas?

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Por Jorge Consales

Ha transcurrido un tiempo desde los sucesivos asesinatos de Carabineros, que provocaron un generalizado rechazo e indignación de la ciudadanía y también cesó la presión mediática, sensacionalista (casi morbosa) de los canales de TV, que cubrieron estos hechos, por semanas enteras y programas especiales, al igual, que connotados personeros de derecha, que utilizaron políticamente la conmoción pública que estos lamentables hechos provocan y el dolor de las familias afectadas.

Sin perjuicio del imperativo de encontrar a todos los culpables, aplicando a éstos el rigor de la ley, hay una arista que las autoridades y organismos policiales, al parecer, han dejado de lado o no han investigado lo suficiente: ¿CÓMO Y DE DÓNDE, estas bandas criminales obtienen esas armas con alto poder de fuego y sus municiones?

La tasa de homicidios en Chile subió desde 2,6 hasta 5,7 asesinatos cada 100 mil habitantes y existen serios indicios que este incremento, se debería en gran parte a la existencia de bandas criminales organizadas que tienen incorporado el asesinato en su modo de operar y lo asumen como un costo de sus acciones delictivas. Dichas bandas, además están preparadas para enfrentarse con la policía.

No es baladí relacionar el aumento de los asesinatos y las armas utilizadas en estos hechos de sangre, con el incremento de los casos de sustracción y tráfico de armamento y municiones que se han denunciado, muchos de ellos, perpetrados en los propios recintos policiales y militares. Una investigación de CIPER(*) analizó 38 casos de robos a  Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando 54 funcionarios implicados en estos robos, a la vez la PDI, reportó la desaparición de 56 armas de sus dependencias en sólo un año.

Estos datos demuestran que es necesario, un mayor control del número de armas en las instituciones policiales y FFAA., modernizar los procedimientos de uso y entrega a los funcionarios, el registro de armas que se extravían o son robadas a éstos y la forma en que se desecha o reemplaza dicho armamento. Además, que es urgente fiscalizar como funciona el comercio legal de armas y su eventual participación en un mercado negro que arroja millonarias ganancias. Al mismo tiempo, urge continuar restringiendo al máximo, la tenencia de armas por parte de particulares, perfeccionando la normativa actual sobre la materia.

Una investigación profunda y exhaustiva sobre la ruta de las armas perdidas, sustraídas y robadas que finalmente son adquiridas por los delincuentes, debería ser abordada por las autoridades e implementada por los equipos de inteligencia policial, ya que sus resultados, permitirían la implementación de políticas y medidas de fondo, si se quiere enfrentar el flagelo de la delincuencia de manera eficaz. Esto, porque tan o más importante que reprimir el delito, es prevenirlo, y una buena forma para ello, es impedir que las armas lleguen a las manos de los delincuentes. //ELF

Salir del victimismo, reivindicar la emancipación

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Por Eduardo Saavedra 

Abogado. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos humanos, Universidad de Talca. 

El arrollador triunfo del ultraderechista Partido Republicano en las pasadas elecciones de consejeros constitucionales, celebradas el 7 de mayo, no fue para nada sorprendente. Responde al mismo desincentivo ciudadano, el «apagón constituyente», que se vio claramente reflejado en las encuestas de opinión pública, luego de la aplastante victoria del Rechazo a la propuesta de nueva Constitución en septiembre de 2022.

Es cierto que la opción Rechazo nunca perteneció exclusivamente a la derecha, no es menos cierto que la irritada impaciencia ciudadana frente a una urgente demanda de seguridad en sus barrios, acordonados por el crimen organizado, y alguna respuesta inmediata a la inseguridad económica y al desempleo, le ha impuesto el «voto castigo» al actual gobierno de Gabriel Boric.

