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Por Rodolfo Fortunatti

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Militante del Partido Demócrata Cristiano. Autor del libro «La Democracia Cristiana y el crepúsculo del Chile Popular».

Todo lo que sabemos desde que Timeline, un diario digital de Antofagasta, publicó los recursos asignados a Democracia Viva no sería noticia hoy si los datos que conocemos hubieran sido tratados del mismo modo que ocurren las transacciones de criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, o sea, empleando tecnología de registro de información en bloques encadenados.

Sin embargo, vale preguntarse, ¿qué convierte los asuntos de Democracia Viva en noticia? Los hace dignos de atención el hecho de haber sido revelados como noticia.

Timeline tituló entonces: «En dos meses: fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta». Pero, no es que los datos hubieran estado ocultos, pues la información conocida siempre fue pública o, más precisamente, siempre estuvo disponible para ser conocida por quien se interesara en ella.

Y así lo demuestra el talante inquisitivo de la prensa que, a partir de un mail filtrado por funcionarios del Serviu, a través de WhatsApp, produce el efecto deseado.

Toda la maraña de antecedentes, informes, hechos, circunstancias, cifras, etc., yacía ahí, como cosas improductivas, hasta que las empresas de comunicaciones les agregaron valor, transformándolas en mercancías.

Y nada ha prohibido u obstaculizado este lucrativo emprendimiento capaz de transmutar un suceso administrativo rutinario en un escándalo que, según la definición española, es el “hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto públicos”.

Sin duda ahora todo esto es un escándalo, pero vale preguntarse, si lo difundido se exhibe como algo ilícito. ¿Realmente lo es?

Si desde un principio la información que recibimos hubiera estado sistematizada en bloques encadenados, probablemente nuestras impresiones acerca de los convenios suscritos con corporaciones privadas serían menos dramáticas.

Quizá lo que hoy consideramos un problema de probidad sería visto como un problema político de redistribución. No nos preocuparíamos exclusivamente de las fundaciones, sino que también pondríamos los ojos, por ejemplo, en las universidades privadas.

Tal vez no prestaríamos tanta atención a los lazos afectivos, domicilios y biografías de los involucrados, sino a cómo se reparten los escasos recursos tributarios de nuestro quincuagenario Estado subsidiario.

Desde luego, no dejaríamos que el exhibicionismo periodístico fuera usado como arma arrojadiza contra amigos y camaradas de partido y de coalición.

Todo ello perdería relevancia e interés general a la luz de un registro público al alcance de todos los usuarios acreditados, como ocurre con historiales médicos, cadenas de suministro, contratos de compañías de seguros, procesos electorales, propiedad y enajenación de bienes raíces, y, por cierto, información fiscal del sector productivo nacional y de salud, cual es el caso de Estonia, y de seguridad y logística, por citar el ejemplo de Australia.

Un bloque es una memoria cibernética que contiene tres tipos de datos. Primero, incluye información sobre transferencias financieras, emisor de la agencia estatal, receptor de la agencia privada, fecha de la transferencia, cantidad transferida, reasignación de los recursos por la agencia privada, destinatario, y así por el estilo.

Segundo, provee información sobre la identidad del respectivo bloque, que es un número único e irrepetible. Y tercero, posee información acerca de la identidad del bloque que le precede, a fin de ensamblar con éste y con el bloque que le sucede, y poder integrarse en una cadena. De aquí el nombre de tecnología blockchain con que se le conoce.

El sistema garantiza trazabilidad, conexión e inmutabilidad. Es seguro, y no sólo porque resulta imposible de hackear, sino porque la ilegal manipulación de la información, contenida en un determinado bloque, altera el número que lo identifica impidiéndole volver a encajar en la serie.

Luego, todas las operaciones quedan registradas, son observadas y su es traza verificada, por una multitud de usuarios con acceso autorizado a la cadena de datos. Al ser transparente y participativo se torna igualmente legítimo, porque fortalece las confianzas y ofrece certezas jurídicas.

Pero, contra toda tentación autoritaria ―y esta es una de sus mayores ventajas―, pone a salvo la institucionalidad democrática de las limitaciones de acceso a la información y de la supresión de los controles legales sobre el uso de los recursos públicos. Es, en suma, un libro de cuentas descentralizado.

En la tecnología de bloques encadenados son los usuarios los que certifican la validez de los instrumentos puestos a disposición. Aquí se prescinde de los controladores de medios, de la Contraloría, del Fiscal Nacional, y del Consejo para la Transparencia.

No se necesitan comisiones ad hoc creadas para conciliar caldos políticos de irascibilidad y mala voluntad, que no sirven para enmendar la bizarra relación entre lo público y lo privado.

Las comisiones investigadoras, lo mismo que las acusaciones constitucionales, se tornan infructuosas, pues pierden su eficacia como aparatos de castigo electoral. El gran juez es la ciudadanía democrática. //ELF