En La Fontana republicamos entrevista aparecida en ElSiglo.cl. Senadora llamó a no “entusiasmarse de hacer indicaciones” y así hacer más lenta aprobación del proyecto, que es lo que pretende la derecha. Instó a garantizar ayuda a la gente.
La senadora por la Región de Atacama, Yasna Provoste, militante de la Democracia Cristiana (DC), llamó a no atrasar la tramitación de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de fondos de pensiones desde las AFP, llamado que incluye a senadores de la oposición, al tiempo que enfatizó que el proyecto habla de “afiliados”, por lo tanto ese porcentaje lo podrían retirar jubilados y actuales trabajadores.
Recalcó que este camino se hizo necesario por la ayuda “muy a cuenta gotas” y que “no han sido soluciones” de parte del gobierno, e insistió en que en estos momentos hay que ayudar a la gente.
En conversación con panelistas del programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, la senadora Yasna Provoste también abordó problemas que se está viviendo en la Región de Atacama.
Estamos preocupados por lo que sucede en las regiones por la pandemia. Atacama es una región minera importante, como lo es Antofagasta que está en una crisis desde el punto de vista de la pandemia. ¿Cómo vive, cómo siente que está Atacama?
Nosotros estamos en una situación bien compleja. Desde hace ocho semanas hemos estado funcionando activamente en una Mesa Social autoconvocada en donde nos reunimos distintos colegios profesionales que participan; el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, de Matronas, Psicólogos, el Colegio de Profesores, el Colegio de Periodistas que ha estado también muy activo. Están las organizaciones sociales, uniones comunales, juntas de vecinos, parlamentarios, alcaldes, concejales. Esto frente a la ausencia total de diálogo con las autoridades regionales.
Esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia cuáles son las prioridades para este gobierno y en Atacama, en las regiones del norte. La prioridad está dada por la actividad productiva. El primer contagio que tuvimos en la región es bien sintomático, fue de un trabajador minero, cuya faena minera hace cuatro días atrás anunció el despido de cien trabajadores, Ad portas de una negociación colectiva. Uno tiene una sospecha razonable en que esto se hace para generar un amedrentamiento en el marco de la negociación colectiva. Sin embargo, las autoridades regionales permanentemente dan todo tipo de facilidades para que la actividad minera siga generando una fuente muy importante de contagios en nuestra zona, a propósito de los intercambios y los turnos de los trabajadores y trabajadoras. La Región de Atacama tiene tazas altísimas de desempleo, más del trece por ciento en el último trimestre móvil informado por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Esas empresas mineras hacen donaciones al gobierno regional, donaciones que uno nunca sabe en qué se utilizan. Eso les permite tener carta blanca para seguir realizando todos sus trabajos con menores estándares, en nuestra opinión, de seguridad frente a lo que estamos viviendo en estos días producto de esta pandemia.
-¿Cómo avizora la situación que viene?
-Los veinticuatro parlamentarios, tanto de oposición como del mundo independiente, suscribimos una carta conociendo el proyecto de la Cámara de Diputados; hace más de una semana. Suscribimos esa carta manifestando nuestro apoyo. Yo por lo tanto espero -dado que esa carta la suscribimos conociendo el proyecto de la Cámara- que hoy día nadie se cambie de caballo.
-Ese cambio de caballo a veces no es muy extraño. ¿O no?
