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El 5to fallecido por coronavirus murió hace una semana

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En La Fontana republicanos esta nota aparecida en Interferencia.cl, la subsecretaria Paula Daza se negó en dos ocasiones a entregar información sobre este nuevo fallecido, que fue confirmado como positivo de coronavirus por el Instituto de Salud Pública este miércoles, siendo que había muerto el viernes 20 de marzo y que el Servicio Médico Legal envió la muestra para examen un día después. Según vecinos de la persona fallecida, nadie del sector ha hecho cuarentena.

El pasado viernes 20 de marzo un hombre de 64 años falleció en su hogar, en Cerrillos. Aquel día y por los síntomas que había presentado la persona, el Servicio Médico Legal (SML) sospechó que podía tratarse de un caso de covid-19. Esto fue confirmado el miércoles de esta semana y recién ayer viernes el gobierno informó públicamente el hecho. En todo este tiempo, no se tomaron medidas sanitarias en dicho sector para prevenir los contagios.

INTERFERENCIA conversó con un vecino del lugar, quien pidió mantener su identidad en secreto. Este testigo relató que a eso de las 10 de la mañana del viernes 20 de marzo, una vecina de calle Vargas Salcedo salió desesperada de su casa gritando por ayuda. Su esposo se encontraba grave en el hogar. Pronto llegó alguien de una casa cercana, quien intentó auxiliarlo mediante reanimación, pero no dio resultado y el hombre falleció.

Según el testimonio, después del deceso de este hombre de 64 años, llegó personal de Carabineros y del SML. La esposa de la víctima les relató los síntomas que había estado presentando el hombre, principalmente fiebre. Ante las sospechas del personal médico, le habrían recomendado a la viuda permanecer en cuarentena.

Actualmente los vecinos se encuentran preocupados, puesto que desde aquel viernes 20 que no han visto un cambio en la normalidad del sector, es decir, acusan que no hay medidas específicas para prevenir los contagios, ni de parte del Ministerio de Salud ni de la Municipalidad de Cerrillos.

Uno de los hechos que encendió las alertas es que recién este jueves se habría notificado a la viuda del positivo por coronavirus, pero en los días previos se vio a distintos vecinos dándole el pésame a la mujer, lo que podría haber aumentado la propagación del virus.

INTERFERENCIA contactó al alcalde de la comuna, Arturo Aguilera (PS), quien entregó la versión oficial del municipio.

«No fuimos informados por el Ministerio de Salud u otro organismo del Estado. Más vecinos del afectado sí lo hicieron hoy (ayer viernes 27 de marzo). Nuestro protocolo de intervención incorpora sanitización del lugar, instalar cuarentena en los cercanos al paciente, ayuda en alimentos, apoyo psicológico, entre otros. Mañana (hoy sábado 28 de marzo) estaremos en la mañana para cuidar a la familia afectada. Tenemos equipo y estamos con todo al lado de nuestros vecinos», dijo la autoridad comunal.

De ser cierta la versión de Aguilera, la falta de protocolos sería responsabilidad del Ministerio de Salud, organismo que este viernes tuvo una actitud que aumentó la incertidumbre en torno a este caso.

Los hechos que no contó Daza

La quinta muerte provocada por el virus fue informada la mañana de este viernes por la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Durante una rueda de prensa en el palacio de La Moneda, la autoridad dijo que el jueves de esta semana les habían informado sobre este fallecimiento por un “cuadro respiratorio, lo que significa que tenemos hasta el momento cinco personas fallecidas”.

Dos reporteras distintas le consultaron más detalles sobre el lugar de residencia de este hombre, sin embargo, Daza solo se limitó a decir que vivía en la Región Metropolitana. Y no fue lo único que omitió, pues en ningún minuto especificó que este fallecimiento se había producido exactamente una semana antes de la rueda de prensa en que lo anunció.

Evidentemente no se podía confirmar ante los medios una muerte por covid-19 sin el resultado del Instituto de Salud Pública que comprobara o descartara la presencia del virus en el cuerpo.

El fallecido llegó a las dependencias del Servicio Médico Legal el viernes 20 de marzo, y fue inspeccionado un día después. El sábado 21 de marzo, personal del SML aplicó el protocolo que le corresponde cuando ingresa un caso sospechoso portador de este tipo de coronavirus que no muere en un recinto hospitalario.

