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A reconstruir la centroizquierda

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Politica

Candidatos presidenciales de todos los sectores se abren a eventual postergación de elecciones ante alza de casos de covid

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Este viernes, las cifras del covid-19 en nuestro país alcanzaron su máximo histórico después de un año de pandemia, lo cual motivó a la mayoría de los candidatos presidenciales tanto del oficialismo como de la oposición a manifestar su apertura ante la posibilidad de aplazar las mega elecciones del 10 y 11 de abril. Por ejemplo, la abanderada de la DC, Ximena Rincón, expresó que «claramente cuando la salud está en juego no se puede dudar. Y la decisión de postergar las elecciones parece inminente. ¿Qué se requiere? Certezas sobre los criterios que se van a utilizar para establecer las nuevas fechas y que se implemente el voto a distancia».

En la misma línea, el postulante de RD y CS, Gabriel Boric, manifestó que «sobre las elecciones, respaldamos el llamado del Colegio Médico a evaluar en conjunto con el resto de la sociedad el día lunes si es que es pertinente postergarlas. Pero no basta sólo con decir que se deben aplazar, hay que pensar en las consecuencias de aquello». «Por ello proponemos establecer límites estrictos al gasto electoral, para que no sean solamente las campañas financiadas por los grandes empresarios o aquellas que tienen recursos las que puedan sostenerse en el tiempo. Es importante que en esta campaña primen por sobre todo las ideas, mucho más que el dinero», enfatizó.

En tanto, su par del PS, Paula Narváez, recalcó que «frente a la crítica situación de la pandemia, el llamado que hago es a la unidad tras el objetivo más importante. Salvar vidas. Frenando contagios y apoyando económicamente a las familias, en este contexto lo razonable es posponer las elecciones del mes de abril». Una postura similar planteó el candidato del PPD, Heraldo Muñoz, quien afirmó que «la vida de las personas es lo más valioso y, por eso, le pido al Gobierno que extreme las medidas de control sanitario para que las elecciones se realicen de manera segura. Debemos escuchar a los expertos y a la ciencia para definir qué hacer».

«Eso debe guiarnos a la mantención de la fecha o su eventual postergación, no una decisión política. Al mismo tiempo, debemos cuidar nuestra democracia, el proceso constituyente y la elección de los gobiernos locales, eso es igualmente importante. Mantengamos la prudencia en este momento tan difícil para la ciudadanía», añadió.

Asimismo, el candidato presidencial del PR, Carlos Maldonado, advirtió que «este es un tema más de los especialistas médicos que de los políticos. Lo que se determine como necesario para proteger la salud y la vida de las personas contará con nuestro apoyo». Posturas en el oficialismo Mientras, desde Chile Vamos, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, señaló que «siempre se ha dicho que lo sanitario prima por sobre lo económico, y también prima entonces sobre lo político.

Si el Colegio Médico o el Minsal nos dicen que estas cifras tú deberías postergar las elecciones, para mí está claro». La misma propuesta señaló el abanderado de RN, Mario Desbordes, quien recalcó que «la prioridad número uno, número dos, número tres es la salud de los chilenos y chilenas y por lo tanto tomemos todas las medidas necesarias. Si es necesario postergar la elección que se postergue, siempre con criterio sanitario».

«Lo primero es la salud de las personas, en eso no hay que perderse ni un segundo. La elección es muy importante, pero nada está por sobre la salud. Y si vemos que la elección pone en riesgo la salud de la gente. hay que suspender. Me parece que la votación en 2 días es una alternativa razonable, pero hay que ver los números», dijo. Una postura diferente manifestó la precandidata de la UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que «yo soy candidata, por lo tanto, encuentro de mal gusto dar mi opinión, porque va a ser interpretado como que eso es lo que me conviene», junto con destacar que es algo que deben resolver las autoridades. «Ellos tienen toda la información, ellos tienen que tomar la decisión y obviamente lo que estamos haciendo en la municipalidad es preparar todos los locales de votación con todas las medidas de seguridad, de la misma forma que se hizo durante el Plebiscito, ocasión en la que no hubo rebrote», agregó. En la misma línea, el candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, aseguró que «a los políticos nos gusta opinar de todo, pero creo que aquí hablen las autoridades sanitarias que saben cuál es la condición. No soy especialista y me encanta que sean los especialistas quienes lo decidan».

