A reconstruir la centroizquierda
En La Fontana ponemos a su disposición el documento “Las doce bases o fundamentos constitucionales” del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado en el inicio del proceso constituyente.
Es un análisis de los 33 tópicos que tocan esas bases, los límites que establece, la libertad de configuración constituyente que despliega y las plurales opciones que permiten encaminar el proceso que se abre hoy.
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Replicamos En La Fontana entrevista aparecida en El Regionalista con Andrés Palma, jefe de las reformas educativas de Bachelet II y bajo cuyo liderazgo se impulsaron cambios en la educación como los servicios locales, la gratuidad, el nuevo sistema nacional de desarrollo profesional docente y el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
En una semana negra para la Municipalidad de Rancagua y su alcalde, y antes que la Fiscalía liderara el allanamiento del domicilio y oficina de la primera autoridad comunal, Ciper apuntó de nuevo a la Corporación Municipal de la capital regional, denunciando que el Sistema de Admisión Escolar, SAE, había sido violentado para favorecer a media docena de jóvenes parientes de funcionarios y de la alcaldesa de Doñihue. El impulsor del SAE defiende la inviolabilidad del sistema y dice que el fraude se ejecutó localmente.
El Regionalista conversó con Andrés Palma, jefe de las reformas educativas de Bachelet II y bajo cuyo liderazgo se impulsaron cambios en la educación como los servicios locales, la gratuidad, el nuevo sistema nacional de desarrollo profesional docente y el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Precisamente este último sistema puso a la capital regional otra vez en la primera plana de la prensa, luego que Ciper diera a conocer a mediados de semana que fue vulnerado por funcionarios de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun), para favorecer la postulación de un pariente de la alcaldesa de Doñihue y de otros seis jóvenes.
El ex diputado y ministro falangista, hoy docente en la Universidad de Santiago en el programa de Magister en Gerencia y Políticas Públicas (MGPP), afirmó que, más que la manipulación, le hizo más daño al SAE el titular de CIPER porque según él, no se ajusta a la realidad (“Nuevo sistema de admisión escolar fue manipulado para favorecer a funcionarios municipales y a una alcaldesa”).
“Yo publiqué un comentario en ese medio –hasta el cierre de esta edición no ha sido subido por Ciper – señalando el error del titular de la noticia. En el caso publicado por Ciper, el problema es que el llenado de vacantes, una vez terminado de aplicar el SAE (la tómbola), son los establecimientos y sus sostenedores los que generan las listas de espera, y eso es manipulable. El período de regularización es parte del sistema solo porque había que definir lo que pasaba durante el año.
-¿Es decir la nota de Ciper no da cuenta de lo que realmente pasó, ya que se manipuló el proceso, una vez que el SAE ya dejó de operar?
-Sí, parece que se hizo con la intención de pegarle al sistema, pero el sistema funciona y funciona bien. Lo que pasó es que en el territorio local quedó un espacio para recibir solicitudes de matrícula por orden cronológico, tengan o no los establecimientos cupos para vacantes. Eso es manipulable porque opera a nivel local y cada sostenedor organiza ese proceso con sus establecimientos en el espacio local. cuando ya el SAE ha cerrado.
-¿Esa manipulación es un delito?
-Eso quedó establecido en el reglamento del SAE. No recuerdo si quedó estipulado como falta o delito, pero está claro que es un grave incumplimiento legal. Cuando elaboramos el reglamento nos preguntamos que podría pasar durante el año escolar si un estudiante abandonaba ese establecimiento o no se matriculaba.
-¿Entonces ahí surgió la idea del registro?
Sí, pensamos una fase de regularización que, dado lo que pasó en Rancagua y, que también podría haber sucedido en otros lugares, entiendo que el ministerio intentará que este año ese registro sea centralizado y automático para que así se acaben las listas de espera y las familias que duermen en las noches esperando la posibilidad de un cupo.
-¿Y qué fue lo que sucedió en este caso?
