El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), se refirió esta mañana a los cambios en las atribuciones del Congreso, en caso de que se apruebe la nueva Constitución, y a cómo ha enfrentado el actual Gobierno situaciones «heredadas» de economía y violencia.
En conversación con Tele13 radio, el congresista habló respecto a la propuesta del contralor Jorge Bermúdez en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional. Esta idea resta poder al Legislativo, y da poder al Ejecutivo «para que dicte Decretos con Fuerza de Ley Adecuatorios, los DFLA, como una especie de normativa nueva que a lo mejor podría ayudar a este periodo», señaló Bermúdez.
Frente a la idea, Elizalde se mostró reacio, y explicó que «lo que se plantea es que haya una delegación directa, sin que pase por la decisión del Congreso, y eso a mí no me parece adecuado, porque en democracia se legisla a través del Congreso Nacional, son las dictaduras las que recurren al decreto».
El senador opina que este decreto especial, debería funcionar solo en casos excepcionales, pero no en temas de tanta importancia, pues «hay materias que bajo ninguna circunstancia pueden ser delegadas».
Además, se refirió a la situación que viven algunos senadores que, una vez implementado el nuevo sistema de Congreso propuesto en la nueva Constitución, sigan durante cuatro años más en el poder legislativo. Hay quienes no están de acuerdo con que completen los 8 años legislando.
Frente a esta situación, Elizalde dice que espera «que se respeten los mandatos».
«Quiero insistir en la importancia que este proceso constituyente se traduzca en que elevemos los estándares democráticos, no que los bajemos, por tanto, me parece que el rol del Poder Legislativo, es fundamental dentro de toda democracia», explicó.
Y agregó que «tenemos un Congreso Nacional íntegramente elegido con sistema proporcional. Lo que corresponde, por democracia, es respetar los mandatos».
Sobre las diversas situaciones de violencia que se han vivido en la Macrozona Sur, y en diversas zonas del país, el congresista dijo que comparte «la decisión que tomó el Gobierno respecto de la aplicación del Estado de Excepción constitucional acotado (…) creo que va en la dirección de lo que efectivamente se necesita».
Además, indicó que «la violencia no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Todos los que cometan delitos tendrán que responder ante la Justicia (…) si no este fenómeno (de violencia en crecimiento) se irá profundizando con el tiempo». Pero enfatizó en que «junto a la persecución penal, se debe generar condiciones para que fenómenos de esta naturaleza no sigan produciéndose en el futuro».
Para finalizar, el presidente del Senado, dejó en claro que «como herencia del Gobierno anterior se ha recibido una situación inflacionaria compleja y un problema de orden público, la violencia en la zona de La Araucanía no empezó con el Gobierno del Presidente Boric. El Gobierno recibe esta mochila». Y en este sentido, «el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer».