Así, entre otras cosas, se le aplicó un examen externo y toma de distintas muestras, incluyendo una de tejido pulmonar para enviarla al Instituto de Salud Pública (ISP). La respuesta del ISP tardó en llegar: este miércoles 25 de marzo lo confirmaron como positivo, es decir, cinco días después del envío de la muestra.

INTERFERENCIA se contactó con el Ministerio de Salud para saber por qué no se había informado un día después de la confirmación de la causal de este fallecimiento, o sea, el jueves 26, pero no fue posible obtener una versión al respecto. Asimismo, el organismo no se pronunció respecto de si se tomaron las precauciones correspondientes en el barrio de Cerrillos donde vivía el hombre, dados los testimonios de los mismos vecinos, que señalan que no se ha resguardado el lugar y que sospechaban que esta muerte se debía a coronavirus desde el viernes 20 pasado.

Durante la misma rueda de prensa, la subsecretaria Daza indicó que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) es el que está ayudando a fiscalizar el cumplimiento de cuarentena, luego de que este mismo miércoles se publicara en el Diario Oficial la disposición de aislamiento o cuarentena a ciertos grupos de personas, entre los que están los casos confirmados de contagio o aquellos que hayan tenido “contacto estrecho” con estos últimos, entendiéndose por “estrecho” haber estado “más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro”, o “haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios”.

Estas instrucciones fueron dadas a conocer el martes 24 de marzo, y están incluidas en el “Protocolo de manejo de contactos de casos COVID-19 – Fase 4”, que vio la luz ocho días después de entrada en vigencia la fase 4 de la pandemia (ver artículo Gobierno tardó más de una semana su protocolo de manejo en la fase 4 del Covid-19).

Diputada Pérez acusa letra chica en las medidas de servicios básicos anunciadas por el presidente Piñera

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“Nuestra propuesta de Ley va a seguir porque la gente hoy día necesita transparencia y eso se lo podemos dar con una ley y no con letra chica”, dijo la diputada DC por la Región del BíoBio.

Tras las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera en materia de servicios básicos, la diputada Joanna Pérez acusa letra chica, ya que en la comisión de Economía que sesionó el día miércoles, se aprobó un proyecto de ley de autoría de la parlamentaria, a la cuál se sumaron otras iniciativas orientadas en esta misma línea. El proyecto se encuentra listo para poder ser discutido y votado en la sala de la Cámara.

Joanna Pérez manifiesta que, “acordamos en la comisión de Economía el sacar primero un paquete de medidas en lo que es servicios básicos y luego analizar los proyectos que van orientados a los bancos, a los créditos de consumo, créditos hipotecarios y también en el marco de la educación, donde tenemos a personas endeudadas, donde están corriendo los plazos y hoy día no tenemos claridad de parte del gobierno”.

“Yo valoro estas medidas, ha sido pertinente el legislar en estas materias y se agradece que el Ejecutivo salga activamente a pedir que las empresas tengan acciones de responsabilidad social empresarial, pero hoy las familias no tienen la claridad de que va a pasar con sus empleos y sus ingresos, y eso es lo que debemos garantizar. Hoy día nos necesitan, al Estado de Chile y a todos los poderes a disposición de todas las familias que más lo requieren”.

Frente a las medidas anunciadas en materia de servicios básicos, la parlamentaria del distrito 21 de la región del Biobío es enfática en mencionar que, “creo que siempre hay letra chica porque lamentablemente hay empresas que buscan mantener sus utilidades, tienen grandes redes, y claramente lo que quieren hoy día es no permitir que nosotros avancemos en este proyecto de ley”.

La diputada mencionó que, “este proyecto de ley que estamos tramitando permite que si una empresa no cumple en el caso de que no debe suspender ningún servicio en este periodo, arriesga multas de 1000 a 2000 UTM, y eso es lo que hoy día las empresas no quieren y rápidamente salió a defender este gobierno, hoy el gobierno ha salido a defender propuestas para el 40%. Pero en el anuncio no está incluida la clase media, estamos iniciando una crisis económica que va a golpear fuertemente no tan sólo al sector más vulnerable sino también a la clase media, a este Gobierno constantemente se le olvida abordar a la clase media de nuestro país».

