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Osvaldo Artaza: «Chile no tiene un sistema de seguridad social en salud, sino segmentos que no dan cuenta de las necesidades de las personas»

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En La Fontana conversamos con el exministro de Salud, Osvaldo Artaza, quien habló del actual estado de la salud en Chile y de los problemas que viene presentando hace décadas.

A mediados de año, el Presidente Gabriel Boric, en su primera cuenta pública, anunció medidas, en el marco de la reforma a la salud. Contempla, la presentación de un proyecto que crea un Fondo Universal de Salud, un plan para disminuir las listas de espera quirúrgica, y una iniciativa que establece el derecho a la eutanasia en Chile, entre otras temáticas.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha dicho que el próximo año se conocerán mayores definiciones de la reforma, pero por el momento “podemos asegurar que las Isapres serán seguros voluntarios, por tanto, no administrarán el 7% de la cotización de los afiliados”.

“En relación a nuestra aspiración de llegar a un mecanismo de mancomunación de fondos o Fondo Único de Salud (FUS), la empezaríamos a discutir a principios del 2023 en una fase prelegislativa, porque el calendario enviado originalmente por el Presidente, ha tenido ajustes ya que se han priorizado las reformas tributaria y previsional. Por lo tanto, entraríamos después de esas leyes”, detalló Aguilera, en Comisión de Salud del Senado, en octubre pasado.

Sobre esta temática, Artaza plantea:«La pandemia no ha hecho otra cosa sino visibilizar un problema no resuelto desde hace décadas. Chile no tiene un sistema de seguridad social en salud, sino segmentos y fragmentos que no dan cuenta de la complejidad de las necesidades integrales de las personas, las familias y sus comunidades».

Y añade: «Urge entonces varias reformas, en el ámbito de la acción sobre las determinantes sociales de la salud, del financiamiento, de la prestación de servicios y de la protección en caso de enfermedad. En este último ámbito -de la protección- la licencia es parte esencial de la recuperación y de la prevención terciaria».

«Desde hace décadas estamos percibiendo diversos síntomas de que nuestra institucionalidad en salud no da cuenta de los tiempos», dice Artaza En La Fontana.

-¿Y qué componentes debe tener esa reforma a la salud?

-Se requiere de una institución sólida que no debe hacer distingos entre subsector público o privado, con una legislación y recursos que genere incentivos para el uso correcto de este instrumento y que de capacidades para un debido control y sanciones tanto para quien solicita y quien da licencias indebidas, teniendo en cuenta que el uso incorrecto de este importante instrumento de protección no solo es anti ético sino que quita recursos – que siempre serán escasos- para aumentar cobertura y calidad.

-¿Con el actual Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, usted cree que se revierta la situación?

–Desde hace décadas estamos percibiendo diversos síntomas de que nuestra institucionalidad en salud no da cuenta de los tiempos. Desafortunadamente, no ha habido voluntad ni capacidad política para buscar y lograr acuerdos que cambien el actual orden de cosas que ya ha dado suficientes pruebas de no ser capaz de resolver lo que las y lo chilenos esperan. //ELF

Bachelet «evaluará en su momento» participación en el proceso constituyente

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La expresidenta Michelle Bachelet evaluará «en su momento» participar en el nuevo proceso constituyente, iniciado tras el «Acuerdo por Chile» anunciado este lunes.

Desde la oficina de la exmandataria afirmaron que “desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso. Ella lo evaluará en su momento”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseveró que Bachelet «siempre ha manifestado gran compromiso con el país. Creo que tal vez podría estar disponible (…) Me encantaría verla dentro del nuevo consejo constituyente».

Después del acuerdo firmado por los partidos, se ingresará al Congreso una iniciativa para que un Consejo Constitucional redacte una nueva Carta Fundamental para el país. Dicha instancia recibirá un anteproyecto redactado por un Comisión Experta, cuyos miembros serán votados por el Congreso.

Al respecto, Vodanovic afirmó que preferiría que los expresidentes participen por votación polular en lugar de ser designados por el Parlamento: «Sin desmerecer la figura de los ex Presidentes, me parece que no es lo más apropiado que ingresen como expertos o expertas. Si quisiera integrarse, sería mucho mejor que fuera como candidatos».

