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En La Fontana publicamos esta DECLARACIÓN DEL FORO PARA EL DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE SOBRE EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

En estos momentos, vivimos una crisis sanitaria mundial que, según las proyecciones de distintas instituciones multilaterales, se transformará en una crisis económica y social de proporciones tales que superarían los efectos de la crisis del año 2009. El FMI ya comunicó que entramos en recesión y que podría ser la peor de los últimos 90 años, con una disminución del PIB mundial que, por ahora, se proyecta en un -2%, en situación que el 2009 el PIB mundial fue de -1,7%.

Este escenario, ha sido gatillo por un shock negativo de la oferta y ha sido seguido de un shock negativo de demanda. Es decir, la economía mundial ha disminuido su producción por las medidas de cuarentena preventiva y obligatoria. En estas condiciones, se debe proteger a los trabajadores y sus familias, no sólo para impedir que la crisis empeore sus condiciones de vida, sino porque son ellos los que asegurarán la recuperación de la economía después de la pandemia.

Sin embargo, la respuesta del gobierno se orienta a disminuir los derechos laborales debido a la implementación de la resolución exenta Nº 202 del Ministerio de Salud, con fecha 22 de marzo de 2020. En efecto, la Dirección del Trabajo, en su dictamen N° 1284/006, desarrolla dos directrices que afectan seriamente a los trabajadores. Primero y más importante es que se autoriza exonerar al empleador de las obligaciones del contrato de trabajo y, en particular, deja sin efecto el pago de remuneraciones frente a las medidas de cuarentena. Segundo, se permite que las empresas no paguen remuneraciones durante el tiempo que permanecen los trabajadores en la empresa sin ejecutar labor o hasta el levantamiento de las medidas de aislamiento. Los únicos excluidos de estas medidas son los trabajadores que laboran en actividades esenciales para la vida y salud de la población, así como aquellas indispensables para el abastecimiento de las zonas de cuarentena.

A lo anterior, se suman los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, donde se establece que las denuncias de enfermedad por COVID 19 no serán consideradas de origen laboral, pues no existiría prueba indubitable de trazabilidad. Ello va acompañado por otro dictamen, que traslada la responsabilidad de entregar las licencias médicas al organismo pagador desde el empleador al trabajador. La consecuencia es poner mayores trabas para el cobro de las licencias médicas por COVID 19 limitando, de esta manera, la protección de seguridad social a la que tiene derecho el trabajador.

Resulta evidente que la disminución de los derechos laborales antes descrita, implicará menores salarios, mayores tasas de desempleo, mayores tasas de empleo informal y una menor calidad del empleo. Vale decir, la disminución de los derechos laborales será una de las principales correas de la transmisión del shock de oferta hacia la reducción abrupta de la demanda, porque la disminución de la masa salarial reducirá el consumo de los hogares, impactando negativamente en la demanda agregada de corto plazo. Ello afectará las expectativas de los inversionistas, pero además reducirá el impacto de las políticas monetaria y fiscal.

Es por esto que declaramos que:

1. Nos parece de vital importancia para las familias chilenas y también para la economía, que se utilicen todos los medios disponibles para la protección del empleo y los salarios, poniendo a disposición una combinación de políticas de licencias médicas y seguro de cesantía, con mayor rapidez y menores requisitos.

2. Que la Dirección del Trabajo debe dejar sin efecto su dictamen 1284/006. Por su parte, la SUSESO debe hacer lo propio con sus dictámenes 1124 y 1160 de 2020 de manera que sea en el marco del diálogo social entre empleadores y trabajadores que se afronte de conjunto la crisis.

3. Que el gobierno debe avanzar hacia soluciones en el marco del empleo decente, con medidas que vayan en la dirección de dar mayor estabilidad al trabajo.

4. Y no menos importante, proponemos establecer una renta básica temporal para los
3.6 millones de trabajadores que, al no tener contratos formales de trabajo, están fuera de los mecanismos de apoyo que dispone el Estado. Este puede ser un aporte importante a la reanimación de la demanda y un instrumento redistributivo relevante.