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Pizarro: Boric debe decir «si quiere o no que aprobemos el proyecto de indulto»

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El senador Jorge Pizarro (DC) expresó su parecer respecto al proyecto de indulto a los denominados «presos del estallido social», un tópico que ha sido objeto de comentarios durante esta semana luego de que el presidente electo Gabriel Boric, emplazara al Congreso a terminar su tramitación.

«Yo creo que el Presidente Boric tiene que decir claramente es si quiere que lo rechacen o si quieren que lo aprueben. Si quiere que lo rechacemos, lo votamos esta semana; si quiere que lo aprueben hay que entrar a una discusión en particular y buscar acuerdos más allá de lo que está establecido en ese proyecto, porque ese proyecto es malo. Está mal hecho, está mal enfocado», dijo el parlamentario a Cooperativa.

Respecto a ese último punto, el legislador asevera que «todo el mundo lo reconoce», incluso «hasta los propios patrocinantes del proyecto». A modo de explicación dice que «lo que se plantea es el tema de las prisiones preventivas excesivas y el no término a tiempo de los juicios que establezcan las responsabilidades, eso es lo que queremos solucionar, eso es lo que ha dicho el Presidente Boric que hay que solucionar. Eso el proyecto no lo plantea».

También señaló que «la comisión (de Constitución) no han podido llegar a acuerdo, no tienen una presentación distinta. Si mandan a la Sala lo mismo no va a tener los votos».

Sobre eventuales indicaciones, Pizarro estimó que si Booric «quiere buscar una alternativa distinta y enfocarnos en el tema de las prisiones preventivas, que es donde está el problema, en que el Ministerio Público y los Tribunales no están a tiempo tomando las decisiones para establecer responsabilidades o liberando a aquellos que están acusados y no se les puede comprobar nada, entonces a eso hay que abocarse».

Presidenta del Senado en ENADE: “Chile no sólo quiere cambios, necesita cambios”

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Ximena Rincón sostuvo que Chile acumula demandas sociales y territoriales que la transición democrática no resolvió desde un sistema de partidos incapaz de leer la contingencia y actuar frente a ella. “Debemos ser capaces de responder ante la ciudadanía: si vamos a atrincherarnos en nuestras posiciones o vamos a avanzar unidos, resolviendo los temas que ésta nos demanda solucionar”, aseguró la parlamentaria.

Su convicción de que Chile no sólo quiere cambios, sino que los necesita para dar satisfacer las demandas sociales y territoriales no resueltas durante la transición democrática, planteó en Enade la presidenta del Senado, Ximena Rincón González, quien llamó a los actores relevantes del país a definir si se atrinchera para defender posiciones o si avanza en un gran pacto social para desde la unidad resolver los temas que la sociedad chilena demanda enfrentar.

“Chile acumula demandas sociales y territoriales que la transición democrática no resolvió desde un sistema de partidos incapaz de leer la contingencia y actuar frente a ella.  Ahora, Debemos ser capaces de responder ante la ciudadanía: si vamos a atrincherarnos en nuestras posiciones o vamos a avanzar unidos, resolviendo los temas que ésta nos demanda solucionar”, aseguró la parlamentaria.

Ximena Rincón Rincón dijo que resulta evidente que tanto el estallido social, primero, como la pandemia, después, desnudaron las profundas inequidades no resueltas como conflictos étnicos con pueblos originarios, conflictos medioambientales, educacionales, en el mundo de la salud y demandas por más justicia territorial.

“Vimos una sociedad donde un pequeño grupo concentra gran parte del poder político, económico y social y goza de las modernidades de la globalización y, por otro lado, otro grupo muy amplio de la población que ha vivido en condiciones estructurales de alta precariedad y de ausencia del Estado”, recalcó la legisladora.

Para la presidenta del Senado, la revuelta social de octubre de 2019 abrió las compuertas a una Nueva Constitución, que hoy se escribe en una Convención Constitucional electa en su totalidad por la ciudadanía, que es paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios.

“Este es el tiempo de los Nuevos y Grandes Acuerdos. El escenario Político Actual consta de dos tiempos: proceso constituyente e inicio de un nuevo gobierno. Frente a esto, los actores relevantes tienen que aprovechar una oportunidad que es histórica y asumir un compromiso de futuro”, aseguró la parlamentaria, quien demando diálogo y capacidad de entendimiento para sacar adelante los desafíos país.