«Voy a decir lo que me gustaría. Me gusta mucho más un procesos electorales que mantengan sus fechas con certeza, en la medida que se puedan mantener las condiciones sanitarias y creo que hay una solución intermedia, que es hacer una elección que dure cuatro días como lo hicieron otros países», destacó.

A su juicio, una opción es que se vote «por grupos, en orden alfabético y por edades, de manera de evitar cualquier tipo de propagación de contagio. Pero si las autoridades sanitarias dicen que no es posible, lo tenemos que hacer (…) si la situación es más crítica, no tengo problema en que se suspendan». Finalmente, el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, sostuvo que «las próximas elecciones son un evento muy esperado y muy importante. Pero más importante es cuidar la salud y vivimos un momento difícil a nivel de la pandemia.

Con todo, la decisión de postergar o no las elecciones no debe ser política». «Debe ser una decisión médica, basada en criterios de salud, confiando en la comunidad científica y en nuestras autoridades. Si cada cual tiene su propia política o estrategia sanitaria, nos quedamos sin estrategia sanitaria, confiemos en los daros, en nuestras autoridades y en la comunidad científica a la hora de resolver», concluyó.

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Elecciones, Servel

Candidata presidencial Ximena Rincón solicita postergar las elecciones: «Cuando la vida corre peligro no se puede dudar»

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Hoy se registró un récord en cuanto al número de contagios en las últimas 24 horas y en el balance diario entregado por el Minsal, informaron de 7.626 casos nuevos. Los números siguen al alza y desde el escenario político ya se comienza a poner sobre la mesa una posible postergación de las megaelecciones de abril. La senadora DC y candidata presidencial, Ximena Rincón, planteó el cambio de fecha de los comicios ante el contexto de pandemia.

“Claramente cuando la salud está en juego, cuando la vida corre peligro, no se puede dudar y la decisión de postergar las elecciones parece inminente”, dijo Rincón.

Además agregó que “se requiere certezas de los criterios que se van a utilizar para fijar las nuevas fechas, que se implemente el voto a distancia y lo que nos han señalado todos los alcaldes en nuestro recorrido, es que cuenten con recursos para asumir el alza de los casos por contagio”.

Desde el Gobierno insisten en que las elecciones deben realizarse el 10 y 11 de abril y algunos de los ministros han salido a reafirmar esta idea.

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Ximena Rincón

¿Deben participar los trabajadores de los directorios de las empresas?

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Felipe Ossandón 

Socio de Desarrollo y Trabajo Consultores, donde se asesora sindicatos en materias de negociación colectiva y en los ámbitos laboral y estratégico.

En la última semana se ha abierto el debate respecto de la participación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas.

De manera automática, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, ha rechazado las propuestas, afirmando que era una idea que no se practicaba en ninguna parte del mundo. Lo cierto es que ello no es así. En nuestro país tenemos experiencias importantes y exitosas de integración de los trabajadores y trabajadoras en los directorios de empresas, específicamente en las más importantes empresas del Estado.

Codelco, ENAP, TVN, BancoEstado, Ferrocarriles del Estado y todas las empresas portuarias estatales tienen representación de trabajadores en sus directorios. En algunas de ellas, esto corresponde a una tradición de larga data, por lo que tenemos una experiencia y un aprendizaje importante al respecto. Cabe señalar que la propia OCDE recomienda la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas(1).

¿Cómo se determinan dichos representantes? Existen actualmente tres modelos. En el caso de la Corporación del Cobre, corresponde a dos representantes en un directorio de nueve personas. Uno de ellos es propuesto por la Federación de Trabajadores del Cobre y otro por la Federación de Supervisores en conjunto con la Asociación de Supervisores. Son las organizaciones sindicales, entonces, las que proponen a sus directores.

Un segundo modelo se aplica en empresas como TVN, BancoEstado, EFE o las portuarias. En este caso, el o la representante de los trabajadores en el directorio surge de una votación secreta de todos los trabajadores y trabajadoras. En la mayoría de los casos, los representantes sindicales tienen iguales facultades que los demás directores o directoras, salvo en el caso de TVN, donde no tiene derecho a voto.

El tercer modelo, mixto, es el que se consagró en la última reforma a la Ley de Gobierno Corporativo de ENAP, estableciendo una elección que reconoce la titularidad de las organizaciones sindicales, así como la participación de aquellos trabajadores no afiliados a sindicato alguno.