-Creo que hoy día estamos viviendo una situación muy compleja. El problema ha sido la lentitud, la ineficiencia de este gobierno donde su preocupación ha estado en proteger el modelo más que proteger a las familias, y las ayudas que han estado entregando, muy a cuenta gotas, no han sido soluciones. Lo hemos visto recientemente en el anuncio que hizo en el supuesto plan de protección a la clase media, en donde en materia educacional, por ejemplo, lo que hace es empujar a la familia a seguir endeudándose a través del CAE (Crédito con Aval del Estado), en lugar de reabrir un proceso para la gratuidad. Hay muchas familias en nuestro país, que dado que perdieron sus empleos, que bajaron sus ingresos, califican para lo que la ley establece como exigencia para la gratuidad, que es estar dentro del 60% más vulnerable. Pues bien, qué es lo que hace este gobierno. En lugar de reabrir el proceso de la gratuidad, reabre el proceso para postular al CAE, y sabemos que este ha sido un sistema que ha generado endeudamiento para acceder a un derecho como es la educación. Pero, además, lo que es bien curioso, abre este proceso para el segundo semestre del año 2020. Es decir, como que durante los cuatro meses anteriores no hubiera existido crisis, no hubiera existido pandemia, no hubiese existido despidos, no hubiese existido pérdida de ingresos para muchas familias. Entrega alternativas que son absolutamente ineficientes y alejadas de la realidad. Tan alejado de la realidad, que a los deudores del CAE les ofrece la suspensión del pago por hasta tres meses, pero sólo a los que están al día. Es decir, sólo a los que no han enfrentado dificultades y han podido mantener su nivel de pago. Pero a los que han enfrentado dificultades no les ofrece ayuda y dice que aquellos que están morosos no se van a poder acoger a la suspensión temporal, y sólo van a tener la oportunidad de reprogramar.
Se desconoce que desde marzo en adelante hemos enfrentado una crisis de salud, una crisis sanitaria, y en el fondo lo que hace el gobierno, una y otra vez, es proteger cada espacio de este modelo. Desde marzo surgieron iniciativas, tanto en la Cámara como el Senado, para impedir el corte de servicios básicos y permitir la repactación. Es decir, ni siquiera es subsidio, es repactar las deudas a doce meses, sin intereses, sin multas, sin cobro alguno. Y el gobierno durante todo ese período le puso todo tipo de obstáculos a este proyecto. Después que fue despachado, el Presidente (Sebastián Piñera) se tomó veintinueve días para decir que lo vetaba.
-Entonces quisiera preguntarle específicamente respecto de situaciones nuevas que se han creado en el Senado en la discusión del proyecto de retiro del 10% desde las AFP. Que no se debiera permitir que personas que tienen mayores ingresos debieran pagar un tributo.
Ese tipo de argumentos es para no expresar su opinión más genuina de seguir apoyando el modelo de las AFP. Los que ven la posibilidad de colocar obstáculos a este proyecto, es por la simpatía que tienen al modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones, que en nuestra opinión es un fracaso evidente. Aprovecho de comentar que hemos presentado un proyecto de ley junto con el senador Alejandro Navarro, el senador Juan Ignacio Latorre, la senadora Ximena Órdenes y el senador Alfonso De Urresti, para poder derogar el decreto ley 3.500, en que se apoya la existencia de las AFP. Este proyecto ya pasó por el Senado y se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Nosotros creemos en que este proyecto del 10% que se discute durante esta semana, es una iniciativa para poder ayudar a familias que no han tenido ningún apoyo durante esta crisis por parte del Estado. Familias que durante cuarenta años se les dijo que ellos eran dueños de sus fondos. Y cuando uno tiene una necesidad en su familia, echa mano a sus ahorros, entendiendo que aquí no ha habido ayuda del Estado. Si hubiese habido ayuda del Estado tal vez esa iniciativa no hubiera surgido ni hubiese tenido el apoyo del ochenta por ciento de la ciudadanía, que espera disponer de los fondos que cuarenta años le dijeron que eran de su propiedad.
Entonces, cuando se dice que no les gusta que la familia eche mano a sus propios ahorros, quiero decir que es un discurso bien inconsecuente pues cuando este gobierno, al comienzo de esta crisis, presentó en abril el supuesto proyecto de protección al empleo, en donde se permitía a las empresas la suspensión temporal, se les dijo a los trabajadores que aquellas empresas que se acogieran a la suspensión temporal, los trabajadores tenían que echar mano a sus recursos de la administradora de fondos de cesantía. Sólo cinco senadores estuvimos en contra de ese proyecto. Cinco. Dado que este gobierno le dijo a las familias que la única alternativa que tenían era echando mano a sus propios ahorros, ahora no me parece que hagan tremendo escándalo porque la gente quiera utilizar sus ahorros de las AFP que, insisto, durante cuarenta años le dijeron que eran propietarias.