Y en este sentido, la mayoría de la Convención Constitucional incurrió en la peor irresponsabilidad, al presentar una propuesta de nueva Constitución completamente ajena a esta nueva realidad. No haber acordado un texto que fuese «aprobable» para la mayoría ciudadana, fue, en efecto, el mayor daño que se le hizo a las propias demandas democráticas y de bienestar social que esos mismos convencionales pregonaron representar.

El ala más radical de la izquierda, que fue mayoritaria en la Convención, insistió en acomodarse en el victimismo de las identidades y el rasgamiento de vestiduras en contra de quienes no compartieran o se atrevieran a cuestionar su delirio de soberbia.

Y cuando después del triunfo del Rechazo, la clase política tomó las riendas y suscribió el Acuerdo por Chile, en diciembre pasado, ya era tarde: El cambio de Constitución había dejado de ser prioridad como eje articulador de esta crisis.

El denominado «estallido social» de 2019, provocado principalmente por una frustración de expectativas en la generación actual, dejó en evidencia la debilidad de la fuerza pública y de la autoridad estatal. Vulnerabilidad que se prestó para que la violencia del crimen organizado se «viralizara» en los barrios y en las calles. Mientras que la crisis del Covid-19 generó una severa desaceleración económica y, consecuentemente, un brusco aumento del desempleo, que hasta hoy no se supera.

En suma, se produjo una reconducción del malestar desde la frustración aspiracional a la extrema inseguridad; y quien mejor supo representarlo fue el radicalismo de derecha del Partido Republicano, que ha obtenido el poder de veto en el nuevo Consejo Constitucional.

Ahora bien, dado este nuevo escenario político y más allá del resultado (desastroso o no) que pueda emerger de este Consejo, la tarea más urgente para quienes no deseamos el país que quiere la ultraderecha es salir del victimismo y reivindicar la emancipación.

Porque una lección de esta doble derrota de la izquierda en el proceso constituyente ha sido, precisamente, que «el victimismo paraliza», como ha dicho el escritor colombiano Carlos Granés.

¿Cuánto tiempo no perdieron los convencionales en intensos pero estériles debates sobre «plurinacionalidad» o «pluralismo» jurídico, como leyes inquebrantables para satisfacer las expectativas de las diversas «víctimas identitarias», mientras la mayoría del país padecía los efectos de la inseguridad ciudadana, económica y sanitaria?

Cierto es que Chile y Latinoamérica están llenos de víctimas reales, como son las personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, exiliadas, relegadas o exoneradas por las dictaduras militares. Así como las minorías étnicas, sexuales y extranjeras, que han sido discriminadas, desplazadas y maltratadas, y quienes todavía sufren las fatales consecuencias de la infame represión policial del último tercio de 2019.

Sin embargo, como advierte Granés, la reparación (moralmente encomiable) y la memoria (políticamente interesante) deben incluir la emancipación. Porque el anquilosamiento se produce justamente cuando no intentamos liberarnos del peso del pasado, del dolor y el resentimiento, y nos detenemos en el tiempo para no olvidar la dolencia y el atropello.

Es por ello por lo que apelo al sacrificio, entendido como esfuerzo mancomunado por abrazar el futuro sin petrificarnos en el pasado. Porque de lo que se trata es de volcar nuestra mirada hacia el otro a través de una conciencia histórica con proyección futura.

La historia de Chile del siglo XX nos aporta la experiencia política de una clase media organizada, que luchó incesantemente por dejar de ser víctima, forjando sus espacios de participación, tanto en el poder político como en la esfera económica y cultural del poder, teniendo como eje el bienestar de sus hijos por quienes se sacrificaba, para no seguir siendo lo mismo toda la vida.

Los avatares de nuestra organización social mesocrática son un valioso testimonio del pasado para reorientar nuestros anhelos presentes hacia una emancipación futura; y recogiendo las lecciones de esa experiencia, podamos cumplir, tal vez en otro tiempo, la promesa liberadora de un auténtico proceso constituyente y democratizador para el pueblo de Chile.