La Contraloría señala que hay vicios en los permisos de construcción, por lo que ordena la paralización de las obras. En respuesta, diez diputados, incluidos Raúl Leiva (PS), Carlos Abel Jarpa (PR) y Matías Walker (DC), presentaron un proyecto de ley que configura un perdonazo a las 12 inmobiliarias de la Cámara Chilena de la Construcción que incurrieron en falta, las que avanzan en obras pese a la prohibición, informa Interferencia.cl

En enero de 2019 diez diputados, de todos los sectores, firmaron un proyecto de ley patrocinado por Juan Manuel Fuenzalida (UDI), que pretende "dar certeza jurídica" a los actores vinculados a la construcción frente a "fallos de diferentes autoridades (Corte Suprema, Direcciones de Obras Municipales, Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros) que han ido en merma de la legislación actual y por sobre todo de la economía de construcción de nuestro país", en materia de planos reguladores y permisos de edificación.

Más allá de la retahila de entidades que han tomado parte en las decisiones jurídicas, el punto se refiere -en concreto- a un dictamen de Contraloría de noviembre de 2018 que favoreció a agrupaciones de vecinos de Estación Central en conjunto con la Fundación Defendamos la Ciudad, quienes pedían la detención de la construcción de 49 edificios llamados de guetos verticales, dadas sus características de tamaño (más de 30 pisos) y alta densidad habitacional, frente a doce inmobiliarias, todas pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El dictamen considera ciertos hechos contrarios a derecho respecto de esos guetos verticales, como lo es que no es posible aplicar sistemas de agrupamiento de edificación continua (edificios con la fachada inmediatamente sobre la vereda) en zonas donde no hay una norma urbanística de altura máxima (todo Estación Central). Dado este punto, Contraloría ordena la "paralización de obras", en tanto los permisos de edificación dados por la Dirección de Obras Municipal de Estación Central a estos proyectos están viciados, pues "fueron emitidos contraviniendo la normativa aplicable" de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Justamente es esa ley la que el proyecto de Fuenzalida quiere modificar, y -justamente también- respecto a las consecuencias de los vicios que pueden cometer las Direcciones de Obras Municipales (DOM):

"El objetivo del presente proyecto de ley, es otorgar certeza jurídica a los instrumentos de planificación territorial y a los permisos de edificación que se otorguen por las respectivas Direcciones de Obras Municipales, de manera que no queden sujetos a eventos futuros e inciertos a los que están sometidos en la actualidad".

En suma, lo que pide el proyecto de ley es una especie de perdonazo: que "se entienda por aprobado" un proyecto que tiene vicios cometidos por la DOM correspondiente. En este caso la de Estación Central, que no ha acatado el dictamen de Contraloría e incluso ha permitido el avance de los 49 proyectos inmobiliarios viciados.

De enero a julio

El proyecto actualmente se encuentra en el primer trámite en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, pero sufrió el abandono de dos firmantes iniciales: Rodrigo González del PPD y Marcelo Díaz, del Partido Socialista. En conversación con INTERFERENCIA, ambos diputados aseguraron que una vez enterados que las consecuencias de la parte técnica de la iniciativa beneficiaban a las inmobiliarias, decidieron sacar las firmas del proyecto.

Una opinión distinta manifestó Matías Walker (Democracia Cristiana), quien prefirió seguir adelante, pues valoró otros puntos del proyecto, relativos a la regulación de planos reguladores por zonas. "Si hay observaciones respecto de una zona en particular no tiene sentido retrasar la entrada en vigencia de todo un plan regulador, y eso es pertinente que se discuta”, dijo. Consultado por INTERFERENCIA respecto a la influencia de este proyecto en blanquear irregularidades en la edificación de guetos verticales, Walker se limitó a decir que “no veo ese peligro".

En paralelo, y como respuesta al dictamen de Contraloría, las inmobiliarias han interpuesto un recurso de protección en contra del ente fiscalizador que se resolverá en julio por la Corte de Apelaciones de Santiago.