En esta perspectiva, dijo que el crecimiento económico es importante, pero que debe ser para todos, con inversión e innovación.

“En ese escenario debemos dar certeza al inversionista, apoyo al innovador y protección al trabajador. Ello abre un nuevo paradigma respecto del rol del empresariado, más transparente, y más justo”, planteó la Senadora.

“Reitero, debemos trabajar todas y todos por una reactivación que siente las bases para un Chile con perspectiva de futuro. Una Reactivación con Dignidad, una reactivación que coloque la dignidad del ser humano por delante, que otorgue empleos y salarios suficientes para un desarrollo integral de la persona y las familias”, concluyó.

Provoste por obligación del Estado a pagar deuda histórica: “Tengo la confianza que el presidente electo va a cumplir con las y los profesores de Chile”

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La excandidata presidencial se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 21 de diciembre de 2021, respecto del pago de la deuda histórica a los más de 800 profesores que están en esta causa, y señaló que confía que Gabriel Boric buscará un camino para resolver “en una solución justa y ética” la situación del resto de los docentes perjudicados.

Abogado de los docentes destacó el rol de la senadora en la victoria judicial del profesorado: “Fue testigo importante para nosotros. Una ex ministra de Educación que declaraba a favor de los profesores y profesoras de Chile en la Corte Interamericana. Siempre estuvo disponible y para nosotros es una declaración importante”.

Durante la jornada de este jueves, la senadora y ex candidata presidencial, Yasna Provoste, se dirigió a la escuela Ignacio Carrera Pinto de Vallenar para reunirse con el abogado de los demandantes de la denominada Deuda Histórica del gremio docente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Giampiero Fava, e informar a profesores el detalle de la sentencia del pasado 21 de diciembre, que dictaminó la obligación del Estado de Chile de reparar económica y moralmente a 846 docentes perjudicados en sus pensiones tras el proceso de municipalización desarrollado por la la dictadura que gobernó Chile por 17 años.

“En nuestra campaña presidencial pusimos por escrito el pago de la deuda histórica. Tengo la confianza y también la certeza que el Presidente Electo, Gabriel Boric, va a cumplir no solo este mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que confío que va a buscar un camino para resolver -en una solución justa y ética- la situación del resto de los profesores y profesoras que, no teniendo una sentencia a su favor, también son parte de la deuda histórica que el Estado de Chile tiene que reparar”, expresó la parlamentaria por Atacama.

Por su parte, Giampiero Fava explicó que “la Corte Interamericana resolvió un proceso que se demoró 18 años y determinó que el Estado de Chile es responsable de la vulneración de derechos básicos y fundamentales respecto de profesores del país, como lo era la protección judicial, el acceso a la justicia y a la propiedad privada, por cuanto no se le habían cumplido fallos que estaban a su favor en los municipios de Vallenar, Chañaral, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue”.

Además, el abogado destacó y valoró la participación de la senadora Provoste en el proceso judicial de la CIDH. “Tengo que reconocerle a la senadora, porque fue testigo importante para nosotros. Una ex ministra de Educación que declaraba a favor de los profesores y profesoras de Chile en la Corte Interamericana. Siempre estuvo disponible y para nosotros es una declaración importante”.

Entre otros aspectos, este fallo condena al Estado a pagar una suma debidamente reajustada, pero también le ordena hacer actos públicos de reconocimiento y reparación a los profesores; además de un reconocimiento internacional de este proceso. Con ello, también le exige elaborar un plan de capacitación al Poder Judicial para el tratamiento de personas mayores.

Por tanto, dice el abogado, “esto consiste en una reparación económica, pero también tiene de reparación moral de los profesores que durante tantos años persiguieron que se diera cumplimiento de estos fallos”.
Este encuentro se suma a una serie de actividades similares que se están realizando a lo largo del país, en las cuales se está informando a los docentes que emprendieron la demanda contra el Estado de Chile por la denominada Deuda Histórica sobre el fallo de la CIDH.

