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Lideresas de oposición se manifestaron ayer en contra de la impunidad policial

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Vestidas de negro y leyendo en conjunto una carta, vicepresidentas y dirigentas de los partidos de oposición se manifestaron en contra de la impunidad policial en el puente Pio Nono, lugar donde el 02 de octubre, en una manifestación, un Carabinero empujó a un menor de edad puente abajo. 

“Estamos acá en conjunto con las mujeres de la oposición unidad por el apruebo y también por la reforma que se requiere de manera urgente en Carabineros, este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. La situación del General Rozas es insostenible y es momento que, dé un paso al costado, así como también es importante que el ministro del interior de las señales que el país está esperando y se haga de una vez por todas justicia. Carabineros está para resguardar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos y hoy ha cometido una terrible falta de violación a los derechos humanos. Lo que pasó acá en el puente Pio Nono no puede volver a suceder con ninguna persona más”, señaló Camila Avilés, vicepresidenta nacional de la mujer DC.

Las dirigentas leyeron en unidad una carta donde se señaló «Se va a cumplir un año del 18 de octubre y en este tiempo se han vivido violaciones a los derechos humanos como no había registro desde la dictadura (…) ¿Qué más tiene que pasar para exijan la salida del General Director de Carabineros, Mario Rozas?”

También amarraron cintas en el lugar donde fue empujado el menor y cantaron unidas la canción “el derecho de vivir en paz”.

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Lo que quiero en la nueva Constitución

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Por Andrés Palma Irarrázaval

Exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública. ¿Hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La democracia se ha definido como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero no es exactamente así, ya que no es el pueblo el que gobierna, sino personas elegidas por el pueblo para que cumplan esa función. Así, si todo funciona bien, los elegidos gobiernan por el pueblo y para el pueblo.

También se ha dicho que la democracia no es perfecta y que, con sus limitaciones, es “la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás” y, por lo tanto, es perfectible.

La clave de su funcionamiento es que, respetando a todas y todos, gobierne una mayoría. Y es el que gobierne la mayoría, con respeto a todas y todos, lo que quiero en una nueva Constitución. Pero ¿qué es una mayoría? La respuesta obvia es que es la mayoría la que saca más votos. Esto no es tan obvio y es lo que deseo exponer.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.
Hay mayorías electorales, institucionales, políticas, sociales y no siempre coinciden. Una mayoría electoral es la que efectivamente otorga un mandato ciudadano en las urnas, una mayoría institucional es la que se refleja en la composición de las diferentes estructuras del Estado que tienen su origen en la voluntad popular, una mayoría política se alcanza por acuerdos entre las partes representadas y una mayoría social corresponde al sentir ciudadano que se expresa en organizaciones, medios de comunicación y opinión pública.

Como demuestra la historia, incluida nuestra historia de Chile, no siempre las mayorías coinciden y, cuando no lo hacen, suele haber conflictos que afectan el desarrollo de los pueblos y comunidades. Por ejemplo, el Presidente Piñera obtuvo una mayoría electoral en la segunda vuelta presidencial, pero esa mayoría no tuvo un correlato en el Congreso, por lo que no fue una mayoría institucional y tampoco logró construir una mayoría política y menos social. El resultado es el que vivimos a partir del 18 de octubre.

Las sociedades pueden vivir con gobiernos de minorías, pero siempre que esos gobiernos logren construir acuerdos políticos para gobernar. Eso es lo que ocurrió en los gobiernos durante la vigencia de la Constitución de 1925, en que todos, incluido el de Frei Montalva que fue electo por una mayoría absoluta, fueron de minoría y para gobernar tuvieron que buscar acuerdos, pero eso no genera estabilidad a los procesos, como el que Chile necesita para dar bienestar a todas y todos sus habitantes.

También pueden vivir con gobiernos de mayoría, pero bloqueados por las instituciones, de manera que parezcan de minoría, como lo que ocurrió en los gobiernos de la Concertación, debido a las trabas institucionales contenidas en la Constitución de la dictadura: senadores institucionales, distritos y circunscripciones desproporcionadas y leyes Orgánicas Constitucionales inamovibles. En estos casos, también se pudo gobernar sobre la base de acuerdos, pero sujetos a vetos de las minorías.

