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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Como Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible hemos propuesto un cambio de enfoque económico, para transitar hacia una economía verde y con empleos de calidad, como una forma de abordar los dos grandes desafíos que tenemos como país para que todas y todos alcancemos un nivel de vida digno.

Ello requiere un importante cambio de mirada en lo que ha sido tradicional del sector privado y del gobierno, lo que, como es lógico, tarda tiempo y demanda recursos.

Es necesario ese cambio de mirada porque, para ser exitoso, ese tránsito debe ser colaborativo, con un liderazgo claro desde las políticas públicas y con un fuerte compromiso de mediano y largo plazo. En otras palabras, se requiere que ese cambio provenga de un compromiso nacional, no sectario.

El Foro afirma que «la estrategia de desarrollo seguida en las últimas décadas sustentada en la explotación de recursos naturales hasta alcanzar, y en ocasiones superar, sus límites materiales, si bien permitió un alto dinamismo agregado no generó las condiciones para continuar ampliando la generación de empleos de alta productividad», y por eso se propone y se necesita un cambio de enfoque.

Dicho cambio debe provenir del impulso en tres líneas principales: un fuerte incremento en los recursos disponibles para apoyar a las empresa e instituciones innovadoras, lo que en la jerga económica se denomina I+D; un cambio sustantivo en el enfoque y uso de los recursos de capacitación laboral, para que se adecúe a las condiciones de empleabilidad y a los empleos que vienen y que serán distintos a lo que conocemos; y un conjunto de programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales que posibiliten incrementar su productividad y empleabilidad en base a la difusión de los avances tecnológicos.

Estas iniciativas no pueden esperar, aunque su resultado tarde en observarse.

Pero, mientras tanto, el país debe ocuparse de ciertas urgencias: el incremento de las pensiones que ya se tramita en el Congreso; reducir sustancialmente -porque terminar con ellas no es posible- las listas de espera en los sistemas de salud; recuperar lo perdido por el sistema educacional a causa del Covid-19; y terminar con los campamentos que hoy existen a lo largo y ancho del país.

El proyecto de pensiones que se tramita en el Congreso contribuye parcialmente a dar solución a la demanda de gran parte de la población, especialmente a quienes les subirá la pensión en $185 mil, pero enfrenta el problema de su financiamiento. Este año, y tal vez otro más, habrá recursos disponibles siempre y cuando la pandemia se mantenga bajo control, pero de manera permanente requiere recursos por un monto cercano a los US$ 2.500 millones (casi un 1% del PIB).

No son pocos tampoco los recursos que se requieren para reducir sustancialmente las listas de espera. Si se pudiera ejecutar un programa de solución inmediata su costo sería del orden de los US$ 1.100 millones, pero eso no es posible por las limitaciones de capacidades del sector público y por la demanda nueva que cada año se genera. Por eso resulta necesario aprovechar la capacidad del sector público y del privado, tal como se aplicó ante la emergencia del Covid-19 y entendiendo que las listas de espera también son una emergencia sanitaria y social. Ello tal vez podría disminuir las listas entre un cuarto y un tercio anualmente.

Recuperar lo perdido en educación tiene un costo incalculable, pero se puede realizar una inversión para que, aprovechando las nuevas tecnologías, todos los estudiantes puedan acceder a un sistema de apoyo al aprendizaje en línea, utilizando un teléfono celular, tal como lo utilizan establecimientos particulares pagados y algunos subvencionados privados y públicos con buenos resultados. El costo de una política de estas características no superaría los U$100 millones al año, más la inversión en equipos y capacitaciones.

Mucho mayor es el costo de terminar con los campamentos. Sin considerar los «campamentos de ladrillo», es decir aquellas viviendas construidas principalmente después del terremoto de 1985 y hasta 1995, que no se corresponden al nivel que hoy demandamos, resolver los campamentos actuales demanda recursos por entre US$ 2.200 millones, si se les sigue radicando en los arrabales, y US$ 2.900 millones si se les radica en terrenos ya urbanizados. Lógicamente esta inversión se realiza por una vez y en un período de tres a cinco años.

Sumadas estas demandas urgentes, representan del orden de 1,5% del PIB anualmente, unos US$ 4.000 millones anuales. Si a ellas agregamos la necesidad del esfuerzo en I+D, capacitación y productividad en las pequeñas y medianas empresas, ya mencionados, que en conjunto alcanzarían un esfuerzo fiscal adicional de por lo menos un 1% del PIB, tendremos una necesidad de recursos adicionales por alrededor de un 2,5% del PIB, es decir, unos US$ 6.750 anuales.

Hay que tener claridad que en estos montos no se consideran otros gastos en los que, normalmente, es necesario incurrir, asociados al crecimiento de la población, deudas históricas, emergencias, otras iniciativas de desarrollo como créditos agrícolas, inversión en infraestructura digital y física, ni otros compromisos tan importantes como los relacionados a la seguridad de las personas o el control de la inflación.

Pero, situada la demanda urgente e imprescindible en estos montos, la pregunta es si se tiene los recursos para financiarla sin endeudarnos más ni empobrecernos más. Con motivo del proyecto de mejoramiento de pensiones, el Gobierno ha enviado un proyecto de cambios en la recaudación tributaria que generaría del orden de 0,25% del PIB, en promedio los próximos cuatro años, y 0,35% en adelante. Faltaría recaudar 2,15% del PIB cada año entre 2022 y 2025.

¿Será posible un acuerdo de la sociedad civil para comprometerse a este mínimo esfuerzo? El Presidente electo Boric ha manifestado su intención de impulsar una reforma tributaria que recaude un 5% adicional del PIB hacia fines de su mandato. La iniciativa en esta materia la tiene el gobierno, pero el actual está terminando. Entregar un incremento por este 2,15% como herencia del actual gobierno sería un verdadero legado.