¿Están expuestos los representantes de los trabajadores a conflictos de interés en un directorio de empresa? Por cierto, al igual que todos los directores y directoras que los conforman. Recordemos que los directores no representan los intereses «de» la empresa, sino el interés de sus mandantes «sobre» la empresa, en tanto accionistas o inversores de la misma. No siempre el interés de la empresa es compartido por todos sus accionistas y no siempre el interés de todos los accionistas es coincidente, como hemos visto en infinidad de ejemplos. En ese sentido, la experiencia indica que los directores laborales deben estar sujetos a las mismas restricciones e inhabilidades que la Ley de Sociedades Anónimas establece para los demás integrantes del directorio, en lo relativo a reserva de la información y prevención de conflictos de interés.

Es algo perfectamente practicable y las empresas señaladas, así como sus trabajadores tienen una amplia experiencia en ello.

En lo relevante, la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios es un aporte sustantivo a la gestión empresarial. Muchos de los conflictos laborales, especialmente en tiempos de crisis se intensifican a partir del desconocimiento de la situación de la empresa o de los planes estratégicos de la misma por parte de los trabajadores. Cuando uno no sabe «para dónde va la micro», las posibilidades de identificarse con la gestión se reducen dramáticamente. De las empresas estatales grandes, Metro S.A. es la única que carece de representación laboral en el directorio y ha vivido una conflictividad laboral más intensa que las demás en el marco de la crisis sanitaria.

Por otro lado, en tanto los directores y directoras que representan a los accionistas no forman parte de la gestión cotidiana de la empresa, están sujetos a la información que de ella le entregan las gerencias y los organismos de control. La voz de los trabajadores se transforma en otro canal, calificado y útil, para saber qué pasa al interior de la organización y tomar mejores decisiones. Los trabajadores, por su parte, a veces encuentran en el directorio oídos que no siempre encuentran en sus respectivas gerencias.

Finalmente, las empresas son comunidades. Tienen una organización, una administración y una jerarquía necesaria para la articulación de las mismas. En este marco, la tradicional visión autoritaria o militarizada de una gestión donde a los trabajadores solo les cabe acatar decisiones ajenas ha ido en retirada; de la mano de la acción sindical, de los comités bipartitos y paritarios, así como del reconocimiento de los derechos fundamentales al interior de la empresa. Pretender que los trabajadores no tienen la capacidad o el interés de aportar a las decisiones estratégicas de una empresa no solo demuestra una persistencia de dicha visión autoritaria, sino que una enorme ceguera.

Las relaciones laborales en Chile requieren avanzar en igualdad y en democratización. Las desigualdades y fracturas de nuestra sociedad nacen ahí donde la riqueza se crea y mal distribuye, en la empresa. Propuestas como las del diputado Gabriel Boric, incorporadas también en las formulaciones programáticas de Paula Narváez, pueden ser enriquecidas a la luz de la experiencia chilena y deben ocupar un lugar relevante en los programas de las distintas candidaturas de la izquierda.

El rechazo automático y reflejo de la CPC solo nos muestra lo mucho que tenemos por avanzar en esta y otras materias.

(1) OECD (2015) Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.

https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264244160-en.htm

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista

Trabajo decente: Pilar de la nueva constitución

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Juan Somavia

ExDirector General de la OIT Preside el Consejo Asesor Constitucional de la CUT

La franja oficial, debates televisivos y programas de radio, han permitido conocer las opiniones de las y los candidatos a la Convención Constituyente. Mas de alguien resaltó que la promoción de la dignidad del ser humano en el trabajo y su expresión concreta en el derecho al Trabajo Decente, debe tener rango constitucional.

Por cierto, el reconocimiento y la garantía de la dignidad a partir del trabajo, se origina en un constitucionalismo social contenido en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (creada en 1919), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (1968), los valores del Estado de bienestar y, desde luego, en las sostenidas luchas sociales y políticas en todos los países que, con sus duelos, tragedias y éxitos, durante este largo proceso histórico, han logrado avanzar progresivamente en el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Camino sobre el cual queda mucho por recorrer.

Chile llevaba años encaminándose en esta dirección. Sin embargo, la dictadura y su Constitución cortaron ese curso en seco, imponiendo un retroceso del que aun no nos recuperamos plenamente. Su visión neoliberal sobrevaloró el papel del mercado, ignoró su incapacidad para autorregularse y comercializó los derechos sociales; Junto a ello, subvaloró el papel del Estado y sus sistemas regulatorios y devaluó el valor del trabajo y las políticas públicas en materia social. Aumentó aun más el desequilibrio de poder entre capital y trabajo.