Finalmente Joanna Pérez señaló que, «nuestra propuesta de ley va a seguir porque la gente hoy día necesita transparencia y eso se lo podemos dar con una ley y no con letra chica”.

CUT ingresó requerimiento para dejar sin efecto dictamen de la Dirección del Trabajo

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Polémica generó el dictamen emanado desde la Dirección del Trabajo que exime del pago de sueldo al empleador si el trabajador no asiste durante la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus Covid-19.

La Central Unitaria de Trabajadores, ante esto, ingresó un requerimiento para dejar sin efecto la cuestionada resolución que deja “en la más absoluta desprotección” a los trabajadores.

En concreto, la CUT pidió “la reconsideración de los dictámenes Nº 1239/005 de 19 de marzo y Nº1283/006 de fecha 26 de marzo, ambos del presente año, le de tramitación y, en definitiva, lo acoja, dejándolos sin efecto, en la parte que determina que el cierre de empresas por orden de la autoridad con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, es un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que suspende la relación laboral y todas las consecuencias derivadas de tal decisión, por haberse extralimitado en sus facultades interpretativas, actuando fuera del marco de juridicidad que le ha sido otorgado y efectuando labores legislativas al crear efectos jurídicos no establecidos expresamente en la legislación”.

Recordemos que durante esta jornada, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señaló que “debemos tener un instrumento que ya no es jurídico” y que permita mantener y proteger el sueldo de los trabajadores.

PR interpone recurso de protección para invalidar dictamen de la DT, que deja sin sueldo a trabajadores que no puedan asistir a labores por medidas sanitarias contra el coronavirus

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Ayer, polémica generó el dictamen emanado desde la Dirección del Trabajo (DT), que exime del pago de sueldo al empleador si un trabajador no asiste durante la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus Covid-19.

El dictamen indica que ambas partes pueden librarse de sus obligaciones contractuales ante un evento de ‘fuerza mayor’ o ‘caso fortuito’, de acuerdo al artículo 45 del Código Civil. Es decir, situaciones imprevisibles, que no se pudieran evitar, tanto para el empleador como para el trabajador. Coyuntura que excluiría, por lo demás, el pago de indemnizaciones en beneficio del trabajador.

Bajo ese entendido, la DT reconoce que las medidas sanitarias decretadas por el gobierno, el cordón sanitario, toque de queda de 22:00 a 5:00 horas y el aislamiento total, entran en la categoría de los hechos fortuitos como se describió antes y exime a las partes de las “obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo”. Es decir, el trabajador podría dejar de prestar sus servicios y, a la vez, el empleador de pagar las remuneraciones. Y ante cualquier controversia que se genere por esta situación, el dictamen añade que serán los tribunales los encargados de resolver.

Recurso de protección

Frente a este escenario, el presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto el dictamen de la DT y proteger a trabajadores, quienes están en la más absoluta desprotección.

El PR solicita que la Corte pueda aceptar esta acción legal: «Admitirla a tramitación por las graves arbitrariedades e ilegalidades que ya se han reproducido en el escrito de presentación del presente recurso, solicitando que se ordene dejar sin efecto por parte de la Dirección del Trabajo, y declarar la nulidad de derecho público del mismo, con las sanciones que determina la ley en contra de la Directora del Trabajo (s) ya individualizada», dice el texto.

Del mismo modo, se argumenta que este recurso se interpone «por el enorme daño que provocará el Dictamen ya singularizado en los derechos constitucionales de los trabajadores que se verán afectados en las hipótesis que tal acto administrativo indica, que se decrete orden de no innovar respecto al Dictamen N° 1283/006 de la Dirección del Trabajo, de fecha 26 de Marzo del 2020», plantea el documento del recurso.

*Ver recurso de protección del PR:

RECURSO DE PROTECCION_DT_20200327

Los trabajadores una vez más desprotegidos por el gobierno: Es la hora del parlamento

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Por Gonzalo Martner

Economista y político

Ex militante PS

Académico de la Usach

El dictamen de la Dirección del Trabajo -que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda- plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis. Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución: legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo.