En ese contexto, la directiva del recién conformado partido Demócratas se reunió ayer con los expresidentes para solicitarles que participen de alguna forma en la redacción de la nueva Constitución. Si ayer lo hicieron con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, hoy se juntaron con Bachelet.

Tras el encuentro con la otrora alta comisionada de la ONU, la presidenta de Demócratas, senadora Ximena Rincón, afirmó que «la verdad es que la disposición de la ex Presidenta es a colaborar, a poder estar donde pueda ser útil y eso se agradece y se valora».

Mientras que el senador Matías Walker dijo que «le hemos expresado nuestra petición de que pueda aportar a este nuevo proceso constituyente. (…) Los expresidentes tienen una visión de Estado, mucho que aportar a partir de la historia reciente de Chile (…) de la que nos sentimos orgullos, conscientes también de los desafíos pendiente» que esperan se aborden en el nuevo proceso».

Boric anunció cuatro proyectos de seguridad: Uno apunta a regular el sicariato

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En el marco de un conversatorio con vecinas y vecinos de Peñalolén, el Presidente Gabriel Boric anunció cuatro proyectos de ley para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país.

Dos de las iniciativas apuntan a aumentar las penas contra quienes cometan delitos de secuestro y contra quienes porten armas en lugares concurridos. Otra busca dar facultades a Gendarmería para que pueda ser parte de las investigaciones, y la cuarta busca regular la persecución penal del sicariato.

Boric aseveró que las ministras Carolina Tohá (Interior), Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia) estarán impulsando las propuestas en el Congreso.

«Sabemos que la seguridad es condición habilitante para poder hablar de cualquier otra cosa. Si no somos capaces de mejorar la seguridad, de recuperar nuestros barrios, nuestros espacios públicos, difícilmente vamos a poder hablar con la profundidad que se requiere de las grandes reformas que tenemos pensadas», señaló el jefe de Estado.

Además, advirtió que “el tipo de delitos han cambiado en Chile y eso es algo que preocupa. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de adecuar nuestra legislación”.

Luego dio a conocer los proyectos, explicando que con el primero buscan agravar «las penas en los delitos de secuestro. El secuestro no es un delito al que en Chile estemos acostumbrados. Sin embargo, hemos visto como poco a poco se ha ido instalando. Y no vamos a permitir que se naturalice”.

«Quiero ser muy claro y decirle, a quienes están pensando en llevar adelante esa terrible práctica que es el secuestro, que los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y las penas van a ser duras”, añadió.

En segundo lugar, el Presidente informó que «estamos aumentado las penas a quienes porten armas en lugares concurridos. ¿Qué anda haciendo una persona con armas ilegales en lugares concurridos si no es planeando maldades?».

«Hoy no está bien regulado eso en el código. Y, producto de una serie de circunstancias, se puede terminar con una sanción ínfima», acusó.

Además, el Mandatario aseveró que “no queremos más armas en Chile. No queremos que los delincuentes tengan armas en Chile, no queremos que sigan circulando tantas armas. Por eso, no tenemos un plan más seguridad, menos armas».

«Pero además, a quienes pillemos con armas en espacios públicos, en las calles, en los parques, en los centros comerciales o en las ferias, van a quedar con pena de prisión. Y eso es importante, porque no vamos a naturalizar en nuestro país, que los problemas o diferencias entre personas se resuelvan a balazos», complementó.

En tercer lugar, el gobernante del país apuntó a los crímenes que se gestionan desde las cárceles. «Estamos mejorando las tecnologías de las cárceles, para inhibir y bloquear totalmente las señales de celular al interior de las cárceles. Pero además, estamos otorgando facultades a Gendarmería para poder ser parte de las investigaciones, hoy día no tiene esas facultades», anunció.

«Eso nos va a permitir pillar con mayor facilidad a quienes organizan delitos desde las cárceles. En particular, estamos ampliando el delito de extorsión, que es aquel que incluye casos que, mediante violencia o intimidación, se empuje a a una persona a cometer a una persona a cometer actos delictuales», agregó.

Finalmente, la máxima autoridad del país lamentó que el delito de sicariato «no está lo suficientemente bien regulado. Y por lo tanto, estamos estableciendo sanciones penales para quienes conspiren para cometer un sicariato, independiente de si este no se ejecuta».

