Ejército de Chile

Las cartas de los candidatos de la centro izquierda para llegar a La Moneda criticaron la respuesta de las Fuerzas Armadas y del gobierno a raíz de un sketch humorístico en el que se ve a un supuesto militar en una entrevista.

Las y los candidatos a la presidencia de la centro izquierda chilena compartieron una declaración pública y en conjunto en rechazo de la declaración de las Fuerzas Armadas y el gobierno ante el programa de humor de La Red.

El sketch del programa Políticamente Incorrecto generó descontento dentro del Ejército de Chile, luego que en la sátira se viera un militar que “denostó” al Ejército, demostrando un ánimo de “deslegitimarlo y degradarlo”.

Esto derivó en una misiva firmada por Gabriel Boric (CS), Paula Narváez (PS), Marcelo Díaz (Unir), Jaime Mulet (FRVS), Daniel Jadue (PC), Heraldo Muñoz (PPD), Carlos Maldonado (PR), Pablo Vidal (NT/PL) y Ximena Rincón (PDC).

En la carta, las y los candidatos exigen al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, instruir las medidas administrativas correspondientes “con el objeto de terminar con estos actos de deliberación, contrarios a la Constitución».

“Rechazamos categóricamente la acción coordinada de las tres ramas de la defensa nacional, quienes, en una especie de ejercicio de enlace, emitieron comunicados rechazando el programa mencionado del canal de televisión La Red», continúa la carta.

Destacando que en una democracia la autoridad y las instituciones pueden ser objeto de crítica sarcástica, burla o parodias, también resaltan la importancia de la libertad de expresión para que exista la misma.

“Resulta impresentable que el ministro de Defensa en representación del presidente de la República avale los dichos de las tres ramas armadas. El ministro Baldo Prokurica actuó en este impasse como si fuese otro miembro de dichos cuerpos armados“, agrega la misiva.

La Fiscalía Centro Norte de la región Metropolitana abrió una investigación por el hallazgo en dependencias del Ejército, un expediente judicial de las investigaciones que lleva la ministra Romy Rutherford en contra de miembros y exintegrantes de la institución castrense.

Las indagatoritas son lideradas por el fiscal Jaime Retamal, quien realiza las diligencias, bajo el posible delito de violación de secreto.

El hallazgo fue realizado por la misma Rutherford, cuando este miércoles 17 de abril, la jueza denunció que acudió con efectivos de la PDI al departamento de Transparencia y Lobby del Ejército (DETLE), para cumplir una diligencia en una arista donde se investiga al general (R) Rodrigo Urrutia.

Pero en el lugar encontró parte del expediente judicial del caso, que sólo debía estar en posesión del CDE, el Ministerio Público Militar y los abogados defensores, consignó diario La Tercera.

Según fuentes del Ejército, Rutherford habría encontrado en una carpeta, una querella presentada por el CDE en contra de un oficial general, y no la copia de un expediente judicial o cuaderno señal.

Rutherford lleva a cabo la investigación del denominado “Milicogate”, donde incluso ha procesado a dos ex comandantes en jefe del Ejército, como es el caso de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

El caso, derivado de una investigación iniciada en 2018, involucraría a unas 800 personas y unos 3 mil millones de pesos.

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dictó una orden de detención contra 800 militares en servicio activo y retirados por un nuevo caso de fraude dentro del Ejército, por unos 3.000 millones pesos.

La investigación comenzó en 2018 y, según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas de los efectivos militares, publica este domingo El Mercurio.

Esto, porque la defraudación se realizó a través del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), que recibía aportes mayoritariamente de subtenientes de la IV división del Ejército en Aysén, y que buscaba dar indemnizaciones en caso de retiro o traslado de los suboficiales. No obstante aquello, el organismo quedó sin fondos y quebró.

Por ello, según los antecedentes de la investigación, el Ejército usó dineros fiscales para poder reintegrar los dineros de los suboficiales, entre ellos, pagos por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios y viajes, entre otros.

Así, el fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.

Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de 300 los militares investigados.

“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró (en 2006), se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018.

“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, detalló.