«A partir de 18 de octubre, la capital de Chile se remeció», dijo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, para presentar este lunes el informe que aborda los hechos constatados desde el estallido social.
«En primer lugar, el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos», parte concluyendo el documento de 109 páginas.
Y agrega: «Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas».
El instituto relató así que, a partir de los datos entregados, que la mayor cantidad de decesos y heridos se produjo durante el período de estado de emergencia. Y que «la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica , entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud».
Acusan además que «el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros que describe este Informe, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana».
«El pleno acceso y ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, requiere de condiciones mínimas de seguridad que un Estado democrático debe respetar y garantizar», recalcan.
En el documento, el INDH indicó además que el derecho de reunión pública ha encontrado «serias limitaciones» por diversos hechos, como «la desmedida actuación policial».
Durante la presentación realizada en la sede del instituto, Micco precisó que «no toda forma de violencia constituye una violación a los DD.HH.», sino que se requiere el actuar de agentes del Estado, contra quienes se han presentado ya 588 querellas criminales. A la fecha, el INDH ha presentado seis querellas por homicidio consumado, y donde «existen antecedentes fundados para sindicar responsabilidades de orden penal a integrantes de Carabineros, el Ejército y la Armada».
Además, se han presentado otras 12 acciones por homicidio frustrado en favor de 20 víctimas, las cuales también se dirigen en contra de agentes del Estado.
En cuanto al derecho a integridad personal, el instituto registró en sus 1.022 visitas a 67 centros de salud, 3.442 personas heridas por la acción fundamentalmente de agentes de Carabineros durante el desarrollo de manifestaciones.
De estos, 254 corresponden a niños, niñas o adolescentes. Dentro de los lesionados, 347 personas sufrieron heridas oculares, por lo que se han presentado 29 querellas referidas a estos casos.
También, que de las 588 querellas, 476 son por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 568 víctimas, y en cuya totalidad se sindican como victimarios a agentes estatales.
De estas, 433 son contra personal de Carabineros, 33 contra integrantes de las Fuerzas Armadas, y 10 en contra de personal de la PDI. «Estas cifras develan una realidad de la mayor gravedad, puesto que el INDH, en sus nueve años de existencia y previo al 17 de octubre de 2019 –día en que se inicia el período de análisis– había interpuesto 174 querellas por estos hechos», concluyen.
*Ver informe anual INDH 2019: