Notas

Por Andrés Palma

Economista DC y de Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Se vuelve a legislar la obligatoriedad del voto, es un compromiso con la igualdad, pero si no hay sanción, ¿será obligatorio?

En 2013 se aplicó por primera vez el voto voluntario y la inscripción automática. Ya en esa fecha fue posible medir su impacto en la composición del universo electoral.

Un informe del Estudio de Valores Sociales de la USACH nos dijo que, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del 2013, la participación electoral fue muy diferenciada en función de, principalmente, dos variables: Edad y Nivel Socioeconómico. El informe señalaba que a mayor edad hubo mayor participación electoral, es decir los mayores votaron en mayor proporción que los más jóvenes, y a mayor nivel socioeconómico hubo mayor participación electoral, es decir los más ricos y educados votaron en una proporción mayor que los más pobres y con menor nivel de educación.

El mismo Estudio preguntó por la auto calificación en la escala social, y casi un 90% de los que se autodefinían como clase alta o media alta votaron en esa elección, cuando la participación global alcanzó a solo un 52% del padrón.

Un nivel de participación bajo en si no tendría por qué ser un problema. Muchos estudios dicen que hay sociedades desarrolladas y no tan desarrolladas en que la participación es baja. Pero es un problema si la participación electoral es segregada, como demostró el Estudio de Valores Sociales.

Posteriormente se modificó el sistema electoral instaurado por la dictadura por uno que permitiera una representación más amplia y que hiciera más igualitaria la representación, con el objeto de mejorar la participación, ya que con el sistema que prevalecía el voto de una persona en Maipú valía menos de la mitad que el voto de una persona en Melipilla, y menos de la cuarta parte que en Vallenar. Pero el problema de la baja participación se mantuvo, y se mantuvo la diferencia por edad y por nivel socioeconómico.

La expectativa del cambio constitucional elevó la participación en el plebiscito, y se modificó la legislación para que los independientes pudieran constituir listas con mayor facilidad, para incentivar la participación, pero esta cayó nuevamente papa la elección múltiple de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes, y se mantuvo la diferencia por edades y niveles socioeconómicos.

No funciona bien una sociedad donde los ricos y calificados participan y los demás no lo hacen. Por eso tiene sentido el que el voto sea obligatorio y que, como en otros aspectos sociales relevantes como el pago de impuestos o el correcto comportamiento en las calles, haya una sanción al que no cumple.

Hoy día se legisla para reponer el voto obligatorio, lo que es una buena noticia.

Pero aún hay quienes se oponen al voto obligatorio y lo hacen argumentando que la baja participación no es un problema, que los que no participan están conforme con la situación de la sociedad, pero eso sería contradictorio con que son los más privilegiados los que más participan. Ese planteamiento esconde dos realidades, una es obvio y corresponde a la defensa de lo actual que realizan esos privilegiados, pero otro es más difuso y corresponde a la idea ya dominante que el Estado y sus instituciones no son necesarias, incluida la democracia representativa y sus articuladores, los partidos, y que debe prevalecer la libertad sobre la comunidad.

Otros siendo partidarios del voto voluntario reconocen que hoy, asamblea constituyente mediante, no es posible mantener esa posición, y aceptan y apoyan el voto obligatorio, pero rechazan que deba haber una sanción a su incumplimiento, olvidando por ejemplo que ser vocal de mesa es obligatorio. Ello no resolverá la situación de diferencial de voto y, posiblemente, incrementará solo marginalmente la participación.

Nadie discute que el voto es un derecho, pero para algunos no debe ser una obligación o compromiso. Es el deterioro del sentido de comunidad en el sentido más amplio de la palabra.

Pero queda la esperanza que el parlamento renueve ese sentido perdido, y luego lo ratifique la nueva constitución