Este es un proyecto sencillo, que el Senado debiera despacharlo rápido, que se debiera mantener la simplicidad para la restitución, para que las personas puedan tener este diez por ciento, como está fijado en el proyecto de ley. Nosotros tenemos también en el Senado iniciativas similares. Una que hemos presentado con el senador (Carlos) Bianchi, con el senador (Pedro) Araya. Otra muy similar con el senador Alejandro Navarro, y por lo tanto, creemos que hay alternativas. Hay Plan B si finalmente no tenemos los votos para esta iniciativa. Esperamos que el día martes o miércoles en que lo vea la Sala, tengamos los votos. Que no se presenten indicaciones que retrasen o hagan más lento este proyecto de ley, y seamos capaces de parar todas las amenazas que hoy día dice la derecha que lo van a hacer más lento. Una de las iniciativas de hacerlo más lento, es entusiasmarse en la idea de hacer indicaciones. Le pediría a aquellos que están tan entusiasmados en hacer indicaciones que veamos el proyecto de fondo. Nosotros tenemos una iniciativa que busca reemplazar el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones por un sistema de seguridad social de verdad, en donde sea una institución pública la que los maneje, sin fines de lucro, con una lógica distinta de lo que ha sido el modelo de capitalización individual y de colocar los recursos de los trabajadores en los mercados internacionales, sujetos por cierto a toda la volatilidad y desplome de las bolsas de los mercados financieros, tanto nacional como internacionalmente. Llama la atención que quienes se manifiestan preocupados por este retiro y la posibilidad de ponerle una carga impositiva, no digan nada respecto a lo que ha sucedido en este último tiempo: según la propia Superintendencia de Pensiones, según sus propios informes, en medio de esta crisis sanitaria la volatilidad de los mercados financieros globales, los fondos de los pensionados desde el 31 de diciembre del 2019 al 31 de marzo del2020, habían perdido cerca de 58 mil millones de dólares. Pérdida que supera con creces la proyección que se hace del retiro de este10%.
El problema es que en nuestro país las pensiones son tan miserables que anoche estuve en una reunión con muchas mujeres y una de ellas decía que estaba a punto de jubilar y pidió hacer el cálculo si retiraba el diez por ciento, y la diferencia en su pensión será de cinco mil pesos. La propia Superintendencia ha señalado que el impacto va a ser entre el cinco y el doce por ciento. Cuando usted tiene pensiones que son tan bajas, esto no hace gran diferencia. Uno se pregunta en qué modelo estarán ellos, el gobierno y las AFP, porque hoy día, el promedio de mujeres que se jubila, tiene una pensión de doscientos mil pesos. Eso es el valor promedio en nuestro país, muy por debajo de la línea de pobreza.
-De las indicaciones posibles para retrasar el proceso ¿hay alguna que valga la pena?
Yo estuve en reunión el día viernes con el Colegio de Profesores y muchos profesores y profesoras de la deuda histórica. Más tarde una reunión con profesores también de la Región de O’Higgins, y ahí surgían inquietudes como, por ejemplo, si este proyecto era sólo para los que estaban activos, sino también para jubilados. Ha estado esa preocupación. El proyecto es bien claro porque dice “afiliados”. Por lo tanto, son tanto aquellos que están activos como aquellos que estando jubilados. Claro, por cierto aquellos que no están con Aseguradora, porque cuando se le pasan los recursos a la Aseguradora ahí se pierde la propiedad como han dicho todos estos años. Por lo tanto, creo que nosotros debiéramos sacar con rapidez este proyecto que viene de la Cámara, que insisto, es un proyecto bien sencillo que debiéramos sacarlo con rapidez porque en situaciones como las que estamos viviendo la oportunidad en que se despacha la iniciativa tiene también una gran importancia para muchas familias que han estado desde marzo sin recibir ingreso alguno.
