EDITORIAL
«No son treinta pesos, son treinta años». Cómo no recordar esta frase con la cual, muchos y muchas dirigentes del Frente Amplio criticaban a los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría ante situaciones de abusos y hechos de financiamiento ilegal de la política.
Un cierto «tufillo» de autoridad moral, una cierta practica de criticar desde el púlpito se comenzó a escuchar. ¿Son moralmente mejores? Ha quedado demostrado que no.
Esto, en todo caso, no es nada nuevo. Y para la gran mayoría de chilenos y chilenas los procesos de corrupción en política se ha ido está enraizado en el país como una práctica que socava y debilita el sistema democrático. Obviamente, que hay motivos para sospechar que son prácticas generalizadas donde nadie queda a salvo. Emulando a Nicanor Parra: “La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas”. El costo es que, ciudadanos y ciudadanas, cada día desconfían más y más de la dirigencia política, independiente de su edad o posición política.
Acá, la figura utilizada es el trato directo, el motivo: resolver un problema urgente. La condición: tener la garantía de que hay alguien que sabe resolver ese problema urgente. «¿Y cómo te va a dar garantía una entidad que se creó en febrero y la decisión la toma en junio? ¿Cómo es posible que de rendir el primer proyecto, ya tengas un segundo y un tercero para una entidad novel? Arrasaron con los protocolos. Contraloría se va a hacer su agosto», señalo el exdiputado Pepe Auth.
Lo preocupante es que, efectivamente, existe una red de organizaciones como fundaciones y corporaciones que si realizan tareas de apoyo y acompañamiento ahí donde el Estado queda ausente por falta de musculatura. Una vez más es probable que se imponga la lógica de “justo por pecadores”.
Es positivo que la Contraloría se ponga firme. Y que el ente regulador haya decidido instruir a todas las Contralorías regionales para congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.
Caiga quien caiga. Esa consigna tiene que tener un sentido y no quedar en un eslogan más, en el que la ciudadanía siente que aquellos que tienen privilegios sean del lado que sean, nunca son tocados por la justicia ni la Ley.
Queda sola la diputada Catalina Pérez y el Gobierno tiene un nuevo flanco de conflicto. Con el paso de las horas aparecen nuevos antecedentes y nuevas fundaciones involucradas. Hay que transparentar todo para que esto no vuelva a ocurrir. Se necesita actuar con sentido de urgencia y de claridad. Entre más información y antecedentes se pongan a disposición, será mejor. //ELF