«El solo hecho de planear un crimen de estas características ya es un delito. Si alguien contrata a alguien, o mediante cualquier tipo de ánimo de lucro, lo insta a cometer un crimen de estas características, tiene que ser sancionado penalmente», complementó.

Al concluir, Boric remarcó que «esto no es solamente persecución penal, no es solamente represión. Tenemos que pensar que la delincuencia se combate con mano firme y también -y es algo que en Peñalolén llevan la delantera a nivel nacional- con deporte, con cultura, mejorando la educación».

Proyecto de Autopréstamo de fondos de pensiones se tramitará la próxima semana

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Distintos parlamentarios oficialistas realizaron un llamado al Gobierno para que considere retirar de la reforma previsional la indicación que hace mención a un autopréstamo, para que así pueda convertirse en un proyecto de ley independiente que ingrese al Congreso Nacional.

En el socialismo democrático, existe la idea de que el camino legislativo del Gobierno no tiene piso, principalmente porque incluye un préstamo de hasta el 5% de los fondos previsionales con un máximo de un millón de pesos, pero dentro de una reforma que requerirá en un largo trámite.

El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, que integra la Comisión de Constitución, indicó este punto directamente, señalando que ir por un ‘retiro solapado’ podría ir contra de la idea matriz.

«Si se plantea una especie de retiro encubierto solapado, que no es un autopréstamo, puede que esté fuera de las ideas matrices, que es solo autopréstamo. El Poder Ejecutivo tiene que hacerse parte y presentar la propia propuesta que tiene el Gobierno. Yo creo que debería extraerlo de ese proyecto e ingresarlo a este debate de la próxima semana», indicó Soto.

Desde Chile Vamos se han distanciado de la iniciativa, respecto a la de la Comisión de Constitución.

El diputado republicano, Luis Fernando Sánchez y el diputado RN, Andrés Longton, indicaron una postura contrapuesta.

Sánchez manifestó que es responsabilidad del Gobierno proponer políticas e indicaciones que ayuden a la ciudadanía, debido a que esta propuesta obligaría a las personas a cargar con el peso de la crisis.

«Lo que hemos señalado es que no corresponde que sean los chilenos trabajadores quienes tengan que cargar con el peso de la crisis económica de la inflación de una economía en nuestro país que no está funcionando por la desidia y negligencia de nuestro Gobierno. Es el Gobierno el que tiene que dar soluciones, es el Estado el que tiene que apretarse el cinturón rebajando impuestos. No podemos seguir diciéndole a los chilenos que carguen sobre sus espaldas con las malas decisiones que se están tomando», apuntó el parlamentario republicano.

El ahora renunciado al PDG, Víctor Pino, se distanció de los comentarios de la diputada Pamela Jiles, que aseguró en un matinal que este proyecto en realidad es un ‘retiro de fondos’ solapado.

«La devolución de los retiros tú la puedes hacer de uno a 60 meses, nosotros planteamos que tú puedes retirar hasta un 15% de tus ahorros previsionales, por un monto sobre 10 millones de pesos, lo que sí no comparto es, este tema que sea el 100%, tenemos que ser muy responsables de que hoy día estamos viviendo un proceso de inflación demasiado alto», acotó Pino.

El jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, indicó la postura de su sector en la discusión en particular de la propuesta.

«Nosotros estamos, primero que nada, dispuestos a debatir, por eso es que la presidenta de la comisión colocó esto en tabla, además de que se pudieran fusionar a pedido de la comisión. En la ley de reforma de las pensiones también hay una indicación que tiene que ver con el autopréstamo, (…) pero estamos dispuestos a debatirlo», agregó Barrera.

Durante la próxima semana comenzará la discusión de los proyectos de autopréstamo y la comisión de Constitución tiene que resolver tres asuntos centrales: Definir qué porcentaje pueden retirar las personas, cómo se devolverá el monto y la cantidad de cuotas en que las personas tendrán a disposición para hacer este retorno.

Además, se suma la información que desde el día 18 de abril está habilitado por reglamento el ingreso de nuevos retiros de fondos previsionales.

