Por Rabindranath Quinteros
Senador del PS
Un 85% de los chilenos cree que el gobierno del Presidente saliente, Sebastián Piñera, ha tenido un mal desempeño en materia de seguridad pública, según lo reveló la reciente encuesta del Monitor de Seguridad de la Fundación Chile XXI. Esa cifra confirma que el combate a la delincuencia ha sido el gran fracaso de este Gobierno y que esta materia tendrá que estar en el centro de las preocupaciones de la nueva administración a partir de marzo.
El alza de asesinatos, portonazos, robos y ahora secuestros debe sacudir a los partidos de izquierda, que no siempre han enfrentado con firmeza el problema de la seguridad pública.
La actual situación es tan inquietante que no hay lugar para complejos ni medias tintas. Hoy es imprescindible desarrollar y ejecutar iniciativas que pongan alto a este verdadero descontrol que se vive en las calles y que se ha vuelto común en todas las ciudades de Chile, pues el flagelo de la delincuencia afecta incluso al pueblo más alejado de nuestro largo territorio.
La debilidad de la izquierda en esta materia abrió el camino para que desde los partidos y gobiernos de derecha se enarbolara la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen como una de sus principales ofertas. Sin embargo, la experiencia demostró que ese enfoque fue un fracaso.
Esto porque a la delincuencia se sumó el crecimiento de bandas de narcotraficantes que simplemente se adueñaron de los sectores más vulnerables de la población, dejando encarcelados y asustados a los pobladores en sus propias casas.
¿Hay salida? Hoy tenemos la oportunidad de cambiar las cosas junto a las fuerzas policiales y también con los ciudadanos, porque este trabajo se tiene que hacer entre todos.
El mismo estudio del Monitor se Seguridad arrojó que las y los chilenos están optimistas y confían en que con el gobierno del Presidente Gabriel Boric la situación actual mejorará.
Está claro que no hay receta que garantice un verdadero cambio que devuelva la tranquilidad a la ciudadanía, pero sin duda hay cosas claras que se pueden hacer, tales como hacer una reforma profunda a las policías para mejorar y profesionalizar su actuar.
Junto a esa reforma, también se tienen que realizar acciones sobre barrios tomados por el narcotráfico para desarticular a estas bandas que se han convertido en el cáncer en otros países. A eso hay que ponerle punto final hoy mismo. También es fundamental avanzar en la elaboración de un plan que permita sacar las armas de las calles. Cada día vemos como crece este mercado negro.
La redistribución territorial de las policías también es una urgencia, porque no puede ser que el número de contingente dependa de los recursos que tiene una comuna determinada. Aquí debe primar un solo criterio: la seguridad es igual para todos los chilenos, no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. En la base de todas estas acciones es imprescindible contar con un sistema de inteligencia policial que sea capaz de reunir información, pesquisar y enfrentar los problemas de seguridad desde sus orígenes.
Por otro lado, lamentablemente los asuntos migratorios se han visto teñidos por el problema de la delincuencia, ya que más de la mitad de la ciudadanía estima que los inmigrantes contribuyen al aumento de delitos violentos y al narcotráfico, según lo reveló el último sondeo del Monitor de Seguridad de Chile 21.
Por otro lado, el conflicto de La Araucanía no da para más, no se puede seguir dilatando en el tiempo y aquí también es preciso establecer y perseguir a los responsables del robo de madera y el narcotráfico. Hay que buscar un acuerdo de verdad y que implique un reconocimiento de las tierras que demandan los pueblos originarios. El Estado no debe ser ignorando esta situación, pues se ha extendido por demasiado tiempo.
Tengo confianza en que las nuevas autoridades impulsarán los cambios necesarios que devuelvan a los chilenos y chilenas el derecho a vivir en paz.// ELF
