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Diputada Patricia Rubio (PPD) solicita oficiar por eventual extracción ilegal de agua de la Laguna Avendaño

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La diputada del PPD, representante de la Región de Ñuble, Patricia Rubio, expuso en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para dar a conocer la notoria baja de las aguas en la Laguna Avendaño en Quillón, lo que se podría deber a la extracción ilegal de esta.

Asimismo, solicitó oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente y al Municipio de Quillón, para que informe a la brevedad lo que está provocando este daño, y cómo se está llevando a cabo la declaración de dicha laguna como humedal urbano.

«Hemos acudido a la Comisión de Medioambiente y solicitado que se oficie a los organismos señalados, para que se cursen las sanciones y multas que correspondan, porque al día de hoy la Laguna Avendaño ha retrocedido a lo menos unos 20 metros su caudal de agua, lo cual se podría deber, según el propio Director de la Dirección General de Aguas, Walter Lama, a la extracción ilegal del agua de la laguna producto de que se encuentra rodeada de casas de veraneo, y se utilizaría estas aguas para regar prados, plantaciones agrícolas y piscinas privadas», indicó la diputada Rubio.

La parlamentaria añadió que «ya en julio del año pasado denuncié que estaba siendo destruida la ribera norte de la laguna por un proyecto inmobiliario, además de arrasar con bosque endémico y más de 30 especies de aves de la zona. Y en agosto de 2021, interpusimos recurso de protección contra la inmobiliaria, el cual fue recientemente notificado y el recurrido no ha informado en tiempo y forma, por lo tanto, solicitamos a la Corte de Apelaciones que se apliquen las sanciones correspondiente y dé curso a la tramitación».

«No podemos seguir esperando. No podemos seguir permitiendo estos abusos a nuestro ecosistema. Hemos dicho en varias oportunidades que Ñuble se seca, y necesitamos que ahora el municipio haga uso de sus facultades y declare la zona como un humedal urbano. En ese sentido, también me gustaría agregar que requerimos que avance en el Parlamento el proyecto de ley que presentamos que permite a las organizaciones ciudadanas solicitar la declaración de un humedal urbano. Una medida que sería muy importante para evitar este tipo de situaciones», concluyó Patricia Rubio.

Senadora Isabel Allende: “Requerimos conocer si hay un plan estratégico en Interior para enfrentar estos hechos de violencia en la región de Valparaíso”

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En los últimos meses, las comunas de Valparaíso y Viña del Mar han sido escenario de diversos hechos de violencia, todos ellos con el denominador común de presencia de armas de fuego, en lugares hasta ahora considerados turísticos, incluso en playas.

En ese contexto, la Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi declaró:

“Lamentamos que este tipo de hechos, -algunos con resultado de muerte, incluso- no sea abordados de manera eficiente por parte de la autoridad. Una vez más y como lo hemos hecho en otras ocasiones solicitamos que quien tiene a su cargo esta materia en la región, esto es el Delegado Presidencial, tome las medidas que permitan dar mayor seguridad a las y los vecinos de la región, pero ya hay muy poca condianza en él, y así se lo hemos dicho al Ministro del Interior”.

La senadora Allende, asi como ante otros hechos de esta naturaleza, ofició al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado; al Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y a la Subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, para que informen “sobre los planes, políticas y programas que el Ministerio del Interior lleva a cabo en la región de Valparaíso, específicamente en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, para prevenir, evitar y eventualmente perseguir la ocurrencia de los delitos, que lamentablemente se han acrecentado este año”.

La parlamentaria precisó que “lo que requerimos conocer es si Interior ha ideado o está elaborando un plan especial para enfrentar estos hechos de alta peligrosidad y connotación publica, y que ponen en riesgo la integridad física de las personas de la región, sobre todo teniendo en cuenta este período de verano y la importancia que tiene la reactivación económica a través del turismo en estas comunas. En este sentido, lo que la ciudadanía espera es planes, estrategias, apoyo, avances, inteligencia, prevención y más eficacia”.

La parlamentaria especificó que “es importante saber sobre el número de efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile con los que cuenta la región, así como en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, y también, si se contempla un plan de reforzamiento para la época estival”.

Finalmente, Isabel Allende planteó que “se requiere un plan integral para enfrentar este escenario de violencia que afecta transversalmente a toda la población, en donde la vinculación con los barrios, a partir de las juntas de vecinos y organizaciones sociales es fundamental, pues esta difícil problemática lo debemos abordar entre todos, con recursos fiscales, con labor de inteligencia y por cierto con reforzamiento de las medidas de seguridad pública”.

