Según Emol, senadores opositores insistieron en que el proyecto es insuficiente y expusieron que con esto se pierde el buen «clima» de negociación que se venía dando.
En la tarde de este lunes el Gobierno envió finalmente al Congreso el veto para sacar adelante la ley de Ingreso Familiar de Emergencia, luego de que el contenido del proyecto fuera rechazado por el Parlamento producto de «deficiencias» que, según la oposición, contiene la iniciativa, sobre todo lo que dice relación con el monto del bono.
El veto, que se votará este martes en la Cámara de Diputados y el miércoles en el Senado, incorpora algunos cambios a la idea original, lo que extiende el alcance del beneficio. Desde la oposición si bien valoraron estas modificaciones, aún consideran que son insuficientes y además, sobre el veto, insistieron en que se pudo haber llegado a un acuerdo y que con esto se pierde el buen «clima» de negociaciones que se venía dando.
«¿Qué pasó con este proyecto que fue como un frenazo en seco?», se preguntó en Agenda EmolTV el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien sostuvo que con esto en la oposición «quedamos descolocados y sin ninguna explicación razonable, explicaciones hay varias pero razonable ninguna hasta ahora».
«Veníamos trabajando bien, trabajando bien con todas nuestras diferencias, pero pasar de tratar de entendernos a un minuto en que nos dicen ‘mire, o lo toma o lo deja, porque va a ser como yo quiero’, eso genera un cuadro y un estado de ánimo distinto», añadió.
Además recalcó que «nadie le ha pedido (al Gobierno) tirar toda la carne a la parrilla», insistiendo en que lo que se le estaba pidiendo al Ejecutivo es que el monto de US$800 millones que se utilizará para el Fondo Familiar de Emergencia -proveniente de un fondo de US$2 mil millones- suba a US$930 millones.
Lo anterior, para que «al menos se atienda a los adultos mayores que tienen pensiones básicas solidarias -que lo va a recoger el veto ahora- y atienda a los que tienen pensiones básicas de invalidez y, tercero, el aporte que le va a dar a las familias no sea decreciente, porque eso tiene un error casi conceptual».
«Podríamos habernos puesto de acuerdo y así no perder un clima que es importante para lo que viene. Esta situación está muy delicada desde el punto de vista de salud por los números, por la pandemia, y esto va a requerir tal vez más recursos y sobre todo mucha unidad para enfrentar esto con criterio», dijo. De todas formas aclaró que aprobará el veto y que ve difícil que parlamentarios de su sector lo rechacen. «No voy a privar a 4 millones y tanto de chilenos de este beneficio», aseguró.
Por su parte, durante el mismo programa, el senador Carlos Montes (PS) expuso que «el problema con este proyecto es que tiene deficiencias. La primera es que deja a mucha gente fuera, y dentro de los que deja a fuera lo que más nos duele son 167.580 personas con pensión básica solidaria de invalidez (…), hicieron un cambio en los adultos mayores de 70 años, pero no en ese segmento».
«Todos sabemos que una persona inválida en una familia representa muchas exigencias mayores, y la pensión de invalidez son solo $170 mil», añadió.
Asimismo, sostuvo que «tenemos grandes dudas» respecto al procedimiento con el que se repartirá esto, pero «más allá de eso, estamos convencidos de que hay recursos dentro de los US$2 mil millones para haber aportado más de acuerdo a lo que las familias necesitan ahora por la cuarentena y la situación que se vive (…). Si se producen situaciones aún más difíciles por delante, en dos o tres meses, tenemos ciertas cosas a las que recurrir porque Chile todavía tiene un cierto espacio fiscal. Aquí lo principal es pasar bien el temporal».
«Hemos hecho estudios con economistas, con todos los principales técnicos, con las organizaciones sociales, en fin, distintos personajes del mundo, y la verdad es que hay un problema real y desgraciadamente no hemos tenido el espacio para conversar con el Gobierno y por eso se ha provocado un distanciamiento», acotó Montes.
Mientras que el senador Jorge Pizarro (DC) comentó que «hemos dicho que las familias más vulnerables de Chile y los trabajadores informales necesitan un apoyo oportuno y efectivo, esto implica mayor cantidad de plata, y además que durante los tres meses en que se va a entregar el subsidio este sea parejo».
«Me parece muy mal la actitud del Gobierno, una actitud mezquina, porque el veto que están planteando implica un aumento de US$30 millones en circunstancias que las familias, los 2,7 millones de chilenos que viven en la informalidad en sus trabajos, necesitan un apoyo efectivo, que les permita quedarse en sus casas», agregó.
Y afirmó que la forma en cómo el Gobierno plantea el veto «va a obligar a los chilenos a seguir saliendo a buscar sustento diario y eso coloca en riesgo su salud, la de sus familias y la del resto de la población. No me parece adecuado lo que ha hecho el Gobierno».