Entonces, ¿hay una solución para que se siga la lógica democrática y gobierne la mayoría? Las hay de diferentes formas, y una de ellas debiera contener nuestra nueva Constitución.

La propuesta es que establezcamos un mecanismo para garantizar que los gobiernos sean de mayoría electoral e institucional, lo que asumirá que serán también de mayoría política y, probablemente, social. Ese mecanismo es que tengamos un régimen parlamentario: que gobierne el o la que logre construir una mayoría en el órgano representativo de la ciudadanía, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, bajo la figura de canciller, jefe o jefa de Gobierno o primera ministra o primer ministro.

Es un cambio institucional relevante, profundo y necesario.

Pero siendo Chile un país cargado con la tradición presidencial y bicameral, no es posible dejar de lado dichas figuras. Entonces, complementando el cambio, propongo que la persona que ejerza la Presidencia de la República represente al Estado, separando los roles de jefatura de Estado y jefatura de Gobierno. Esta última tendrá todas las facultades inherentes a dicha función, incluidos el mando de las Fuerzas Armadas y de las policías y las relaciones exteriores, en tanto la Presidencia tendrá las facultades de proponer al Jefe de Gobierno, promulgar las leyes y decretos, designar con consulta a las altas magistraturas y autoridades de los poderes del Estado diferentes del Gobierno, y representar ante el Gobierno las inquietudes ciudadanas.

El Presidente o Presidenta de la República sería aconsejado por el Senado, que hará las veces de Consejo de Estado y sería elegido de manera indirecta, por todas las personas que ocupen cargos de representación popular: diputados y diputadas, gobernadoras y gobernadores, consejeros y consejeras regionales, alcaldesas y alcaldes y concejales. En la misma proporción que la Cámara de Diputadas y Diputados. El Senado no tendría una función permanente, sino sería convocado por el Presidente en el ejercicio de sus facultades, evitando así un choque de representaciones con la Cámara.

La Cámara de Diputadas y Diputados se elegiría cada cuatro años, por votación popular en proporción a la población de las regiones, con criterios de paridad de género y mediante un sistema proporcional, en tanto que la persona que ejerza la Presidencia de la República también sería electa por votación popular, pero cada siete años, para que su mandato no coincida con el de la Cámara. El Senado se renovaría después de la elección presidencial, para que asuman en las mismas fechas y sus mandatos coincidan plenamente.

Al conformarse el Gobierno por un acuerdo mayoritario de la Cámara y siendo esta representativa del pueblo que la elige, estaríamos creando una forma de hacer efectivo el gobierno de mayorías que el país necesita para su desarrollo pleno.//ELF

Sondeo constituyente En La Fontana: Tres dirigentes políticos y ciudadan@s opinan sobre cómo anhelan una nueva constitución para Chile

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En La Fontana realizamos un sondeo ciudadano a dirigentes políticos, ciudadanos, militantes de partidos, sociólogos, abogados, entre otros. Nos dirigimos a ellos, como medio de comunicación online, para conocer sus anhelos y expectativas respecto de lo que será la Nueva Constitución para Chile.

⛔En ese marco, realizamos un sondeo de tres preguntas- a modo encuesta- para saber la opinión de la ciudadanía respecto del plebiscito del 25 de octubre. Solo indicamos por su nombre a los consultados, sin mencionar cargo ni partido.

Por todo lo anterior, agradecemos En La Fontana la participación y opinión de cada uno de los lectores y seguidores de nuestro portal web, en este cuestionario de cara a lo que será un momento histórico en Chile.

⭕❔Estas son las preguntas que realizamos:

1. ¿Cuáles son los 3 temas más relevantes que deberían estar en la Nueva Constitución?

-Joanna Pérez:

«Un Estado Social que asegure los derechos de todos y todas las personas en nuestro país. Un Estado descentralizado que asegure a los gobiernos regionales y locales facultades necesarias para poder enfrentar los desafíos que se presentan día a día en ellos. Y, finalmente, en el mismo sentido, una forma de gobierno semipresidencial que permita entregar mayores facultades tanto al Congreso Nacional a la hora de dictar leyes o en materia de iniciativas, como a los propios gobiernos regionales y locales», dice.