-En la operatoria de la tómbola, que es un proceso inviolable, el algoritmo funciona conectado con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Se hizo así para que nadie lo manipulara. Si tú empleas el Excel, te da un ordenamiento aleatorio que registra cronológicamente el ingreso de las solicitudes. Ese fraude solo se puede hacer a nivel local una vez que el SAE y el proceso de la tómbola ha cerrado. En este caso ocurrió que se intentó borrar un registro y, en su reemplazo, colocar otro que ingresó más tarde, pero a ojos de cualquiera, como la que hace la denuncia, el sistema arroja la anomalía. Lo que se hizo es similar a un ejecutivo de banco que hace un robo, no es el banco el que falla, es quien manipuló la información. En este caso, reafirmo que el SAE es inviolable. Por ello sostengo que el titular (del periódico digital) es impreciso, ya que señala que el SAE se puede manipular, cuando lo que se puede manipular es el llenado de vacantes, cuando ya dejó de operar el SAE.//ELF
Este domingo, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, se reunió en Chimbarongo con los candidatos de O’Higgins (Bernardo Zapata y Marcia Barrera) al Consejo Constitucional, de cara a la campaña que iniciará el próximo miércoles.
En el encuentro, también estuvieron dirigentes sociales y el ex diputado Juan Carlos Latorre.
«Estamos convencidos de que es bueno para Chile que haya uno de los nuestros en el Consejo Constitucional, por cuanto de esa forma podemos impulsar acuerdos para tener una Constitución que nos represente a todos y que pueda garantizar derechos sociales a los chilenos. Una Constitución que marque un Estado unitario pero al mismo tiempo descentralizado y donde la seguridad pública sea un eje central. Una Constitución que todos sintamos que es propia y es por ello que hemos estado trabajando desde hace algunas semanas», expresó Undurraga durante la reunión.
El próximo 7 de mayo serán las elecciones de los 50 miembros del Consejo Constitucional, que se va a constituir en junio y que va a sesionar en la Cámara de Diputados en Santiago.
Este órgano estará íntegramente elegido por la ciudadanía y será el encargado de determinar el contenido del texto que va a ser sometido a consideración en el plebiscito constitucional.
Ver nota en Emol.com: https://bit.ly/3SQ6nG2
Ver nota en ElDesconcierto.cl: https://bit.ly/41OonEP
Ver nota en ElDínamo.cl: https://bit.ly/3ZogJj7
Ver nota en Publimetro.cl: https://bit.ly/3Zp3ePY
Ver nota en BioBioChile.cl: https://bit.ly/3ZzAQum
Ver nota en La Tercera: https://bit.ly/3ycXkWk
Ver nota en ElClarin.cl: https://bit.ly/41MP390
Ver nota en ElSiglo.cl: https://bit.ly/3kISmxD
Ver nota en Interferencia.cl: https://bit.ly/3ZDtTIw
Ver nota en Cambio21.cl: https://bit.ly/41S3cSn
Ver nota en ElMostrador.cl: https://bit.ly/3LhhG8P
Ver ENTREVISTA EnLaFontana.cl: https://bit.ly/3IW6Ba8
Este de marzo se inician las actividades del nuevo proceso constitucional. La primera instancia en trabajar será la Comisión de Expertos.
Este uno de los tres órganos constitucionales que se establecieron en el Acuerdo por Chile, en diciembre pasado por las fuerzas políticas del Congreso. Tiene el objetivo de escribir un anteproyecto que sirva como base para el Consejo Constitucional a partir de junio.
Tiene 24 integrantes llamados comisionado o comisionada, los cuales fueron la mitad elegidos por la Cámara de Diputados y Diputadas, y los otros 12 por el Senado. En ambas instancias fueron escogidos en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas.
En una primera etapa, la comisión funcionará desde el 6 de marzo y por tres meses, con el objetivo de crear una propuesta de nueva Constitución que sea coherente con los 12 puntos constitucionales establecidos en el Acuerdo por Chile.