Gremios del sector público se manifestaron por no ser parte de reajuste del 12%

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Dirigentes de distintos gremios de trabajadores del sector público se manifestaron este miércoles, a raíz del reajuste de remuneraciones diferenciado en el que no fueron incluidos.

En la convocatoria, los profesionales acusaron un mal manejo del Gobierno en el tema, y emplazaron directamente al Presidente Gabriel Boric a conformar una mesa de trabajo para que escuche sus demandas.

El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, aseguró que «este reajuste discriminatorio, en el cual nos excluyen del 12%, dilapida la posibilidad de que las metas en estos rubros podamos cumplirlas en los próximos años (…) no estamos pidiendo que se aumenten los sueldos. Solamente que, en la práctica, no se nos sigan bajando. Porque en los últimos años, lo que se nos ha incrementado es muy por debajo del IPC, sobre todo este año».

«Queremos hacerle un llamado al Presidente de la República a que considere esto: la mejor salud y la mejor justicia en nuestro país la tenemos que construir con recursos. Y esos recursos deben ir destinados a la infraestructura, a insumos, pero por supuesto para remunerar adecuadamente a sus profesionales», sumó.

Y afirmó que «si en su discurso, y también en su convicción está defender la salud pública, la justicia y la seguridad en nuestro país, tiene que considerar justamente un reajuste igual para todos los profesionales que trabajamos en estas dos áreas (…) Estamos totalmente disponibles para sentarnos a conversar con usted o con quien estime conveniente».

Asimismo, Meza indicó que «¿Qué va a hacer él (Boric) cuando quiera solicitar especialistas de la salud o de la justicia que quieran trabajar en los lugares más apartados para solucionar las prioridades de nuestro país? a través de este desincentivo le va a costar conseguir esos profesionales».

En tanto, Francisco Bravo, de la Asociación de Fiscales, sostuvo que «no hemos llegado al sector público para hacernos ricos. Por el contrario, fue para servir al país desde nuestras distintas áreas. Y lo que hemos recibido de parte del Gobierno, particularmente del Ministerio de Hacienda, es una señal en el sentido contrario, de desincentivo para los profesionales calificados».

«Nos parece una incoherencia, una incongruencia, que el Gobierno nos trate como una especie de casta privilegiada, y que nos estigmatice en este sentido», dijo, y añadió que el mensaje del Ejecutivo «es que nosotros no importamos, y que en definitiva no importa la salud, no importa la justicia, y que no importa la seguridad».

En la misma línea, Bravo llamó al Presidente Boric a que «intervenga directamente para reparar esta situación del todo injusta, y que todos los trabajadores del sector público -sin discriminación- tengan el reajuste del 12%».

«Lamento que las autoridades falten a la verdad. Ayer la ministra del Trabajo señaló respecto a los fiscales que iba a haber una mesa en mayo para resolver el problema. Eso es falso, la mesa de mayo no tiene que ver con las remuneraciones de los fiscales, tiene que ver con incentivos, con dotación, a propósito de que la Subcomisión Mixta del Congreso hace un mes atrás rechazó el presupuesto del Ministerio Público y no había ni siquiera tenido una propuesta de aumento de dotación», agregó.

Mariluz Lozano, del Colegio de Cirujanos Dentistas, añadió que «el Gobierno no está respetando nuestro trabajo, no nos considera. Esto no es un aumento salarial, este problema tiene que ver con muchas familias de Chile que han sido afectadas por un tema económico».

«Nosotros queremos el mismo trato por igual. También somos del sector público. (…) Estamos hablando de familias, entre ellas muchas mujeres que se hacen cargo de forma completa de una familia», acotó Lozano, mientras que pidió a Boric que «nos incluya en una mesa de trabajo».

Por su parte, Patricio Aguilar, de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial señaló que «se hace una distinción lamentable y odiosa. Hay un 89% de nuestros colegas del sector público que van a ver reajustados sus sueldos en un 12%, pero hay que considerar que un 11% de nosotros no vamos a acceder a ese reajuste, y nos van a otorgar un bono de $264 mil, que es muy por debajo de lo que el reajuste corresponde».

