Notas

Por Andrés Palma

Economista. Miembro del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible

Se dieron a conocer los resultados generales de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2022 (Casen). Esperábamos esta información con ansiedad para saber si la caída en los indicadores de avance social producto de la pandemia, que mostró la anterior encuesta (Casen 2020), se mantenían o eran coyunturales.

En este primer análisis vemos que las cifras dadas a conocer nos indican que los resultados del 2020 eran coyunturales, atribuibles a la pandemia y a la ausencia de adecuadas políticas de compensación, pero se han revertido ya en el 2022, en que un 6,5% de la población se encuentra en situación de pobreza según ingresos, una cifra no solo menor al 2020 (10,8%) sino también al 2017, año que podríamos considerar como normal, en que este indicador era de 8,6%.

Es interesante recordar que, con la excepción del 2020, la pobreza según ingresos ha disminuido secuencialmente desde que se han publicado los resultados de la encuesta Casen, en 1990, coincidentemente con el retorno a la democracia, año en que, de acuerdo con la actual metodología, el indicador de prevalencia de pobreza fue de 68,5%. Si consideramos la población actual, hoy son casi un millón trescientas mil personas, y si proyectáramos la población actual a la tasa de 1990 serían algo más de trece millones seiscientas mil personas. La continuidad de la lucha para reducir la pobreza ha reducido a la décima parte las familias que sufren esta carencia de ingresos.

Igualmente positiva es la evolución del indicador de pobreza extrema, o indigencia, como prefiero llamarlo en base a su definición técnica (esto es, personas cuyo ingreso no les permite adquirir la canasta básica de alimentos). Al igual que la pobreza, la indigencia aumentó fuertemente con la pandemia, de 2,3% en el 2017 a 4,3% el 2020, pero recuperó la tendencia a la disminución en 2022, cuando la prevalencia alcanzó a solo un 2% de la población.

El que se recuperen las tendencias y que nos alegremos por ello no debe, no obstante, dejar de preocuparnos por estas cifras: si cuatrocientas mil personas indigentes sufren hambre y/o desnutrición, tenemos una obligación pendiente como país. No basta con la caridad ni con las actuales políticas.

Sin duda, estos resultados se deben en parte muy importante a políticas focalizadas en las familias pobres, que se han profundizado en estos últimos años y gobiernos. Entre ellas se deben considerar la PGU y su incremento, el aumento en el salario mínimo, los aportes por el incremento del precio de los alimentos, y otros beneficios que entrega el Estado. Estas políticas recientes tienen su raíz en otras de larga data, pero en esta coyuntura deben tener mayor peso, debido a que, especialmente en las décadas de 1990 y del 2000, el aporte del crecimiento de la economía, con impacto en empleos y salarios, era mucho mayor que después.

También son buenos los resultados de la evolución del indicador de pobreza multidimensional, aunque ello no es satisfactorio en todas sus cinco categorías. Recordemos que este indicador considera las dimensiones de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión Social, y si bien en el conjunto se detecta una mejora, no es así respecto al escenario previo a la pandemia en Trato Igualitario (componente de Redes y Cohesión Social), que pasa de una carencia en un 14% de los hogares en 2017, a una de 17,6% en 2022; tampoco en Entorno de Vivienda ni en Ocupación, que pasan de un 9,4% de los hogares a un 10,1%, y de un 10,1% a un 10,7%, respectivamente. Tampoco es buen resultado el incremento de las carencias respecto al escenario pandémico que se observa en las dimensiones Seguridad Social y Atención en Salud, donde las carencias en 2020 se presentaban en un 22% y 5,6% de los hogares, respectivamente, y en 2022 lo hacen en el 28,5% y el 6,3% de los correspondientes hogares.

Continuando con la revisión de las cifras de pobreza multidimensional, y a la espera de los resultados precisos del sector, llama la atención lo que se observa en cuanto a la dimensión de Educación, donde el subindicador de hogares con carencia de escolaridad se incrementa en un monto no estadísticamente significativo entre 2020 y 2022 (pasa de un 23,7% de los hogares a un 23,9%), pero el de asistencia mejora significativamente, variando de 4,4% a 1,8% de los hogares entre 2020 y 2022, como era esperable, y de 2,2% en 2015 y 2,3% en 2017 a 1,8% en 2022, lo que pondría en cuestión la discusión sobre la tendencia al incremento del ausentismo. En todo caso, como señalo, habrá que esperar la revisión de las cifras desagregadas.

Los indicadores de distribución del ingreso también entregan información interesante. Los indicadores mejoran respecto al año 2020, pero respecto al año 2017 tienen un comportamiento desigual.

Los índices que relacionan los ingresos del trabajo de la población más pobre con la población de mayores ingresos se deterioran, lo que refleja un problema con las remuneraciones de los asalariados y personas sin calificaciones en relación con los mejor calificados; algo similar, aunque en menor magnitud, ocurre con los ingresos autónomos (que incluyen las pensiones y rentas); pero no ocurre con los ingresos monetarios, que mejoran también respecto al 2017, demostrando la importancia que han tenido las políticas de transferencias el último tiempo.

Pero el análisis del coeficiente de Gini –el indicador más utilizado para medir distribuciones del ingreso– nos muestra algo muy importante: el cambio de menor magnitud se produce en relación con el ingreso autónomo de los hogares, que es el que incluye las pensiones. ¿No será necesario revisar nuestro sistema de pensiones y aprobar ya una reforma? //ELF