El comité se organizará a través de un presidente o presidenta y de un vicepresidente o vicepresidenta, además de seis subcomisiones temáticas:
-Sistema Político, reforma constitucional y forma de Estado.
-Función jurisdiccional y órganos autónomos.
-Principios, derechos civiles y políticos.
🟣Los y las 24 expertos/as
12 elegidos por el Senado:
1- Jaime Arancibia (cupo RN): abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Se desempeñó como ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y actualmente es Director del Departamento de Derecho Público.
2-Teodoro Ribera (cupo RN): abogado de la Universidad de Chile y doctor de la Universidad Julius Maximiliam de Würtzbur. Fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y en 2019 ministro de Relaciones Exteriores en el segundo mandato del mismo Presidente.
3-Francisco Soto (cupo PPD): abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Fue parte de la Secretaría Técnica de Participación Popular de la Convención Constitucional y se desempeña como director de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
4-Gabriel Osorio (cupo PS): abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Fue asesor en el Ministerio del Interior entre 2014 y 2015 y luego asesor del ministerio Secretaría General de la Presidencia. Participó en la mesa técnica del Acuerdo por la Paz y luego del equipo redactor del Acuerdo por Chile.
5- Catalina Lagos (cupo PS): abogada de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Fue asesora y jefa de Relaciones Internacionales en el Ministerio de la Mujer entre 2017 y 2019. Fue candidata a constituyente en el proceso anterior y es profesora en las Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Diego Portales.
6-Hernán Larraín (UDI): abogado de la Universidad Católica de Chile y máster en leyes en London School of Economics. Fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
7- Bettina Horst (UDI): es ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral y master en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica. Actualmente es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.
8- Sebastián Soto (Evópoli): abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Fue jefe de la División Jurídico Legislativa de la Segpres entre 2010 y 2014, y en 2019 fue parte del equipo técnico del Acuerdo por la Paz. Actualmente es director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica.
9- Leslie Sánchez (PPD-PL): abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctora en Derecho de la Universidad Católica de Chile.. Actualmente es académica de la Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado.
10- Alejandra Krauss (DC): abogada de la Universidad de Chile. Fue ministra de Planificación y Cooperación en el gobierno de Ricardo Lagos, luego también fue ministra del Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
11-Katherine Martorell (RN): abogada de la Universidad Central de Chile y magíster en Derecho con mención en derecho regulatorio de la Universidad Católica. Fue subsecretaria de Prevención del Delito en el segundo mandato de Sebastián Piñera, luego fue parte del equipo del candidato a Presidente Sebastián Sichel.
12- Magaly Fuenzalida (FRVS): periodista, se desempeñó como encargada de comunicaciones para el comité del FRVS en el Senado.
➡️12 elegidos por la Cámara de Diputados
1-Máximo Pavez (UDI): abogado de la pontificia U. Católica de Chile, fue ex subsecretario del Presidente Sebastián Piñera entre 2021 y 2022.
2-Natalia González (UDI): abogada de la U. Católica de Chile y máster en Derechos de la Universidad de Chicago. Fue directora de programas en Libertad y Desarrollo. EN 2020 fue elegida como consejera del Consejo de la Transparencia.
3-Juan José Ossa (RN): abogado y máster en Leyes de London School of Economics. Es ex ministro Secretario General de la Presidencia de Sebastián Piñera entre 2021 y marzo de 2022. También fue subsecretario de Justicia y subsecretario general de la Presidencia.
4-Catalina Salem (RN): abogado de la U. Católica de Chile y magíster en Derecho, profesora investigadora y profesora de la Universidad del Desarrollo.
5-Flavio Quezada (PS): abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Deerecho con mención Derecho Público, ha sido abogado asesor en varios organismo públicos, como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y asesor del Tribunal Constitucional.
