Ayer, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, acudieron hasta la Comisión de Salud del Senado, para detallar el estado de urgencia en el que se encuentran las instituciones.
En la ocasión, el líder del gremio expresó que «nuestra preocupación no es lo que ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya es un dato, una realidad. Es lo que va a suceder en los próximos meses, lo que va a suceder hacia adelante. Esa es nuestra gran preocupación».
Sus dichos llegan luego de que la ministra de Salud, María Begoña Yarza, hiciera un llamado a la calma esta mañana, recordando que el día jueves se hará la primera sesión de la mesa de trabajo con el gremio y todas las isapres abiertas.
“Yo creo que la conversación que vamos a establecer a partir de mañana en esta mesa de trabajo va a generar tranquilidad” dijo la ministra esta mañana.
En la contraparte de los dichos de la secretaria de Estado, Simón explicó que «en caso de mantenerse esta evolución tal como lo estamos viendo, el sistema está llegando a una situación de déficit permanente, y evidentemente un sector no puede subsistir en un régimen de déficit permanente”. Y su presentación detallaba que ello es “en caso de mantenerse la evolución de los costos y la judicialización como opera hoy”.
«Las pérdidas de los últimos 18 meses equivalen a todas las utilidades percibidas desde 2017», detalló el líder de la asociación, quien además subrayó que en total el último año y medio acumulan pérdidas por $222 mil millones.
Y detalló que si la judicialización por la adecuación de los planes de salud sigue ocurriendo como hasta ahora, habría que sumar a esa cifra un adicional de eventuales pérdidas por $48 mil millones.
Además, explicó que las razones detrás del déficit recaen en el congelamiento de precios de los planes desde 2020 hasta mediados de 2022, la judicialización que se ha retomado este año, y el crecimiento de licencias médicas.
Asimismo, añadió que si se aplicara “adecuadamente” la ley 21.350, se podría terminar con la judicialización y se podría normalizar el ingreso con el gasto promedio. «Si hubiera funcionado la ley, hubiera equilibrado al sistema. Sin embargo, lo que hace la judicialización es que elimina esa posibilidad y mantiene el déficit», externó.
“Sin normas claras y que se apliquen, ningún sector puede funcionar. En la práctica, lo único que estamos comentando, es que hay leyes y normas, y lo único que pedimos es que las leyes y las normas se cumplan. Eso es todo”, sentenció Simon.
Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo estar de acuerdo con la Asociación de Isapres y expuso que «hay que avanzar ahí en una reforma, ojalá de tipo legal».
«Mañana tenemos la primera mesa que ha convocado la señora ministra de Salud con las Isapres para poder trabajar en conjunto algunas materias, y el tema que se ve mañana es precisamente el de tabla de factores, para ver de qué manera se puede avanzar en ese sentido”, cerró Torres.