-Francisco Becerra:

«A mi juicio, se deberían garantizar constitucionalmente, el derecho al agua, la salud, educación, previsión y vivienda.  También establecería un nuevo sistema seguridad social, administrado por el Estado. Y garantizaría otros derechos sociales como medio ambiente libre de contaminación y transporte», asevera.

-Matías Rojas:

«Una constitución que garantice derechos sociales y económicos. Que exista un equilibrio de poderes entre el Congreso y el presidente de la República. Y que exista una verdadera descentralización. En el primero, se debería buscar una fórmula amplia, que permita al Estado, por un lado, tener cierto margen de flexibilidad para crear políticas públicas, pero a su vez que se garantice su efectivo acceso y protección

Respecto al segundo, se debería tener un sistema donde el congreso tenga más prerrogativas, de tal manera, de destrabar los conflictos institucionales. Y en el tercero, debería quedar consignado un diseño donde estén empoderadas las regiones y las comunas, que se garantice que tengan potestades y recursos», sostiene.

2. ¿Cuál es el rol que debería jugar el Estado chileno, en estos tres temas señalados?

-Joanna Pérez:

«El rol del Estado en esos tres temas debe ser de garante. Toda vez que los Estados modernos establecen mayores autonomías a la hora de establecer relación entre los diferentes poderes del Estado y es deber del mismo establecer, potenciar y garantizar esas autonomías. Lo mismo concurre respecto de los gobiernos regionales y la descentralización. Misma situación que ocurriría respecto de la garantía irrestricta a los derechos de las personas y el aseguramiento que debe dar el Estado a aquellos», plantea.

-Francisco Becerra:

«Un rol primordial en garantizar estos derechos fundamentales, a través de políticas públicas efectivas y que otorguen dignidad y verdaderas oportunidad de surgir a la sociedad chilena», opina.

-Matías Rojas:

«El Estado debería velar por garantizar los derechos sociales y económicos, antes mencionados, con políticas públicas efectivas para el bienestar de las personas», dice.

3. ¿Cuáles son los 3 temas que rescataría de la Constitución del 80′ y de qué manera se deberían incluir?

-Joanna Pérez:

«Sería interesante mantener instituciones como el Banco Central y su autonomía. Institución que, aunque necesita reformas que lo modernice y ponga a la altura de otros países desarrollados, es una institución que ha mostrado una robustez y altura en momentos de crisis económicas.

Otra de las instituciones que debiese mantenerse es respecto del reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad chilena, promoviendo un Estado que gire en torno a ella y promueva el respeto irrestrictos por las personas que la componen a la vez que garantice sus derechos. Finalmente, es absolutamente necesario establecer el deber del Estado de garantizar irrestrictamente el respeto de los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, reafirmando nuevamente con ello la sumisión del poder militar al poder civil, evitando a toda costa la repetición de momentos históricos en nuestro país», sentencia.

-Francisco Becerra:

«No dejaría ninguna materia de la actual constitución del 80`, porque creo que en democracia se debe crear una nueva constitución desde una hoja en blanco».

-Matías Rojas:

«El recurso de protección, se debería mantener en lo grueso. Lo mismo la autonomía del Banco Central, para asegurar su correcto y buen funcionamiento. Y la potestad de que es el Poder Ejecutivo el que tiene la potestad del gasto público. En este caso, creo que se debería igual incluir una formula, que manteniendo la iniciativa del gasto público en el Poder Ejecutivo, y que el Congreso tenga la facultad de exigirle al gobierno que presente un proyecto que determine gasto. Así, el Ejecutivo tendría la potestad de ver el diseño concreto y el congreso podría cumplir con su función de representar las necesidades», precisó. //ELF

Aprueban proyecto que pide entregar recursos adicionales a universidades que realicen investigación por Covid-19

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Por unanimidad se aprobó en sala de la Cámara el Proyecto de Resolución de autoría de la diputada del distrito 21 de la región del Biobío, que solicita al Presidente de la República el análisis y transferencia de recursos especiales a las universidades tradicionales, para la ejecución e investigación, autorizando reasignar otros fondos al saneamiento del déficit presupuestario de dichas casas de estudio.