-A medida que avanza el proyecto en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, el gobierno está sacando ofertas. ¿Cómo ve usted que siente la población los anuncios del gobierno?, los dos millones y medio de cajas y los tres millones que dicen que están entregando ahora. También está el crédito FOGAPE, los bonos.
-Hoy día la ciudadanía claramente no le cree al gobierno porque las ayudas que han entregado son equivocadas, son insuficientes y tiene que ver con la desconexión que este gobierno tiene con la realidad social que vive la gran mayoría de los chilenos y chilenas, el insistir en mantenerse en esta realidad paralela en que ellos se encuentran.
Cuando se entregó lo del FOGAPE, a nosotros siempre nos pareció que era una mala iniciativa porque el gobierno corrió para incluir seis millones de dólares de garantía estatal para este instrumento que siempre había sido para la pequeña y mediana empresa, lo pudieran obtener también las grandes empresas. Creo que han sido los únicos que han podido utilizar el Fondo de Garantía estatal. Nosotros, que nos reunimos permanentemente con organizaciones de pequeña y micro empresa, hemos visto una cantidad de trabas, de barreras, de obstáculos. Los bancos han entregado apoyo de acuerdo a su programa de liquidez mensual, por un mes, cuando esta crisis se arrastra por cuatro meses y se proyecta por una cantidad similar o superior. Claramente esas no son soluciones. En el caso de la Región de Atacama, no más del once por ciento de las pequeñas y micro empresas han podido acceder a los créditos del FOGAPE. Invitamos hace unas semanas al gerente del Banco Estado a una reunión, y ellos le decían que fueron y como tenían deuda no les dieron el crédito. Obvio que van a tener deudas si no han tenido ingresos durante este tiempo. Precisamente el FOGAPE estaba destinado para ayudar en esa situación y fue muy claro en la discusión en que el cobro de las deudas a partir desde octubre porque aquí se tiende a olvidar que veníamos de un proceso de estallido social, hoy día cruzada con esta crisis sanitaria, social, económica y que además -en mi opinión- hay una crisis de gobernabilidad muy importante.
-Su opinión respecto del último recurso contra el proyecto del 10%, que es recurrir al Tribunal Constitucional, o declarar derechamente la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, basado en un tema de interpretación de los quórum.
-Hemos señalado hace largo rato, que cada vez que el gobierno pierde una iniciativa en el Parlamento, una iniciativa que ha logrado un apoyo democrático, recurre al Tribunal Constitucional. Lo hemos visto en el ejercicio de este gobierno en materias educacionales cuando aprobamos la Ley de Presupuesto el 2018 en que las universidades pudieran utilizar hasta un 30% de sus excedentes del fondo solidario, para poder apoyar a los jóvenes que pedían la gratuidad, que en esos años eran más de 24 mil en todo el país. Eso lo ganamos en la Cámara, lo ganamos en el Senado y posteriormente el gobierno y los diputados de la derecha recurren al Tribunal Constitucional y ahí lo perdimos.
-Estamos en un momento bien delicado de nuestra sociedad. Hay muchas familias sufriendo porque han perdido a un ser querido en esta pandemia. No lo han podido despedir como quisieran. Muchas familias están sufriendo porque han perdido los empleos. No tienen ingresos.
-Yo pediría que hoy se haga un esfuerzo, aunque sea muy focalizado en esta oportunidad, por tantas familias chilenas y aprueben el retiro de hasta un diez por ciento y aprobemos el proyecto tal cual viene de la Cámara de Diputados. Porque se ponen bien creativos muchos economistas del partido en que yo milito. Una de las frases que ponía el ex ministro José de Gregorio, que nos ha mandado cartas a todos. Decía que los que tienen más, paguen más. Yo acepto al tiro la invitación. Hagamos una reforma tributaria de verdad, si es que eso es un principio, hagamos aquí y ahora una reforma tributaria donde el que tiene más, pague más. Pero no puede ser que estos principios sólo estén y se hagan exigibles para familia de clase media y los poderosos nunca sean tocados.