Diputada Girardi busca que todos los proyectos de agua se sometan al SEIA

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“Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, aseguró la autora de la moción.

En el marco de la crisis climática y de sequía que afecta al país, la diputada Cristina Girardi junto a un grupo transversal de parlamentarios presentará una iniciativa legal que establece la obligación de someter a evaluación ambiental a todo proyecto o actividad económica que requiera una cantidad de agua superior a aquella necesaria para regar 12 hectáreas de riego básico, excluyendo de esta forma a los pequeños agricultores.

“Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, expresó la diputada Cristina Girardi (PPD), autora de la moción parlamentaria.

“Hoy días las mineras que usan agua, todos los proyectos que se valúan en relación al agua, de riego, grandes palteros, no entran a evaluación de impacto ambiental y son los que más consumen .Sin embargo, no entran a ningún proceso de evaluación, por lo tanto estamos planteando una modificación a la ley 19.300 para que el artículo 10 y 11 de modifiquen las tipologías que requieren estudios e ingresen los proyectos que requieran agua”, agregó.
Mientras, el diputado Jorge Brito (RD), puntualizó que “en la región de Valparaíso, por ejemplo, se instaló un modelo de producción de alimento asociado a los monocultivos de paltos, el cual ha consumido en su mayoría el agua superficial y subterránea en la zona, afectando a las comunidades de la zona quienes han sufrido las consecuencias del modelo de privatización y mercantilización relacionada al agua que tiene como primera prioridad abastecer a la industria extractiva”.
“Dicho esto, creemos que esta iniciativa va en la dirección correcta, ya que es urgente legislar sobre la materia para que aquellos proyectos de inversión que se realicen en suelo nacional y utilicen agua, se sometan a un riguroso estudio de impacto ambiental”.

Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD), sostuvo que “en el contexto de crisis hídrica y crisis climática, la protección de nuestros recursos naturales debe ser un imperativo ético en el nuevo Chile y para eso creemos que es necesario que todos los proyectos que requieran agua para su funcionamiento sean sometidos a evaluación ambiental y así podamos proteger nuestros territorios, su biodiversidad, y a las comunidades que lo habitan”.

Finalmente, Girardi subrayó que en el proyecto quedan excluidos los pequeños agricultores y, de paso, criticó la aprobación del Código de Aguas. “Dejemos fuera a los pequeños agricultores, los que deben regar superficies menores y no impactan el medio ambiente. Tenemos que poner atención sobre este tema del agua. Lo que se aprobó hoy del Código de Agua es totalmente insuficiente”, cerró.

El proyecto cuenta con apoyo transversal de parlamentarios, contando con las firmas de Cristina Girardi (PPD), Catalina Pérez (RD), Félix González (PEV), Jorge Brito (RD), Diego Ibáñez (CS) y José Miguel Castro (RN).

Comisión de Educación despachó proyecto que garantiza la equidad digital para estudiantes

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La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto que busca garantizar en la ley el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurando la conectividad y el acceso a internet como herramienta en el derecho a la educación.

La iniciativa había sido aprobada en general a finales de noviembre y se enmarca la crisis sanitaria del coronavirus. Tras dos años de educación escolar online, la pandemia visibilizó la brecha de conectividad que sufren algunos estudiantes, especialmente los habitantes de sectores rurales.

Específicamente, el proyecto busca modificar la Ley 20.370 General de Educación para incluir que “la equidad educativa comprende el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos pedagógicos de manera continua, incluso de forma remota, especialmente aquellos que viven en zonas rurales de difícil acceso o de escasos recursos».

Durante la discusión en particular, la comisión respaldó una indicación de la diputada Camila Vallejo, del Partido Comunista.

El injerto en cuestión señala que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán entregar las prestaciones en su zona de servicio en un plazo de seis meses. Después de que la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel) pusiese reparos técnicos calificados, dicho periodo se amplió por tres meses no renovables.

Además, los proveedores deberán desplegar todos los medios necesarios para la provisión del servicio requerido en el menor plazo posible, especialmente donde hayan municipalidades, colegios y centros de salud donde el internet sea necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, deberán ofrecer tarifas especiales para establecimientos educacionales o de salud que reciben financiamiento público.

El punto provocó cuestionamientos del oficialismo y del Gobierno, desde donde acusaron una fijación de precios que limitaría la competitividad.