Los y las constituyentes tendrán la tarea de reconocer el enorme valor que tiene el trabajo decente, concepto propuesto por la OIT en 1999, en la construcción de una sociedad armónica, con cohesión social y sana convivencia democrática. Porque, finalmente, la vida nos ha demostrado que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. Y hay una gigantesca labor por delante en Chile y en el mundo, particularmente después de los retrocesos sociales producidos por la Pandemia y las transformaciones en el trabajo ligadas a la revolución digital y el tránsito hacia un desarrollo sostenible.

Lo bueno es que no partiremos de cero. Existe un consenso mundial en torno a la necesidad del trabajo decente, gestado progresivamente en las últimas decadas, cuyo más reciente eslabón es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en 2015 por unanimidad de todos los países al más alto nivel político en Naciones Unidas. Su objetivo 8 nos indica la decisión colectiva de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Hoy, se trata de avanzar desde esa potente aspiración política y social global a la realidad nacional y local. Debemos valorar el enorme significado que tiene para todos y todas el trabajo en nuestra sociedad, lo que implica poner este reconocimiento en el corazón de la Nueva Constitución e incorporar el derecho al Trabajo Decente como principio fundacional de la misma.

En Chile, para avanzar en esta dirección tenemos que reconocer donde estamos; y lo concreto es que no estamos bien, ni en la realidad, ni en los conceptos. La actual Constitución Política considera el trabajo del ser humano básicamente como un costo de producción. Igual que las materias primas, los intereses bancarios, el transporte, la publicidad y otros.

Sin embargo, en la vida real, para las personas, las familias y las comunidades, el trabajo decente es tanto más que eso, tiene un valor social, no es sólo un precio:

Es fuente de dignidad personal y valoración de si mismo. Nos probamos en el trabajo. Hay satisfacción o descontento en función de su calidad. El trato recibido, bueno y malo, tiene un enorme impacto subjetivo.

Es fuente de estabilidad de las familias, tantas de ellas monoparentales, o como la gente decida vivir juntos. Cuando hay uno o más buenos trabajos en casa, sabemos que hay menos violencia intrafamiliar, mas distensión, genera un sentido de progreso, hay más confianza en el futuro. Es fuente de mayor paz en la comunidad y sensación de seguridad cuando el trabajo de calidad se ha extendido en el entorno en que vivimos.

Además, el ser humano que trabaja es también un ciudadano y saca conclusiones de su vida laboral. Es difícil pensar que la enorme manifestación pacífica del 25 de octubre 2019 que congregó cerca de dos millones de chilenas y chilenos en todo el país, no tuviera una relación muy directa con la mala calidad del trabajo en Chile.

Por cierto, hoy ninguna de estas dimensiones se expresa plenamente en la mayoría de los trabajos en nuestro país. Los datos confirman lo dicho: El 50% de los chilenos y chilenas tiene un sueldo igual o inferior a $400.000 mil pesos (Fundación Sol, 2019) y el 40,5% de los trabajadores y trabajadoras vive en la informalidad, con toda la inseguridad y precariedad que ello conlleva (OIT, 2019). El monto promedio de las pensiones autofinanciadas recibidas por los jubilados asciende a 159.000 y el 80% de ellas está por debajo del ingreso mínimo (Superintendencia de Pensiones, 2021), el trabajo infantil es un flagelo para 220.000 mil niños, niñas y adolecentes que se ven forzados a trabajar (UNICEF, 2020).

Las múltiples formas de discriminación y desigualdad de género hacia las trabajadoras dramatiza aun más las cifras en materia de empleo. La brecha salarial en trabajos formales asciende en promedio a un 28% menos que las remuneraciones de los hombres, lo que nos posiciona como el 5º país más desigual en materia de género (OCDE, 2020), y el 47% de ellas gana menos que el sueldo mínimo (Universidad de Playa Ancha, 2020). Del total de trabajadores informales, un 57% corresponde a mujeres, en donde el 68,3% gana menos del sueldo mínimo. Lo anterior, se agrava, si observamos que en el 73% de los hogares chilenos son ellas el único sostén económico (Universidad de Playa Ancha, 2020). A ello se agrega la total falta de reconocimiento social, cultural y legislativo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su contribución al bienestar social y a la economía (comunidad mujer 2019).

