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Por Daniel Matamala 

Periodista de CNN Chile 

Patricia lleva ocho años vendiendo artículos de línea blanca en una tienda Paris, en el centro de Santiago. Su sueldo base es el mínimo, aunque a punta de comisiones generalmente logra llegar cerca de los 700 mil pesos cada mes.

Hoy, Patricia y sus tres hijos viven la angustia de la incertidumbre. Su empresa se acogió a la Ley de Protección del Empleo, que le permite dejar de pagar el sueldo a sus trabajadores. Le habían dicho que el 30 de abril le llegaría el depósito del seguro de desempleo. No pasó. La nueva fecha es el 9 de mayo.

Lo que sí pasó este 30 de abril es que la junta de accionistas de Cencosud, dueña de Paris, decidió repartir el 80% de sus utilidades. Así, la misma empresa que se acoge a la ley para no pagar su salario a Patricia y sus demás trabajadores, entregará a sus accionistas 220 millones de dólares, sumando las cifras de la matriz y de Cencosud Shopping.

Sólo con ese dinero que ha decidido llevar a las arcas de sus dueños, podría pagar 262 mil sueldos de 700 mil pesos como el de Patricia.

Hablé con ella este viernes, el Día de los Trabajadores. “Es aberrante que nos obligaran a acogernos a la ley y después hagan esto”, me dijo Patricia, quien me pidió resguardar su identidad por temor a represalias. “Es una burla que se aprovechen de las circunstancias y se lleven la plata para la casa. Tengo rabia, tengo impotencia”.

Sin embargo, lo que hace Cencosud es perfectamente legal.

La ley que permite suspender el pago de sueldos a los trabajadores se promovió con los casos de pequeños restoranes o tiendas que se enfrentaban a la quiebra o a despedir a todo su personal. Pero la norma también incluye a gigantescos holdings, como Cencosud, propiedad de la tercera mayor fortuna de Chile, Horst Paulmann, dueño de un patrimonio de tres mil millones de dólares según Forbes.

La ley no reguló la repartición de utilidades, ni el pago de honorarios a los directores de la empresa. De hecho, en la misma junta de accionistas, Cencosud aprobó pagos mensuales de hasta $ 12.626.442 a los miembros del directorio y el comité de directores.

Ante el creciente escándalo, parlamentarios impulsaron una reforma que -muy a destiempo- propone arreglar la ley para que las empresas que se declaren incapacitadas para pagar a sus trabajadores no puedan repartir ese dinero entre sus dueños y directores.

Inmediatamente, el gobierno y el diputado Patricio Melero (UDI) advirtieron que de ser aprobada llevarían esta norma al Tribunal Constitucional. “Se afecta el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad en sus diversas especies”, explicó Melero.

En resumen: el Estado puede autorizar a las empresas a no pagarles el sueldo a sus trabajadores. Eso es perfectamente legal. Pero exigirle a cambio que no entreguen ese dinero a dueños y directores, eso, ¡escándalo!, viola la Constitución.

Este mismo 30 de abril, Cencosud anunció que el exministro de Hacienda Felipe Larraín se incorpora a su directorio. Nada nuevo bajo el sol: en 2015, 71 políticos (exministros, exparlamentarios, exsubsecretarios…) eran directores en las empresas más grandes de Chile, en grupos como Luksic, Solari o Matte: 41 de Chile Vamos y 30 cercanos a la ex Concertación.

El propio Larraín pasó por el holding del grupo Angelini antes de ser ministro. En su primer período en Hacienda, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) benefició con un “perdonazo” a Johnson cuando esta empresa fue comprada por Cencosud, bajando el monto a pagar al Fisco de 119 a ocho millones de dólares. Larraín, entonces, defendió al director del SII, diciendo que había actuado “conforme a la ley y dentro de sus funciones”.

El exministro pasó al directorio de Cencosud seis meses y dos días después de haber dejado el gobierno en que lideró el proyecto para bajar los impuestos a los dueños de empresas. Esto también es perfectamente legal.

Pero dice mucho sobre los mecanismos que perpetúan el poder económico en Chile. Esta semana, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entrega una cifra positiva: nuestro Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el mayor de América Latina. Sin embargo, cuando ese índice se corrige por desigualdad, la foto cambia: cae un 20,5%.

Lo de Chile es una rareza mundial. Entre los países de desarrollo humano similar, somos por lejos el de mayor inequidad en desarrollo humano. En naciones de IDH comparable al nuestro, la caída del índice por desigualdad se mueve entre el 8,0% de Hungría, el 12,2% de Omán y el 6,2% de Eslovaquia: la mitad o un tercio que en Chile.

Esta desigualdad, entonces, no es “natural”, “normal”, ni fruto de alguna inexorable regla. Es una anomalía causada por una estructura de poder que la sostiene. Opera mediante hilos invisibles, lobbys ocultos, puertas giratorias entre los grupos económicos y el poder político, herméticas discusiones regulatorias y complicadas estrategias para eludir el pago de impuestos.

Excepto en ciertos raros momentos en que esos hilos se vuelven visibles para todos. Momentos como este Día de los Trabajadores, cuando Patricia se queda sin su sueldo, mientras ve cómo ese mismo día ese dinero se reparte por cientos de millones de dólares en la cúspide del poder económico.

Y todo es perfectamente legal.