Notas

*En La Fontana publicamos declaración pública de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

Las organizaciones representativas de los/as trabajadores/as del Estado, agrupadas en la Mesa del Sector Público CUT – Chile, nos dirigimos en primer lugar a la ciudadanía, a los/as chilenos/as que viven los múltiples impactos de la Crisis Sanitaria COVID-19, a los/as trabajadores/as del Estado que a lo largo del país, de forma presencial o remota siguen cumpliendo su misión, al Congreso Nacional que tiene la tarea urgente de representar los intereses democráticos de la población, y al gobierno que sigue sin oír nuestra voz y continúa embarcado en una conducción autoritaria e ineficaz de la contingencia que vive el país:

Somos nosotros/as desde nuestros puestos de trabajo, los primeros en poder afirmar que, a diferencia de los discursos exitistas con que las autoridades de gobierno copan el espacio comunicacional, la Crisis Sanitaria se sigue profundizando, que no existe duda alguna de que lo peor de sus manifestaciones está por venir, ad portas de iniciar el período invernal, y que sus efectos sociales y económicos no están siendo asumidos por las iniciativas que el gobierno ha anunciado, más cuando son escasas las que se encuentran aún operativas.

El gobierno ha optado por una agenda legislativa que privilegia los intereses del gran empresariado, desprotegiendo a los/as trabajadores/as, a sus familias, particularmente a los independientes e informales. Como si fuera una sorpresa, queda en evidencia que gran parte de las inseguridades que las mayorías del país viven hoy, se deben a un modelo de desarrollo que postergó estos derechos y particularmente la garantía de Trabajo Decente como factor de cohesión y seguridad de la sociedad.

Las Pequeñas y Micro Empresas, los principales empleadores de nuestro país, no tienen un mejor trato. Más del 80% de los recursos que el gobierno ha anunciado, que son principalmente mecanismos de crédito que se entregan a la misma banca que los ignora o esquilma cotidianamente, no llegarán a esas empresas.

Las autoridades de los Organismos Fiscalizadores del Trabajo y la Seguridad Social, emiten dictámenes que justifican la brutalidad del gran empresariado para defender sus utilidades, dejando en el abandono a los/as chilenos/as.

Como si fuera un mantra para las pantallas de televisión, el mismo gobierno que al asumir nos trató de “Grasa del Estado”, ha debido asumir por la fuerza de los hechos el rol insustituible que cumplen los/as funcionarios/as públicos/as para la viabilidad de la supervivencia de la sociedad. Desde la autoridad se nos reconoce y aplaude. Pero decimos con claridad que no necesitamos aplausos, sino que se garanticen las condiciones laborales adecuadas para cumplir nuestras funciones, y enfocar de forma coordinada todos los esfuerzos del Estado para llegar a la población que requiere, hoy más que nunca, la presencia de políticas públicas y de acciones concretas para enfrentar los efectos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia provoca.

¡La gran lección de esta Crisis Sanitaria, Económica y Social es que Chile necesita Más y Mejor Estado! El Estado mínimo, subsidiario, tercerizado que la Constitución sostiene, es incapaz hoy de garantizar los derechos más básicos: el Derecho a la Vida; el Derecho a la Salud; el Derecho al Trabajo Decente; el Derecho a una Vida Digna.

Este viernes 17 de abril, a 31 días de la Declaración del Estado de Catástrofe, el gobierno ha iniciado una ofensiva en contra de los/as trabajadores/as del Estado. Instruyendo el retorno a funciones presenciales, porque según ellos el Estado no estaría funcionando.

Rechazamos tajantemente esta instrucción y los discursos que las sustentan. El Estado de Chile está funcionando y con todas sus capacidades humanas en este contexto de Crisis. Todos/as los/as trabajadores/as del Estado de forma presencial o remota, se encuentran cumplimiendo las tareas de sus instituciones. El problema no son los/as funcionarios/as públicos/as. El problema son las erradas políticas sanitarias, sociales y económicas que el gobierno ha planteado y ha sido incapaz de implementar.

Este anuncio presidencial, es un intento más del gobierno de contraponer a los/as trabajadores/as del Estado con la ciudadanía para permitir cursar su agenda antiderechos y en favor del gran empresariado, en el dramático contexto que vive nuestro país. El gobierno persiste en una línea de acción que se subordina a los intereses y a la voluntad de un sector del gran empresariado, y que se intente usar a los/as funcionarios/as públicos/as como punta de lanza del proceso de “normalización” que demandan, asumiendo con naturalidad los costos en vidas que tendría el levantamiento de las limitadas medidas de distanciamiento social y cuarentena en vigencia. Intentan responsabilizar de la falta de respuesta política y de planificación de las funciones del Estado, a los/as trabajadores/as y a las medidas de trabajo remoto temporal que una parte de ellos/as han asumido para seguir cumplimiento la función. Se trata de una irresponsabilidad criminal.