Senadora Isabel Allende: “El Ministerio de Salud debe agilizar los estudios que permitan resolver la situación del Hospital Van Buren”

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La Senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, se refirió al colapso sufrido por parte de la infraestructura del Hospital Carlos Van Buren: “Este incidente nos demuestra la necesidad de avanzar con mayor rapidez y eficiencia en los estudios preinversionales que hoy lleva a cabo el Ministerio de Salud, pues varias de las dependencias de nuestro principal hospital están obsoletas. Es muy preocupante que esta situación se empiece a repetir en otras áreas, por lo que el Gobierno debe actuar con sentido de urgencia”.

La Legisladora recordó a este respecto “Hace un tiempo atrás nos reunimos con el Director del Servicio de Salud, y pudimos constatar que existen miradas distintas frente al necesario desarrollo del proyecto de reposición del Hospital, por lo que hacemos un llamado a todos los actores -municipio, ministerio, trabajadores y usuarios- a crear una instancia de diálogo que nos permita avanzar en una solución definitiva. Se trata de ponernos de acuerdo en la mejor alternativa que permita compatibilizar las exigencias de la ciudad, las necesidades de las y los vecinos -que son los más importantes- y los criterios técnicos y sanitarios de la autoridad sectorial”.

Siguiendo en esta línea, la senadora Allende ahondó “También hacemos un llamado al Ministerio de Bienes Nacionales y a las instituciones armadas que poseen terrenos en la ciudad puerto, a ponerse, también, a disposición de este dialogo,- Entendemos que no estamos frente a un problema de falta de recursos, sino a otros aspectos que requieren acuerdos multisectoriales, como la disposición de un inmueble que cumpla los requerimientos para construir un hospital acorde a las necesidades de la ciudadanía”.

Finalmente, la parlamentaria agregó: “Agradecemos a las y los trabajadores del Hospital Van Buren pues sabemos que están haciendo su mejor esfuerzo para seguir desarrollando su labor, y no dejar a nadie sin atención, ni alimentación, pese a estas dificultades. Esperamos que todos estemos a la altura y podamos sacar adelante un proyecto tan necesario como éste”.

Diputados de oposición acuden a Contraloría: piden que licitación de litio quede sin efecto

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Un grupo de diputados de oposición llegaron durante la mañana de este jueves a la Contraloría General de la República para presentar un escrito que busca frenar la adjudicación del litio a dos empresas privadas por parte del Gobierno de Chile, hecho que fue anunciado durante la tarde de ayer.

La parlamentaria socialista Daniella Cicardini, comenzó diciendo que «en el fin de estos cuatro años de mandato, y con estas observaciones que ha hecho todo Chile, los gobernadores regionales, el propio presidente electo, el Congreso, comunidades indígenas, y además contra todos los intereses de Chile, el Gobierno insistió, y no solo adjudicó sino que adelantó la adjudicación».

«Por lo tanto, este Gobierno se está graduando como uno de los más miserables, y el Presidente Piñera como el que ha sido el peor presidente elegido en nuestra democracia, y que ha hecho todo para ganar más recursos para sus amigos, para poner en cuestión un recurso que es de todos los chilenos, para seguir llenando los bolsillos de amigos empresarios, entregando el litio a privados, que claramente es una situación impresentable, insostenible, vergonzosa, que no podemos aceptar», fustigó.

Finalmente mencionó: «El litio no se vende, se defiende. Y es algo que vamos a seguir haciendo tanto a través de acciones administrativas, a través de acciones judiciales, y todo lo que esté a nuestro alcance porque lo que no puede suceder es que el Presidente Piñera haga lo que se le plazca y se las lleve pelada, porque eso es lo que piensa el común de cualquier chileno y chilena».

Quien abordó las supuestas concordancias de la licitación y las propuestas realizadas por el equipo del presidente Gabriel Boric, fue el legislador socialista Leonardo Soto.

«He leído las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric, que dice claramente en los medios de prensa hoy que esto es una mala noticia para todos los chilenos. Y que sean cuales sean las condiciones en las cuales este gobierno quiera vender y regalar este producto estratégico, no lo vamos a permitir», señaló.

Soto estimó que la acción se trata de «un principio sano de una democracia. No me parece que entre cuatro paredes, cuando un Gobierno está sacando los cajones de su escritorio para irse, haciendo las maletas, transfiera esta riqueza de todos los chilenos por los próximos 30 años».

«Nosotros estamos obligados a ejercer nuestras facultades legislativas, de fiscalización, y no nos vamos a frenar en eso», sentenció.

Financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Una oportunidad para Chile?

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Por Andrés Palma

Economista y militante DC

Hay oportunidades que a veces no se repiten. Una unanimidad inesperada en el parlamento puede serlo.

La discusión sobre el financiamiento del mayor gasto público que representa el proyecto de Pensión Garantizada Universal(PGU) no es banal, refleja el estado de los compromisos que el actual gobierno entregará al próximo.

Está claro que lo que propuso originalmente no alcanza para cubrir el gasto que la PGU representa. El gasto en pensiones es necesario y justo, pero es lo que en economía se denomina gasto corriente o gasto del gobierno. Si lo llevamos a la economía doméstica es un gasto en consumo, es decir uno que no genera beneficios adicionales. Además, el gasto en pensiones – por ejemplo, a diferencia del IFE – constituye un compromiso permanente para el Estado, es decir, hay que pagar las pensiones mes a mes y año a año, y para ello hay que tener recursos suficientes… mes a mes y año a año.

El principio básico de la economía doméstica es que no se puede gastar lo que no se tiene, eso en la economía del gobierno se traduce en el aforismo que los gastos permanentes se deben financiar con ingresos permanentes, así, como las pensiones son permanentes se deben financiar con ingresos permanentes.

Ello no ocurre con la propuesta del gobierno, tal como lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que no es de oposición.

Al igual que en la economía doméstica, si los gastos permanentes son mayores que los ingresos, para financiarlos hay que endeudarse, pero no por una vez, sino de manera permanente, y todos sabemos qué consecuencias tiene eso: cuando las deudas suben mucho ya no hay como pagarlas y hay que vender algo o irse preso. Los países no se van presos, pero pueden verse obligados a vender algo. Esa fue la propuesta del llamado Consenso de Washington que estableció como regla las políticas neoliberales en todos los países pobres o de ingresos medios.

Durante años Chile ha sido responsable en el manejo de su economía pública, lo que permitió generar ahorros para enfrentar situaciones como la pandemia, pero este gobierno no lo está siendo a fines de su mandato dejando una pesada herencia a su sucesor.

Todos queremos que mejoren las pensiones, pero hay que hacerlo responsablemente.

Dado que el gobierno ha hecho una mala propuesta han surgido otras alternativas. Algunos proponen reducir el tamaño del Estado, pero no dicen en qué área realizarlo, demostrando que ese es un discurso más ideológico que resolutivo.

En el parlamento se ha propuesto establecer un impuesto a los más ricos, lo que es una buena propuesta, pero tal vez insuficiente. Se habla de fijar un royalty, lo que no sería adecuado dado que este tipo de obligación debe destinarse a recuperar las capacidades disminuidas por la explotación de los recursos naturales.

Aparentemente el país se enfrenta a una situación imposible: Subir las pensiones sin generar mayores deudas.

Si a esto agregamos las listas de espera en salud y la pérdida de años escolares, especialmente en la educación pública y particular subvencionada gratuita, más los problemas de vivienda y la necesidad de impulsar la inversión, la situación parece imposible.

Una vez Alejandro Foxley fue invitado con otros economistas latinoamericanos, a Ecuador, a una reunión con líderes políticos de diferentes tendencias para ayudarles a encontrar soluciones a los problemas de ese país. El relato posterior de Foxley fue dramático: “todos sabían lo que había que hacer, pero nadie estaba dispuesto a pagar los costos de hacerlo”, se ratificó así que la situación que parecía imposible lo fuera.

Muy distinto a lo que ocurrió en las reuniones de Mont Fleur que dieron origen al fin del Apartheid en Sudáfrica. Allí los líderes de las distintas comunidades se reunieron para imaginar nuevos escenarios a partir del fin de la política de dominación de los blancos sobre las comunidades mayoritarias, asumiendo que era necesario entenderse y que los blancos debían renunciar a su poder para construir una comunidad democrática.

¿Se podrá aprovechar esta coyuntura en que una solución parece imposible para encontrar un entendimiento en que los poderosos entiendan que deben ceder poder para que todos estemos mejor? ¿O terminaremos repitiendo las soluciones que no resuelven el problema y enriquecen más a los poderosos?

Este verano puede ser la oportunidad de un gran acuerdo nacional por la equidad. El proyecto en discusión está abriendo puertas. //ELF