En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, insisto en que el parlamento legisle y lleve al gobierno a aprobar mantener el pago de salarios financiado en la proporción de la disminución de las ventas por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones. Ejemplo: si las ventas caen a la mitad, se debiera pagar la mitad del salario por el fondo solidario de cesantía y la otra mitad por la empresa. Y que cabe subsidiar aquellos costos fijos empresariales que ayuden a evitar las quiebras y la explosión del desempleo.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y los sin contrato, cabe un subsidio por tres meses equivalente al ingreso mínimo y no los 50 mil pesos por una vez que plantea el gobierno. Esto cuesta mucho menos que la suspensión del pago del PPM a las grandes empresas que no están siendo afectadas (supermercados y sectores exportadores, por ejemplo). Es un tema de justicia social y también de buena gestión macroeconómica.

Es hora que la oposición en el parlamento haga su trabajo y no acepte las medidas del gobierno que protegen a la gran empresa no afectada y oriente los recursos hacia la mantencion de las remuneraciones y asegurar la continuidad del funcionamiento económico y del empleo. Chile puede hacer otra cosa que lo de siempre: favorecer a la gran empresa a costa de los trabajadores y precipitar crisis económicas y explosiones de cesantía por incompetencia y dogmatismo de las autoridades económicas. Ah, y los que se niegan a tomar medidas como las mencionadas por favor que después no se quejen sorprendidos por las rebeliones sociales que se produzcan por la inacción pública y/o por gobernar para los privilegiados y dejar en el abandono a la mayoría social. Es lo menos que se les puede pedir.

Presentan propuesta que permite retiro del 10% del fondo de pensiones en AFP por situación de emergencia

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La senadora Ximena Rincón señaló que el cuerpo legal tiene como principal objetivo, dar la oportunidad a las y los afiliados del sistema de AFP, que puedan retirar por única vez, hasta un 10% de sus cuentas de capitalización individual, debiendo para tal efecto, y dentro de 30 días corridos, desde la publicación y de la ley y sin costo alguno para el Estado, la Administradora deberá traspasar el total equivalente según saldo de cada uno de sus afiliados a su respectiva cuenta dos que la propia Administradora abrirá al efecto o a la que ya hubiere abierto el propio trabajador.

“El Ejecutivo demuestra su intención de comprometer una cantidad relevante de recursos, pero, es en la focalización de estos es donde se inicia un conflicto, que es necesario resolver en función de miles de familias que ven con incertidumbre el futuro próximo”, añadió la jefa de bancada de los senadores DC.

Además, la senadora comentó que de acuerdo a la información proporcionada por la página web de la Superintendencia de Pensiones el 2 de agosto de 2019, “los activos de los fondos de pensiones chilenos alcanzaron un nivel histórico de US$ 218.706 millones. Esta cifra representa un 77% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional”.

“La emergencia sanitaria que enfrentamos, requiere que las familias cuenten con los recursos económicos suficientes para abastecerse de los insumos básicos de subsistencia para un período que de acuerdo a la proyección de las autoridades sanitarias, se espera que el peak de contagios por Covid-19 sea en los meses de abril-mayo de 2020”, afirmó.

Asimismo, la autora de la iniciativa indicó que el proyecto también cuenta con la firma de los senadores Jorge Pizarro, Adriana Muñoz, Rabindranath Quintero y Carlos Bianchi.

De igual manera, Ximena Rincón detalló que el proyecto establece:

Artículo único.- Modifíquese el Decreto Ley Nº 3.500, del 13 de noviembre de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones en el siguiente sentido:

a. Añádese un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor:
“Artículo transitorio nuevo.- Por única vez, permítase el retiro de hasta el 10% de los saldos de las cuentas de capitalización individual, reportadas al 1 de marzo de 2020, a todas y todos los afiliados al sistema, estén o no cotizando, debiendo todas las AFP traspasar dentro del plazo de 30 días corridos, desde la publicación de esta ley y sin costo alguno, el total equivalente según saldo de cada uno de sus afiliados a su respectiva cuenta 2 que la propia AFP abrirá al efecto o a la que ya hubiere abierto el propio trabajador.

No será requisito para este beneficio solicitud alguna, pues el operará por el solo ministerio de la ley sin necesidad de instrucción alguna de la Superintendencia de Pensiones. Los montos podrán ser retirados por los trabajadores libremente, en cualquier momento y estarán exentos de impuesto”.