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Lagos Weber anticipa escenario político por retiro de fondos de las AFP

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Tras la sorpresiva derrota del pasado miércoles, en la estrategia del Gobierno para persuadir a sus parlamentarios de votar en contra del proyecto de ley para el retiro del 10% de los fondos previsionales de cada afiliado, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, adelantó lo que será la discusión por esta iniciativa, una vez que pase su primer trámite en la Cámara de Diputados y llegue al Senado.

En este sentido, el parlamentario e integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, agregó que, a su juicio, “el Gobierno ha sido inoperante en la discusión del 10%”.

“Sus parlamentarios rechazaron su improvisada oferta de Ingreso Familiar de Emergencia Plus, o de última hora”, señaló.

Respecto a eventuales diferencias en la oposición para apoyar esta iniciativa, una vez que se supere el trámite en la Cámara, Lagos Weber aseguró que “no se vislumbra algo así como una disyuntiva en la actuación de la oposición en el Senado”.

“Espero que enfrentemos esa votación del 10% con la unidad en nuestro sector”, apuntó.

Diputada Cicardini (PS) y eventual retiro de fondos AFP: “Este es un triunfo de la gente”

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La diputada PS, Daniella Cicardini, valoró la aprobación de ayer en la Cámara de Diputados del proyecto que permitirá el retiro de hasta el 10% de los fondos de la AFP para quienes requieran utilizarlos en este período de crisis económica provocado por la pandemia del coronavirus.

“Existe mucha satisfacción por este primer paso, porque este es un triunfo de la gente y un reconocimiento a su derecho a poder hacer uso de esos recursos para enfrentar esta tremenda crisis, y porque esperamos que sea un primer paso para poner fin a las AFP y para cambiarlas por un verdadero sistema de seguridad social”, señaló la parlamentaria.

Sin embargo, enfatizó que es difícil “hablar de alegría cuando se trata de hacer uso de estos recursos para enfrentar una catástrofe y porque no nos gusta que sea necesario recurrir a los propios recursos de las y los trabajadores porque no ha habido respuesta desde el Estado y desde el gobierno, y las únicas respuestas han llegado tarde o han sido más deudas para la gente”.

En relación al despliegue realizado hasta último momento por el Gobierno de cambiar la posición de los 13 diputados oficialistas que votaron a favor del proyecto, Cicardini indicó que “valoro la postura de los parlamentarios de gobierno que aprobaron esta iniciativa”.

“Pero al mismo tiempo lamento la porfía, la indolencia y yo diría hasta la crueldad del gobierno que intentó poner todas las trabas y presionar a sus diputados para que rechazaran esta iniciativa y negarle estos recursos a la gente para poder sobrevivir y todo por no tocar el negocio millonario de las AFP”, recalcó la diputada por la región de Atacama.

Junto a lo anterior, agregó que junto a su sector seguirán apoyando el avance de esta iniciativa, “para hacer todo lo posible para que se haga realidad y que la gente pueda acceder a sus fondos porque es un derecho que les pertenece”, concluyó.

Cabe indicar que la votación final registrada ayer en la Sala de la Cámara de Diputados para este proyecto de reforma constitucional fue de 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones.

Senador Guido Girardi (PPD): “La negligencia del gobierno obliga a tomar decisiones extremas”

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El senador Guido Girardi (PPD) defendió el proyecto de ley que permitiría a los afiliados de las AFP retirar hasta un 10% de sus montos (hasta 4,5 millones) para poder paliar las consecuencias de la pandemia.

El parlamentario afirmó en el matinal de CHV que de haberse aplicado las medidas –de la minuta del 23 de marzo- propuestas por el Consejo Asesor del Minsal, la pandemia habría durado 8 o 10 semanas como ocurrió en los países que las implementaron (Corea, China y Nueva Zelandia).

Girardi señaló que “hemos ido siempre detrás de la pandemia, recién ahora se están discutiendo los apoyos económicos y es producto de esa irresponsabilidad y negligencia que se deben tomar decisiones más extremas, de último ratio, de última frontera como fue esto de poder retirar el 10% de las pensiones”.

Además, agregó que “si el Gobierno hubiese hecho antes propuesta de ayuda que no sólo sea endeudar a la clase media, pienso que sería distinto”.