La diputada Joanna Pérez señaló que “la Cámara de Diputados y Diputadas realizó una sesión especial para analizar la situación de las universidades e instituciones de educación superior producto de esta pandemia. Y presenté un Proyecto de Resolución junto a mi bancada para solicitar apoyo al gobierno para estas instituciones, para que especialmente puedan apoyar a sus alumnos y alumnas que muchas veces no han podido pagar sus mensualidades, matrículas y han tenido que abandonar sus carreras. Se necesita una inyección de apoyo a estas instituciones y por cierto fomentar también el apoyo en proyectos, en inversión para la ciencia, la tecnología y para insumos en esta pandemia”.

El Proyecto de Resolución pide analizar y establecer un financiamiento especial para las Universidades Tradicionales que hayan visto mermada su matrícula año 2020, y aquellas que producto de la Pandemia hayan reducido su estudiantado por suspensiones, abandonos o renuncias dentro del año en cuestión. Además, solicita establecer fondos especiales para investigaciones relacionadas con COVID-19, permitiendo el total financiamiento de las mismas y la redistribución de otros recursos percibidos utilizados para aquellas investigaciones para paliar la deuda o crisis financiera que atraviesan las instituciones de educación superior señaladas.

La parlamentaria indicó que “muchas universidades han realizado aportes en medio del Covid-19 pero no cuentan con recursos para implementar esos estudios, por ejemplo, en equipamiento, en tecnología e insumos para enfrentar este proceso. Por lo tanto, es ahí el llamado que hacemos al gobierno para aprovechar el recurso humano avanzado y todas las instalaciones disponibles en cada región del país a través de estas universidades y con ello acompañar a las familias que lo están pasando mal y que hoy día no pueden sobrellevar esta pandemia desde lo económico, sanitario y social”.

Al finalizar Joanna Pérez agregó que “el Proyecto de Resolución además pide establecer vía transferencia directa por parte del ministerio de Educación y Salud, financiamiento para el desarrollo de elementos destinados a la elaboración y/o confección de equipamiento médico y de protección del Coronavirus, en atención a los requerimientos de las unidades regionales y locales de salud”.

Fiscal responde a negativa de Paris: «No entregar los correos constituiría un precedente funesto»

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Acoger la postura del Minsal «pondría en peligro toda indagación criminal», planteó Xavier Armendáriz a la Corte Suprema, contestando al informe del ministro de Salud. «No puede quedar al arbitrio del requerido qué información se entrega», apuntó el persecutor, afirmando además que el titular del Minsal no aclaró cómo esos antecedentes pueden comprometer la seguridad nacional.

Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, planteó a la Corte Suprema que de acoger la postura del Ministerio de Salud, que se niega a entregar correos electrónicos en el marco de la investigación penal por la presunta desinformación de cifras de fallecidos por Covid-19, sentaría un precedente «funesto» para las indagatorias penales.

Así respondió el fiscal ante el máximo tribunal, luego del informe que envió el ministro Enrique Paris, que en su argumentación para degenar el acceso a los mails que la información requerida compromete la seguridad nacional, que la solicitud «resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo» y que el Ministerio Público «entorpece» la labor del Minsal.

En el escrito, Armendáriz admite «el argumento de que la información recabada podría exceder el marco de la investigación de base, puede darse en cualquier diligencia de entrada, registro e incautación», pero -sostuvo-, «por razones obvias, no puede quedar al arbitrio del requerido qué información se entrega».

Por ello, «acoger tal postura pondría en evidente peligro la eficacia de toda indagación criminal y constituiría un precedente funesto, pues huelga señalar que la selección de la evidencia relevante debe quedar a cargo del órgano investigador o, en su caso, caer dentro de la esfera de competencia del juez de garantía».

El persecutor expone además que el informe formulado por el ministro «no cumple con lo ordenado (por la Suprema) en orden a explicitar en forma clara y fundada la forma en que se afectaría la seguridad nacional por la entrega de la información requerida»; y aunque el «único fundamento esgrimido, en buenas cuentas, sería la necesidad de mantener en secreto el despliegue policial y militar para las labores de control de desplazamiento de la población», es un asunto en el que el Minsal no tiene «ninguna indicencia directa».

