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Autoridades regionales y comunales se reunieron este miércoles para realizar el primer Consejo Regional de Seguridad de la Región Metropolitana, donde buscan trazar una hoja de ruta frente al aumento de la inseguridad que afecta a la capital.

A la instancia asistieron alcaldes, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, el gobernador Claudio Orrego, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Tres fueron las prioridades establecidas por el consejo. La primera, afrontar los robos con violencia o intimidación que se están desarrollando en el espacio urbano. La segunda, la violencia intrafamiliar, y la tercera, el robo de vehículos con violencia.

También se abordó la preocupación respecto al consumo de alcohol en lugares públicos y el manejo en estado de ebriedad, así como también los sectores donde se concentra la tasa de criminalidad.

«Este es un proceso participativo que como nunca antes, no solamente consistió en una análisis de datos y criminalidad, sino que también en un estudio y una encuesta que hemos aplicado en todas las alcaldesas y alcaldes de este país”, indicó el subsecretario Vergara.

“Como Gobierno nos hemos comprometido a nivelar la cancha hacia arriba, a tener un mínimo común preventivo que partió con el fin a la concursabilidad y el inicio de la asignación por necesidad a los municipios, la redistribución de nuestras policías para que estén donde más se les necesita, un nuevo plan de trabajo junto al Ministerio Público y las policías en, por ejemplo, abordar los homicidios tal y como se nos planteó como prioridad en los cónclaves de la zona centro norte”, añadió.

Vergara destacó que “estamos reforzando además la coordinación con nuestras policías y con otras instituciones, porque sólo avanzaremos en robustecer el complemento y la coproducción de la seguridad pública, no en sustituir a nuestras policías que dicho sea de paso, también estamos trabajando codo a codo con ellas para reforzar su trabajo, respaldar la labor que están haciendo en la calle todos los días».

En tanto, la delegada Martínez aseveró que “necesitamos una mirada regional, que no aborde las problemáticas de manera parcelada sino que sea capaz de establecer una hoja de ruta que efectivamente nos ayude a recuperar los espacios públicos”.

Además, la autoridad advirtió que «no es lo mismos Meiggs que otros lugares donde habita el comercio ambulante, no es lo mismo el comercio que está asociado con crimen organizado a comercio que tiene que ver más con necesidades de oportunidades y por lo tanto vamos a tener que ir trabajando en términos preventivos como también en distintos mecanismos de intervención social”.

Por su parte, el gobernador Orrego acusó que «la realidad en nuestra región es el narcotráfico, las armas, las mafias y el crimen organizado, y en eso todos debemos colaborar para llevar paz y seguridad a la comunidad. Si este trabajo no es intercomunal e intersectorial, estamos condenados al fracaso”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, negó este miércoles que el Gobierno presente una querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, como lo anunció el domingo pasado la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

“Aclaro esto porque se ha hecho mucha insistencia respecto de los dichos del líder de la CAM y esta exigencia que el Gobierno presente una querella”, declaró Monsalve en una entrevista a radio Universo.

Explicó que “hay varias querellas presentadas en torno a esto previamente y, en particular, hay una denuncia. No es necesario ir sumando querella sobre querella, nosotros vamos a aportar antecedentes a la denuncia que se hizo en 2021”.

El subsecretario sostuvo que “hay que usar las herramientas que son eficaces y, en este caso respecto a las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva”.

“En este caso hay una denuncia. No tiene sentido multiplicar las denuncias, sino más bien fortalecer las denuncias”, agregó.

La semana pasada, Llaitul hizo un llamado para “organizar resistencia armada” ante una eventual instalación de un estado de excepción en la Macrozona Sur.

Ante estos dichos, la ministra Vega afirmó el domingo en el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile confirmó la querella: “Se va a concretar y se van a concretar además una serie de medidas de mejoría de la seguridad, que van a ser anunciadas probablemente mañana o pasado mañana por el Ministerio del Interior”.

Añadió que “de hecho, el Gobierno ha presentado hasta ahora 152 querellas (…) En una democracia como la que tenemos, ningún grupo se puede alzar en armas contra el Estado”.