Asimismo, los/as trabajadores/as de la Salud, que somos la primera línea en esta coyuntura, para proteger la vida y los derechos del pueblo chileno, hemos denunciado la necesidad inmediata de Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los funcionarios del sector, la generación de residencias sanitarias, y el reconocimiento de COVID 19 como enfermedad laboral, todas materias de primer orden. Hoy en que el mundo de la academia, organizaciones internacionales y actores políticos hablan de la posibilidad de falta de stock de Elementos de Protección Personal, adecuado para el personal de salud, por un desabastecimiento mundial y hacen un llamado al uso racional y a la reutilización de estos, es contradictorio la incorporación de trabajadores y trabajadoras del sector a los que no se podrá garantizar las medidas de protección, considerando el alto nivel de exposición al atender público. La ausencia de claridad en protocolos que permitan establecer mecanismos de protección en cada uno de los espacios de trabajo, el hacinamiento tanto de trabajadores como de usuarios del sistema y la ausencia de directrices y acciones que garanticen el cuidado infantil, alimentación y transporte son la realidad actual del sector salud. Considerando las principales medidas sanitarias desde la OMS, que son el lavado de manos, protección respiratoria y el distanciamiento físico permanente, es que Chile no cuenta con transporte, infraestructura ni condiciones físicas como para garantizar la vuelta a los servicios del sector.

Por su parte, los/as trabajadores/as de la Educación, han expresado su rechazo a los formatos que ha utilizado el Ministerio del ramo ante las necesidades de los/as niños/as del país. El futuro del año escolar, del financiamiento de las Universidades Estatales, así como de los Programa de Alimentación, y sociales para estudiantes se encuentran amenazados. Es finalmente un abandono de los deberes que el Estado chileno tiene respecto del futuro de Chile.

Los/as trabajadores/as municipales han asumido con un ferviente compromiso su rol de atención directa a la ciudadanía. Mientras el gobierno ignora sus necesidades y la urgencia de dotarlos de los recursos para atender las contingencias que en cada rincón del país la Crisis Social gatilla cada día. No es razonable que sea el festín mediático de los programas misceláneos y matinales, la tribuna en que, caso a caso, el gobierno concurre a cumplir las obligaciones que en miles de otros casos deniega.

En materia presupuestaria el gobierno ha optado por una agenda que descarga sobre la Función Pública, los Derechos Sociales y los/as trabajadores/as, los costos de la Crisis. Los Oficios 11 y 15 del Ministerio de Hacienda, pero particularmente la primera y segunda oleada de Restricción Presupuestaria anunciadas por el gobierno se han manejado con total opacidad por parte de la DIPRES. Sus implicancias son gravísimas, llegando en algunos casos a impedir la continuidad de servicio de algunas instituciones. Implican asimismo un política absurda: restringir inversión pública, cuando se requiere dinamizar la economía del país; despedir a trabajadores a honorarios o tercerizados, para inyectar recursos a empresas que no garantizan mantener empleo. Es de primera relevancia enfrentar este proceso de restricción presupuestaria, denunciar sus efectos e incongruencias. El Estado de Chile tiene formas de financiar al Crisis y de garantizar flujos futuros que no impliquen la reducción del Estado en momentos en que más la ciudadanía lo necesita.

El conjunto de situaciones que hemos descrito tiene un orígen común. El gobierno ha decidido conducir la Crisis Sanitaria en formatos autoritarios y antidemocráticos. Ninguna instancia de Diálogo Social se ha hecho operativa. No se oyen los planteamientos de los cuerpos científicos, ni de las organizaciones sociales o sindicales.

Llamamos al conjunto de los/as trabajadores/as redoblar sus esfuerzos en favor de la ciudadanía. A continuar, desde sus labores presenciales o remotas, a exigir condiciones sanitarias y de trabajo que permitan cumplir con las misiones de nuestras instituciones. Convocamos al Congreso Nacional a ser el Poder de Estado que canaliza las aspiraciones democráticas de las mayorías del país en este contexto. Y a la Plena Unidad del conjunto del Sindicalismo para enfrentar el desafío histórico que hoy nos convoca.

Finalmente, exigimos al gobierno revertir la infame medida de retorno a los trabajo presenciales de los trabajadores del sector público y privado y que redefina el primario en la políticas de contingencia colocando a la vida y la de las personas como tarea principal.