acuerdo constitucional

Por medio de un documento dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, presentó a nombre de la institución la denuncia.

En el documento se asegura que el denominado «Acuerdo por Chile», que busca continuar con el proceso constituyente, «vulnera gravemente los Derechos Humanos».

La entidad acusó que este acuerdo quebranta los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el derecho a la libre determinación, por esto, se «coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública, tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó».

Además indica que «desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional».

«Todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile», explica el texto.

En este sentido, en términos formales, la participación de las «comisiones de expertos» en los procesos constituyentes, desde la perspectiva de los Derechos Humanos es necesario que tenga un carácter asesor y nunca deliberativo.

La misiva finaliza con la solicitud al Alto Comisionado para que «los hechos fundantes de la misma los incorpore en el próximo Informe que el ACNUDH tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Y de esta forma se «remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados Partes, para que -en uso de sus atribuciones y competencia-, la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido».

Las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo constituyente determinaron la dieta de los participantes de este proceso, al mismo tiempo fue definido el perfil de los expertos del Consejo Constitucional, quienes deberían poseer título técnico o universitario, así como también al menos 10 años de experiencia.

De acuerdo a información de La Tercera, en la instancia en que se reunió todo el espectro político parte del acuerdo, fue determinada la dieta de los 50 consejeros constitucionales, la que alcanzaría las 60 UTM, es decir, cerca de 3,6 millones de pesos.

Por otro lado, los 24 miembros de la Comisión Experta recibirían un sueldo de 30 UTM, equivalente a 1,8 millones de pesos aproximadamente, en tanto que a los 14 juristas de la Comisión Técnica de Admisibilidad se les pagaría 10 UTM, es decir, más de 600 mil pesos por sesión, con un máximo de tres sesiones al mes.

Sobre los requisitos para ser expertos, los 24 miembros de esta Comisión deberán tener al menos 10 años de experiencia y se les exigirá tener título universitario o técnico, mientras que los 14 abogados del comité técnico deberán tener al menos 12 años de experiencia profesional y un título universitario, similar a los requisitos que tienen los abogados integrantes de las cortes.

A su vez, se fijó que todos los integrantes del Consejo Constitucional, los expertos y los juristas no podrán participar de ninguna de las elecciones que quedan del actual ciclo electoral (elecciones municipales de 2023, o parlamentarias y presidenciales de 2025).

Sobre los escaños reservados, fue acordado que serán proporcionales a la votación total obtenida a nivel nacional y el margen mínimo de elección será de 1,5% de los votos, por lo que se estima que los pueblos originarios deberían obtener al menos dos escaños.

Referente a la paridad, el asunto aún está pendiente y no se ha especificado una regla para implementarse. Se espera que este miércoles la moción parlamentaria ingrese al Senado, debido a que se estima que la tramitación sería más expedita.

Luego de casi 100 días de conversaciones, en la tarde de este lunes los partidos políticos lograron llegar a un acuerdo respecto a continuar con el proceso que elaborará una nueva Carta Magna para Chile.

El órgano redactor será paritario y se llamará Consejo Constitucional, el cual contará con 50 integrantes que serán elegidos en las urnas con voto obligatorio en abril de 2023.

Sin embargo, también se estableció que el proceso será mixto. Es decir, contará con el rol de expertos, pero será vinculante solo en algunas etapas. Serán 24 los nombres designados, 12 por los diputados y 12 por los senadores.

Los expertos serán los encargados de redactar un anteproyecto desde enero de 2023, sobre el cual posteriormente el Consejo Constitucional trabajará desde mayo.

Ahora bien, si el Consejo quisiera modificar el fondo de normas del anteproyecto necesita aprobarlo con un quórum alto.

Una vez lista la propuesta de nueva Carta Magna, se pasará a una comisión mixta para «armonizar» el texto, integrada por consejeros y expertos, donde estos últimos podrían impugnar algunos aspectos del mismo.

Posteriormente, en diciembre de 2023 se espera que se produzca el plebiscito del salida, el que será obligatorio para toda la ciudadanía.

Otro de los aspectos que considera el acuerdo es la posibilidad de recurrir al árbitro, donde 14 juristas resguardarán el cumplimiento de las 12 bases institucionales establecidas previamente por los partidos políticos.

Los principales líderes de los conglomerados oficialistas y de oposición den a conocer públicamente el acuerdo. Cabe recordar que todo esto debe traducirse en un proyecto de ley, que tendrá que ser votado en el Congreso.

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