El parlamentario explicó que “ha costado mucho hacer estos cambios porque para concretarlos se debe cambiar la Constitución que establece quórums altísimos y si no contamos con votos de la derecha, no se pueden realizar”.

Para Girardi, “por razones ideológicas la derecha cree que todo lo resuelve el mercado. Soy autor de la ley de Fármacos II y -salvo una excepción- toda la derecha votó en contra; En regulación de Isapres votaron en contra; Por recuperar el agua para Chile, 24 senadores votamos a favor, sólo 12 en contra y ganaron. Seguimos siendo el único país del planeta donde el agua es propiedad privada y no un bien nacional de uso público como en el resto del mundo”.

“Si no cambiamos la Constitución no podemos modificar esta industria que hace campaña del terror y amenaza a la gente. Debemos tener un sistema solidario, con aumento a la cotización de parte de los empleadores… Pero ¡Cuidado! También hay que prepararse para un futuro con empleadores tipo Uber, y trabajadores sin contrato, cotizaciones ni seguridad social y con empleos realizados por Inteligencia Artificial y robótica. Hay que incorporar esos temas”, argumentó el legislador.

Sobre los cambios al sistema previsional, Girardi indicó que “los afiliados deben elegir –de una lista de expertos- a sus administradores y no que sea un grupo cerrado que se nombra entre ellos; hay que poner un límite a las utilidades y que el 30% de ellas deban ir a un fondo solidario, también hay que vincular sus ganancias de la gente y si los fondos pierden ellos también pierdan”.

El senador reiteró que “para avanzar en esto se requiere reformar la Constitución porque son iniciativas exclusivas del Presidente, los parlamentarios no podemos legislar sobre materias sociales o que tengan que ver con empleo y negociación colectiva”.

Para el parlamentario, la actual carta fundamental “no sólo es autoritaria y del pasado, sino que no considera el futuro, no reconoce el derecho al agua, a la salud, la educación. Establece un rol subsidiario del Estado donde puede hacer sólo aquello que los privados no quieren hacer”.

Finalmente, el senador PPD sentenció querer “un país que haga emprendimiento, que tenga internet para todo, que tenga ciencia, que movilice el emprendimiento de una mayoría y no de una minoría. Chile tiene oportunidades gigantescas vinculadas a la ciencia, podemos ser líder mundial en energías solar, eólica y, también, en hidrógeno verde que es la energía del futuro que puede descarbonizar la industria y resolver el problema de la humanidad”.

La Contraloría declara ilegal segundo contrato de arriendo de Espacio Riesco: «Pagos injustificados»

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Un contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) y el Centro de Convenciones Santiago S.A., conocido como Espacio Riesco, fue rechazado este jueves por Contraloría General de la República, esto a razón de que -según afirmaron en un dictamen- “no se advierte justificación para que se establezca el pago de determinadas prestaciones“.

Según información pública, el espacio había sido arrendado por el Ministerio de Salud en medio de la contigencia sanitaria, y tenía como fin albergar pacientes de recintos hospitalarios de la zona norte de Santiago. No obstante, uno de los contratos presentados fue el observado por Contraloría.

En detalle, el organismo cuestionó al contrato gestionado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y en cuya contratación se detalla que el valor total a pagar “no excederá a la suma de mil seiscientos millones de pesos por todas las prestaciones comprendidas en las tres fases de los servicios objeto de este contrato, con todos los impuestos incluidos”.

Plebiscito constituyente: Servel y Chile 21 proponen una participación segura en consulta constitucional

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De acuerdo con ElMostrador.cl, saliendo al paso de las voces que han intentado relativizar el proceso, desde Chile 21 señalan que “dada la tendencia a la ‘leve mejoría’ en términos de pandemia, no vemos ninguna amenaza a la realización del plebiscito, por la tanto, la tarea a solucionar es cómo lo organizamos”.

Entre las medidas concretas, plantean un mayor número de locales de votación y más cercanos a los electores; habilitación de mesas al aire libre y lejos de ambientes cerrados y estrechos; extensión de horarios y días de votación; transporte gratuito, además de repensar el rol de las FF.AA. y Carabineros en procesos electorales. Parte de las medidas coinciden con lo que ha planteado el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien también ha hablado de realizar la votación en dos días, o que se haga en un día y extender el horario de votación.

