Por José Miguel Ortíz
Diputado DC
Hace ya más de dos meses concurrí con mi voto a aprobar la idea de legislar en el proyecto tributario y ahí señalé que lo hacía porque habrían más recursos para las regiones, menor pago de contribuciones para los adultos mayores y se perfeccionaría el 14 TER para las Pymes pero que no estaba disponible para rebajar impuestos a las grandes empresas ni para debilitar las facultades fiscalizadoras del SII, lo que seguiré reafirmando.
A propósito del Protocolo propuesto por Hacienda señalé la semana pasada que ya no era la hora de Protocolos, sino que lo urgente era conocer las indicaciones y el Informe Financiero que concretizan esos beneficios, por eso anuncié que no firmaría ningún Protocolo.
Conocido el documento quiero expresar mi preocupación por la vaguedad y las generalidades que en él se contienen. En concreto
Sobre el tema PYME resulta llamativo que se señale que “se buscarán mecanismos que permitan otorgar a las PYMES un régimen simplificado”, cuando justamente como lo hemos dicho, desde un principio, más que crear nuevos sistemas como propone el Ejecutivo (que incluso exigían contabilidad completa) lo que corresponde es perfeccionar el actual 14 TER –incluyendo aumento de su cobertura a 75.000 UF-, evitando así los costos de transacción asociados a la creación de nuevos sistemas.
Preocupa igualmente que no haya una sola línea en el protocolo sobre la estimación fiscal de los menores ingresos proyectados producto de la ampliación del régimen de las PYMES a 75.000 UF de ventas anuales, así como tampoco medidas que permitan evitar que empresas grandes se “disfracen” de Pymes para acceder a este sistema de tributación simplificada.
En materia de compensaciones fiscales progresivas sigue el listado de una serie de medidas sin detalle alguno cuya aplicación –teóricamente- permitirán US$ 400 millones de recaudación permanente (limitar market maker, controlar operación back to back, limitación a retiros desproporcionados se señala).
Es preocupante que Hacienda a la fecha sea incapaz de fijar el contenido de las indicaciones, y sigamos en un listado de medidas, que entre marzo y ahora mutan y respecto de las cuales resulta imposible conocer su real impacto en los objetivos perseguidos, esto es, que efectivamente graven a quienes ganan más y que permitan no afectar la recaudación fiscal.
Así, por ejemplo, mientras hace unos meses el Ministro de Hacienda proponía como medida compensatoria gravar los retiros totales en los seguros de vida lo que ya hoy está operando por resolución administrativa del SII hoy esa medida se omite.
Algo similar ocurre, en materia regional donde si bien se ratifica que los proyectos que superen US$10 millones serán gravados con un 1% destinado a la inversión regional, se agrega la exigencia de que los proyectos “generen externalidades negativas”, lo que puede ser leído como un acotamiento del número de proyectos de inversión afectados por este impuesto sin que se conozca el real alcance de lo que se está realmente proponiendo.
Me surge la duda si este acotamiento permitirá mantener la recaudación inicial señalada por el Ministro Larraín (US$ 170 millones que se pagaban en 5 años). Si se mantiene esa condición creo que está fórmula no será solución para el tema regional.
En el beneficio para adultos mayores se dan más pistas señalando que se mejoraran los beneficios de la ley N° 20.732 ampliando los avalúos de los inmuebles beneficiarios de 89 a 108 millones en la cota baja y de $118 a $144 millones en la cota alta, pero aún no conocemos la cobertura del beneficio ni menos su impacto en menor recaudación a compensar. Tampoco hay información sobre el impacto fiscal sobre la exención de las contribuciones de predios forestales.
Se mantiene la vaguedad ante nuestra petición de extender al Servicio de Aduanas las facultades para combatir la evasión en el comercio internacional ya que sólo se señala que “se estudiará”, cuando es una materia que hemos reiterado insistentemente en los últimos meses sin que aún exista definición gubernamental al respecto.
Y me preocupa la omisión del Gobierno que quiera perseverar en una mala idea como es la repatriación de Capitales que se propone por 2ª vez. Esto debe ser excepcional y ya se hizo en reforma del 2014
Por último, no puedo dejar pasar el hecho que se haya incorporado en el Protocolo una materia que es propia de la Comisión de Hacienda como es fijar los tiempos legislativos para el despacho del proyecto.
La sede de esta definición es la Comisión de Hacienda y sus miembros y nadie puede arrogarse investidura para fijarle plazos para despachar un proyecto de ley largo y complejo –que lleva ya 10 meses de tramitación- y donde aún Gobierno no presenta estas nuevas indicaciones ni un adecuado Informe Financiero que lo respalde.
Chile requiere seguir incrementando sus bienes públicos; por tanto, es relevante contar con una mayor recaudación fiscal en el mediano plazo, así como avanzar hacia un sistema tributario con mayor progresividad; sobre la base de estas convicciones políticas evaluaré las indicaciones y el Informe Financiero que espero lleguen la próxima semana a la Comisión de Hacienda.