Un grupo de diputados de oposición llegaron durante la mañana de este jueves a la Contraloría General de la República para presentar un escrito que busca frenar la adjudicación del litio a dos empresas privadas por parte del Gobierno de Chile, hecho que fue anunciado durante la tarde de ayer.

La parlamentaria socialista Daniella Cicardini, comenzó diciendo que "en el fin de estos cuatro años de mandato, y con estas observaciones que ha hecho todo Chile, los gobernadores regionales, el propio presidente electo, el Congreso, comunidades indígenas, y además contra todos los intereses de Chile, el Gobierno insistió, y no solo adjudicó sino que adelantó la adjudicación".

"Por lo tanto, este Gobierno se está graduando como uno de los más miserables, y el Presidente Piñera como el que ha sido el peor presidente elegido en nuestra democracia, y que ha hecho todo para ganar más recursos para sus amigos, para poner en cuestión un recurso que es de todos los chilenos, para seguir llenando los bolsillos de amigos empresarios, entregando el litio a privados, que claramente es una situación impresentable, insostenible, vergonzosa, que no podemos aceptar", fustigó.

Finalmente mencionó: "El litio no se vende, se defiende. Y es algo que vamos a seguir haciendo tanto a través de acciones administrativas, a través de acciones judiciales, y todo lo que esté a nuestro alcance porque lo que no puede suceder es que el Presidente Piñera haga lo que se le plazca y se las lleve pelada, porque eso es lo que piensa el común de cualquier chileno y chilena".

Quien abordó las supuestas concordancias de la licitación y las propuestas realizadas por el equipo del presidente Gabriel Boric, fue el legislador socialista Leonardo Soto.

"He leído las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric, que dice claramente en los medios de prensa hoy que esto es una mala noticia para todos los chilenos. Y que sean cuales sean las condiciones en las cuales este gobierno quiera vender y regalar este producto estratégico, no lo vamos a permitir", señaló.

Soto estimó que la acción se trata de "un principio sano de una democracia. No me parece que entre cuatro paredes, cuando un Gobierno está sacando los cajones de su escritorio para irse, haciendo las maletas, transfiera esta riqueza de todos los chilenos por los próximos 30 años".

"Nosotros estamos obligados a ejercer nuestras facultades legislativas, de fiscalización, y no nos vamos a frenar en eso", sentenció.