Convención: Proponen que la educación cívica sea fomentada como un deber del Estado

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La iniciativa de Martín Arrau y Margarita Letelier busca además que se establezca como un deber estatal la estimulación de la investigación científica y tecnológica, así como también la protección e incremento del patrimonio cultural del país.

Los convencionales constituyentes Martín Arrau y Margarita Letelier le presentaron una propuesta a la mesa directiva de la Convención Constitucional que busca establecer el deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación cívica en todos sus niveles.

La iniciativa sostiene que “la temprana formación cívica resulta clave para la valoración del sistema democrático y su conocimiento, como también para el ejercicio de los derechos democráticos”.

“Por tanto, la plena ciudadanía de las futuras generaciones con sentido de responsabilidad y conocimiento de lo que significa la adquisición de hábitos cívicos, debiendo ser así la enseñanza de educación cívica un ramo importante y que debe ser tratada de manera separada de otros ramos, a fin de enseñarla en profundidad”, agrega.

Arrau, quien también es integrante de comisión de Principios Constitucionales, sostuvo que “esta nueva Constitución es una oportunidad para sentar las bases de nuevas generaciones más empoderadas, pero también con un mejor conocimiento del país”.

“Necesitamos como sociedad incentivar la reflexión y facilitar una mejor comprensión de la realidad social que compartimos, para así promover una participación mucho más activa en la vida cívica. Los jóvenes, en su gran mayoría, siguen desencantados de la política, de las elecciones, de sus representantes, y en gran parte es porque se ha perdido esta conversación necesaria y el entendimiento de nuestro Estado”, añadió.

Por su parte, Letelier, quien es integrante de comisión de Sistemas de Conocimiento, enfatizó que “debemos volver a inculcar derechos, pero también deberes ciudadanos desde etapas más tempranas. Por eso es que creemos necesario elevar a rango constitucional, el aseguramiento y el fomento del desarrollo de la educación cívica, sin que dependa de un gobierno de turno, sino que como una política de Estado que busque la formación de los sujetos para que adquieran habilidades y competencias que les permitan relacionarse con las instituciones y con su entorno político cívico de una mejor manera, informada, crítica y constructiva”.

Los convencionales explicaron que la propuesta va de la mano con estimular la investigación, así como con el cuidado que el Estado debe dar a su patrimonio cultural.

En concreto, la norma señala que “corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación cívica en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación».

Alcaldesa de Peñalolén por petición de seguridad al Gobierno: “Nuestros vecinos no pueden esperar los tiempos electorales”

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Un grupo de alcaldes llegó hasta La Moneda para presentar una petición formal al Ejecutivo para que entregue algún tipo de respuesta al complejo escenario que se vive en barrios de varias comunas, producto de la violencia y la falta de seguridad.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, aseguró que la problemática urgente que no puede seguir siendo aplazada en la agenda del gobierno, pese a estar enfrentando su recta final como administración,

“Nuestros vecinos nos pueden esperar los tiempos políticos, los tiempos electorales, para que las cosas se hagan y se resuelvan. Cualquier autoridad responsable gobierna hasta el último día (…) hoy día quienes están a cargo es el gobierno de Sebastián Piñera, por lo mismo tiene q se capaz de desarrollar un plan“, aseveró la edil.

Asimismo, la alcaldesa aseguró que “lo que estamos viviendo en los barrios y en los territorios son cosas complejas y lo que no queremos es que se normalice la violencia como en otros países (…) hay muchos vecinos que tienen toque de queda obligados porque saben que después de cierta hora no pueden salir”.

Leiteao también se refirió a la falta de denuncias por parte de los vecinos que tienen claridad respecto a las personas que cometen los ilícitos, planteando que el miedo y la sensación de impunidad son los factores principales de este fenómeno, apuntando además hacia al falta de un cambio de enfoque para enfrentar este problema.

“Detenidos hay, acciones hay, pero son tan específicas o probablemente tan aisladas, que no generan el impacto necesario en un barrio para que ese barrio sea un barrio más seguro (…) hoy día las policías detienen a las personas 14 veces y eso es como Tom y Jerry, Carabinero está persiguiendo siempre a los mismos”, señaló.

La edil explicó que -desde su experiencia- se necesita un trabajo más coordinado e interinstitucional para mejorar los problemas de seguridad: “hay que abordarlo entre todas las instituciones para ver donde están los nudos críticos”.

“Hemos podido demostrar, que en aquellos casos donde hemos intervenido de manera oportuna temprana y con las políticas y programas necesarias y efectivas, se puede tener resultados (…) la principal dificultad en esto es que es una intervención multisectorial”, explicó.