6-Antonia Rivas (Frente Amplio): abogada de la Universidad Diego Portales y doctor en Antropología de la Universidad Berkeley. Especialista en derecho indígena y Derechos Humanos, fue asesora en la pasada Convención Constitucional y también se desempeño como jefa de unidad de investigación y coordinación del Ministerio de Justicia.
7-Domingo Lovera (Frente Amplio): abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de Osgoode Hall Law School de Canadá. Es director e investigador en el programa de Derecho Público en la UDP, y se ha dedicado a investigar el Derecho Constitucional, derecho a la protesta y derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes.
8-Alexis Cortés (PC): sociólogo y Doctor en Sociología de la Universidad del Estado Río de Janeiro. Es profesor en la Universidad Alberto Hurtado y fue presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile.
9-Paz Anastasiadis (DC): abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue Seremi de Justicia y DD.HH de la Región de Valparaíso para el segundo mandato de Michelle Bachelet. Además, es asesora legislativa en la Cámara de Diputados para la bancada DC y participó del equipo que redactó el Acuerdo por Chile.
10- Carlos Frontaura (Partido Republicano): abogado de la Universidad Católica y profesor en la misma institución. Fue investigador y asesor en la Fundación Jaime Guzmán. Hasta octubre de 2022 fue consejero designado del Instituto de Derechos Humanos.
11-Marcela Peredo (con firmas de ex PDG, Chile Vamos e independientes): abogada de la Universidad de Talca y profesora de Introducción al Derecho Positivo y Derecho Constitucional en la Universidad de Los Andes.
12-Verónica Undurraga Valdés (PPD): abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Mañana inicia formalmente el nuevo proceso constituyente en Chile. Este 6 de marzo parten las actividades en el ExCongreso Nacional. La instancia que primero trabajará será la Comisión de Expertos.
Este uno de los tres órganos constitucionales que se establecieron en el Acuerdo por Chile, en diciembre pasado por las fuerzas políticas del Congreso. Tiene el objetivo de escribir un anteproyecto que sirva como base para el Consejo Constitucional a partir de junio.
Son 24 integrantes llamados comisionado o comisionada, los cuales fueron la mitad elegidos por la Cámara de Diputados y Diputadas, y los otros 12 por el Senado. En ambas instancias fueron escogidos en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas.
Paralelo a ellos, y que supervigilará el trabajo del Consejo Constitucional, está el Comité Técnico de Admisibilidad.
En La Fontana conversamos de manera exclusiva con uno de ellos. Se trata de Tomás Jordán, abogado y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Magíster y diploma en derecho público, mención derecho constitucional, por la Universitat Autónoma de Barcelona. Realizó curso de apreciación del arte en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2020.
En enero de 2023 fue nombrado, por ambas cámaras del Congreso, miembro del Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo proceso constituyente. Ademas, fue asesor en la Convención Constitucional de Chile (2021-2022) en materias de derechos fundamentales, forma de Estado, principios constitucionales y sistema político. Y ha sido consultor del Congreso para las reformas constitucionales que establecieron el proceso constituyente chileno (2019-2020).
«Fui propuesto por los diputados para el Comité Técnico de Admisibilidad y tenía que resolverse eso. Participo hace más de diez años en la comisión constitucional del PDC. Mi nombre fue uno de los que se barajó y, por tanto, se propuso en la Cámara y después ratificado por el Senado», comienza diciendo.
Y añade sobre el proceso que se viene: «Creo que es una tercera oportunidad de avanzar hacia una nueva Constitución. En este caso, desde el Comité Técnico resguardar que las 12 bases que fueron acordadas por el Congreso Nacional se cumplan y, por tanto, que el proceso constitucional se desarrolle y se encause dentro de esos márgenes y fundamentos que la propia Constitución establece. Las bases son fundamentos sobre los cuales se va a construir la Nueva Constitución y eso es labor, tanto del consejo de expertos así como del propio Consejo Constitucional».