Por otro lado, existe un evidente déficit en el ámbito del reconocimiento y protección de los derechos colectivos laborales, marcado por una diversidad de limitaciones que los cambios a la legislación y Constitución no han eliminado. Solo el 6,3% de las empresas nacionales tiene organizaciones sindicales y solo un 6% de trabajadores y trabajadoras están cubierto por algún tipo de instrumento colectivo (Encuesta Laboral, ENCLA 2019).

Esta realidad es el fundamento del gran desafío constitucional: reconocer el derecho al Trabajo Decente, individual y colectivo, como un principio fundacional de la Nueva Constitución, acompañado de reglas que garanticen su ejercicio real. Ambas dimensiones deben estar en la Constitución.

Ello nos lleva a la próxima etapa. Las condiciones de ejercicio del trabajo decente se construyen sobre la base del respeto a los derechos fundamentales en el trabajo que postula la OIT: un contrato con salario para progresar no para subsistir, libertad sindical con negociación colectiva a todos los niveles y derecho a huelga multipropósito, fin al trabajo infantil y al trabajo forzoso, no discriminación, igualdad de género en todas las dimensiones del mundo de trabajo y todos los derechos humanos consagrados en los acuerdos internacionales. Incluyendo un sistema de seguridad social con pensiones dignas.

Lo anterior se inserta en el reconocimiento del conjunto de derechos sociales que son parte integral del constitucionalismo social: educación, salud, vivienda, medio ambiente sano y tantos otros. El trabajo decente debe ir acompañado de un piso de protección social que asegure mínimos civilizatorios por debajo del cual ninguna chilena o chileno se debe ver forzado a vivir. Es el momento que la Nueva Constitución reconozca tanto la ciudadanía política como la ciudadanía social.

Este postulado se sitúa en la perspectiva, y la necesidad, de que Chile logre construir una verdadera Estrategia Nacional de Desarrollo Justo y Sostenible con la más amplia convergencia de visiones en torno a la promoción de la dignidad del ser humano y el respeto a la integridad de la tierra. Ello requiere un crecimiento inclusivo, equitativo y eficaz, con cambios profundos en nuestra matriz productiva e inserción internacional, fundado en inversión y consumo sostenibles. Desde ese objetivo situarse en el mundo que viene, pues la velocidad de los cambios tecnológicos, la evolución de los sistemas productivos, la naturaleza de los mercados globales y las tensiones geopolíticas ya nos están planteando enormes desafíos de país que debemos tener la capacidad de enfrentar como nación.

En ese marco, tenemos que profundizar el análisis del significado de esos cambios en los diversos sectores productivos existentes y por crear. Esto, unido a una visión del impacto actual y prospectivo sobre el mundo del trabajo y la estructura del empleo junto a las nuevas necesidades de formacion y capacitacion que ya estan surgiendo. Sabemos que los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la economía digital, el trabajo a distancia que se va a generalizar y la automatización, entre otros aspectos, ya están aquí. Analizar el futuro del trabajo post pandemia y en camino al desarrollo sostenible es esencial. En una perspectiva constitucional, debemos saber armonizar la dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

Por estas razones, junto a un grupo de mujeres y hombres hemos aceptado la invitación efectuada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, para discutir y profundizar las ideas y propuestas del mundo sindical que aspiran a poner en el centro de la Nueva Constitución el reconocimiento al valor del trabajo.

Si el trabajo decente contribuye a la cohesión social, es fuente de dignidad personal, estabilidad de las familias, paz en la comunidad, conciencia ciudadana y de “un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible”, sin duda debemos colocar la valoración del trabajo del ser humano en el corazón de la Nueva Constitución. Todo ello nos debe conducir a reflexionar sobre la importancia y la contribución del trabajo de chilenas y chilenos, en la construcción de nuestra sociedad.

Nada de lo propuesto son aspiraciones nuevas. Los chilenos y chilenas sabemos que lo dicho es una realidad que refleja la vida de muchos millones de compatriotas. Sin embargo, no hemos sido capaces de asumirlas como una tarea nacional que fortalece la convivencia democratica. Para finalizar, debo señalar que todo lo propuesto tiene precedentes en otras constituciones y acuerdos internacionales de los que Chile es parte.