«Hemos postulado a estos cargos con propiedad, nos hemos perfeccionado, hemos buscado dar nuestros mejores servicios al sector público con exclusividad (…) Lamentamos que esto parezca un hecho político. Porque no hay una justificación real de no darle al 11% restante este reajuste. Porque es, de alguna manera, tratar de disminuir las brechas», mencionó.

Y solicitó al Gobierno y a las autoridades a «que se respete, que se incorpore al 100% de los trabajadores públicos con el reajuste del 12% que se está ofreciendo, y no hacer esta distinción de funcionarios públicos de primera categoría con otros de segunda categoría».

La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) Gabriela Farías, expuso que «estamos siendo discriminados por tener una remuneración que no es millonaria como el Gobierno lo ha querido hacer ver. Somos parte de la clase trabajadora, y somos parte de los equipos de salud y de los equipos del sector público que han estado dando la cara en primera línea, sobre todo en tiempos tan duros como ha sido la pandemia».

«Y ni siquiera este reajuste alcanza a hacernos recuperar el poder adquisitivo. Las cifras más amigables, señalan que este año la inflación va a ser por sobre un 13%. Eso significa que estamos todos perdiendo parte de nuestro poder adquisitivo, y eso es injusto», declaró.

Cámara de Diputados aprobó reajuste salarial al sector público

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La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de reajuste al sector público. La iniciativa fija en 12% el ajuste salarial para los trabajadores que perciben hasta $2.200.000, mientras que genera un reajuste fijo de $264.000 para quienes ganan más de ese monto.

La propuesta del Ejecutivo fue respaldada por 112 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. Los rechazos fueron principalmente de la bancada del Partido Republicano.

El reajusto ha sido criticado por gremios médicos y del Poder Judicial, desde donde advirtieron que puede pasar que un funcionario gane más que su jefatura en algunos tramos.

«No estamos pidiendo que se aumenten los sueldos. Solamente que, en la práctica, no se nos sigan bajando los sueldos. Porque en los últimos años, lo que se nos ha incrementado es muy por debajo del IPC, sobre todo este año», acusó el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza.

Mientras que el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, acusó que «nos parece una incoherencia, una incongruencia, que el Gobierno nos trate como una especie de casta privilegiada, y que nos estigmatice en este sentido».

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó después de la votación que «acá se ha tratado de hacer el mayor esfuerzo posible para tener un reajuste que alcance a todo el mundo».

El secretario de Estado explicó que su objetivo es «apoyar más a quienes ganan menos en el sector público, al casi 90% de quienes ganan menos. Y por supuesto, es algo que no esperamos repetir recurrentemente, ha sido una situación especial por las características de este reajuste, por las magnitudes involucrados, pero fue algo necesario para poder cuadrar el círculo de este reajuste».

Marcel precisó que se trata de un proyecto «bastante extenso, porque contiene no solamente las normas que son propias del reajuste, sino que algunas otras referidas a personal del sector público».

Valoró que fue acordado, consensuado con la mesa del sector público, encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores, que incorporó a casi 20 organizaciones». Por ello, aseveró que la propuesta, «a diferencia de años anteriores, ha sido fruto del diálogo con las organizaciones del sector público».

«Es un ajuste inusualmente alto, asociado a la inflación más alta que hemos tenido en el curso de este año, donde hemos logrado integrar o conciliar las necesidades de recuperación del poder adquisitivo con las posibilidades que tiene el Estado», añadió.

Además, el ministro explicó que «también se han aprobado los aguinaldos de navidad, una serie de bonos de distinta naturaleza, y además a varios de estos beneficios se les ha dado el carácter de permanente» Esto para «no repetir la ficción de estar todos los años señalando que hay un beneficio que es una única vez, cuando en realidad se va repitiendo».

A ello sumó temas que fueron parte del protocolo de acuerdo durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, «como el traspaso de personal de honorarios a la contrata en las municipalidades».

«Estamos muy satisfechos con lo que ha sido la votación, hemos tenido en general en todos los artículos un apoyo muy amplio, hemos tenido comprensión en términos de los esfuerzos que ha habido que hacer para poder cuadrar las cifras de este presupuesto», complementó.

Finalmente, aclaró que «solo están excluidos los parlamentarios, los ministros de Estado y todas las autoridades que están consideradas en la norma constitucional que fue aprobada hace un año y medio».