Abogado DC
Dice estar conforme con ser parte de la falange y en su nombre ejercer este desafío. «El mundo demócrata cristiano tiene que ser representado. Tengo a la vista lo que fue los pactos constitucionales, en Europa después se la Segunda Guerra Mundial, donde intervenieron el mundo libral, el mundo demócrata cristiano europeo y el mundo social cristiano. En definitiva, es el mundo social demócrata», explica.
Sobre lo anterior agrega: «Son fuerzas políticas que han asentado los derechos fundamentales y la democracia como elementos de paradigmas del constitucionalismo contemporáneo y, en ese sentido, es un honor haber sido propuesto y nombrado».
-¿Qué rol desempeñará en el Consejo Constitucional?
-El rol es el que se conoce como árbitro, que es examinar, eventualmente, las propuestas de normas con el contenido de las 12 bases y ver si estas se ajustan o no a esos contenidos constitucionales. Por lo tanto, es un rol eventual. Punto uno, si hay impungaciones de normas. Dos, ese rol eventual tiene que ser cumplido por la propia exigencia constitucional, que falle de acuerdo a derecho y, a través de una resolución, entonces, eso se examinará, caso a caso, si es que eso ocurre. En el fondo, hay que resguardar los 12 puntos, que es la labor que se nos encomendó, que es un mandato constitucional, y no podemos extender nuestro mandato a otros puntos que no sean aquellos 12 que llegó al acuerdo político, «Acuerdo por Chile».
-¿Cuáles son los mínimos comunes que se deben tener en cuenta como derechos fundamentales, en esta nueva modalidad constitucional?
-Los mínimos comunes son aquellos que la propia Comisión experta y el Consejo Constitucional acuerden, por lo tanto, pareciera ser que ya hay un acervo acumulado de contenido de las discusiones constitucionales anteriores, que, al menos, se podrán tener a la vista por parte de los integrantes de la Comisión y del Consejo.
-¿Usted votó Apruebo en Plebiscito de Salida del 04 de septiembre pasado?
-Sí, voté Apruebo con reforma, creía que era un texto que contenía aquellos elementos mínimos necesarios, o más bien los elementos que reflejaban los cambios sociales, culturales y políticos de Chile. La ciudadanía no consideró eso y aquí hay que hacer el esfuerzo por parte de todos los actores involucrados, sobre todo, la Comisión Experta y el Consejo Constitucional de poder tener un acuerdo constitucional transversal en el eje izquierda-derecha que considere a todos los actores, en un diálogo político, llano y franco, pero con voluntad de tener un texto constitucional compartido y que genere un compromiso constitucional.
-¿Qué errores se deben corregir respecto del proceso constitucional anterior?
-Al proceso actual lo veo, desde el rol que se me asignó desde el Congreso, en este aspecto técnico de examinar las propuestas, que eventualmente se impugnen. Me parece que ese es el rol que me corresponde. Los errores que se deben corregir, es que está más que extendida esta necesidad de incorporar a los distintos sectores políticos, la centroizquierda moderada, la centroderecha moderada, y por moderada me refiero, a aquellos que quieren el cambio constitucional, que tienen voluntad de acordar un texto. Me parece que ahí, es el principal error. Y dos, que se busque en esa necesidad de acuerdos, la construcción de un texto que sea compartido, de pisos comunes. Eso me parece que es clave.
-Finalmente, ¿Cómo se afrontarán las diferencias al interior del Consejo, en cuanto a quórums y diferencias de criterios entre los diferentes sectores políticos?
-Las diferencias las regula la propia norma constitucional y reglamentaria. Por tanto, me parece que eso está claro, en cuanto a las propuestas que tienen que ser presentadas por uno y por otro, y en el caso de haber dificultades se confirmará una comisión mixta, pero al final termina votando el Consejo Constitucional, por tanto, me parece que hay cierta claridad sobre el proceder ahí, por ende, no debería haber problema. //ELF