Las y los constituyentes, en su gran responsabilidad, van a tener que encontrar una convergencia de voluntades, quizás inédita. Su tarea es difícil, en este y otros temas similares, pero también potencialmente creativa y hermosa. Tendrán que saber abordar con sensibilidad problemas profundamente íntimos, en que detrás de los conceptos, las cifras y la confrontación de intereses, hay seres humanos de carne y hueso. Y ellos nos dijeron en el plebiscito del Apruebo que tenían esperanzas en esta Nueva Constitución. //ELF

*Ver columna en PDF👇

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Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnas, Columnista, Juan Somavia

Comisión de Hacienda de la Cámara despacha Bono Clase Media con indicación a favor de rentas vitalicias

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Ayer, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobó el articulado del proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca instaurar un bono para la clase media, además de un préstamo solidario y bonos para transportistas.

La sesión estuvo marcada por la indicación introducida por el Ejecutivo, con relación a la emisión de un bono de $100 mil pesos para pensionados del sistema de rentas vitalicias, llegando a 430 mil beneficiarios, recogiendo así las peticiones de los integrantes de la comisión.

La indicación fue aprobada por 11 votos a favor y una abstención, por parte del diputado Giorgio Jackson (RD) y su texto expone que «también serán excepcionalmente beneficiarios del bono clase media los pensionados de vejez e invalidez acogidos a la modalidad de renta vitalicia equivalente a un monto igual o inferior a $408.125», añadiendo que el bono ascenderá a la suma de $100 mil.

En ese plano, la iniciativa fue valorada por personeros de oposición como el diputado Pablo Lorenzini (DC), quien señaló que «es una muy buena disposición, aquí había un sector que estaba quedando fuera. Y está aquí la indicación formal en el sentido de lo que estábamos planteando».

En el mismo sentido, desde el oficialismo, Leopoldo Pérez (RN) comentó que “la aprobación da cuenta de que con diálogo se puede arribar a buenas decisiones y así ayudar a quienes no pudieron ser beneficiados en los primeros programas de ayuda a la clase media. Esto también muestra que la confrontación no nos lleva a nada y debemos estar conscientes de que miles de chilenos necesitan que nos pongamos de acuerdo ya para ir en su ayuda, en medio de esta dramática pandemia».

En la sesión, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, detalló que «como Gobierno en general nos gusta la palabra diálogo», y añadió «buscamos que estas personas no solo tuvieran un bono, sino que además permite que accedan a un préstamos».

Sobre el préstamo, el secretario de Estado manifestó que «si la persona pide el préstamo por tres cuotas, podría optar a $1 millón que pagaría hacia adelante. Se pagaría en cuotas mensuales, donde no pueden acceder de un 5% de la pensión», agregando que «estamos pensando que la pensión es de cerca de $300 mil, un 5% como tope es $15 mil, tiene un máximo de 48 cuotas en cuatro años, y si no se alcanza a pagar, se condona la deuda», sostuvo, fijando como primera cuota a cobrar en enero de 2023.

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Congreso

Enjoy: Contraloría solicitó revisión de los «fideicomisos ciegos» de Piñera

marzo 26, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Hoy, la Contraloría General de la República oficializó que abrirá una investigación en torno al denominado «fideicomiso ciego» del Presidente Sebastián Piñera, producto de las denuncias por presuntos vínculos del Mandatario con la concesionaria de casinos Enjoy.

“La Contraloría General de la República informa que, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere el inciso segundo del artículo 47 de la ley N° 20.880, sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses, ha oficiado a la Comisión para el Mercado Financiero y a tres administradoras de fondos de inversión”, indicó el organismo, en un documento.

En la misma declaración, se detalla que la iniciativa surge “con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan el mandato especial de administración de la cartera de valores (fideicomiso ciego)”.

El caso tuvo su origen en una acusación realizada por la periodista Alejandra Matus, en redes sociales, en las cuales se aseguraba que diversas normas habían favorecido a la concesionaria de casinos de juego, debido a supuestos vínculos con el mandatario y familiares. Entre ellos, destacó el decreto 77 del Ministerio de Hacienda, el cual extendió la prórroga de la ejecución de obras de casinos, “sólo por una vez y por razones fundadas, por un periodo que no exceda de 6 meses, tratándose del cumplimiento de las obras de inicio de operación del casino de juego propiamente tal, y por el mismo período para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto integral”, beneficiando a Enjoy y a su competencia, Sun Dreams.

Por ello, esta tarde, la Contraloría ofició tanto a la Comisión de Mercado Financiero como a BTG Pactual, Moneda Asset y Altis, para solicitarles información relativa los fideicomisos ciegos del Presidente Sebastián Piñera que administran esas tres gestoras.

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Sebastián Piñera

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