*En La Fontana publicamos comunicado de la ANEF. Este domingo 25 de octubre del 2020, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales celebró, junto a la ciudadanía, uno de los procesos electorales más significativos de la historia de Chile.
Por primera vez en la vida Republicana del país, el pueblo elegirá a sus convencionales para la redacción de una nueva Constitución Política. Con una participación cercana a los 7,5 millones de electores, el mejor resultado desde el debut del voto voluntario, un 78,27% de los chilenos y chilenas, que concurrió a las urnas, se inclinó por aprobar una nueva Constitución, y en un 79,02% hacerlo a través de una Convención Constitucional para redactar el nuevo texto fundamental.
Este acto, genuinamente democrático, expresión y resultado del hastío de todo un pueblo contra el abuso, dejará atrás las Constituciones censitarias, oligárquicas, y autoritarias que fueran confeccionadas y aprobadas por una elite, a espaldas del pueblo, desde la formación del Estado chileno hasta la fecha. Pero, sobre todo, dejará atrás la Constitución de 1980, redactada por la derecha golpista, que fuera compañera de ruta de la dictadura cívico- militar, que sometiera y dividiera nuestra patria entre 1973-1990.
La revuelta popular del 18 de octubre de 2019 ha sido el principio del fin de un modelo económico y social que descansa sobre la base de una Constitución, la que se instaló exclusivamente por la fuerza de las armas. A partir de esta fecha, los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sociales y sindicales, nos manifestamos contra los privilegios de la elite política y económica, que durante todos estos años se ha negado a hacer los cambios necesarios que pudieran aliviar los efectos de una desigualdad que se mantiene por décadas.
Los contundentes resultados hablan de la necesidad de cambios profundos y estructurales que permitan recuperar el rol del Estado, especialmente su capacidad de proteger a las grandes mayorías, mediante adecuadas políticas de redistribución del ingreso, asegurando condiciones que promuevan la equidad y la recuperación de los derechos sociales, arrebatados por un modelo económico y social que basó su desarrollo en la desigualdad, la jibarización del Estado y la protección del gran capital, por sobre la calidad de vida y las oportunidades existenciales de las grandes mayorías.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales seguirá cumpliendo con su tradición y principios: siempre junto al pueblo. Construyendo unidad político-sindical, aportando a que el proceso constitucional levante la voz del pueblo, superando esta profunda crisis de legitimidad que separa al ciudadano de la sociedad política formal, la misma que en 47 años no supo escuchar la necesidad urgente de cambiar un modelo que entronizaba la desigualdad y la injusticia social. Los trabajadores/ras del Estado no nos haremos los/las sordos/as, y hemos entendido que este proceso lo gestó y lo ganó el pueblo movilizado de Chile.
En consecuencia, llámanos a nuestras Regionales, Provinciales y Asociaciones afiliadas a seguir luchando por democratizar la patria y construir un Estado participativo, democrático, solidario y al servicio del bien común. Queda muchísimo camino por delante en un proceso que comenzará en 2021 y que tomará un máximo de 12 meses.
Como trabajadores/as y luchadores/as debemos correr el cerco, y promover que la composición de la Convención Constitucional sea, no sólo 100 por ciento paritaria, sino también, 100 por ciento legitimada por el pueblo; inclusiva, con participación asegurada de los pueblos originarios, democrática, participativa, que exprese y deje hablar a las voces que por tantos años, fueron silenciadas por las dictaduras, y por la supervivencia de un modelo político económico elitista, al servicio del gran capital.
Hemos sido testigos y actores de uno de los procesos más relevantes de la historia de Chile. Seguiremos celebrando y luchando para que nunca más en nuestro país, el abuso de los/as privilegiados/as se instale en nuestras vidas. Continuaremos democratizando las relaciones sociales, sindicales, laborales, sociales y económicas, hasta que la dignidad se haga costumbre y letra, en la redacción de una nueva Constitución.