A poco más de tres meses del plebiscito constituyente del 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) se encuentra buscando fórmulas para desarrollar un proceso seguro, con ideas como la votación en dos días o ampliar el horario de funcionamiento de las mesas, como ha admitido el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Patricio Santamaría

El Servel espera conformar un grupo técnico con La Moneda, aunque Santamaría afirmó que no ha recibido respuestas por parte del Ministerio de Salud. Hoy, consultado al respecto, el ministro de Salud Enrique Paris comentó que si bien “a la autoridad sanitaria no le corresponde opinar sobre el tema de las elecciones”, dijo que si el organismo “necesita indicaciones precisas desde el punto de vista sanitario, obviamente que operaremos con ellos para darle todo el apoyo”.

En este contexto surge la propuesta de la Fundación Chile 21, que aporta con una serie de medidas concretas para poder desarrollar un plebiscito seguro, algo perfectamente factible tomando en cuenta que en plena pandemia más de 45 elecciones se han realizado en el mundo, desde comicios locales hasta presidenciales, pasando por plebiscitos y consultas ciudadanas.

“Dada la tendencia a la ‘leve mejoría’ en términos de pandemia, no vemos ninguna amenaza a la realización del plebiscito, por la tanto, la tarea a solucionar es cómo lo organizamos, para que la participación sea contundente”, indican en un documento de trabajo elaborado por Axel Callís, Nicolás Mena y Eduardo Vergara, que sale al paso de las voces que han intentado bajar el proceso.

En el documento recalcan que “este plebiscito no debería constituir amenaza alguna a lo sanitario, sobre todo por lo breve que será el trámite de sufragar (dos votos, no más de dos minutos por elector). En otras palabras, esta elección será la más rápida desde 1988, pero es tarea de todos y todas que sea también la más fluida”.

Medidas concretas

Entre las medidas concretas, plantean un mayor número de locales de votación y que estos estén más cerca de los electores. “Ningún elector debería estar a más de 15 minutos caminado de su local de votación”, señalan. A esto se suma habilitación de mesas al aire libre y lejos de ambientes cerrados y estrechos.

Asimismo, sostienen que si bien “multiplicar los locales de votación para una elección segura en octubre, nos parece del todo razonable”, la falta potencial de contingente militar no puede ser un freno a la expansión necesaria del número de locales para el próximo plebiscito.

En este plano, aseguran que “nos parece absolutamente necesario repensar el rol de las FFAA y de Carabineros en nuestros procesos electorales a futuro”, considerando que en el país se han desarrollado referendos masivos como los impulsados por los alcaldes en diciembre del año pasado sin presencia policial y militar. A esto hay que agregar que para un sector de la población, la sola presencia de efectivos “puede ser visto para muchos como una señal de anormalidad, blanco de acciones y en algunos casos, de provocación”, acotan.

Es más, se preguntan si es “razonable y normal que las FFAA cumplan roles tan activos durante ejercicios democráticos y electorales. Al parecer no. Esta realidad no es común en las democracias más consolidadas de Europa o Estados Unidos, donde las elecciones son organizadas esencialmente por la sociedad civil, voluntariados y policías locales”.

Entre otras disposiciones, desde Chile 21 sugieren extensión de horarios y días de votación, además de hacer disponible un sistema de transporte gratuito.

“Se requieren para tal propósito al menos dos días para realizar el plebiscito, con horarios más extensos a los actuales (mínimo hasta las 20:30 horas). Para lo cual es muy necesario convocar a los mayores de 60 años (3,2 millones de electores), personas con enfermedades crónicas y otros casos especiales, el primer día, tomando evidentemente todos los resguardos de temperatura, distancia social, mascarillas e higiene dentro y fuera de los locales de votación. Este grupo de personas de riesgo, diseminado en las 42 mil mesas actuales que hay en Chile, no deberían ser un gran desafío logístico para la autoridad. El resto de la población menor de 60 años debería votar el domingo, es decir, más de 9,5 millones de potenciales electores, concurrirían bajo las mismas condiciones del día anterior. Finalmente, recomendar acudir a votar en horarios distintos por orden alfabético de los apellidos, para provocar aún más dispersión”, señalan.

Asimismo, plantean que puedan votar las personas privadas de libertad que no hayan sido condenados a pena aflictiva y vincular este plebiscito a una jornada nacional de salud pública.