En cuanto a la necesidad reserva de datos privados de pacientes planteada por Paris, Armendáriz precisa que «las autoridades involucradas en ella no debiesen tener datos sensibles sobre pacientes determinados», y aunque así fuere, afirma que la propia Ley de Deberes y Derechos del Paciente autoriza al Ministerio Público a acceder a ellos.

Respondiendo, además, al argumento del secretario de Estado sobre que la solicitud de la Fiscalía «no se limita a ninguna forma, ni en razón de materia (…) ni para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación», el persecutor metropolitano aclaró que el artículo 218 del Código Procesal Penal establece la «devolución de información no relevante, lo que la autoridad requerida parece desconocer».

El fiscal Armendáriz solicitó acceso a los correos del Minsal, sin embargo, la propia cartera supuestamente le negó a la Fiscalía el acceso a los e-mails del ex ministro Jaime Mañalich, de su entonces jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; todo en una causa que tiene como querellados a Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

En tanto, el ministro Paris manifestó que en el Ejecutivo «creemos en la separación de poderes, y ellos tienen derecho a pedir los antecedentes que estimen necesarios».

Insistió en ese sentido que, «como lo he repetido varias veces, estamos dipuestos a entregar los antecedentes que sean necesarios para la investigación, y obviamente hemos expresado nuestra opinión en diferentes oportunidades».

Por otra parte, aseguró no haber tenido contacto con la jefa de Planificación Sanitaria del Minsal, Johanna Acevedo, quien en su declaración ante la Fiscalía sostuvo que la cifra de contagiados por Covid-19 era ajustada por orden del ahora ex ministro Mañalich, palabras similares a las de la ex epidemióloga del Ministerio, Andrea Albagli.

«Yo no he hablado con Joanna; ella debe declarar lo que estime pertinente», dijo escuetamente Paris.

DC solidariza con fiscal Chong tras amenazas y amedrentamiento

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La Democracia Cristiana (DC) emitió una declaración pública en la que solidariza con la fiscal Ximena Chong, quien ha sido víctima de amenazas y amedrentamiento, tras su participación en la formalización del carabinero Sebastián Zamora, imputado por presunto homicidio frustrado contra un menor en los hechos acontecidos el viernes pasado en el puente Pío Nono.

“Solidarizamos con la Fiscal Chong, quien siempre ha tenido una destacada trayectoria en el Ministerio Público, y ha intervenido en las investigaciones más complejas como cruciales para nuestro país. En democracia las amenazas y el amedrentamiento constituyen actos que repugnan a la convivencia libre y al normal funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho, por lo que demandamos la condena de todas las fuerzas políticas a este grave hecho”, precisa el partido.

Asimismo agrega que “exigimos de parte del Gobierno de Sebastián Piñera, especialmente del Ministerio del Interior, que tome todos los resguardos posibles para garantizar la protección de la Fiscal, ya que hasta la fecha toda la proactividad ha sido para defender incomprensiblemente al General Rozas. Esta vez, se hace necesario que el Ejecutivo deje en claro que no tolerará que ni ciudadanos ni uniformados pongan en peligro los valores más fundamentales de nuestra democracia, como son la integridad física, la libertad y la división de los poderes”.

“Carabineros de Chile debe investigar y sancionar la actitud del Teniente Coronel Freddy Vergara, quien hasta el momento ha dado excusas y versiones sobre las razones de su paso por la calle donde reside la Fiscal Chong. El teniente debe someterse a la investigación que abrió la Fiscalía, por lo que esperamos que no existan defensas corporativas ni de la institución ni del Gobierno”, añade.

Finalmente, expresó que “esperamos que la investigación sobre las amenazas que recibió la Fiscal -contenidas en un sobre entregado en su hogar- sean investigadas y aclaradas, y sus autores sancionados. Nuestra democracia es el mejor sistema que podemos elegir para vivir de forma libre y bajo garantías, y ningún poder del Estado, institución o grupo, pueden realizar actos que la pongan en riesgo impunemente. Nadie con sentido y vocación democrática puede aceptarlo”.