El ejemplo de Corea del Sur

Parte de las medidas coinciden con lo que ha planteado el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien también ha hablado de realizar la votación en dos días, para evitar colapsos o aglomeraciones en los centros de votación, o que se haga en un día y extender el horario de votación.

Santamaría, de todos modos, descartó el voto postal, y el voto electrónico, argumentando los costos que tendría su implementación y el riesgo de que se pueda alterar la votación, especialmente si se realiza a distancia. “No sé qué pensarían del Servel si gastáramos 100 millones de dólares en comprar máquina, para poder implementar el voto electrónico”, indicó a Radio Bío Bío.

Desde Chile 21 comparten esta apreciación, señalando que “creemos no están los tiempos para discutir en estos días el voto electrónico (proceso que no resuelve hoy el aspecto presencial de las elecciones) y que para el caso de Chile la ganancia sería marginal.

Uno de los casos que mira con atención el Servel es el de Corea del Sur, donde votaron hasta “personas contagiadas, tomando todos los resguardos”, indicó Santamaría.

De hecho la Fundación Chile 21 recuerdan que esta elección parlamentaria en el país asiático “llegó a un récord de casi 30 millones, el 65% del padrón y la más alta registrada en la historia electoral del país, en parte gracias a la innovación generada con una votación anticipada en la cual sufragó aproximadamente el 27% de los 44 millones de votantes inscritos”.

“Los contagiados de COVID también votaron y lo hicieron por correo (cerca de 3 mil de ese momento), las personas en cuarentena por trazabilidad (13 mil) y todos los que tenían sospecha de estar enfermos. No fue solo una elección de parlamentarios, fue un plebiscito sobre el manejo de la pandemia, y así lo entendió el Gobierno de ese país, el cual vio en esta elección una oportunidad de compatibilizar democracia y cuidados sanitarios (les tomó la temperatura a los 30 millones e hizo numerosos test)”, recalcan.

Bancada DC adelanta rechazo a veto por ley que prohíbe cortes a servicios básicos: “Gobierno insiste en oponerse a la ciudadanía”

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Al respecto, la diputada Joanna Pérez (DC), coautora de la ley, indicó: “Basta ya de que el Gobierno siga defendiendo a las grandes empresas. Hay un ánimo revanchista tras su derrota por el retiro de fondos que lo único que hace es afectar a los ciudadanos”.

Adelantando el voto en contra al veto ingresado hoy por el Presidente a la ley de servicios básicos tanto, la bancada de la Democracia Cristiana (DC) adelantó su voto en contra, señalando que “es inexplicable cómo el gobierno sigue disparándose en los pies sin conectarse con las necesidades de las familias chilenas”. Así lo confirmaron tanto el jefe de la bancada, Daniel Verdessi, como el subjefe, Gabriel Silber, respectivamente, junto a la coautora de la iniciativa, diputada Joanna Pérez.

Al respecto, la diputada Joanna Pérez señaló categórica “basta ya de que el Gobierno insista en oponerse a la ciudadanía y defender a las grandes empresas; hay un ánimo revanchista tras la derrota del Ejecutivo ayer por retiro de fondos que es inaceptable y que solo termina perjudicando a los ciudadanos y a las familias del país en plena pandemia; es inaceptable; un veto que además elimina importantes beneficios para las personas”

La diputada Dv agregó que “vamos a rechazar e insistir. Y llamo a los parlamentarios de manera transversal que apoyaron y defendieron a este proyecto, que lo defiendan pues es de toda justicia para las familias. Por lo tanto –reitero- vamos a rechazar e insistir en nuestro proyecto original. Necesitamos una Ley anti cortes ahora”.

Precisó, además, que “el veto al proyecto que prohíbe el corte de los servicios de agua, electricidad, gas domiciliario, telefonía e internet , que aprobamos transversalmente, modifica aspectos relacionados con el consumo de agua potable de las familias, traspasando el costo de esta pandemia en algo tan importante desde el punto de vista sanitario, como es poder tener la seguridad de contar con este servicio. Además, elimina todo el plan de conectividad de internet solidario que se trabajó con la ministra de transportes y telecomunicaciones, Gloria Hutt.”

“Lo más grave, es que elimina el artículo que prohibía traspasar el costo de esta ley a las personas, a los usuarios. Por qué hace esto ? porque sigue defendiendo a las empresas, su principal interés siempre ha sido defender los negocios y no a la gente”, señaló la diputada DC.